Debemos salvar a Centroamérica antes de que sea muy tarde. Antes de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19, todos los Estados centroamericanos, con diferentes intensidades, pero todos ―incluida Costa Rica―, caminaban por una senda poco halagüeña marcada por tres fenómenos estructurales. 

Primero, un debilitamiento del rol del poder público como resultado de políticas estatales insuficientes para garantizar a todos bienestar (educación, salud, vivienda, agua, alimentación) y reducir las desigualdades, que se han exacerbado en la medida en que el neoliberalismo ha ido fortaleciéndose y oxidando los engranajes de la institucionalidad pública. Esto en medio de la pérdida de legitimidad de quienes gobiernan, debido a su participación en redes de corrupción, por su asociación con poderes privados (lícitos e ilícitos), que capturan el poder público para garantizarse más riqueza e impunidad, y por el retorno a modelos de gestión del poder basados en la represión, el autoritarismo y la prostitución de los sistemas electoral y de justicia.

Segundo, un estilo de crecimiento económico de bajo valor agregado, orientado al exterior y que basa su competitividad en la explotación inmoderada del ambiente natural, el no pago de impuestos y la depauperación de los trabajadores. Un modelo en el que la política económica no se hace en función de un marco de desarrollo nacional, sino del interés de ciertas élites económicas, asfixiando a las mayorías, incluyendo trabajadores y pequeños, medianos empresarios; provocando la migración forzada de millones de personas que desean escapar de la miseria y otras violencias del Estado.

Tercero, una política fiscal que está lejos de ser garantía para el desarrollo y la consolidación democrática. Desde los Acuerdos de Paz, esta es una tarea pendiente, pues los Estados continúan teniendo muy poca capacidad de recaudación, muchos privilegios fiscales para sectores económicos pujantes, insuficiente gasto e inversión pública, altos saldos de deuda pública y tantos caminos abiertos para la corrupción, como barreras para la transparencia y la rendición de cuentas. En el momento actual, que es el inicio de una crisis que podría durar, en el mejor de los casos, un lustro, todos los Estados centroamericanos se han endeudado para aumentar los recursos para sanidad, asistir a familias y empresas. Sin embargo, la tarjeta de crédito pública está al tope, y sin aumentos de ingresos. Sin un gasto más efectivo y sin una reestructuración de la deuda, la política fiscal podrá continuar haciendo muy poco por mitigar la crisis. 

La crisis actual exacerba los fenómenos descritos anteriormente y, sin un norte democrático y de desarrollo, sin una alternativa social para un cambio, el camino más probable para Centroamérica será el incremento de la pobreza y la desigualdad, la migración, al aumento de la polarización y la coronación de gobiernos que por medio de la represión calmarán el hambre y el descontento ciudadano. Algunos ya nos están dando señales de cómo avanzan por ese camino.

Es este oscuro y desalentador panorama el que debe motivar a los centroamericanos, y a los Estados amigos que han apoyado su pacificación, a salvar Centroamérica antes de que sea muy tarde. Para ello, es vital construir una agenda o un Plan de Reconstrucción Económica, Social y Ambiental que gire sobre los siguientes cinco compromisos:

1. El compromiso social. Los Estados deben avanzar en los próximos diez años hacia el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, con el fin de lograr más igualdad y equidad. Para ello, deberán entre otras medidas implementar, de manera progresiva pero universal, un sistema nacional de protección y cuidado, que garantice nuevos derechos tales como una renta básica para erradicar la pobreza.

2. El compromiso económico. Poner en marcha una política económica regional que modernice el aparato productivo de los Estados, fomentando el cambio tecnológico, la innovación y fijando como objetivo la maximización del empleo y mejores salarios. Poner en marcha un plan para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural con una visión compartida con los pueblos.

3. El compromiso ambiental. Priorizar sectores estratégicos con sendas de crecimiento bajas en carbono, que generen empleos y que promuevan la innovación tecnológica. La transformación de sectores como la agricultura y silvicultura, la industria de reciclaje y gestión de residuos, el transporte, la energía y la infraestructura resultan clave para construir una economía resiliente y postextractivista.

4. El compromiso fiscal. Reforma tributaria para garantizar más recursos y más progresividad (quien tiene más, paga más), al tiempo en que se limitan los privilegios fiscales y se combate la evasión, el contrabando y el flujo ilícito de dinero; gasto e inversión pública basados en metas de desarrollo y con visión de largo plazo; sistemas nacionales de probidad, transparencia y rendición de cuentas y leyes más efectivas contra la corrupción.

5. El compromiso político. Componer los enormes fallos de la institucionalidad democrática actual que provocan tanto la corrosión del sistema electoral y de partidos políticos como la captura del poder público. En lo regional, repensar las instituciones para la integración de Centroamérica, para que estas sean efectivas en el logro de sus objetivos económicos, políticos y sociales. Eliminar el Parlacen, que se ha convertido en un nido de impunidad para políticos corruptos.

Debemos salvar a Centroamérica antes de que sea muy tarde, y lograrlo impone al pensamiento político y económico centroamericano contemporáneo apasionantes retos, como los descritos anteriormente. Vale la pena recordar aquí, para tomar aliento sobre nuestra responsabilidad, que no podemos dejar de buscar el camino político y social que permita reemplazar el modelo social actual por uno basado en la coexistencia que, como diría Zygmunt Bauman, conlleva la cooperación amistosa, la reciprocidad, la generosidad, la confianza mutua, entre otros valores urgentes para la vida en democracia.