Opinión

¿Dónde están las Políticas Públicas?

José Luis Magaña

José Luis Magaña

Economista por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), con especialización en Estado, Gobierno y Democracia por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha trabajado en el acompañamiento de organizaciones sociales en temas de economía social y solidaria, soberanía alimentaria, justicia fiscal, inversión y comercio. Actualmente es coordinador de investigación e incidencia de Panorama Económico.

Con una estimación de recaudación de $990 millones menor a la esperada para el año, una reducción del 51 % de las exportaciones y del 40 % de las remesas en abril, con respecto al año pasado, y una proyección de caída del 5.4 % del PIB, es aún más urgente la necesidad de contar con planificaciones de Política Pública que enmarque la acción gubernamental, permita la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos y habilite los mecanismos de contraloría ciudadana.

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Por José Luis Magaña

Ha transcurrido un año desde el cambio de administración del Ejecutivo, de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, a la de Nayib Bukele, elegido con el partido GANA. Esta transición política se da en el marco de una crisis de representatividad de los avances de la institucionalidad democrática, surgida durante las últimas décadas del siglo XX, que atraviesa a partidos políticos, órganos del Estado, instituciones públicas y la misma Constitución de 1983.

Este desgaste está muy vinculado con la poca capacidad de respuesta para mejorar la calidad de vida de una gran parte de la población y cerrar brechas de desigualdad. A pesar de que la pobreza por ingresos pasó del 42.3 %, en 1992, al 26.3 % en el 2018, aún persiste una alta incidencia de problemas básicos de los hogares. Para 2018, todavía el 40.9 % de hogares vive en hacinamiento, el 42.6% no tienen acceso a saneamiento, el 19.8% no tienen acceso a agua potable y un 17.5 % de hogares se encuentran en inseguridad alimentaria.

En ese sentido, la campaña política alrededor de la elección de Nayib Bukele estuvo enfocada en el cuestionamiento a ese marco institucional y estas privaciones de los hogares. A un año de su gestión, es pertinente evaluar las acciones tomadas por el nuevo gobierno.

Una de las primeras decisiones fue la eliminación de instancias de planificación en la presidencia, particularmente la Secretaría Técnica y de Planificación, que cumplía el papel de crear el marco general de actuación del gobierno. Es en este espacio que se construían los planes quinquenales de gobierno, se llevaban a cabo procesos de formulación de Política Pública que implicaba abordaje interinstitucional y, junto a la Secretaría de Inclusión Social, cumplían un rol estratégico en la planificación de programas de reducción de la pobreza y atención a poblaciones específicas.

En su lugar, se crearon las figuras de Comisionada Presidencial de Operaciones de Gabinete y Comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos. Esta decisión ha mostrado uno de los cambios más profundos en la gestión Bukele. Se trata pues, de la sustitución del enfoque de formulación de Política Púbica, en su sentido estricto, por el de formulación de proyectos.

Por su naturaleza, un enfoque de formulación de proyectos le permitiría al gobierno dar respuestas más rápidas en acciones concretas, pero con intervenciones particularizadas. Por otro lado, el proceso de Política Pública parte del principio de sostenibilidad, es decir, que busca dar un marco general para las intervenciones del Estado. En ese sentido, un enfoque exclusivo de formulación de proyectos, sin un marco general dado por la Política Pública, crea una intervención estatal sin la capacidad de dar respuestas articuladas de transformación estructural.

Una consecuencia directa de lo anterior se muestra en la falta de planificación de la acción gubernamental. En su primer año de gestión, aún no se ha presentado un Plan General de Gobierno, ni planes sectoriales más allá de los anuncios de redes sociales, tampoco se ha presentado el Plan Social que exige el artículo 12 de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Esta forma de abordaje ha podido ser palpable también en la atención de la actual emergencia por la pandemia y deja al descubierto los problemas de no contar con una planificación integrada con visión de mediano y largo plazo.

No contar con un programa claro de atención ha creado un panorama de constante confrontación entre órganos de Estado y aporta en el desgaste de la percepción sobre la poca capacidad de responder a las necesidades de la población, especialmente la más vulnerable, que se ha visto reflejada con las banderas blancas solicitando asistencia alimentaria, el alza de violencia y la recarga del trabajo de cuidados sobre las mujeres.

La falta de planificación tiene, además, implicaciones en términos de contraloría y participación ciudadana. La falta de planificación gubernamental dificulta a la ciudadanía el monitoreo y evaluación de las medidas implementadas por el gobierno con el uso de los recursos públicos.

Entre enero y mayo se han emitido $1,282.9 millones en deuda de corto plazo, a través de LETES y CETES. Hasta abril, se han hecho recortes por $68.5 millones de líneas presupuestarias para reasignarlos a la emergencia, al igual que recursos de préstamos con JICA por $45.3 millones. Sin embargo, existe poca capacidad para evaluar los resultados del uso de esos recursos, en la medida que hay poca claridad en la forma como se están utilizando.

Se solicitó por el Ejecutivo, y se ha aprobado desde el Legislativo, emisiones de deuda de largo plazo por $3,000 millones, adicionales a los $645.8 millones aprobados en el presupuesto ordinario. Este financiamiento extraordinario también ha sido afectado por la falta de planificación, ya que el uso de los recursos obtenidos de esta aprobación se encuentra condicionado a la presentación de un presupuesto extraordinario que el Ejecutivo aún no realiza.

Con una estimación de recaudación de $990 millones menor a la esperada para el año, una reducción del 51 % de las exportaciones y del 40 % de las remesas en abril, con respecto al año pasado, y una proyección de caída del 5.4 % del PIB, es aún más urgente la necesidad de contar con planificaciones de Política Pública que enmarque la acción gubernamental, permita la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos y habilite los mecanismos de contraloría ciudadana.

En esta línea, a un año de gobierno se pueden identificar tres grandes retos que debe enfrentar la gestión Bukele para hacerle frente al contexto. En primer lugar, retomar un enfoque de planificación de Política Pública que refleje ante la ciudadanía las prioridades del gobierno y las estrategias generales de intervención. El segundo reto tiene que ver con la transparencia en la información, mecanismos y criterios para la toma de decisiones que durante el último año ha tenido retrocesos.

El tercero, y una de las principales barreras que ha tenido este gobierno, es en términos de gobernanza para trabajar de manera articulada con el resto de las instituciones del Estado, en respeto a la incipiente democracia del país, y al trabajo articulado con la sociedad civil a través de mecanismos institucionales para la deliberación y formulación de Política Pública.

El gobierno ha mostrado vicios autoritarios que se han puesto de manifiesto en desacatos y amenazas contra otros Órganos de Estado, hasta extremos como la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero y usos discrecionales de los cuerpos de seguridad. A un año de gobierno, es necesario remarcar que lo que se necesita es avanzar a una democracia participativa, lo que implica trabajar en reducir brechas desigualdad de ingresos, de distribución de trabajos entre hombres y mujeres, de acceso a espacios de participación y dejar de lado el ejercicio patriarcal del poder y cualquier acercamiento al autoritarismo, que tanto daño le ha hecho al país.

José Luis Magaña

José Luis Magaña

Economista por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), con especialización en Estado, Gobierno y Democracia por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha trabajado en el acompañamiento de organizaciones sociales en temas de economía social y solidaria, soberanía alimentaria, justicia fiscal, inversión y comercio. Actualmente es coordinador de investigación e incidencia de Panorama Económico.

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