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El pueblo indígena defiende su río y su historia en Nahuizalco

Emerson Flores

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La empresa Sensunapán S.A. de C.V. se encuentra en la etapa de consulta pública para conseguir un permiso ambiental y construir una hidroeléctrica en el río Sensunapán, Sonsonate. Este sería su segundo intento. El primero fue en 2014, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) rechazó el proyecto porque no garantizaba las “actividades ligadas a los medios de vida local que las comunidades” indígenas de la zona que dependen del río. La empresa pretende desviar y entubar 1150 m del caudal talando árboles y afectar 4 km del río. Los pobladores resienten que las tierras donde se pretende instalar la octava hidroeléctrica, en el río, pertenecían a sus ancestros y el río es su fuente de vida y que sirve para mantener la biodiversidad del lugar. Esta fotogalería recoge breves testimonios de indígenas que reclaman lo que les fue arrebatado a sus ancestros.

Pioquinto falleció el 15 de junio a sus 90 años de edad. El líder se consagró como un tata indígena de Nahuizalco, pues luchó toda su vida por recuperar las tierras de su familia y por mantener viva la historia y la cultura de sus ancestros, a través de la tradición oral y uso de la lengua materna, el Náhuat. Foto/Emerson Flores.

En abril de este año, Pedro Hernández publicó un video en redes sociales, en el que denunció el cierre de la calle vecinal que lleva hacia el río. El cierre fue realizado por la hidroeléctrica en el contexto de la emergencia por la pandemia COVID-19. Foto/Emerson Flores

En 2012, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial el acuerdo bajo el cual la Hidroeléctrica Juayúa S.A. de C.V. recibió la exoneración por 10 años del Pago de Impuesto sobre la Renta, entre otros beneficios fiscales. Las familias y población indígena que viven en los alrededores nunca han obtenido un beneficio económico.
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Pedro Rodríguez es un líder indígena que lleva años peleando para detener la explotación del río Sensunapán. La vida de los agricultores de Anal arriba y Anal abajo, en Nahuizalco, depende en gran medida del río Papalhuate que es tributario del río Sensunapán. Foto/Emerson Flores

La Central Hidroeléctrica de Juayúa se encuentra en el límite entre los municipios de Juayúa y Nahuizalco. En el río Sensunapán, en Sonsonate, hay siete hidroeléctricas que explotan el agua para generar energía hidráulica. Las comunidades indígenas se oponen a que el Ministerio de Medio Ambiente otorgue el permiso ambiental para la octava represa. Foto/Emerson Flores

“En 1932 les quitaron estas tierras a nuestros ancestros y ahora no quieren que caminemos en este lugar. Nos están quitando nuestros ríos”, reclama el hermano Pedro, como es conocido el líder indígena. Foto/Emerson Flores

Los pobladores de Anal Arriba y Anal Abajo han hecho uso de la tierra para vivir por generaciones. Feliciano Mate toda su vida se ha dedicado a la agricultura. Antes la tierra les pertenecía, ahora tienen que alquilarla, para seguir viviendo de ella. Foto/Emerson Flores

Roberto Cruz Bran es uno de los líderes indígenas del cantón Anal Abajo quien denuncia hostigamientos de los que son víctimas por parte de la Hidroeléctrica Juayua S.A. de C.V. Foto/Emerson Flores

Génaro Mata es un agricultor del cantón Anal Arriba, en Nahuizalco, quien también denuncia el cierre del camino vecinal. Dice que ese cierre es parte de una serie de hostigamientos que la Hidroeléctrica de Juayúa ha realizado en contra de agricultores. Él dice que a inicios del año, envenenaron el río para que ya no llegaran. Foto/Emerson Flores

Feliciano Mata, de 78 años, es uno de los agricultores afectados con el cierre del camino vecinal. La mayoría de habitantes de Anal Abajo y Anal Arriba se dedican a la agricultura. Durante la cuarentena tuvieron que salir a cultivar, ya que esa es su fuente de ingresos y alimentación. Foto/Emerson Flores

Dos meses antes de su muerte, el tata indígena Pioquinto Pérez Juárez concedió una entrevista a GatoEncerrado. En la plática, contó cómo su padre, Patrocinio Pérez. sobrevivió a la matanza indígena que ocurrió durante la dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez, en 1932. Foto/Emerson Flores

En plena reapertura económica, tras la cuarentena por coronavirus, y sin transporte púbico disponible, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado luz verde para la consulta pública para la octava hidroeléctrica. Foto/Emerson Flores

Pioquinto camina por las tierras que le pertenecieron a sus ancestros, pero que después de la masacre de 1932 perdió. Pioquinto dedicó parte de su vida a buscar las escrituras de la tierra, pero falleció y no lo logró. Sus descendientes ahora alquilan las tierras, para sembrar, que alguna vez fueron de sus antepasados. Foto/Emerson Flores

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