Los efectos de la pandemia de la COVID-19 sobre los resultados de las finanzas públicas aún se están percibiendo,  y aun cuando 2020 no ha concluido, se estima que al final del presente año, la deuda pública del sector público no financiero (SPNF) de El Salvador oscilará en alrededor del 92.7 % del PIB, muy por encima de la recomendación que realizó el FMI en su evaluación de Artículo IV de mayo de 2019, en la que considera que el nivel seguro para El Salvador se ubica en 50.0 % del PIB.  Por supuesto, que el salto significativo de la deuda en 2020 fue ocasionado por la conjunción de varios factores, entre los que destacan: la caída significativa del PIB, la drástica disminución de la recaudación tributaria, y  el aumento del gasto para paliar parcialmente los efectos de la pandemia sobre el bienestar de los salvadoreños.  

La tormenta no ha terminado, sin embargo, ante la próxima presentación del Presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal 2021, se antoja pensar sobre los propósitos futuros del Ejecutivo para con las finanzas de El Salvador, y los puntos que incluirá la discusión del mismo en el Legislativo. 

El primer punto a considerar,  aun cuando no ha sido presentado el presupuesto, es que la peor decisión política sería la adopción de una estrategia  de austeridad por medio de un drástico recorte de los gastos del Estado, dado a que la misma implicaría una profundización de la crisis económica y social.  Por ello, y sobre todo por el hecho que aún se encuentran latentes algunos de los efectos de la pandemia, la propuesta para 2021 pretenderá reducir el gasto ejecutado en 2020; pero, no lo podrá hacer hasta alcanzar las dimensiones previstas en la ejecución presupuestaria de 2019, cuando reportó un nivel del 25.8 % del PIB para el SPNF, incluyendo el costo previsional que, si bien es cierto que muchas veces se esconde cuando se presentan cifras con y sin el mismo, al final es un compromiso del Estado que debe ser honrado. Por ello, se estima que el gasto previsto para 2020 oscilará en alrededor del 27.3% del PIB, y que este deberá disminuir paulatinamente hasta alcanzar alrededor del 26.4 % en 2023 cuando recupere su ritmo normal, pero ahora incluyendo un mayor pago de intereses por la deuda adquirida en 2020.

Por su parte, los ingresos totales reportarán aún, especialmente en la parte tributaria, los efectos de la pandemia de la COVID-19, que afectarán primariamente la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, producto de la disminución de las ventas del período fiscal 2020; por ello, la carga tributaria neta (luego de registrar las devoluciones de impuestos, que normalmente el Ministerio de Hacienda (MH) no contempla en sus presupuestos) alcanzará 16.8 % del PIB. Se estima que los ingresos totales que contemplará el MH en el presupuesto alcanzarán cerca de 21.4 % del PIB, y que los mismos debieran crecer hasta su valor normal, atendiendo  a la eficiencia actual recaudatoria de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), hasta el 22.2 % en 2023, cuando se reporte nuevamente una carga tributaria neta del 17.6 % (equivalente a una carga bruta del 18.2 %).

Si dichos valores se validan, el déficit fiscal programado para 2021 sería del 5.9 % y el saldo acumulado de la deuda al cierre del próximo año sería del 94.2 % del PIB.  Complementariamente, si los supuestos antes descritos se validan para el periodo 2021-2030, y se mantiene la tendencia del crecimiento del PIB en sus valores potenciales (entre el 2.3 % sugerido por el FMI y el 2.5 % por las autoridades del Banco Central de Reserva), el saldo de la deuda continuaría creciendo hasta reportar 103.9 % del PIB en 2030;  sin contemplar ningún aumento de gastos dirigido a garantizar la atención a los compromisos de Estado contenidos en la Agenda ODS de la UNU