Por Emerson Flores

A cuatro años de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, el bloqueo para tener acceso a los archivos militares persiste. Así lo determinaron defensores en derechos humanos, que lamentan el hecho de que todavía no haya garantías de parte del Estado para hacer justicia a las víctimas del conflicto armado. El incumplimiento de esta declaratoria también se ha visto por parte del gobierno actual, según David Morales, de la fundación Cristosal.

“Hasta hoy, el Ejecutivo sigue bloqueando el acceso a los archivos militares y, por lo tanto, obstaculiza las investigaciones. Tampoco ha tomado acciones de política pública y destinado presupuestos para dar cumplimiento a programas de reparación y otro tipo de medidas que debe impulsar en el marco de la sentencia”, declaró Morales.

El abogado también criticó la labor de la Fiscalía General de la República (FGR) porque según su análisis, los procesos de investigación no tienen avances y no llegan a judicializarse, salvo en algunos casos.

“El titular anterior y el actual (de la Fiscalía) no han dado una prioridad ni en recursos ni en apoyo institucional al equipo de fiscales que investiga casos del conflicto armado. Esto ha llevado a un incumplimiento en el que se evita que los casos se judicialicen”, mencionó Morales.

El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la Ley de Amnistía de 1993 era inconstitucional por considerar que era contraria al derecho de protección de los derechos fundamentales.

La Sala también ordenó acciones que garantizaran el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.

Héctor Carrillo, de La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala señaló puntos importantes como la no prescripción de los delitos de lesa humanidad y reconoció la existencia de un aparato organizado que ordenó y cometió graves violaciones a derechos humanos de manera sistemática. 

“La sentencia ordenó a las instituciones de El Salvador, de manera particular al Órgano Ejecutivo, dar acceso a la información relacionada con los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Tanto para conocer la verdad, como para investigar y sancionar a los responsables. Una orden que no ha cumplido”, dijo Carrillo.

También señaló que la sentencia ordenó al Estado adoptar medidas de reparación integral a las víctimas. Pero, ni los gobiernos anteriores ni el actual han pasado del plano simbólico. A la fecha, dijo, “los intentos del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que son instancias obligadas a cumplir con la sentencia, han impulsado acciones para perpetuar la impunidad en El Salvador”.

La justicia salvadoreña sigue en pausa para las víctimas del conflicto armado en El Salvador, mientras en España acaba de cerrar el juicio por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas asesinados en la UCA. El juicio ha revelado las violaciones a derechos humanos realizadas durante el conflicto armado de manera sistemática y que en la actualidad continúan en impunidad debido al poder que aún tienen los protagonistas.

Morales, de Cristosal, opinó que este juicio ha dado muestras de cómo operaba la cúpula de la fuerza armada para entonces, convirtiéndose en un “aparato organizado” que violaba derechos humanos y neutralizaba a la sociedad con el respaldo y la articulación de una élite del poder político.

“Por eso, el expresidente (Alfredo) Cristiani, el diputado Rodolfo Parker, quien era asesor del Estado Mayor, han sido mencionados como cómplices del encubrimiento. Hemos observado la existencia de una estructura (La Tandona) que funciona como un aparato mafioso para no solo perpetrar gravísimas violaciones a derechos humanos a lo largo de la guerra, sino prolongar hasta hoy su área de influencia. Algunos de ellos son diputados. Aún tienen influencia para evitar que el órgano judicial funcione”, declaró.