Mientras el excoronel Montano fue condenado a 133 años por la Audiencia Nacional de España, en una sentencia que reconoció que la masacre de los jesuitas de la UCA se perpetró desde un aparato estatal del más alto nivel, defensores de derechos humanos insisten en que instituciones como la Fuerza Armada deben colaborar al abrir sus archivos y pedir perdón por los crímenes cometidos.
“Nos encontramos ante la autoría de unos hechos cometidos mediante la utilización de un aparato organizado de poder, que no era otro que el Alto Mando de la Fuerza Armada”. La sentencia de la Audiencia Nacional de España, leída en menos de cuatro minutos, fue contundente: el excoronel Inocente Orlando Montano fue declarado culpable el viernes 11 de septiembre por ser el autor intelectual de la masacre de los jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. El exviceministro de seguridad pública durante la presidencia de Alfredo Cristiani fue condenado a 133 años y 4 meses y 5 días de cárcel.
En la sentencia, la Audiencia Nacional de España reconoció que crímenes como la masacre de los jesuitas y sus dos colaboradoras, Julia Elba Ramos y Celina Ramos, se perpetraban desde un aparato del Estado del más alto nivel, “en cuyos puestos de máxima responsabilidad se encontraban los militares graduados en la llamada ‘Tandona’. Y desde este punto de vista, el Alto Mando, y todos y cada uno de sus miembros, que acordaron de forma premeditada, planificada desde hacía tiempo, la comisión del crimen, dominan y controlan todos y cada uno de los hechos ilícitos que se realizan desde ese aparato de poder”.
Montano purgará una pena de 26 años, 8 meses y 1 día de prisión por cada uno de los jesuitas asesinados. El acusado fue extraditado por la justicia española, para comparecer por las cinco víctimas de dicha nacionalidad. Montano no fue juzgado por los asesinatos del jesuita Joaquín López y López, Elba Ramos y Celina Ramos, pese a que los magistrados lo encontraron también culpable de estos crímenes.
El rector de la UCA, Andréu Oliva, se mostró satisfecho por la resolución de la audiencia, pese a que desde siempre han insistido con que el juicio relativo a la autoría intelectual de la masacre de la UCA sea realizado en El Salvador. “Hemos visto con agrado cómo la Audiencia Nacional Española ha instruido debidamente este caso y realizó una vista pública que pudo ser seguida desde cualquier parte del mundo y que dejó muy clara la celeridad con la que asumió el caso y las plenas garantías procesales con las que contó el acusado”, mencionó.
Oliva agregó que el juicio evidenció que en el país ha existido un sistema de “encubrimiento e impunidad” que abarca desde la Fuerza Armada hasta el resto del Estado salvadoreño, para favorecer a quienes cometieron graves vulneraciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
“Hemos podido ver a través de este juicio que la FAES y, en particular, la promoción de la Escuela Militar del año 1966, más conocida como ‘La Tandona’, funcionó desde el poder como una maquinaria criminal y encubridora de los graves atentados contra ciudadanos salvadoreños y contra el Estado de Derecho. Valiéndose de un poder fáctico que sobrepasa las funciones y derechos que le otorga la Constitución salvadoreña a la institución armada”, recalcó.
Para el rector, luego de la condena, la Fuerza Armada debe pedir perdón por las masacres cometidas de manera institucional, además de cooperar en la búsqueda de la justicia abriendo sus archivos “para que sea considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos”.
David Morales, director de Derechos Humanos de Cristosal, califica la condena de Montano como un “hito en la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra ocurridos en El Salvador”. Se trata del primer fallo en contra de uno de los autores intelectuales de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, como resultado de la lucha de organizaciones defensoras de derechos humanos que, al no encontrar acceso a la justicia en el país, han recurrido a instancias internacionales.
“La justicia en El Salvador no debe seguir protegiendo a criminales de guerra y tampoco deben protegerse desde los otros poderes: la Asamblea Legislativa que promueve amnistías o desde el Poder Ejecutivo cuando los presidentes o los altos mandos actuales ocultan información, para seguir protegiendo criminales”, recalcó Morales.
Además de considerarlo un hecho histórico, Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), sostuvo que esta sentencia solo es la confirmación de que el Estado salvadoreño ejerció terrorismo contra personas que eran considerados opositores políticos, como fue el caso de Ignacio Ellacuría y sus compañeros. De acuerdo con Escalante, el “Estado atacó” a las personas por medio de la fuerza militar. El juicio contra Montano volvió a abrirse el 8 de junio pasado. En ese entonces, Escalante mencionó a GatoEncerrado que este juicio podría servir “como una especie de ánimo al sistema judicial salvadoreño para decir ‘hay mucha tela que cortar acá’”.
A nueve días de que inicien las inspecciones judiciales de los archivos militares del caso de la masacre El Mozote, defensores de derechos humanos esperan que el presidente Nayib Bukele cumpla con lo prometido de abrir los archivos militares, sobre todo, porque la apertura de los documentos está sujeta a una orden judicial.
En conferencia de prensa, José María Tojeira, director del IDHUCA, expuso la necesidad de que haya colaboración por parte del sistema salvadoreño para que estos crímenes no queden impunes. “La justicia es una manera de darle vigencia a la verdad. Es muy importante que las instituciones del país sean claras en este punto y cambien de actitud, colaboren y se esfuercen en construir paz con justicia. La paz solo se puede construir si la justicia funciona adecuadamente”, puntualizó.
Tojeira recordó que el derecho a la verdad está consagrado en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y espera que lo ocurrido en España pueda abrir un camino hacia la justicia en El Salvador.
Para Escalante, uno de los principales puntos que teme es que “el fantasma de la militarización” se vuelva tangible, ya que existe una constante promoción de parte del Gobierno de Bukele sobre la idea de una nueva Fuerza Armada, sobre todo, ante hechos como la irrupción de militares el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa y el bloqueo que recibieron las comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cuando llegaron al Estado Mayor para realizar una inspección sobre archivos militares.
“Situaciones, como lo ocurrido el 9F, nos muestran que los militares se tiran la responsabilidad; cada uno se cubre las espaldas y el presidente (Bukele) usa sus redes sociales para proteger a los responsables”, aseguró Escalante. Aunque para el abogado se trata de hechos completamente diferentes, es preocupante que se esté bajo la misma lógica: “Ese es un enorme riesgo, porque ya uno de los únicos elementos que haría falta sería la violencia física, pero ya lo demás lo tenemos montado y quizás siempre fue así, pero no habíamos sido conscientes de ello”.
La Unidad Ecológica Salvadoreña sostiene que si la minería metálica se reactiva en el país habría graves consecuencias ambientales y ocasionaría la pérdida de al menos un tercio del territorio nacional.
La Asociación de Periodistas de El Salvador señala que los casos de acoso que ha registrado, analizado y acompañado comparten un patrón de irregularidades y procedimientos que no cumplen con lo establecido en el Código Procesal Penal
Los académicos de las dos principales universidades del país y hasta el líder de la iglesia católica en El Salvador llegan a la misma conclusión: reactivar la minería equivale a una destrucción ambiental del país y pone en riesgo la vida de los salvadoreños.
