En el mes de agosto, solo que hace diez años, recuerdo haber escuchado noticias de una masacre de migrantes en la que 72 personas habían sido ejecutadas y encontrados sus cuerpos en un predio en México. El lugar era San Fernando, y hasta ese entonces, mi experiencia de trabajo y de proyecto de vida había sido en el tema de búsqueda e investigación en casos de graves violaciones a derechos humanos y personas desaparecidas adultas, niños y niñas durante el contexto del conflicto armado en El Salvador.

Recuerdo haber escuchado en esas noticias que los medios de comunicación decían que era posible que había víctimas de nacionalidad centroamericana; siempre me pareció que era una realidad lejana a mí, aunque años después me percatara que dos de mis tíos maternos y mi hermano migraron alguna vez hacia Estados Unidos de Norteamérica, que también transitaron por México durante los años 80 y en los 90, que en las historias de familia me contaron que uno de mis tíos murió en México sin que su mamá pudiera ir a la tumba, que otro de mis tíos, al que quiero mucho, vive en Estados Unidos y ahora tiene una hermosa familia, y que mi hermano tuvo que regresar a este país, pero que de puro milagro cuenta la historia.

Me percaté apenas hace un par de años de esa historia propia, y también me percaté que los salvadoreños y las salvadoreñas ya tenemos el sello de migrar como parte de la vida, pero también es prácticamente natural desaparecer.

Un país que durante los años 80 tiene una cifra de aproximadamente 8 mil desaparecidos, personas adultas y niñas y niñas. En el contexto de violencia social se reportan por la Policía Nacional Civil como denuncias por desaparición para el 2019 el registro de 2,384 casos y para enero 2020 fueron en total 150 personas reportadas como víctimas de desaparición en territorio salvadoreño. A nivel de personas desaparecidas fuera del territorio salvadoreño, El Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados reporta como número de avisos de personas salvadoreñas/migrantes no localizadas en México y Estados Unidos en el período del año 2010 a 2019 la cantidad de 343 casos. A ese total de casos registrados se le restan los cuerpos repatriados al país y los casos resueltos por dicho Banco.

Las cifras son confusas al comparar los reportes  de diversas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Cancillería y Policía Nacional Civil. Las cifras siempre serán al parecer una deuda que también ha estado desaparecida de la voluntad política. Si bien es cierto las cifras de salvadoreños y salvadoreñas desaparecidas en territorio salvadoreño son inciertas, pues hablar en El Salvador sobre personas desaparecidas migrantes es casi un idioma desconocido, una utopía. 

México reporta más de 73 mil desaparecidos actualmente. De todas esas personas desaparecidas, México es el lugar donde hasta hoy miles de esas personas desaparecidas son centroamericanas, salvadoreñas, que transitaron por ese país con la ilusión de llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Desde la experiencia de acciones para la búsqueda y la investigación con la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas, muchas son las causas de la desaparición entre las que se definen trata y tráfico de personas, explotación sexual, trabajos forzados, tráfico de órganos, entre otros delitos.

La masacre de 72 migrantes también nos mostró que la gente puede desaparecer porque crímenes aberrantes pueden ser cometidos; en este caso, si bien es cierto fueron encontrados los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades desde Guatemala, Honduras, El Salvador y La India, pero lo más cierto es que sus familiares no esperaban que les informaran que sus seres queridos habían sido asesinados fuera de las fronteras, que tendrían que esperar por repatriaciones de cuerpos para que fueran sepultados en los países de origen. 

Sin embargo, a diez años de la masacre, muchas familias de las víctimas aún tienen dudas sobre la identificación de los cuerpos que fueron repatriados por México, ya que no les fue entregado un informe de la identificación y su proceso, además de que se conoce que los cuerpos no fueron tratados bajo los protocolos de identificación básicos requeridos por la dignidad humana y el sistema de protección a los derechos humanos, porque hubo un proceso en el que tampoco se les permitió por parte de autoridades de países de origen, a las familias, ver los cuerpos repatriados que les entregaban.

A la fecha, 63 víctimas fueron identificadas y repatriadas, 60 previo a la creación de la Comisión Forense en el año 2013*. A partir de la conformación de la Comisión Forense, se concretó la identificación de otras tres víctimas quedando hasta el día de hoy nueve personas por identificar.

San Fernando abrió la puerta a una realidad que ocurre en ese paso migrante, en el que luego escuchamos de otras masacres en las que también son víctimas centroamericanas y mexicanas, como la de 48 fosas clandestinas con 196 restos en el mismo municipio y posteriormente la masacre de Cadereyta Nuevo León, donde se localizaron 49 torsos de personas, en su mayoría migrantes.

A la fecha, si bien es cierto existe una investigación en México, por los hechos ocurridos en San Fernando, en 2010, existe una enorme deuda aún a todo nivel con las familias, desde una debida diligencia en la investigación, la identificación de restos que aún faltan, la restitución de derechos por medio de reparaciones a los impactos individuales y colectivos que conlleva el hecho de que las familias no saben la verdad de lo ocurrido en San Fernando y de que no hay condenas conocidas al momento.

Insisto: siempre en que si bien es cierto, México tiene una responsabilidad por constituirse el territorio en el que sucedieron los hechos aberrantes de la masacre de San Fernando, también la tienen los países de origen, ello porque la protección a ciudadanos y ciudadanas es una obligación de las autoridades en toda escala, por medio de acciones diplomáticas de solicitud y seguimiento para la búsqueda, identificación, investigación y reparaciones a familias de personas desaparecidas, de personas masacradas, de personas que enfrentan una tortura al no conocer la verdad ni acceder a la justicia. A estas alturas deberíamos estar escuchando noticias de acuerdos migratorios entre países, y no en el sentido de  evitar la migración a fronteras mexicanas y estadounidenses, sino de proteger a las personas salvadoreñas y de todas nacionalidades.

En El Salvador aún no se comprende por parte de los Órganos y Estado la realidad de personas migrantes desaparecidas y víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Es una odisea tratar de explicar y diligenciar en conjunto con instituciones públicas cada acción a nivel local en su conexión extraterritorial respecto a la búsqueda, investigación y reparación a familias salvadoreñas en el caso de 72 migrantes. No es una prioridad estatal, como no lo es en ningún país en Centroamérica  y lo muy escaso que se ha hecho ha obedecido a una agenda de campaña política de partidos en contienda, por lo que no termina siendo útil de nada a las familias.

Migrar es natural casi como respirar, nos lo dice la historia de todo el mundo, así es como se convive y se marcan pautas en contextos de un Estado de Derecho, no podemos obviar que la pandemia que ha venido a transformar nuestras cotidianidades va a profundizar más la causas de la migración, así que no podemos obviar que miles querrán irse de El Salvador, no sabemos si por la misma ruta de siempre, pero el hecho es que será insostenible la vida digna en estas condiciones.

A diez años de la masacre las familias exigen por verdad, justicia y reparación, y los organismos internacionales de Naciones Unidas son clave  como una de las herramientas políticas para colocar a nivel mundial la situación de urgencia de siempre para la búsqueda, la investigación y la reparación en casos de personas desaparecidas y graves violaciones a derechos humanos en el contexto de movilidad humana, para que en el caso de San Fernando  —de fosas clandestinas, de Cadereyta y de miles de desaparecidos de nuestra Centroamérica— sea escuchada por nuestros gobiernos.

En El Salvador hay algunos avances en materia de búsqueda, pero todas las acciones han sido impulsadas como siempre por la sociedad civil y, sobre todo, por las familias de los desaparecidos, sin embargo estamos a años luz de escribir la verdad de esas graves violaciones a derechos humanos y de judicialmente establecer condenas a responsables por dichas violaciones aberrantes. Y eso es tortura.

Ni siquiera se ha ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, no es que la Convención vaya a encontrar por sí sola a todos los desaparecidos, pero sí demostraría una importante voluntad política para echar a andar acciones para la búsqueda, y desde ya aún sin haber ratificado la Convención, podría ir ya aplicando por parte del Estado de El Salvador los principios rectores para la Búsqueda de personas Desaparecidas  aprobados por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en su 16º período de sesiones en abril de 2019.

Estamos a las puertas del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas contra las Desapariciones Forzadas, un buen acto reparador sería justamente informar sobre el estado de ratificación de la Convención, sobre los planes de búsqueda de personas desaparecidas en y de El Salvador; en el caso de San Fernando, los planes de acciones diplomáticas para la búsqueda, la investigación y la reparación fuera de territorio nacional,  activando las vías más eficaces e idóneas de coordinación transnacional para la atención a familias de las víctimas salvadoreñas de la masacre de 72 migrantes en el estándar de protección a derechos humanos.