Apuntes del fotoperiodista
Vivir a siete metros del panteón para COVID-19
Estos son los apuntes de una visita a la comunidad El Bambú II, donde 20 familias son vecinas de quienes fallecieron por COVID-19 y que están enterrados en el cementerio La Bermeja de San Salvador. Por un lado, se encierran cada vez que les avisan que las autoridades de Salud han enviado a sepultar a una nueva víctima del coronavirus; pero por otro necesitan salir de la cuarentena domiciliaria para sobrevivir al hambre.
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Estas son algunas de las casas de la comunidad El Bambú II, donde sus habitantes viven entre el cementerio La Bermeja y el río Acelhuate, protegidos únicamente por sus paredes de láminas.
Visité el cementerio La Bermeja, en San Salvador, el miércoles 6 de mayo. Hacía muchos años que no me acercaba a este tipo de lugares, porque generan una tristeza que prefiero evitar. Pero esta vez fui porque era inevitable para hacer un fotorreportaje. Llegué a la 1:30 p. m. Me dijeron que al fondo está la comunidad El Bambú II, donde podría platicar con algunas de las 20 familias que viven ahí y retratar su realidad en medio de la emergencia por COVID-19.
En GatoEncerrado siempre hemos priorizado contar lo que ocurre allá donde las personas no tienen quién las escuche, ni quién las vea. Así es como he visitado comunidades del país que son vulnerables durante la emergencia, pero aquí es una situación particular. Las personas de esta comunidad viven la pandemia a siete metros de donde entierran a los fallecidos por COVID-19.
Cualquiera pensaría que lo más angustiante para los habitantes de El Bambú II es la amenaza constante de vivir en un lugar donde podrían contagiarse cada vez que hay un nuevo entierro. Pero la verdad es que esa es una preocupación menor en este lugar. Lo que más urge es tener algo para comer en la cuarentena domiciliaria y sobrevivir al próximo invierno.
En la pluma del cementerio me encontré con un miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), que hacía guardia. “No está permitido el acceso”, me dijo, a secas. Como me quedé sin intención de irme, se vio en la necesidad de rellenar el silencio con una explicación: “la entrada al cementerio y a la comunidad está habilitada únicamente para los empleados de la alcaldía de San Salvador y habitantes de la comunidad”.
Respondí que soy fotoperiodista y que la gente de la comunidad me estaba esperando. Pero aún así se negó. Así que llamé a Daniela, mi contacto en El Bambú II. “Voy a salir a buscarlo”, me contestó por teléfono y minutos después apareció.
Para ese momento, el administrador del cementerio ya se había acercado a la entrada para ver quién andaba fisgoneando. “Por motivos de seguridad no hay acceso”, me reiteró. “Espere —me dijo Daniela para garantizarme que iba a entrar— voy a hablar con él”.
Escuché que ella argumentó, ante el administrador, que en la comunidad había necesidad y que yo haría público el problema. Al final, el administrador accedió bajo la condición de irme directo a la comunidad y de no andar tomando fotos en el cementerio.
Caminamos en línea recta hacia el cementerio. Le presté poca atención a las tumbas. Eran casi las dos de la tarde y hacía calor. Sentí que el camino era más largo y yo estaba impaciente por llegar.
Los habitantes de la comunidad El Bambú II tratan de mantener fuera al virus con los pocos recursos que tienen.
Unas semanas antes, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, anunció la excavación de 118 tumbas para enterrar a personas fallecidas por COVID-19. Aseguró que la alcaldía había seguido los protocolos del Ministerio de Salud, que establecen que estas fosas deben estar en una zona aislada y de acceso restringido, para evitar la propagación del virus. Pero la comunidad El Bambú II tiene su primera vivienda a siete metros de la fosa.
Supe que por fin había llegado, cuando nos encontramos con un cerco de maya ciclón y una puerta improvisada, hecha con una lámina que reza: “Tu alcaldía trabajando para ti”
Daniela y Cecilia, de la comunidad El Bambú II, hacen turno en la entrada para garantizar que todos los que ingresan pasen por el ritual de desinfección.
“Allá, por aquel poste de madera —señaló Daniela— es donde entierran a la gente que muere por coronavirus”. Lo dijo como algo más del paisaje, sin inmutarse. Yo, en cambió, sentí temor mezclado con un sofocante calor. Supongo que ese fue el momento en que más cerca he estado del COVID-19.
Antes de entrar, los lugareños me pidieron que limpiara mis zapatos en un trapo húmedo. Luego me aplicaron alcohol gel en las manos. Me explicaron que la comunidad, a través de su directiva, ha organizado jornadas de limpieza y un calendario con encargados para garantizar que el ritual de desinfección sea practicado por todos los que ingresan a la comunidad, sin excepción.
La directiva de la comunidad ha comprado alcohol gel y otros insumos para desinfectar a las personas que entran, pero lamentan que ya no cuentan con recursos para seguir comprando insumos para desinfectar.
Aquí, casi todos los habitantes sobreviven del comercio informal, en el centro de San Salvador: algunos venden frutas y verduras; otros, medicinas en las calles, bolsas para basura o tortillas.
Desde que empezó la cuarentena domiciliaria ordenada por el Gobierno y, sobre todo, luego de conocer la noticia de que serían vecinos de las personas fallecidas por el virus, decidieron encerrarse en sus casas y no salir. El alcalde de San Salvador llegó a dejar víveres, también llegaron organizaciones humanitarias e iglesias. Pero la comida no dura para siempre y la cuarentena es cada vez más prolongada.
Algunos de los miembros de la comunidad me contaron que entre sus problemas está el inminente desborde del río Acelhuate, que pasa por el cementerio, y amenaza con inundar las casitas de lámina cada vez que llueve.
Según contaron los lugareños, antes de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) construyera una laguna de laminación en la zona, ellos vivían más cerca del río. En ese entonces, las autoridades pidieron que los habitantes se movieran hacia la parte de arriba, que es donde viven ahora, más cerca del cementerio.
El MOP construyó una laguna de iluminación junto al cementerio. Los habitantes dicen que la creciente del río casi llega a sus casas y temen que la correntada inunde y arrastre sus viviendas.
Entre los más de 50 adultos que viven en ese lugar, hay algunos que tienen hasta 25 años de pertenecer a la comunidad. Aunque quisieran moverse para otra zona más segura durante el invierno, no podrían porque no tienen a dónde llegar. Eso contó Cecilia Hernández.
“Nosotros sabemos que este no es un lugar adecuado para vivir, pero la misma necesidad es la que nos ha traído hasta acá. En la zona en la que vivimos hay riesgo de que la correntada nos bote las casas, pero la gente está acostumbrada y aquí no hay peligro de maras ni nada. Por eso nadie se quiere ir y porque no tenemos adónde irnos”, señaló Cecilia Hernández.
El cierre de las escuelas afectó las ventas de Cecilia Hernández y su esposo. Ya no salen a trabajar y, hasta la fecha, siguen esperando alguna ayuda del Estado para sobrevivir a la cuarentena.
Marta Escobar es otra habitante que está en la misma situación. No puede marcharse a vivir a otro lugar. No tiene las posibilidades.
“Yo no me quiero ir, yo estoy sola y no tengo quién por mí. Si me voy de aquí, me pueden matar, me puede pasar algo. Por lo menos aquí, aunque vivamos con pleitos ya nos conocemos, nos perdonamos, nos volvemos a hablar. Pero por allá ¿quién por uno? Aquí estamos a la voluntad de Dios, porque nos han venido dejar a los muertos por coronavirus y ya no podemos salir a vender”, dijo Marta Escobar.
También explicó que vende cremas combinadas en los alrededores del Mercado Central de San Salvador. Con esfuerzo logra vender diariamente $3 desde las 5:00 a. m., hasta las 11:00 a. m.
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Existe confusión y desinformación en torno al COVID-19, eso provoca temor e incertidumbre ante un posible contagio, aun en situaciones en las que no existe posibilidad de transmisión del virus. La Organización Mundial para la Salud (OMS) ha descartado que un cadáver pueda ser infeccioso si se siguen todas las medidas de seguridad y los cuidados necesarios, según publicó la BBC. La OMS también ha determinado ciertas medidas a la hora de hacer una autopsia, para que las víctimas puedan tener un funeral y para que puedan ser enterrados. Los protocolos del Ministerio de Salud establecen que se deben tomar medidas de seguridad, como sellar el ataúd para evitar cualquier tipo de contacto y el entierro se tiene que realizar de inmediato. No se permite la conservación, la preparación ni la velación de cadáveres.
Marcos Catalán, quien se dedica a la venta de artículos para el hogar, me contó que a sus preocupaciones cotidianas de supervivencia en la comunidad El Bambú II ahora se le suma el riesgo de vivir a poca distancia de la zona elegida para enterrar a los fallecidos por COVID-19.
“Con respecto a los entierros de personas con coronavirus estamos un poco mal, porque no hay una seguridad para nosotros en eso. Dijeron en un video que contaban con todos los protocolos de seguridad y que en los alrededores no había gente. En todo eso mintieron. Como a cinco o siete metros, de donde entierran a los fallecidos por coronavirus, está la primera casa. Aquí donde estamos ahorita son unos siete metros y eso no debería de hacerse. Me refiero a mentirle a la población”, dijo.
Marcos Catalán ha dejado de trabajar desde que anunciaron que enterrarían a los muertos por COVID-19 en el cementerio y ahora guarda cuarentena, esperando que las autoridades apoyen con víveres.
El día anterior a mi visita había llovido. La casa de Daniela, donde vive con su compañero y sus dos hijos, es la más cercana al barranco. Ahora, el río corre tranquilo allá abajo, pero ayer el río amenazó con desbordarse.
“Cuando llueve, el río crece hasta donde está esa marca”, explicó Daniela señalando la humedad en el muro de la laguna de laminación construida por el Ministerio de Obras Públicas. “Lo que el MOP hizo fue encementar los muros y ensanchar el río. Nos han dicho que hay un albergue llamado Centro Barberana, cruzando la calle, donde tenemos que irnos si se llega a desbordar. Yo estoy asustada porque ahí vivo con mis hijos”.
Las champas, de los vecinos de Daniela que están en la ribera, corren el mismo riesgo de ser arrastradas cuando el río crezca demasiado y se desborde. Pero el peligro no es exclusivo de los que viven en la orilla. Las casitas que están más cerca del cementerio tienen encima una pendiente que también amenaza con derrumbarse y enterrar las frágiles láminas que sirven como hogar para las familias de esta comunidad. Vivir en El Bambú II es vivir en constante peligro, rodeado de muertos, con hambre, pasar las noches en vela sacando el agua de la lluvia que se mete a sus casas. Ahora, con el agravante de criar a sus hijos a siete metros del cementerio donde entierran a las víctimas del coronavirus.
Daniela Aparicio vive con su esposo y sus dos hijos al borde del río Acelhuate. Le preocupa la falta de víveres y la situación de insalubridad en la que viven en la comunidad.
El primer fin de semana de abril hubo un gran movimiento en el cementerio. Un helicóptero sobrevolaba la zona y un vehículo del Ministerio de Salud transportaba al primer fallecido por COVID-19.
“Por la mañana, cuando lo iban a enterrar, nos pidieron que entráramos a nuestras casas. Que no saliéramos. Nosotros nos sentíamos afligidos y asustados, porque no sabíamos qué nos podía pasar. Nos sentíamos mal, porque sentíamos que estaban trayendo la muerte a nuestras casas”, recuerda Daniela.
Después de aquel episodio, el proceso es el mismo para todos los entierros, aunque sin el helicóptero. Las autoridades del cementerio llegan a dar el aviso para que la gente entre a sus casas, usen mascarilla y permanezcan encerrados mientras se realiza la sepultura.
“Es hostigante cada vez que vienen con un cuerpo del coronavirus y nos dicen: ‘Vaya, todos encerrados en sus casas porque este aire es malo’. Vemos un carrito blanco del Ministerio de Salud, ellos son los que traen a los muertos y entonces nos encerramos. Ya cuando ellos se van, nosotros salimos. Pero igual, si dicen que cuando ya se entierra a la gente, el virus desaparece, ¿por qué nos dicen que nos encerremos?”, cuestiona Daniela.
La casa de Daniela se encuentra al borde del barranco. Teme que sea arrastrada durante el invierno. Vive con su esposo y sus dos hijos.
Al visitar una de las últimas casas de El Bambú 2, encontré a Eulogia Guardado. Ella vive en la zona desde hace 25 años. Aunque tenía su casa, se fue a vivir con su hermana y nunca se fue. “Vendíamos tortillas, después ella falleció, pero yo me quedé sola a vivir aquí. Tengo dos hijos que viven aparte”. Al mudarse a la comunidad, ella continuó pagando su casa, luz, agua. Pero, con el paso del tiempo, unas personas llegaron a ocupar su casa y ella, por temor, la dio por perdida. Le gusta su vida en la comunidad El Bambú II porque, según dijo, se siente segura.
“Somos de escasos recursos y todos tenemos necesidad. ¿Sabe por qué nos gusta acá? Porque aquí no tenemos problemas con nadie, esa es la gran verdad. ¿De qué sirve tener una casa bonita si no se puede vivir ahí?”, explicó.
Eulogia Guardado vende tortillas y huevos de pata, para sobrevivir. Dice que vive tranquila en la comunidad, pero le preocupa que cerca de sus casas entierran a personas que fallecen por coronavirus.
El gobierno salvadoreño ha justificado la prolongación de la cuarentena con el argumento de que es necesaria para bajar la curva de contagios de COVID-19. Para garantizarla, incluso, ha militarizado el país. Sin embargo, la forma en que ha procedido el presidente Nayib Bukele le ha valido para ser señalado de autoritario. Algunos han criticado que toma decisiones que obedecen a sus intereses autoritarios y no conforme a criterios científicos y técnicos. El prestigioso periódico The Washington Post, en un editorial titulado “El presidente de El Salvador está usando COVID-19 como una excusa para abusar de su poder”, sugiere que el mandatario tiene como principal interés “consolidar su poder en detrimento de una frágil democracia”.
La represión y, sobre todo, la pobreza están golpeando igual o peor que la pandemia. En la comunidad El Bambú II, por ejemplo, no hay garantías de tener un plato de comida en la mesa, como ocurre en muchos otros hogares pobres del país. Tampoco tienen asesoría sobre cómo cuidar la salud mental, en medio de la emergencia y la cercanía que tienen con el cementerio.
María Mercado vive con dos personas que tienen incapacidad mental. Junto a su casa hay un árbol seco a punto de caer. Teme que las lluvias hagan que el árbol caiga sobre su casa.
Jenny Catalán es madre de una bebé. Su esposo es vigilante y es el que lleva la comida. Según contó, ha recibido ayuda, pero ya se está agotando y no puede salir a trabajar para complementar con lo de su esposo.
“Esperamos que esto termine pronto, porque todos nos dedicamos a la venta y necesitamos salir, porque la ayuda no dura para siempre. Nos dicen que no salgamos de casa por el riesgo de contagiarnos, pero, en el caso de nosotros, donde vivimos vienen a dejar a los fallecidos por COVID-19, ¿cómo le hacemos entonces? Ese es un gran problema, de nada nos sirve que nos impidan salir si tenemos el virus aquí cerca de nuestras casas”.
Jenny Catalán teme por la salud de su bebé. Vive con su pareja y su hija en casa de sus padres. Solo su esposo trabaja en este momento, ya que es vigilante.
Sin transporte público, los habitantes de la comunidad no pueden salir a realizar sus labores, comprar o salir a conseguir algo para comer. La mayoría no tiene luz eléctrica. Tampoco tienen agua potable. Algunos están comiendo una vez al día, para conservar la poca comida con la que cuentan.
Habitantes de la comunidad El Bambú II realizan sus labores cotidianas dentro del perímetro, que abarca a las 20 familias de la zona, protegidos únicamente por láminas, madera y plástico.
Ana Ramos vende bolsas plásticas para basura. Vive con su compañero en la comunidad El Bambú II. Desde que empezó la cuarentena ambos dejaron de salir a vender y tienen miedo de salir y ser contagiados.
“Con esta situación, que no se puede salir, necesitamos víveres. Desde que empezó la cuarentena no hemos podido salir. Tengo cincuenta años, vivo con mi esposo y mis dos perros. Han venido a dejar ayuda, con eso hemos estado. Nos da miedo que vengan a enterrar a la gente que muere por el virus, porque aquí hay niños”, dijo.
Hasta la fecha en que estaba escribiendo estos apuntes, 50 personas habían sido enterradas en los 118 nichos reservados para víctimas del COVID-19. Aunque, según el alcalde de San Salvador, también se cuentan fallecidos por otras enfermedades respiratorias.
Ana Ramos vive con su esposo y sus perros. Su casa es una de las más cercanas a la zona donde entierran a los muertos por COVID-19.
Mientras el Gobierno insiste en “una cuarentena muy restrictiva” durante otra quincena, las personas de la comunidad El Bambú II, siguen con hambre y con el riesgo de que el invierno los deje sin hogar.
Varios miembros de la comunidad preparan sus alimentos, que aún tienen, con leña. No tienen agua potable y muchos no tienen energía eléctrica.
María Mercado prepara los alimentos que aún le quedan, con la incertidumbre de que ya no tiene más y necesita urgentemente ayuda.
Cerca de las 5:00 p. m. terminé de platicar con algunos de los habitantes de la comunidad. Me despedí. Salí del cementerio. Abrí la aplicación de Uber, para solicitar transporte y no hubo respuesta. Yo llegué en Uber y me dijeron que para esa fecha aún andaban trabajando sin restricciones, ni problemas de movilidad. Pero, con o sin restricciones, en la zona no hay cobertura. Es una zona ignorada y olvidada.
