Bitácora política

Asamblea rechaza poner reserva al gasto de $2,000 millones para pandemia

Por Gabriela Villarroel

Por Gabriela Villarroel

Pleno legislativo en el Salón Azul. Foto/ Asamblea Legislativa
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La Asamblea Legislativa rechazó dos de las tres observaciones que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, a la reforma del Decreto Legislativo 674, que incorporó nuevos miembros al comité que vigilará el uso de la emisión de $2,000 millones de deuda para atender la pandemia por COVID-19.

Entre las observaciones, Bukele se opuso a que las instituciones del Gobierno, encargadas de manejar los recursos, tuvieran la obligación de entregar toda la información que requiera el comité de fiscalización. El mandatario quería que las instituciones dieran la información al comité bajo los criterios de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que clasifica la información en oficiosa, reservada o confidencial. 

Bukele también se opuso a que un representante del IAIP estuviera en calidad de apoyo técnico al comité fiscalizador. El funcionario alegó que esto provocaría "una afectación a la imparcialidad de esa entidad (el IAIP) cuando se active su competencia a través del recurso de apelación". Esto, bajo el supuesto de que el Gobierno decidiera declarar en reserva la información para el comité.

La única observación que aceptó la Asamblea Legislativa fue la eliminación de la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES), debido a la negativa de la misma organización para participar por decisión de sus miembros, durante una asamblea general interna. 

Las observaciones al decreto fueron aceptadas parcialmente por la Asamblea, con 50 votos. El decreto 674 era una reforma al decreto 608 sobre el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. Ese decreto 608 autorizó al Gobierno a firmar préstamos y emitir bonos en el mercado internacional; además, creó un comité fiscalizador.

Nuevo comité

El primer comité estaba integrado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades); la Universidad Centroamericana (UCA); y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Todos presentaron su renuncia "irrevocable" tras controversias con el Gobierno por la falta de entrega de información y no incluirlos en toma de decisiones.

Con la reforma aprobada este 16 de julio, la Asamblea conforma el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo e incorpora a representantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde); al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi); la Universidad de El Salvador (UES) y la Universidad Francisco Gavidia (UFG); además de un representante de las gremiales más representativas de la contaduría y auditoría legalmente constituidas en el país.

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