La popularidad del presidente Nayib Bukele es impresionante. Cada encuesta así lo confirma. Seguramente, desde el Gobierno se sienten satisfechos por ser una administración exitosa, quizá de las más exitosas. No importa el retroceso en los indicadores de desarrollo ni siquiera de crecimiento económico, porque el indicador que más les importa es el de la popularidad del presidente. Por eso no es de extrañar que se cuente con una de las maquinarias propagandísticas más onerosas de la región, que asegure tal éxito. Pero además de la propaganda, pareciera que el desastre de las administraciones de las últimas décadas provocó heridas tan grandes en la población, que no importa el precio que se tenga que pagar a cambio de que los partidos tradicionales pierdan el poder. 

Por eso, no importa que el presidente guarde silencio o incluso defienda los posibles casos de corrupción de su administración. No importa el culto al militarismo. No importa los ataques a la prensa. No importa la falta de acceso a la información pública. No importa que decir la verdad sea un motivo para quitar a un funcionario. No importa desafiar el cumplimiento de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. No importa que sea intolerante a la crítica y establezca con una ligereza como enemigo público a quien señale los errores. No importa que se nieguen a abrir los archivos militares. No importa la improvisación. No importa que no se tenga un plan de gobierno ni un plan anticrisis. No importa que a nivel internacional la imagen sea de una persona que coquetea con el autoritarismo. Nada de eso pareciera importar a la mayoría de la población.

Y el escenario más probable es que, a partir del 1 de mayo de 2021, año del bicentenario de la independencia, el presidente Bukele sea quizá la persona con más poder de los últimos 200 años. Y podrá impulsar sin ningún tipo de contratiempos su proyecto, como lo señalan desde su círculo más cercano. El problema es que hasta ahora sigue sin estar claro cuál es ese proyecto, más allá de que pareciera que el poder es el fin por sí mismo. 

Da la sensación que una parte tiene que ver con un cambio en la élite económica; es decir, utilizar el aparato estatal para que surja un nuevo grupo de poder económico, algunos conformados más que por empresarios por rentistas. Esto no sería algo nuevo, pues es algo que ha sucedido en muchos gobiernos, quizá el más claro en el del expresidente Cristiani. Esto permitiría financiar un proyecto político de larga data, pero no es algo que se logra de la noche a la mañana. 

El pequeño detalle es que esto beneficia únicamente a un puñado de personas. Y, aunque siga creciendo la maquinaria propagandística, si la población no empieza a sentir mejoras tangibles en su vida, el descontento y la ingobernabilidad será enorme. Por lo que para poder echar andar un proyecto sostenible, inexorablemente se requiere que haya mejoras en las las condiciones de vida de la población; tanto de las personas más pobres como de la clase media. Y para ello es indispensable contar con recursos, tanto técnicos como financieros. Lo primero es más fácil de conseguirlos, sin embargo, lo financiero es el gran Talón de Aquiles. 

Es imposible ver cambios en beneficio de la población sin cambiar la política fiscal, porque la forma como se está manejando la crisis ha provocado que las finanzas públicas requieran de un respirador artificial. 

No es un detalle menor que, para un país con las características de El Salvador, por el ritmo en que va, el próximo año podría alcanzar el 100 % del PIB. Y que, por lo tanto, los presupuestos públicos de los próximos años prácticamente solo servirán para pagar deuda.   

Es decir, que incluso en el escenario de máximo poder del presidente, siempre se requerirá acuerdos. Ya sea con organismos internacionales o acuerdos políticos nacionales. 

En el primer escenario, lo más seguro sería un Acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional, que permite obtener un financiamiento con condiciones muy bajas, pero con compromisos muy fuertes. Depende de la propuesta que tenga el Ejecutivo y la capacidad de negociación para imponerla; pero, por ejemplo, no se podría descartar un aumento del IVA y un despido importante de trabajadores, dos medidas que seguramente traerán un impacto importante en la ingobernabilidad del país.

El segundo, se trata de un pacto fiscal donde diversos actores de la sociedad se sientan y negocian medidas que permitan concertar el país que se va a echar andar, el costo de ellas y el mecanismo de cómo se van a financiar. Esto implica responsabilidades compartidas y por supuesto implica ceder. Por ejemplo, se puede establecer que a cambio de más impuestos se aumente el gasto social, y se respete la institucionalidad democrática del país. Pero esto también pone en una encrucijada a la oposición y a quienes dicen defender la democracia, pues habrá que ver qué tanto están dispuestos a ceder para que en lo concreto la democracia no sea solo ir a votar, sino que todas las personas tengan asegurado que ninguna noche falte la comida en las mesas. 

La ciudadanía con su acción, su silencio o su parálisis jugará un rol fundamental sobre el proyecto de país que eche a andar, pero también desde el presidente y su círculo deberían estar muy claros que la popularidad puede servir para ganar las elecciones, pero es insuficiente para resolver los problemas del país.