Foto/Twitter de Mario Ponce

Gobierno se retracta y quiere seguir restringiendo el acceso a la información

En la propuesta de ley de reactivación económica y estado de emergencia que presentó el Gobierno, el 21 de mayo, incorporó que la Ley de Acceso a la Información Pública se habilite. Este 26 de mayo, el Gobierno se retractó, a través del secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. El funcionario le dijo a los diputados que el Ejecutivo ya no está de acuerdo, porque el personal de las Unidades de Acceso a la Información tendría que regresar a trabajar y eso rompería la cuarentena estricta de 15 que están pidiendo. El IAIP y el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información, recomiendan que las instituciones utilicen plataformas digitales para dar respuestas a los ciudadanos.

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Funcionarios del Gobierno se retractaron, este 26 de mayo, de su propuesta de habilitar nuevamente el derecho que tienen los ciudadanos a solicitar información pública en todas las instituciones. Según argumentaron, esto habilitaría la presencia del personal de las Unidades de Acceso a la Información (UAIP) y de las unidades operativas, lo cual impediría el cumplimiento de una quincena con “una cuarentena muy restrictiva” que están solicitando.

El derecho de acceso a la información pública fue restringido en el decreto 593 de la Ley de Estado de Emergencia Nacional, aprobada el 14 de marzo de 2020 y en sus siguientes prórrogas. Esa ley quedó derogada el 16 de mayo, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la revivió para que se mantenga vigente hasta el 29 de mayo.

Desde que se aprobó la ley, diferentes organizaciones sociales criticaron la medida y argumentaron que suspender el acceso a la información también afecta la transparencia y se abre vía para la corrupción.

El Gobierno propuso inicialmente la habilitación de la Ley de Acceso a la Información Pública en su “proyecto de ley de reapertura de la economía, atención integral a la vida y a la salud, y declaratoria de estado de emergencia ante la pandemia por COVID-19”. Sin embargo, este 26 de mayo, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, dijo que no está de acuerdo con su misma propuesta. Castro es el funcionario que hace unos días se negó a revelar el monto de su salario e instó a un periodista a hacer uso de acceso a la información para saberlo. Castro, además, se presenta como un funcionario que trabaja ad honorem y que recibe salario bajo otro cargo.

“Nosotros no estaríamos de acuerdo con eso, respecto de que significa que dentro de todas las instituciones tenemos que abrir todas las OIR (Oficina de Información y Respuesta) y cada vez que se presenta un requerimiento de información, estas lo mandan a una unidad administrativa que posiblemente no esté trabajando y tienen que hacer llegar a más personas. Si lo que estamos procurando ahorita es cuidar a las personas para que no lleguen, esto lo que hace es desprender e iniciar que se te genere un montón de gente trabajando bajo el mismo tema”, dijo Castro.

El secretario jurídico justificó su cambio de postura durante la discusión que desarrolla la comisión política de la Asamblea Legislativa y delegados del Gobierno. Ambas partes se han sentado a construir la “Ley especial transitoria de atención integral a la vida y la salud, declaratoria de emergencia en relación a la pandemia por COVID-19 y de reapertura de la economía”.

Los diputados y los funcionarios de Gobierno construyen esa ley tomando en cuenta las propuestas que cada uno tiene. En ambos anteproyectos, se contempla que el acceso a la información sea habilitado y quede excluido de la suspensión de plazos procesales a partir de la entrada en vigencia de la ley.

En la propuesta que presentó el Gobierno, el 21 de mayo, en el artículo 27, inciso quinto dice: “La Ley de Acceso a la Información Pública, su reglamento y lineamientos tienen aplicación de manera plena a partir de la vigencia de este decreto”. La misma redacción se lee en inciso final del artículo 24, de la propuesta de ley que creó la Asamblea Legislativa.

Según el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, el problema no está en entregar la información sino en el procedimiento, debido a que si activan las unidades de acceso a la información también activarán al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cuando un ciudadano apele.

El IAIP envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para que sea trasladada a la comisión política y a la mesa de diálogo sobre la discusión del proyecto de ley. En la misiva indicó que muchas unidades se encuentran trabajando de forma remota, por lo que las solicitudes pueden tramitarse o buscar los mecanismos tecnológicos para dar respuesta, sin necesidad de la presencia física de los empleados.

Argueta, sin embargo, sostuvo que “solo son 15 días” de cuarentena y que no hay ninguna vulneración al derecho porque la gente puede pedir la información, pero la solicitud quedará congelada hasta que terminen los 15 días de la cuarentena que el Gobierno pide. 

Contrario a ese planteamiento, el IAIP mantiene que la suspensión de los plazos procesales ha afectado el derecho de los ciudadanos que buscan respuesta sobre expedientes clínicos, resultados de exámenes de COVID-19, manejo de recursos públicos  en la emergencia, financiamiento de obras públicas, elección de contratistas, compras directas y adjudicaciones. La falta de una resolución también ha impedido que el IAIP dé trámite a las apelaciones. 

“Dicha situación conlleva no solo a limitar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos de toda persona, sino también su derecho a la protección no jurisdiccional de ambos derechos, sobre todo en esta emergencia donde hemos visto muchos campos de actuación, que hasta este momento se han visto limitados en detrimento de los derechos de la ciudadanía, al no garantizarse el piso mínimo de protección. Tal situación debe ser reconsiderada a fin de evitar daños más profundos y hasta irreparables”, indica el IAIP.

Cristina Cornejo, del FMLN, señaló que si el Gobierno asegura que está haciendo las cosas “correctas”, “no tendrían problema en dar información de cómo se están haciendo”. La legisladora añadió que ve “con mucha preocupación el insistir en que el tema de acceso a la información pública, en los temas relacionados en el marco de la pandemia, no estén vigentes o activos”.

Los diputados de la comisión política y los delegados del Gobierno no lograron un acuerdo y decidieron dejar pendiente la discusión, o como ellos dicen “en el congelador”. 

En la carta que el IAIP envió a la Asamblea, propone que se habiliten los plazos de las Unidad de Acceso a la Información de las entidades públicas que se encuentran realizando labores estratégicas en el combate de la pandemia y que manejan recursos públicos. En el caso de las que no están relacionadas con la pandemia, el IAIP recomienda establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y que no conlleve una dilatación excesiva de tiempo. Además, propone que los procedimientos se realicen de forma electrónica.

El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, una red de instituciones que impulsa el derecho de acceso a la información pública en El Salvador, escribió en Twitter que las unidades de información de las instituciones al frente de la pandemia deben funcionar e instó a apoyarse en herramientas tecnológicas. “De manera que publiquen toda la información oficiosa, y que se proporcione por medios tecnológicos la información que sea solicitada”.

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