Foto/MARN

MARN, sin planes pero con muchos “challenges”

Carolina Amaya

Carolina Amaya

🗓️ 1 de junio de 2020

La falta de planes para el manejo de la crisis medioambiental y priorizar el otorgamiento de permisos ambientales han sido los grandes desaciertos del primer año de gestión del ministro de Medio Ambiente, Fernando López. Para los expertos consultados por GatoEncerrado, el Ejecutivo ha demostrado en un año su enfoque “economicista” por encima de la protección de los recursos naturales. 

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Carolina Amaya

Carolina Amaya

🗓️ 1 de junio de 2020

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e cara al final de la cuarentena domiciliar y a la reactivación económica generadas por la COVID-19, se hace urgente analizar el rol del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en la gestión actual. Partiendo del manejo de la pandemia hasta llegar a la aplicación de la plataforma ambiental del Plan Cuscatlán, sin dejar de lado que muchos de los problemas socioambientales son heredados: consultas públicas viciadas, permisos ambientales arbitrarios, crisis hídrica, carente educación ambiental, entre otros.

Bajo ese contexto, GatoEncerrado entrevistó a varios profesionales que se desarrollan en la gestión del medio ambiente para que evaluaran el primer año del MARN liderado por el ministro, Fernando López Larreynaga.

La pandemia ha sido la oportunidad para que los países reestructuren sus sistemas económicos y socioambientales, así como para establecer una línea directa hacia la soberanía alimentaria y la agroecología. Países como Costa Rica la aprovecharon para incluir en su Constitución el derecho humano al agua. Sin embargo, el rol del MARN en estos dos meses y medio de cuarentena ha sido “nulo, débil y desarticulado”, de acuerdo con los profesionales.

La crisis sanitaria provocó la reducción de un personal que de por sí ya era limitado, sumado al confinamiento de los defensores ambientales, se creó el escenario perfecto para que los depredadores ambientales talaran y cazaran. Tal es el caso de las denuncias por tala en Sonsonate y Santa Ana, y el asesinato de un puma, especie en peligro de extinción, en Chalatenango. 

Entonces, ¿quién monitorea y verifica que realmente no haya abusos de los sectores que han estado destruyendo los ecosistemas? Esa pregunta se hace César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú. “No hay nadie que vigile, entonces claro, todo esto va a profundizar aún mucho más las crisis en las que ya estábamos”, dijo. 

Patricia de Fuentes es bióloga e integrante de la Mesa del Cambio Climático. Ella trabaja en la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec, en donde se han registrado varias denuncias por tala. En cuanto al trabajo del ministerio “lo que he visto es que ha estado limitado su accionar en casos de tala e incendios. He visto más el accionar en el caso de la vida silvestre, pero en el daño a los ecosistemas no”, advirtió.

El MARN tampoco ha tomado una voz líder, junto al Ministerio de Salud, para orientar sobre la disposición adecuada de guantes, mascarillas u otros desechos bioinfecciosos, que terminan tirados en la calle y que son foco de propagación del coronavirus. Dentro de la extensa “normativa COVID-19 no hay ni un lineamiento de manejo de desechos bioinfecciosos”, señaló la consultora ambiental, Carolina Sánchez.

Otra de las grandes apuestas del gobierno era independizar y mejorar el Observatorio Ambiental, sin embargo, la salida de su directora Celina Kattán, prima del presidente Nayib Bukele; y de la meteoróloga, Sandra Yanira Martínez, es solo un ejemplo de la fuga de personal con capacidades instaladas para el manejo y alerta temprana de fenómenos naturales como la tormenta tropical Amanda, que fue pronosticada a inicios de abril dentro de la temporada de huracanes del Pacífico, pero que el gobierno alertó hasta dos días antes de su impacto. Hasta este 1 de junio, Protección Civil reportaba la muerte de 16 personas por deslaves e inundaciones.

Un año, una política

El trabajo en esta cuarentena ha sido una especie de resumen ejecutivo de la labor del MARN en el último año. Según los profesionales, la gestión se ha dedicado a pequeños programas aislados que no constituyen un plan de gestión integral. “No tener plan es el plan”, resume el director de cultura de derechos humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Omar Flores. 

Para el profesional es muy preocupante que el único parámetro para evaluar la gestión del MARN sea la práctica política, porque “hoy por hoy, no tenemos ningún plan de Gobierno de manera estructural, con lineamientos, enfoques, indicadores; no tenemos nada de eso... Y la práctica política no está buscando la protección del medioambiente, está buscando en el desarrollismo económico; no es el desarrollo sustentable y sostenible, es simplemente el crecimiento económico a toda costa”, reclamó. 

En ese sentido, el biólogo Rubén Sorto explicó que, aunque gran parte del Plan Cuscatlán fue “una copia y pega de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD”, deja bien clara la estrategia para llegar a ese crecimiento económico y tiene “casi todo lo esencial para ser efectiva”, específicamente, en la mejora de plazos para el otorgamiento de permisos ambientales. “De todo el plan es lo único que tiene una guía de trabajo”, añadió el biólogo.

Esa única apuesta política se hizo orden en los primeros días de gestión del presidente Nayib Bukele, incluso, fue apoyada por su tío, el secretario de Comercio e Inversión de la Presidencia, Jorge Miguel Kattán, cuando dijo ante la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa que el MARN tenía estancados unos $7,000 millones en proyectos 

A un mes y medio de haber asumido el ministro López ya reportaba a Casa Presidencial la liberación de $1,415 millones en permisos.

Lo preocupante para algunas de los expertos consultados es que no hay garantía de la calidad de esos permisos, pues hay factores que inciden en el buen funcionamiento de la institución. Por ejemplo, la reestructuración interna del personal que ocurre con cada cambio de gobierno. Además, del recorte presupuestario de $3 millones para este 2020, en el que la unidad de Evaluación y Cumplimiento Ambiental, que es la encargada de evaluar los permisos ambientales, sufrió una disminución del 24.8 %.

Según Flores, de Fespad, ese primer llamado del presidente Bukele fue “muy perjudicial”, porque la normativa que regula los permisos ambientales crea figuras jurídicas peligrosas como el silencio administrativo positivo. “Esto significa que una persona o empresa solicita un permiso ambiental y si la administración pública no da respuesta, ese silencio puede ser traducido como un silencio administrativo positivo, es decir, que la respuesta va ser tomada como favorable”. explicó el profesional.

Al establecer como prioridad de gobierno la agilización de permisos ambientales se crea obstáculos para la protección de los recursos naturales. Lo que hace más evidente que el “Estado ha abandonado deliberadamente toda la dimensión ambiental del desarrollo, ha prevalecido un enfoque economicista de los bienes comunes naturales”, expresó Artiga.

Fuentes lamenta que el avance en la gestión integral se detenga, pues “todo lo que antes se traía ‘chiniando’, por decirlo así, que no se había cumplido, se sigue acumulando y se va arrastrando”.

El anuncio de un gobierno más flexible a la inversión económica reactivó viejos proyectos que habían sido rechazados por el MARN en gestiones anteriores, como el caso de la Pequeña Hidroeléctrica Nahuizalco II, que sería la octava hidroeléctrica en el río Sensunapán, en Sonsonate, y cuyo permiso había sido negado en 2014, pero que el 12 de julio de 2019 se abrió un nuevo proceso administrativo en el ministerio. Otro ejemplo más mediático ha sido el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, de la familia Dueñas, que fue declarado inviable en 2009 y que la nueva gestión evalúa nuevamente.

Con la emergencia por COVID-19 salió a flote otro problema histórico del país: los vicios de la consulta pública. Activistas del Foro del Agua y de la Unidad Ecológica de El Salvador (Unes) denuncian que los inversionistas de los proyectos en Valle El Ángel y el río Sensunapán han entregado ayuda humanitaria a las comunidades locales, aprovechado la pandemia con el fin de “manipular la consulta pública”. 

Yanira Cortez, exprocuradora adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), califica de antiéticas estas acciones “porque están incidiendo para que en un futuro la gente pueda tomar una decisión. Además, porque la gente de nuestro pueblo es gente agradecida, que valora lo que usted pueda hacer en una necesidad con ellas, por eso no es ético desde ningún punto de vista”, señaló. 

“Tweet challenge” versus carencia de planes

La nueva gestión del MARN ha normalizado la falta de planes y estrategias y se ha dedicado a realizar una serie de “challenges” o “desafíos” para ganarse la aprobación pública desde redes sociales.

En el primer año del ministro López Larreynaga fue lanzado: la Plantatón challenge, los Peces come plástico, las Ríobardas, SOS ríos limpios, el Reto Recicla, entre otros programas que han surgido de forma aislada y en reacción ante alguna crisis, pero que no atienden integralmente los problemas desde una política pública, según explican los expertos.

Con las ríobardas o biobardas, el MARN ha recuperado unas 9,000 libras de plástico pet (utilizado en envases de bebidas). En países como Guatemala, esta medida ha demostrado ser ineficiente para regular el plástico y la contaminación de los ríos, según explicó Ingrid Hausinger, coordinadora del programa de Ecología de la Fundación Heinrich Böll. “Mucho del plástico viaja en los momentos de las mayores crecientes de los ríos, las biobardas no son funcionales, cuando se las lleva el río y terminan como más basura en el Caribe”, dijo.

Por otro lado, el programa de reforestación que ha sido reciclado de gobierno en gobierno sin mayores efectos es el ahora llamado: Plantatón. Para las fuentes consultadas es lamentable que no se ha aprendido de los fallos en gestiones anteriores que no le apostaron a la restauración natural, en lugar de reforestar sin objetivo alguno.

Según los expertos, para que las plantatones funcionen y no se lo coma el ganado o se pierda con los incendios, hace falta un monitoreo de especies, registro de datos, educación ambiental y mejora de la gobernanza. “No solo es de sembrar y que Dios les ayude a los árboles, hay que tener un monitoreo, estudios y comprobar qué está pasando”, comentó Fuentes. 

La primera vez que el presidente Bukele ordenó al ministro López un proyecto de reforestación fue el 12 de junio de 2019. 

Siete meses después, y durante una conferencia en la que se abordó la crisis hídrica generada por la contaminación de algas en la planta Las Pavas, Bukele pidió el Plan Nacional de Reforestación al ministro López, al viceministro Alex Hasbún y al presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge Aguilar. “Yo quiero algo radical, algo que no se haya hecho antes. No podemos esperar a que nos quedemos sin agua”, dijo el mandatario, dejando fuera de este plan al ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker.

Según la consultora Sánchez, el mecanismo, aunque tiene buena intención, en la práctica se complica, pues la parte forestal la ve el MAG y la hídrica la ve el MARN. “Esos divorcios son los que yo sigo viendo en estas intenciones de política pública”, señaló.

Durante esa conferencia, Bukele también ordenó la recolección de las botellas plásticas distribuidas durante el plan #ContingenciaANDA. Así surgió el Reto Recicla, que en 48 horas recolectó 4.5 millones de plástico. Según el representante de Fespad, esta es “la práctica de las pequeñas campañas y no me refiero a una campaña de reforestación y reciclaje, sino a una campaña para elevar la imagen del gobierno cuando está en una crisis en determinado momento”.

Para las fuentes consultadas, el panorama es complicado pero no imposible si la gestión del Ejecutivo le apuesta a temas puntuales como resolver integralmente la crisis hídrica, incluyendo el reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución de la República y creando su respectiva normativa, firma y ratificación de compromisos internacionales que refuercen la justicia ambiental, como el Convenio de Escazú, y le apueste a la transformación ecológica del agro.

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