Foto/Twitter Osiris Luna

FGR investigará supuesta negociación del Gobierno de Bukele con MS-13

Tras la publicación periodística de El Faro sobre las supuestas negociaciones entre el Gobierno y la MS-13 para disminuir los homicidios y apoyo electoral para las elecciones de 2021, el fiscal general anunció que abrirá una investigación para encontrar la verdad. El presidente Bukele y el director de Centros Penales han tratado de desmentir uno de los hallazgos de la investigación que es la reversión de mezclar pandilleros en las cárceles y hasta llevaron a medios de comunicación al penal de Quezaltepeque. Respecto a la evidencia documental, el director de Tejido Social quiso desligarse bajo el argumento de que "no había fotos, audios, videos ni pruebas reales".

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Por Gabriela Villarroel

Por Gabriela Villarroel

El fiscal general, Raúl Melara, aseguró este viernes que abrirá una investigación sobre las supuestas negociaciones entre el Gobierno de Nayib Bukele y cabecillas de la MS-13, reveladas este 3 de septiembre por una publicación de El Faro, apoyándose en cientos de páginas de informes de inteligencia penitenciaria y libros de novedades de dos cárceles de máxima seguridad.

“Ayer por la noche vimos una investigación periodística en la cual se habla de una posible negociación con pandilleros. Vamos a abrir la investigación correspondiente. No importa quién esté involucrado, lo vamos a procesar", aseguró el fiscal en la entrevista matutina de Canal 21.

El Gobierno de Nayib Bukele ha atribuido la reducción de homicidios a su Plan Control Territorial, aún desconocido por la sociedad civil; sin embargo, la investigación del periódico digital muestra que funcionarios del Gobierno mantienen negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) desde hace un año. El Faro aseguró que tiene documentos oficiales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) que prueban reuniones secretas entre cabecillas de la MS-13 y funcionarios como el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social. 

Sobre la mesa de negociación, las cartas de la MS-13 han sido la reducción de homicidios y apoyo durante las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021. A cambio, el Gobierno habría otorgado beneficios carcelarios como el traslado de reos violentos, modificaciones en las tiendas penitenciarias, la revocación de medidas para mezclar pandilleros contrarios en las cárceles y hasta promesas de largo plazo para afianzar “el bienestar de los homies”, una vez el “partido nuevo” (Nuevas Ideas) logre una mayoría en la Asamblea Legislativa, según wilas pandilleriles remitidas en los informes.

A pesar de estas evidencias, Melara dijo que “no puede asegurarse que exista una tregua entre el Gobierno y las pandillas sin antes tener una investigación” de la Fiscalía General de la República. Recalcó, sin embargo, que los involucrados serán procesados de confirmarse el hecho. 

“Hay rumores y las investigaciones periodísticas son importantes, los argumentos que se dan son importantes, pero tenemos que pasar más allá de la elucubración a poder determinar jurídicamente los hechos que se están imputando o que se están aseverando, son dos cosas totalmente distintas, y si bien es cierto esos insumos son importantes, serán las investigaciones formales las que determinen en cada caso cuál es la verdad de los hechos. La Fiscalía tiene la obligación de tratar de llegar a la verdad real de los hechos sucedidos en cada caso", indicó el titular de la Fiscalía.

La versión del Gobierno 

El periódico aseguró que tiene en su poder la documentación detallada que prueba cómo, a través del sistema penitenciario, el mismo Gobierno llevó un registro ordenado de ingresos, salidas y acompañantes de las negociaciones con la MS-13, catalogada como organización terrorista por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el gobierno de los Estados Unidos.

“No pueden venir ahora los mismos de siempre a decir que estamos dando privilegios a los pandilleros, cuando ha sido el gobierno del presidente Nayib Bukele quien ha quitado los privilegios que ellos tenían hace 30 años”, aseguró el director de Centros Penales durante una entrevista en la radio 102.9 FM, administrada por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB). A la salida de esta entrevista, se retiró en un vehículo sin placas y evitando dar declaraciones a medios que los esperaban fuera de las instalaciones. Sin embargo, por la tarde, la Dirección de Centros Penales invitó a medios de comunicación a que dieran un recorrido por el penal de Quezaltepeque para verificar que en las celdas siguen mezclados los miembros de distintas pandillas.

El director de Tejido Social, Carlos Marroquín, argumentó que El Faro no ha presentado fotos, videos, audios ni “pruebas reales” de la negociación y que “todo lo que han escrito es un supuesto”, a pesar de las evidencias adjuntas a la publicación.

Un periodista le hizo ver a Marroquín que los documentos publicados tienen sellos y firmas del Gobierno. “Sí, justamente, de gente que quedó de la gestión pasada, o sea, gente que trabaja con ellos”, respondió el director de Tejido Social.

Marroquín añadió que nuestro sistema es político y tanto en la Policía, como en los medios de comunicación hay gente que tiene “un pensamiento político muy arraigado” y que paga favores a otros políticos. “Entonces, aquí te das cuenta que pueden estar todos estos directores, o no sé realmente en las funciones que están. La nota es muy tediosa, ni la leí, solo leí como el encabezado y parte”, dijo Marroquín.

De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso El Faro, tanto Luna como Marroquín sostuvieron encuentros con los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha en los penales de Zacatecoluca e Izalco Fase III, acompañados por hombres encapuchados.

El 12 de agosto de 2020, el director del penal de máxima seguridad de Izalco Fase III, Rafael Antonio Jiménez Ramos, informó al director Osiris Luna que informes de inteligencia daban cuenta de una comitiva encabezada por el mismo Luna que ingresó el 7 de agosto en compañía de un líder pandillero a quienes los informantes dentro de la prisión identificaron como el “Ay” o el “Guay” de la clica Iberias Locos Salvatrucha. Según el periódico, los documentos hacen referencia a Michael Esteban Hernández Estrada, mejor conocido como el White de Iberias, de acuerdo al perfil elaborado por agentes de inteligencia penitenciaria.

Esta interacción de funcionarios ligados a Bukele para negociar con pandillas no es nueva. Hace más de cuatro años, el 21 de diciembre de 2015, la Policía Nacional Civil documentó un encuentro entre dos empleados de la Alcaldía de San Salvador, entonces liderada por Bukele, y miembros de la MS-13 en un local de la Pizza Hut del centro comercial Multiplaza. De aquella reunión se documentaron fotografías e informes donde aparecen Marroquín, el actual candidato a alcalde de San Salvador y ministro de Gobernación, Mario Durán, y el líder de la pandilla Edwin Ernesto Cedillos Rodríguez, alias Renuente. A la misma reunión acudió el White de Iberias, que en escuchas telefónicas admite tener contacto con Marroquín

Bukele, por su parte, respondió con un hilo para desprestigiar y cuestionar al periódico y su publicación, y negar las acusaciones a través de su cuenta de Twitter. 

Las acusaciones, según el mandatario, son “absurdas” y contrastan con su método amenazante en contra de los derechos humanos de la población penitenciaria, que le han valido numerosas condenas por parte de organismos internacionales como Human Rights Watch y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Como no les funcionó ahora quieren cambiar de estrategia. Ahora, el Gobierno no es malo con los terroristas, sino bueno, así que se inventaron su novela: ¡hay una tregua! (...) ¿Dónde hay una tan sola prueba de algún privilegio?”, cuestionó. 

El fiscal general afirmó que el Estado se ha utilizado como instrumento de negociación con grupos criminales. "No es un mito, lo hemos comprobado. Hay políticos, expolíticos y funcionarios públicos investigados y procesados por negociaciones con pandillas”, indicó el fiscal Melara en la misma entrevista televisiva.

“Nadie debe aprovecharse de su institucionalidad para negociar con terroristas. No importa quién esté involucrado, si nosotros descubrimos tras las investigaciones que alguien esté negociando con pandillas, los vamos a procesar”, concluyó Melara.

 Las negociaciones secretas entre el gobierno y las pandillas se han mantenido, al menos, desde 2012. Durante la administración del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, inició la primera tregua orquestada por el exministro de Seguridad David Munguía Payés, quien luego ostentó el cargo de ministro de Defensa. Ambos están siendo procesados por la Fiscalía General de la República. 

En 2014, además, la elección presidencial llevó a los principales partidos a buscar acuerdos con pandillas a cambio de apoyo electoral: tanto el gobierno ganador del FMLN, con Salvador Sánchez Cerén, como Arena con Norman Quijano, pactaron con líderes de pandillas durante eventos que quedaron registrados en videos. Enfrentan procesos judiciales por estos casos el exministro de Gobernación Arístides Valencia; el exministro de Seguridad Benito Lara; Munguía Payés; Ernesto Muyshondt, actual alcalde de San Salvador por Arena. Norman Quijano enfrentó un antejuicio pero su partido Arena lo salvó del desafuero en la Asamblea Legislativa.

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