Foto/Emerson Flores

Sensunapán, los daños colaterales de la energía limpia

Por Carolina Amaya

Por Carolina Amaya

Periodista ambiental

Cristina Hernández

Cristina Hernández

Historiadora ambiental

En 2014, el Ministerio de Medio Ambiente rechazó el segundo proyecto hidroeléctrico de la sociedad Sensunapán S.A. de C.V. En julio de 2019, la empresa presentó al gobierno de Nayib Bukele una nueva solicitud del permiso ambiental, en medio de la polémica orden presidencial para "agilizar los permisos ambientales" y "desentrampar los miles de millones de dólares en proyectos".  Según el estudio de impacto, en la zona no existen comunidades indígenas afectadas con el proyecto, que cuenta con el beneplácito de las alcaldías de Sonsonate y Nahuizalco. Las comunidades indígenas de Nahuizalco, sin embargo, piden parar la explotación del río, que es su medio de supervivencia, mientras que el Ministerio de Cultura ya dio la factibilidad para la construcción.

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Por Carolina Amaya

Por Carolina Amaya

Periodista ambiental

Cristina Hernández

Cristina Hernández

Historiadora ambiental

Las comunidades indígenas de Nahuizalco, en Sonsonate, están a punto de perder lo último que les quedaba después de una historia de expropiaciones de tierra, levantamientos y matanzas, como la de 1932. El proyecto “Pequeña Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”, de la empresa Sensunapán S.A de C.V., amenaza con utilizar el agua del río Sensunapán con el propósito de generar energía, bajo la bandera de “energías renovables”. En la zona, de hecho, ya hay otras siete hidroeléctricas que explotan el agua y esta sería la octava que sigue el mismo patrón: uso de tierras que alguna vez fueron de los pueblos indígenas; explotación del agua, cambio de cauce e incluso actividades que secan los ríos que son considerados como sagrados por ser fuente de vida para las comunidades indígenas y para la biodiversidad de la zona; y manipulación de consultas públicas para proyectos, según documentos, expertos e indígenas consultados por GatoEncerrado

El proyecto de la octava hidroeléctrica ya había sido rechazado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2014, después de una lucha que libraron las comunidades indígenas para no perder acceso al agua del río, que es su medio de supervivencia. La resolución del MARN, con número de referencia 7978-237-2014, es la que detalla el rechazo al proyecto hidroeléctrico también conocido como “Sensunapán II”, que sería instalado entre los cantones Sisimitepet y Pushtan, de Nahuizalco; Loma del Muerto, de Sonsonate; y El Almendro, de Sonzacate, todos del departamento de Sonsonate. 

Ese año, el MARN señaló, entre otras cosas, que el rechazo a la construcción de la planta Sensunapán II se debía a que la sociedad detrás del proyecto no presentó todas las escrituras públicas del territorio a intervenir y porque tampoco se garantizaban las “actividades ligadas a los medios de vida local”, pues la hidroeléctrica reduciría el flujo del río en sitios como El Jaibillo, la Cueva Pericos y la zona conocida por “El Puente”, entre otros. Esas áreas fueron identificadas por la misma empresa, en su estudio de impacto ambiental, como lugares de baño, recreación y lavado de ropa.

Fue en ese año cuando el Comité por la Defensa de los Recursos Naturales de Nahuizalco lideró una lucha contra el proyecto hidroeléctrico. “La comunidad demostró que se secarían cuatro kilómetros del río y que esto impactaría en la biodiversidad que depende del río y que, por ende, iba a impactar en la población que depende de esa agua”, explicó Salvador Recinos, de la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES).

La solicitud para que el MARN reconsidere el permiso para la ejecución del proyecto hidroeléctrico fue presentada en julio de 2019, después de que el presidente Nayib Bukele le ordenó al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, que agilizara los permisos ambientales, para desentrampar “miles de millones de dólares” en proyectos.

“El Salvador es una tierra fértil. Inviertan en El Salvador y van a ver los resultados”. Ese fue el potente llamado que hizo Nayib Bukele a empresarios, a solo diez días de haber asumido la presidencia de El Salvador, en junio de 2019. El discurso, del que forma parte ese llamado, fue pronunciado durante la inauguración del hangar 6 del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero. 

De inmediato, el anuncio de un gobierno más flexible a la inversión económica reactivó viejos proyectos que habían sido rechazados por el MARN en gestiones anteriores, como el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, de la familia Dueñas, que fue declarado inviable en 2009, pero que el gobierno actual reevalúa.

En Nahuizalco, mientras el MARN reevalúa el proyecto hidroeléctrico, la empresa Sensunapán S.A. de C.V. se ha mantenido activa entre las comunidades locales, como para ganarse el favor de la población y obtener el visto bueno en la consulta pública. En su cuenta de Facebook se pueden ver fotos de certificados emitidos por escuelas, alcaldías e iglesias que agradecen los aportes que hace la empresa.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, la empresa Sensunapán también donó alimentos, guantes, mascarillas y otros implementos de higiene. Indígenas, defensores de derechos humanos y ambientalistas aplaudieron la acción humanitaria, pero también advirtieron que esperan que esa ayuda no sea para comprar la voluntad y aprobación de la población para la ejecución del proyecto hidroeléctrico.

Sensunapán S.A. de C.V. opera en Nahuizalco desde 1998 con la Pequeña Central Hidroeléctrica Nahuizalco I; y tiene 15 años de insistir con el permiso ambiental para su segunda central hidroeléctrica. Actualmente, la empresa tiene un escenario favorable: población agradecida y un gobierno ávido de inversión. Bajo ese contexto, el 12 de julio de 2019, el presidente y representante legal de Sensunapán S.A. de C.V., Carlos Roberto Grassl Lecha, ingresó nuevamente el formulario ambiental en el MARN, según consta el registro de esa institución.

En el ensayo Élites políticas y económicas en El Salvador: ¿Captura del Estado?, que Harald Waxenecker escribió en 2017 para la Heinrich Böll Stiftung El Salvador, Grassl Lecha aparece como un “bróker (mediador)”, quien forma parte de la élite económica más poderosa del país. Estas élites, a diferencia del pasado, “ya no se mueven por familias sino, por grupos económicos”, según explicó Waxenecker en su ensayo. Grassl Lecha también es parte de la junta directiva de Banco Azul. 

Entre los anexos del estudio de impacto que evalúa el MARN se encuentra la certificación de la junta directiva de Sensunapán S.A. de C.V. vigente hasta 2016, en la que aparece como uno de los directores propietarios Axel Söderberg, reconocido ingeniero mecánico electricista, docente durante 47 años de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), a quién en 2015 reconoció con un Doctorado Honoris Causa en Ingeniería Eléctrica. 

Un reportaje de Audiovisuales de la UCA detalla que el padre de Söderberg fue el ingeniero de origen sueco, Nils Eric Söderberg, quien estuvo entre los fundadores de la Compañía Eléctrica Cucumacayán, de la sociedad CEC S.A. de C.V., ahora subsidiaria de la CEL y que tiene bajo su mando a tres de las plantas generadoras de energía limpia en el Sensunapán: Cucumacayán, Sonsonate y Bululú.

Entre otros cargos, Söderberg ha sido gerente general y presidente de la junta directiva de la sociedad De Matheu y Compañía; asesor y miembro de la junta directiva de Corinca y de Inversiones Pasabien y presidente del Comité Consultivo del Consejo Nacional de Energía de El Salvador, según detalla el reportaje biográfico de Audiovisuales UCA.

En 1986, Söderberg coordinó el estudio “Pequeñas centrales hidroeléctricas en El Salvador”, que la UCA realizó en conjunto con la CEL. El documento se convirtió en un inventario de sitios en donde se pueden desarrollar pequeñas hidroeléctricas. De ahí que, los activistas ambientales de Nahuizalco y Juayúa identifican a Söderberg como el padre de las siete hidroeléctricas del Sensunapán. 

GatoEncerrado intentó tener comunicación con el ingeniero Söderberg o algún representante de Sensunapán S.A. de C.V., pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuestas.

Segregación histórica

Los pueblos originarios ya tenían serios problemas con la tenencia de la tierra desde la invasión española. Esos problemas se legalizaron y agudizaron a finales del siglo XIX, entre las décadas de 1870 y 1880, con la privatización de tierras comunales y ejidales, según afirma el autor Aldo Lauria-Santiago, en su libro “Una República agraria: Los campesinos en la economía y política de El Salvador en el siglo XIX”.

El historiador expone en su libro cómo algunas  familias se volvieron terratenientes y se cambió el uso y poder de la tierra. Sin embargo, en el proceso de privatización fueron más los que salieron afectados al no poder acceder a los sistemas de financiamiento bancarios, que los llevó a ser víctimas de ventas forzadas y engaños.

A ese contexto se le suma la caída de los precios del café. La pobreza en zonas rurales se agudizó y se ubicó en un escenario de explotación a trabajadores de fincas, represión a organizaciones, promesas no cumplidas por parte del gobierno, fraude electoral y un conflicto de clase que convulsionó en descontento social. Así surgió el levantamiento y posterior etnocidio de los pueblos indígenas durante la dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez, en 1932. 

En Nahuizalco, Pioquinto Pérez Juárez apenas tenía dos años de edad cuando ocurrió la masacre de 1932, pero su padre, Patrocinio Pérez, sobrevivió a la matanza y le contó cómo todos los agricultores de los cantones Anal Abajo y Anal Arriba perdieron los títulos de sus tierras que pasaron a manos privadas y ahora son de las hidroeléctricas.

A sus 90 años, dos meses antes de su muerte, y haciendo uso de la tradición oral que lo consagró como abuelo indígena, Pioquinto narró a GatoEncerrado uno de los momentos más sangrientos del río Sensunapán y su posterior lucha por recuperar las tierras de su abuelo, Juan Pérez, víctima del etnocidio.

Imagen del archivo del Museo la Palabra y la Imagen (MUPI) sobre la masacre de 1932.

Los terrenos de Juan Pérez colindaban con los de la hacienda Mirazalco, en donde ocurrió parte de la matanza de 1932. Las fosas en donde quedaron los cadáveres, incluido el de Juan Pérez, fueron donde hoy está instalada la Central Hidroeléctrica de Juayúa, utilizados por la comunidad indígena como “sitios sagrados”, pues ahí se comunican con sus abuelos y hermanos asesinados. 

“En esa misma hacienda Mirazalco, ahí los fusilaron y ahí quedaron todas las escrituras de los residentes de Anal. Después (los indígenas) quisieron continuar siendo los propietarios, pero las escrituras se las negaron. Las escrituras de mi abuelo también las negaron”, explicó Pioquinto.

Ahora, todo ese territorio le pertenece a la empresa Hidroeléctrica Juayúa S.A. de C.V., según la nota de concesión publicada por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) en el Diario Oficial No. 27. de 2012.

Hasta hace un par de años, Pioquinto todavía caminaba por las tierras que fueron de su abuelo. Esas tierras en las que ahora la Hidroeléctrica de Juayúa explota el agua del río Sensunapán y alquila a los descendientes de los indígenas que fueron dueños de esas tierras, según explicaron los agricultores locales. La hija de Pioquinto, por ejemplo, paga $104 al año por ocho tareas de terreno que cultiva para subsistir. 

“Y así hemos estado pagando, con tal de tener seguro a donde trabajar, sembrar y comer; para tener libertad de donde ir a traer el maicito”, dijo frustrado el abuelo indígena Pioquinto

Dos meses antes de su muerte, el tata indígena, Pioquinto Pérez Juárez, concedió una entrevista a Revista GatoEncerrado. En la plática contó cómo su padre, Patrocinio Pérez. sobrevivió a la matanza indígena que ocurrió durante la dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez, en 1932. Foto/Emerson Flores

Días antes de entrar a la cuarentena domiciliaria obligatoria por COVID-19, el personal de la Central Hidroeléctrica de Juayúa instaló una estructura metálica en el límite del cantón Anal Arriba. Los hierros obstaculizan el paso que conecta a las poblaciones de Cusamaluco y Mirazalco con Nahuizalco. 

“Pedimos urgentemente que se nos quiten esa barrera de esa calle. Ahora que tenemos la amenaza del coronavirus qué vamos a hacer si un hermano está enfermo aquí. ¿Cómo vamos a hacer para sacarlo?”, exigió Pedro Rodríguez, líder indígena, quien lleva años denunciando abusos de las hidroeléctricas en la zona

Diariamente, por ese lugar transitan unas 100 personas, según los habitantes de la zona. La mayoría de los transeúntes son agricultores que trasladan sus cosechas desde cerros arriba. Ahora, tienen que ingeniárselas para pasar sus canastos, sacos y cargas sobre la estructura metálica.

Frente al escenario pandémico por COVID-19, las cosas se complicaron. A sus 45 años, Mélida Pérez cultiva al otro lado del río para sobrevivir. No recibió el subsidio de los $300 que prometió el gobierno para las personas afectadas por la cuarenta y por eso depende solamente de lo que cultiva. Ahora, con la estructura metálica de la hidroeléctrica en medio de la calle, se le ha complicado sacar su cosecha. Antes, un pick up pasaba hasta el otro lado del río para sacar su cosecha, pero hoy tiene que hacer un esfuerzo extra: con un saco lleno de frijoles sobre su cabeza camina por más de un kilómetro. “Hoy que está cerrado vamos sacando por poco”, lamentó Mélida.

Otro habitante de Anal Arriba, Henry Ortiz, agricultor de 42 años, dice que el trayecto que se ha cerrado tiene años de existir. “Para nosotros es importante que la hidroeléctrica pueda tomar conciencia de lo que está haciendo”, añadió.

El cierre de la calle es parte de una serie de hostigamientos que han sufrido en los últimos meses. Según Genaro Mate Valencia, agricultor del cantón Anal Arriba, a inicios de año “envenenaron el agua y mataron al montón animalitos”; entre ellos, peces y cangrejos que complementan la dieta de las comunidades, explicó el agricultor. 

También, han sembrado Chichicaste en todos los senderos y han amenazado con dejar de alquilar las orillas del río, en donde varias indígenas cultivan berro. “Ya no les quieren alquilar la tierra (...) En 1932 les quitaron estas tierras y ahora no quieren que caminemos en este lugar. Nos están quitando nuestros ríos, ese río sagrado que nos alimenta, nos están quitando el acceso a tomar agua, a tomar nuestra comida. Nos están quitando el lugar a donde nos venimos a divertir, a bañarnos, la vida libre, alegre”, reclamó, entre lágrimas, el líder indígena Pedro Rodríguez.

La postura de Pedro puede parecer ridícula al llorar por un espacio físico, estando en una época de modernidad en donde se cree que lo natural puede ser reemplazado. Pero en el libro "El Salvador, la tierra y el hombre", de David Browning, hay una explicación histórica de los cambios en la percepción y la valoración del espacio. Siglos antes, el filósofo Jean-Jacques Rousseau abordó esa percepción en textos como "el contrato social" y "Emilio o la educación", al presentar su teoría del “hombre natural”: aquel que valora el espacio natural como proveedor de alimento antes que fuente de riqueza.

Complicidad gubernamental

El 14 de junio de 2020, Pioquinto no sobrevivió a sus complicaciones de salud y en redes sociales trascendió su muerte. Al siguiente día, la ministra de Cultura, Suecy Callejas, publicó su pésame a las comunidades de Nahuizalco: “El Ministerio de Cultura de El Salvador lamenta la partida de tajtzin Pioquinto Pérez Juárez, líder tradicional y emblemático de la comunidad indígena de Nahuizalco, nahuablante, conocedor de la agricultura ancestral y plantas medicinales, y luchador incansable por los derechos de los pueblos originarios”, decía parte del mensaje colgado en redes sociales.

El 25 de julio de 2019, sin embargo, el mismo Ministerio de Cultura liderado por Callejas revalidó una factibilidad dada en 2006 para la construcción de la Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II, con la que se destruirían varios sitios sagrados para Pioquinto como: Paso Hondo y El Jabío, entre otros, que aparecen en un informe hecho por las comunidades indígenas de Juayúa y Nahuizalco, con apoyo de la Alcaldía de Nahuizalco y el MARN.

La resolución 192-2019 para la validación fue firmada por la directora general de Patrimonio Cultural, María Isaura Aráuz Quijano. En el documento se reduce el patrimonio cultural a los vestigios arqueológicos y paleontológicos, ignorando los sitios sagrados y los bienes intangibles de las comunidades con ascendencia náhuat-pipil de la zona. Por lo que resuelve que la construcción es factible.

El documento forma parte de los anexos del estudio de impacto ambiental presentado por la sociedad Sensunapán S.A. de C.V., en noviembre de 2019 y que está en fase de consulta pública desde el 19 de junio hasta el 2 de julio de 2020, de acuerdo con el sitio web de consulta integrada del MARN. 

En el estudio de impacto ambiental, la sociedad no solo sostiene que en la zona a intervenir “no se puede observar la existencia de centros ceremoniales”, sino que también asegura que “no se encuentra ninguna comunidad indígena en riesgo por el desarrollo y ejecución del proyecto”.  

La empresa basa sus argumentos en 318 entrevistas hechas en 2015 en los cantones a intervenir. El 63 % de encuestados consideran que “poseen descendencia indígena”. Sin embargo, “en nuestra visita no se pudo observar personas con vestimentas alusivas a los antepasados”, detalla el informe.

El Perfil de los pueblos indígenas de El Salvador, publicado en 2003 por el Banco Mundial  y el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (Concultura), actualmente Ministerio de Cultura, explica que “el rechazo a lo indígena puede ser el resultado de la represión sociocultural y económica a que ha sido sometido el indígena en El Salvador”. Por lo que es más difícil identificar a las comunidades a simple vista, es decir, el “idioma vernáculo y el traje tradicional” ya no están presentes en la realidad actual, revela el informe. 

Entre las razones por las que perdieron su identidad están: el levantamiento indígena de 1932 y consecuente etnocidio; el mestizaje generalizado; y vacíos jurídicos históricos y de reconocimiento. En relación al último punto, en 2014, la Asamblea Legislativa reparó y reconoció a los pueblos indígenas al ratificar la modificación del artículo 63 de la Constitución de la República.

Por otro lado, el estudio socioeconómico de Sensunapán S.A. de C.V. también relaciona la organización de las comunidades indígenas con “intereses político partidistas y movimientos religiosos que mantienen programas asistencialistas”.

Desde la cosmovisión de los pueblos indígenas la relación entre el ser humano y la naturaleza se considera fundamental y codependiente, explicó Salvador Recinos, de la UNES. Por eso, “todas estas comunidades de Nahuizalco y Juayúa se han venido pronunciando en contra de estas hidroeléctricas”, agregó.

Las siete hidroeléctricas activas del río Sensunapán son: las plantas generadoras Cucumacayán, Sonsonate y Bululú, todas de la Compañía Eléctrica Cucumacayán; la planta Nahuizalco, de Sensunapán S.A. de C.V.; planta Papaloate, de la Hidroeléctrica Papaloate S.A. de C.V.; la planta Juayúa, de la Hidroeléctrica Juayúa S.A. de C.V.; la planta La Calera, de Matheu y Compañía S.A. de C.V. Esta última funciona desde 1951 y aún se encuentra elaborando su estudio de impacto ambiental, según el sitio de consulta integrada del MARN. 

El Sistema de Información Hídrica (SIHI) del Ministerio de Medio Ambiente ubica a la hidrocuenca Grande de Sonsonate-Banderas como una de las cuencas con alto estrés hídrico ocasionado por la explotación de sus aguas. Hasta 2012, el SIHI registraba una demanda consuntiva (uso del agua sin consumo; es decir, que el agua una vez utilizada es devuelta al río) de 443 millones de metros cúbicos (MMC).

Para la economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Lourdes Molina Escalante, lo que ocurre en la región centroamericana es que “las reglas del juego que regulan al sector (de energías renovables) están más enfocadas en la promoción de estos proyectos, más no así a garantizar que los proyectos se realicen tanto con pertinencia social, ambiental y cultural”, explicó a GatoEncerrado.

En El Salvador, la industria de las energías renovables tiene atractivos incentivos fiscales. En  2012, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial el acuerdo bajo el cual la Hidroeléctrica Juayúa S.A. de C.V. recibió: la exoneración por 10 años del pago de impuesto sobre la renta, así como la exoneración del pago de derechos arancelarios de importación de maquinaria, equipos e insumos destinados a la construcción de infraestructuras para este rubro.

La hidroeléctrica también está libre del pago de todo tipo de impuestos provenientes de las ventas de “Reducciones Certificadas de Emisiones”, así como del pago de otros impuestos establecidos en la Ley de Impuestos a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

Según la economista ambiental, los Estados tienen tres formas de beneficiarse de estos proyectos: la inversión económica, generación de empleo y el pago de impuestos. 

En la región centroamericana, sin embargo, lo que vemos es que hay “reglas del juego laxas que no garantizan y protegen a la población, ni garantizan que sean también parte de los beneficiarios. Entonces, es como un socio tonto, nada más se está enfrentando a altos niveles de conflictividad, pero que en realidad no está obteniendo beneficios, ni por la parte económica, ni por la parte fiscal en el pago de tributos”, explicó Molina.

En un video, compartido el 12 de marzo en las redes sociales de Sensunapán S.A. de C.V., el gerente de operaciones, Mauricio Arévalo, afirma que, además de generar energía verde, contribuyen a las arcas del Estado. “La empresa aporta impuestos a la municipalidad y al gobierno central, generamos una utilidad para los inversionistas de esta empresa, que permiten llevar los proyectos de responsabilidad social empresarial”, explicó en el video.

Consulta pública viciada

Así como en 1932 hubo un levantamiento indígena por descontentos sociales y bajo la consigna de la tierra; en 2011 y 2012, las comunidades se organizaron para defender el agua y la vida, de la amenaza de dos nuevas hidroeléctricas. Una era la construcción de la Hidroeléctrica de Juayúa; y la segunda, el proyecto Pequeña Hidroeléctrica Nahuizalco II. 

En agosto de 2011 se realizó la consulta pública del proyecto Central Hidroeléctrica de Juayúa. En esa ocasión, los empresarios aplicaron el dicho “divide y vencerás”, según personas que siguieron de cerca el proceso. Una de esas es el líder ambiental Luis Bernardino, quien contó a GatoEncerrado que la empresa hizo una promesa de ofertas de trabajo y construcción de viviendas. Fue así como absorbieron a dos líderes ambientales. 

“Nosotros hacíamos zanjas para que los camiones no pasaran, pero absorbieron a unos líderes. A otro que descubrimos fue al sacerdote de Nahuizalco, a quien le regalaron un carro doble cabina. Hubo un momento en el que prohibió a los líderes de Nahuizalco que se estuvieran manifestando. A la gente que no aceptó la propuesta del sacerdote la marginaron de la iglesia”, agregó el activista.

Uno de los entrevistados en el “proceso de socialización” del estudio de impacto ambiental de Sensunapán S.A. de C.V., es el presbítero Pablo de Jesús Calderón, sacerdote parroquial de Nahuizalco. “La construcción de las represas deben afectar en alguna medida a los ríos, pero es una manera de progresar. Hay que hacer una oferta a la gente que se opone, porque los que se oponen son los que no quieren ver el progreso”, dijo el padre a la empresa desarrolladora.

En la socialización también incluyeron la opinión de Carlos Salinas, promotor social del cantón Loma del Muerto, de la Alcaldía Municipal de Sonsonate, quien explicó que Sensunapán S.A. de C.V. ha mantenido una “buena relación” con la comunidad y sus líderes, gracias a que “reciben donaciones y poseen un buen concepto de la empresa”, por lo que “no se oponen a este proyecto, sino que apoyan a la empresa, porque conocen que les pueden ayudar a solventar algunas necesidades en la comunidad”, afirmó. 

El activista Pedro Rodríguez también fue entrevistado por la empresa, pero él aseguró a GatoEncerrado que esas entrevistas fueron realizadas la primera vez que la empresa intentó obtener el permiso ambiental en 2014.  

Entre los anexos del estudio de impacto ambiental destacan las cartas de beneplácito de los alcaldes de Sonsonate y Nahuizalco, firmadas desde mayo de 2018.

En la carta del alcalde de Sonsonate, José Roberto Aquino Ruíz, aunque manifiesta el respaldo a este tipo de proyectos que “constituyen polos de desarrollo y generan oportunidades a los habitantes”, le pide al titular cubrir todos los requerimientos legales y ambientales correspondientes. 

La carta del alcalde de Nahuizalco, José Willer Patriz Castaneda, además de dar el aval, aclara que el proyecto no requiere la gestión de trámites administrativos como factibilidad de drenaje de aguas lluvias, línea de  construcción, ni revisión vial y zonificación. Es decir, la sociedad tiene vía libre para realizar su hidroeléctrica. 

Según los líderes indígenas consultados por GatoEncerrado, la alcaldía de Nahuizalco no ha realizado ninguna consulta pública para discutir el proyecto, pese a que desde 2011 existe la Ordenanza Municipal sobre los Derechos de las Comunidades Indígenas Asentadas en el Municipio Nahuizalco, con la que se busca reivindicar sus derechos e incorporarlos en la toma de decisiones como esta. 

La consulta pública para la Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II inició el viernes 19 de junio y finalizará el 2 de julio. Y aunque el estudio de impacto está colgado en el sitio web del MARN, Pedro confirmó que nadie les ha consultado sobre el documento, en la alcaldía de Nahuizalco “el muchacho a cargo dijo que no ha podido poner el aviso”, expresó.

Para Bernardino, el problema de Nahuizalco es que “tenemos entendido que hasta el alcalde está en favor de la hidroeléctrica. Incluso tenemos entendido de que (la empresa) le regaló algunos proyectos de pavimentación de calles”, denunció.

La consultora en derechos humanos y exprocuradora adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), Yanira Cortez, explicó a esta revista que la consulta pública debe ser “libre, previa e informada”. En el caso de la Sensunapán II, la empresa estaría “violentando” el concepto de libertad, pues con las regalías que han entregado “ellos están incidiendo para que en un futuro la gente pueda tomar una decisión”, explicó.

El activista de la UNES, Salvador Recinos, señaló que no se oponen a la ayuda humanitaria que la empresa ha hecho a las comunidades indígenas, pero “nos parece que es parte de su misma estrategia de captura corporativa”.

En El Salvador “no existe la consulta previa, libre e informada. Esto es un resabio de todas las gestiones anteriores, de cómo hemos manejado el problema ambiental y que ahora ofrece mayores retos”, acotó la exprocuradora adjunta, Yanira Cortez.

Actualmente, Nahuizalco llora la muerte de uno de sus últimos abuelos indígenas; sin embargo, la lucha de Pioquinto no terminó con su partida, pues ahora impulsa con mayor fuerza a las comunidades indígenas para defender al río Sensunapán.

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