Foto/Twitter de Arturo Magaña

Las fallas de la Policía y la jueza de Ahuachapán en el caso Magaña

La Fiscalía presentó la solicitud de antejuicio contra el diputado Arturo Magaña por el delito de homicidio culposo. El jefe de la oficina fiscal de San Salvador, Santiago Hernández, expuso que si las diligencias se hubieran realizado como debían, podrían haber presentado la solicitud también por los delitos de conducción peligrosa y el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. De acuerdo con la Fiscalía, la imprudencia de Magaña al saltarse un semáforo en rojo, que resultó en el accidente y la muerte de Francisco Moya, lo convierten en el autor directo del hecho. 

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Por Xenia Oliva

Por Xenia Oliva

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Asamblea Legislativa que despoje del fuero al diputado propietario de Arena, Arturo Magaña, para acusarlo ante los tribunales por el delito de homicidio culposo contra José Francisco Moya Aguilar en un accidente de tránsito. Aunque, según la petición, Magaña ya concilió con los padres de la víctima y otras personas que salieron lesionadas, el documento también señala que es necesario que los acuerdos conciliatorios sean ratificados en sede judicial.

La Fiscalía aseguró que debido a las deficiencias que cometió la Policía Nacional Civil (PNC) en las primeras diligencias de la investigación del accidente, ocurrido el 29 de agosto, y por la actitud “complaciente y desinformada” de la jueza a cargo del Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán, Blanca Mármol, el legislador no fue acusado de los delitos de conducción peligrosa y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

El fiscal general, Raúl Melara, informó que emitieron una certificación a la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  para que se investigue a la jueza y se le imponga una amonestación. También aseguró que enviaron un informe a la Inspectoría General de la PNC para que investigue a los agentes involucrados, ya que considera que realizaron una diligencia “muy limitada”.

La Fiscalía presentó la solicitud de antejuicio y petición de desafuero contra del diputado Magaña el 9 de septiembre y ese mismo día entró en la agenda de la sesión plenaria y pasó a estudio de la comisión de legislación. Con el antejuicio se busca que los diputados aprueben en pleno el retirar el privilegio del fuero a Magaña para que el caso pase a los tribunales.

Luego de presentar la solicitud de antejuicio, el jefe de la oficina fiscal de San Salvador, Santiago Hernández, sostuvo que las acciones de la PNC y la jueza limitaron las posibilidades de imputar otros delitos a Magaña.

“Si las diligencias se hubieran realizado conforme a derecho, estaríamos presentando entonces por el delito de conducción peligrosa y por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego”, dijo Hernández.

Las falencias  

El accidente en el que murió el amigo de Magaña ocurrió sobre 79 Avenida Norte y 9a. calle poniente de la colonia Escalón, en San Salvador, a las 5 de la madrugada del sábado 29 de agosto. En la petición de antejuicio, la Fiscalía señaló que “dentro de las falencias más relevantes en el actuar policial” que encontraron, al revisar el acta de inspección practicada y cronología de eventos del 911, está que recibieron diversas llamadas desde las 5:00 a. m. y fue hasta las 7:19 a. m. cuando se asignó un equipo policial para que acudiera al lugar.

En el acta policial, los agentes determinaron que las causas del accidente se debieron a que el conductor Magaña infringió las normas de tránsito al irrespetar la luz roja del semáforo de la 9a. Calle Poniente, sin tomar en cuenta alguna medida de seguridad, colisionando con el otro vehículo que circulaba con prioridad de paso. El conductor del otro vehículo declaró que tenía luz verde y antes de cruzar había disminuido la velocidad por precaución cuando fue impactado por el auto que conducía Magaña. 

Cuando la Policía llegó al lugar, solo encontró al padre de Guillermo Antonio Calles, quien conducía el otro vehículo. Según el documento, dentro del vehículo en el que se conducía Magaña encontraron un arma de fuego propiedad del diputado y dos botellas de licor Ginebra Bulldog. El arma era marca SCCY, modelo CPX-1, calibre .9 milímetros. También encontraron 27 cartuchos de .9 milímetros y dos cargadores. Los hallazgos fueron verificados mediante acta policial de las 11:00 a. m. del sábado. 

El diputado ingresó a un hospital privado en Ahuachapán a las 9:00 a. m. Pero hasta las 7:45 p. m. del sábado se emitió un acta de ubicación de Magaña al interior del centro hospitalario.

Esa tarde, la PNC publicó en sus redes sociales un comunicado en el que aseguraba que Magaña sería puesto a disposición de la Asamblea Legislativa. Mario Ponce, presidente de la Asamblea, se comunicó con el director de la PNC,  Mauricio Arriaza Chicas, quien también le expuso lo mismo, pero al final no se cumplió con lo anunciado y Magaña se mantuvo en Ahuachapán.

Ponce dijo que, en un primer momento, la Policía le informó que Magaña se negó a ser trasladado del hospital y que después le dijeron que Medicina Legal determinó que no había que moverlo.

La prueba toxicológica, necesaria para determinar si Magaña conducía en estado de ebriedad o bajo la influencia de otras drogas, se realizó 10 días después del accidente y salió negativa.

La Fiscalía criticó que cuando la Policía ubicó a Magaña no se le realizó la prueba de alcotest y argumentó que de haber tomado las pruebas en ese momento, si los resultados hubieran sido positivos, se podría haber confirmado el delito de conducción peligrosa así como determinar que Magaña no contaba con las facultades necesarias para portar un arma de fuego. 

“El conjunto de información que se ha logrado recabar, producto de las diligencias de investigación que hasta este momento se han llevado a cabo, permiten tener y plantear una convicción positiva de la participación del señor Arturo Simeón Magaña Azmitia en conductas ilícitas. Sin embargo, debido al abordaje de la PNC para atender la escena, nos encontramos ante la ausencia de recolección adecuada de elementos indiciarios o de pruebas oportunas que imposibilitó tener la certeza de la existencia de otros delitos”, sostuvo Melara en el documento presentado ante la Asamblea. 

El fiscal general dijo que sumado a no contar con el acompañamiento adecuado de la policía para realizar todas las diligencias iniciales también tuvieron problemas con la autoridad judicial de Ahuachapán. 

Ante la negativa del diputado Magaña de someterse de forma voluntaria a la extracción de muestras para las pruebas toxicológicas, el Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán dio el aval para que se hiciera el examen en un principio. Pero después, la jueza revocó la orden ante el argumento de los abogados defensores de Magaña de que el imputado no estaba a la orden de la Fiscalía y que tenía fuero constitucional. 

Melara criticó que fue por la decisión de la jueza que se suspendió la toma de las muestras el domingo 30 de agosto. Tras las declaraciones de Melara, el Juzgado emitió un comunicado en el que sostenía que la prueba de extracción de fluidos se suspendió con base legal.

“El señor Magaña, al momento de ser detenido, se negó a la práctica de la prueba voluntaria de extracción de fluidos y por ello el fiscal a cargo de dicha diligencia solicitó al Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán la autorización urgente de comprobación la intervención corporal en el incoado basándose en el artículo 200 del Código Procesal Penal”, se exponía en el comunicado. Este añadía que cuando la jueza llegó al hospital privado, el abogado de Magaña interpuso una revocatoria de la orden poniendo como argumento su estatus de diputado.

“Se suspendió el procedimiento a seguir, pues siendo diputado debió ser presentado a la Asamblea Legislativa, institución que debió ordenar la diligencia de extracción de fluidos”, cerraba el comunicado del Juzgado.

Pese a lo expuesto por el Juzgado, para la Fiscalía la actuación de la jueza se convirtió en un inconveniente para poder desarrollar el proceso de investigación. 

“También queremos dejar claro la actuación de la Policía Nacional Civil en este caso, en el sentido de que no dieron cumplimiento a lo que establece el artículo 180 del Código Procesal Penal; es decir, hacer una inspección de todos los elementos que se encontraban en la escena”, expresó el jefe fiscal de San Salvador, Santiago Hernández. 

El fiscal sostuvo que el hecho de que Magaña cuente con fuero no debió haber limitado el proceso de investigación para fundamentar la solicitud de antejuicio, citando al artículo 422 del Código Procesal Penal. “Muchos se han confundido que el hecho de tener fuero no se pueden hacer las diligencias necesarias de la investigación, lo cual es totalmente errado, no está conforme a derecho”, dijo.

En el documento presentado a la Asamblea, consta que Magaña eligió a Mario Machado Calderón y José Machado Calderón como sus abogados defensores de confianza. Mario Machado es un abogado reconocido por participar en casos muy sonados dentro del escenario judicial salvadoreño. Machado fue el abogado defensor del expresidente Antonio Saca y también del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de haber agredido sexualmente a una niña. 

En julio de 2019, cuando Magaña compareció ante el Tribunal de Primera Instancia de Arena por un proceso interno, el diputado también acudió a Machado para que lo defendiera. Magaña se refirió a Machado como su “brother” en quien tenía mucha confianza, según dijo en ese momento a El Diario de Hoy.

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo concordó en los señalamientos realizados contra el papel de la Policía en este caso. “Claramente la Policía falló en los procedimientos, eso no cabe ninguna duda. Si fue negligencia o intencional, pues la verdad no se puede saber. De la investigación que haga la inspectoría o la FGR se podrá saber. Pero que hubo un procedimiento malo de parte de la PNC definitivamente fue así”, expresó.

Consideró, además, que el hecho de que el proceso judicial se haya dado en Ahuachapán, ciudad donde la familia de Magaña tiene prominencia, le da un contexto distinto a que se haya realizado en San Salvador.

GatoEncerrado solicitó hablar con la jueza Blanca Mármol, a cargo del Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán, pero desde la unidad de comunicaciones de los juzgados se dijo que se realizarían las consultas pertinentes y la respuesta nunca llegó.

El examen toxicológico se hizo hasta que la Cámara de la Tercera Sección de Oriente ordenara que se llevara a cabo la prueba. La resolución la hizo el 4 de septiembre, pero esta se hizo hasta el 7 de septiembre. De acuerdo con la Fiscalía, al realizar la prueba, el perito de Medicina Legal expuso la necesidad de contar con un cabello del imputado para lograr un análisis más completo, pero la jueza lo negó. 

El mismo día en que se presentó la solicitud de antejuicio, La Prensa Gráfica publicó que el Juzgado había confirmado que los resultados del examen toxicológico habían dado negativo. 

“Como es de dominio público, estos resultados han sido extemporáneos no esperamos algo que sea beneficioso para la investigación”, dijo Hernández.

En un tuit que después borró, Magaña aseguraba que no manejaba en estado de ebriedad y que no se declaraba culpable del hecho. Las críticas contra el diputado han persistido debido a un video que se compartió en redes sociales, grabado momentos después del accidente en el que se le ve desorientado, moviendo de forma inadecuada a Francisco Moya pese a las graves heridas que tenía el joven.

Al día siguiente de que llegara la petición de antejuicio a la Asamblea, después de que se conociera que el resultado del examen era negativo y que el diputado ya había conciliado con la familia de la víctima, Magaña volvió a Twitter.

“Una de las fuertes críticas de la población es que los diputados nos escudamos en el fuero. Por eso, he decidido renunciar voluntariamente al fuero y someterme a la justicia como todos los salvadoreños. Es necesario sentar un precedente. Presentaré formal esta renuncia por escrito”, publicó.

Sin embargo, no hizo mención al hecho de que se negó a ser trasladado desde Ahuachapán a la Asamblea Legislativa, el día del accidente, y que también se negó a la práctica de la prueba voluntaria, según ha expuesto la Policía, la Fiscalía y el Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán.

La abogada penalista Marcela Galeas cuestionó las intenciones del diputado. “Da igual que renuncie o no, al existir ineficiencia desde las diligencias iniciales de investigación, usted conoce o al menos sus abogados ya se lo dijeron, que no será condenado por insuficiencia probatoria”, respondió Galeas al tuit de Magaña.

Cristina Cornejo, una de las diputadas que forman parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que deberá analizar la solicitud de antejuicio, señaló que Magaña no puede renunciar al fuero según lo establecido por distintas resoluciones de la Sala de lo Constitucional.

Cornejo, quien aseguró que el FMLN votará por el desafuero de Magaña, citó el Habeas Corpus 210 de 2016 y el amparo 482-2014 como las resoluciones que sentaron precedentes sobre el tema. 

“Los dos hablan de que no se puede renunciar al fuero. Lamentablemente esto lo dice de una manera política, ya concilió con la familia de las víctimas, sabe que no le pasará nada, está jugando con la inteligencia de los salvadoreños”, expresó.

Cornejo dijo que la comisión se reunirá este lunes 14 de septiembre y espera que ese día ya esté listo un dictamen sobre la petición de antejuicio. 

La Fiscalía también le atribuye a Magaña el delito de lesiones culposas en perjuicio de tres personas, pero por la gravedad de la pena no es necesario que se le retire el fuero. Aunque Magaña ya logró conciliar con las personas lesionadas y con los padres del joven Moya, la Fiscalía sostuvo que se debe continuar con el proceso de antejuicio. 

“Es necesario y exigible legalmente que dichos acuerdos conciliatorios sean sometidos a conocimiento judicial a efecto que tanto víctimas como imputados comparezcan a la ratificación de los mismos”, señaló Melara en la petición de antejuicio. 

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