Por Carolina Amaya

El Acuerdo de Escazú es una herramienta jurídica que fortalecería la gobernanza ambiental en la región latinoamericana y el Caribe. Esas fueron las conclusiones a las que llegaron los panelistas invitados por GatoEncerrado para la transmisión en vivo: “Acuerdo de Escazú y la gobernanza ambiental”. 

Esta es la primera experiencia de negociación de un acuerdo ambiental en la región, explicó Andrea Brusco, coordinadora regional de Gobernanza Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Es un instrumento jurídico vinculante, que genera compromisos y obligaciones a los Estados. El Acuerdo de Escazú tiene un elemento importante de gradualidad y una remisión a la legislación nacional”, añadió Brusco.

En el conversatorio, la segunda magistrada de la Cámara Ambiental, Cesia Romero, consideró que el marco regulatorio en temas ambientales “necesita ser reforzado. Si firmamos el Acuerdo de Escazú, venimos a reforzar la gobernanza ambiental”, señaló. 

La entrada en vigencia del acuerdo internacional tiene tres fases: la adhesión, que ocurrió en marzo de 2018 y en la que El Salvador firmó; la segunda, es la firma, que le corresponde al Ejecutivo; y la tercera, la ratificación, que la hace la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor de Escazú, “a la gestión anterior no le alcanzó la voluntad política y ética para dejar firmado Escazú (…) Y en la gestión actual no se conoce la posición oficial. No sabemos si realmente están interesados en firmarlo o no”, criticó.

Martha Evelyn Batres, diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, explicó a GatoEncerrado que aunque el tema no se ha abordado en la comisión, si conocen el instrumento legal que viene a promover, también, los derechos fundamentales de los defensores ambientales. 

“No hemos abordado el tema porque no se ha discutido, no se ha ratificado por el país, pero sí sabemos de su existencia. Es un acuerdo que viene a fundamentarse y basarse en el cuido del medioambiente, no veo por qué no exista a estas alturas su ratificación o dejarlo al filo del cumpliento del tiempo para que se pueda vencer”, señaló Batres.

David Sandoval, procurador adjunto de Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, relató cómo El Salvador se había relacionado desde 2014 hasta 2018 con la formulación y primera adhesión al Acuerdo. A finales de agosto, el procurador Apolonio Tobar hizo un llamado al presidente Nayib Bukele para firmar, pero “hasta el momento, no se ha tenido ninguna respuesta de parte del Ejecutivo, ni de parte del presidente al pronunciamiento que nosotros hemos realizado”, lamentó.

Para el biólogo y activista ambiental, Rubén Sorto, la firma de Escazú viene a blindar a los defensores ambientales que están en la “línea de fuego” de los problemas socioambientales. Pero también es pesimista y cree que no se logrará la firma. “Disculpen que sea pesimista, pero estoy claro de que no creo que lo firmen y mucho menos que lo ratifiquen. Porque entran en juego muchos intereses económicos. Porque al estar ratificado el acuerdo, todos vamos a poder exigir que se cumplan los lineamientos”, expresó. 

GatoEncerrado ha iniciado una serie de transmisiones en vivo para abordar diferentes temáticas con expertos y al mismo tiempo interactuar con la audiencia. ¡No se pierda las transmisiones que seguirá haciendo GatoEncerrado!