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e cara al final de la cuarentena domiciliar y a la reactivación económica generadas por la COVID-19, se hace urgente analizar el rol del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en la gestión actual. Partiendo del manejo de la pandemia hasta llegar a la aplicación de la plataforma ambiental del Plan Cuscatlán, sin dejar de lado que muchos de los problemas socioambientales son heredados: consultas públicas viciadas, permisos ambientales arbitrarios, crisis hídrica, carente educación ambiental, entre otros.

Bajo ese contexto, GatoEncerrado entrevistó a varios profesionales que se desarrollan en la gestión del medio ambiente para que evaluaran el primer año del MARN liderado por el ministro, Fernando López Larreynaga.

La pandemia ha sido la oportunidad para que los países reestructuren sus sistemas económicos y socioambientales, así como para establecer una línea directa hacia la soberanía alimentaria y la agroecología. Países como Costa Rica la aprovecharon para incluir en su Constitución el derecho humano al agua. Sin embargo, el rol del MARN en estos dos meses y medio de cuarentena ha sido “nulo, débil y desarticulado”, de acuerdo con los profesionales.

La crisis sanitaria provocó la reducción de un personal que de por sí ya era limitado, sumado al confinamiento de los defensores ambientales, se creó el escenario perfecto para que los depredadores ambientales talaran y cazaran. Tal es el caso de las denuncias por tala en Sonsonate y Santa Ana, y el asesinato de un puma, especie en peligro de extinción, en Chalatenango. 

Entonces, ¿quién monitorea y verifica que realmente no haya abusos de los sectores que han estado destruyendo los ecosistemas? Esa pregunta se hace César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú. “No hay nadie que vigile, entonces claro, todo esto va a profundizar aún mucho más las crisis en las que ya estábamos”, dijo. 

Patricia de Fuentes es bióloga e integrante de la Mesa del Cambio Climático. Ella trabaja en la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec, en donde se han registrado varias denuncias por tala. En cuanto al trabajo del ministerio “lo que he visto es que ha estado limitado su accionar en casos de tala e incendios. He visto más el accionar en el caso de la vida silvestre, pero en el daño a los ecosistemas no”, advirtió.

El MARN tampoco ha tomado una voz líder, junto al Ministerio de Salud, para orientar sobre la disposición adecuada de guantes, mascarillas u otros desechos bioinfecciosos, que terminan tirados en la calle y que son foco de propagación del coronavirus. Dentro de la extensa “normativa COVID-19 no hay ni un lineamiento de manejo de desechos bioinfecciosos”, señaló la consultora ambiental, Carolina Sánchez.

Otra de las grandes apuestas del gobierno era independizar y mejorar el Observatorio Ambiental, sin embargo, la salida de su directora Celina Kattán, prima del presidente Nayib Bukele; y de la meteoróloga, Sandra Yanira Martínez, es solo un ejemplo de la fuga de personal con capacidades instaladas para el manejo y alerta temprana de fenómenos naturales como la tormenta tropical Amanda, que fue pronosticada a inicios de abril dentro de la temporada de huracanes del Pacífico, pero que el gobierno alertó hasta dos días antes de su impacto. Hasta este 1 de junio, Protección Civil reportaba la muerte de 16 personas por deslaves e inundaciones.

Un año, una política

El trabajo en esta cuarentena ha sido una especie de resumen ejecutivo de la labor del MARN en el último año. Según los profesionales, la gestión se ha dedicado a pequeños programas aislados que no constituyen un plan de gestión integral. “No tener plan es el plan”, resume el director de cultura de derechos humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Omar Flores. 

Para el profesional es muy preocupante que el único parámetro para evaluar la gestión del MARN sea la práctica política, porque “hoy por hoy, no tenemos ningún plan de Gobierno de manera estructural, con lineamientos, enfoques, indicadores; no tenemos nada de eso… Y la práctica política no está buscando la protección del medioambiente, está buscando en el desarrollismo económico; no es el desarrollo sustentable y sostenible, es simplemente el crecimiento económico a toda costa”, reclamó. 

En ese sentido, el biólogo Rubén Sorto explicó que, aunque gran parte del Plan Cuscatlán fue “una copia y pega de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD”, deja bien clara la estrategia para llegar a ese crecimiento económico y tiene “casi todo lo esencial para ser efectiva”, específicamente, en la mejora de plazos para el otorgamiento de permisos ambientales. “De todo el plan es lo único que tiene una guía de trabajo”, añadió el biólogo.

Esa única apuesta política se hizo orden en los primeros días de gestión del presidente Nayib Bukele, incluso, fue apoyada por su tío, el secretario de Comercio e Inversión de la Presidencia, Jorge Miguel Kattán, cuando dijo ante la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa que el MARN tenía estancados unos $7,000 millones en proyectos 

A un mes y medio de haber asumido el ministro López ya reportaba a Casa Presidencial la liberación de $1,415 millones en permisos.