Aunque parece historia, no ha pasado tanto tiempo desde que la economía de El Salvador y de todo el mundo comenzó a cerrarse en respuesta a la pandemia de COVID-19, así iniciando una crisis económica sin precedentes. En general, se ha creído que los niños, niñas y adolescentes (NNA) son menos susceptibles a la COVID-19 que los adultos. Sin embargo, investigaciones científicas indican que el virus puede dejar consecuencias graves en diferentes órganos. Además de la salud, los niños son muy vulnerables a las consecuencias económicas de la pandemia, que amenaza con llevar a por lo menos 294,200 salvadoreños a la pobreza extrema. Una prioridad del gobierno y de todos debe ser proteger a este grupo vulnerable para no cargar con rezagos de la crisis por muchas décadas más.

Es decir, que los niños, niñas y adolescentes están lejos de estar a salvo de la crisis. Con el desempleo disparándose, los ingresos de la población muy dañados, y sin programas integrales de asistencia social —pues el apoyo gubernamental a las familias fue una sola transferencia monetaria en abril— la situación de la niñez se deteriorará aún más, con graves consecuencias a largo plazo. Una gran cantidad de evidencia muestra de forma concluyente que la pobreza es altamente perjudicial para el desarrollo cognitivo, la estabilidad emocional y la salud de los niños, debido a factores como la inseguridad alimentaria, la falta de atención médica de calidad, los recursos comunitarios inferiores y los entornos familiares estresantes. Todo esto se traduce en menos años de escolaridad completados, menores ingresos de por vida y una mayor probabilidad de terminar en la cárcel o convertirse en padre o madre adolescente.

La inseguridad alimentaria también achica el potencial de desarrollo de los niños. Según la FSIN, antes de la pandemia 2019, se incrementó en 18.5 % la proporción de personas en situación  de inseguridad alimentaria aguda a causa de factores económica y climáticos en el Corredor Seco de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, alcanzando 3.2 millones en 2019 y, además, se cree que debido a la pandemia esta cifra podría duplicarse. Los impactos en la educación también son alarmantes. Aunque se establecieron formas de continuidad a distancia y aunque la digitalización del aprendizaje ayuda a mitigar las pérdidas educativas, estas también acentúan las brechas de aprendizaje, en detrimento de la población de menores recursos debido al acceso limitado o nulo a dispositivos tecnológicos e Internet, hacinamiento y menores niveles educativos de padres o familiares que deben asistirlos. Como resultado, y coherente con las consecuencias a nivel mundial, la brecha educativa entre los más y los menos desfavorecidos se está ampliando. 

Además, no hay garantía de que los niños volverán a las escuelas con su reapertura, particularmente para los que viven en hogares que han sufrido pérdidas significativas de los ingresos familiares, pues la desaceleración de la producción, el desempleo, la baja cobertura de la protección social, la falta de acceso a seguridad social y los mayores niveles de pobreza son condiciones que propician el aumento del trabajo infantil. Aquellos hogares que han sufrido un deterioro de sus condiciones de vida justifican enviar a sus hijos a trabajar, o los retiran de la escuela debido a que ya no pueden asumir los costos que conllevan sus estudios. Ese ingreso precoz al mercado incidirá en su vida laboral, condenándolos a trabajos poco calificados y de bajos ingresos. En términos económicos, al verlo a gran escala, se limitaría en el futuro la productividad del país. Al mismo tiempo, la amalgama de menos ingresos y una creciente presión sobre los sistemas de salud tiene como consecuencia que muchos niños se pierdan la atención preventiva de rutina y otros cuidados que no son de emergencia y aumenta también el riesgo para su salud mental a raíz del confinamiento y el estrés familiar.

Siempre ha sido importante la inversión pública en la niñez, empezando porque representan la gran mayoría de la población. Pero ahora se vuelve algo ineludible. Históricamente, El Salvador ha invertido, en promedio, alrededor de 1.10 USD diarios por cada NNA para garantizar todos sus derechos, y quienes tienen niños o hijos cerca saben que difícilmente con ello se podría asegurar su alimentación, educación, salud y bienestar. De cara al presupuesto público y su discusión, no perdamos de vista que en este 2021, más que nunca, si no se pone en su justa dimensión la necesidad de invertir en los niños, estaríamos condicionando su presente inmediato y su futuro.