Fiscalía investigará desacato del Gobierno de Bukele al exigir prueba COVID-19 para entrar al país​

El fiscal general Raúl Melara anunció que la fiscalía abrió una investigación contra funcionarios del gobierno de Nayib Bukele por desobedecer a la Sala de lo Constitucional, cuando prohibió que se negara la entrada al país de salvadoreños y extranjeros con residencia permanente que no traían una prueba negativa de COVID-19. Abogados aseguran que la Constitución es clara en decir que a ningún salvadoreño se le puede negar la entrada al país.

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Por Karen Moreno

Por Karen Moreno

Gabriela Villarroel

Gabriela Villarroel

El fiscal general de la República, Raúl Melara, informó la noche de este 23 de septiembre que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará el posible cometimiento de delitos y responsabilidades de funcionarios del Ejecutivo, por el incumplimiento de una resolución con medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que prohibía exigir una prueba negativa de COVID-19 a los viajeros para ingresar a El Salvador por el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. 

La Sala declaró al Gobierno de El Salvador en desacato y dio aviso y certificó a la fiscalía para que  investigue la posible comisión de delitos como desobediencia, actos arbitrarios, coacción e incumplimiento de deberes.

“Tal como lo sostuve en días anteriores, la @SalaCnalSV es la entidad competente para determinar el cumplimiento o no de sus resoluciones”, publicó Melara en su cuenta oficial de Twitter. “Por lo tanto, la @FGR_SV abre investigación para establecer el cometimiento de delitos y deducir responsabilidades de los funcionarios que puedan estar involucrados”, añadió.

En las resoluciones del 14 y 18 de septiembre, la Sala suspendió los efectos de la circular 024/2020 que emitió la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), el 11 de septiembre, alertando a las aerolíneas con operaciones en El Salvador que por disposiciones del Ministerio de Salud todas las personas que ingresaran a El Salvador, de cualquier nacionalidad, deberían presentar una prueba negativa de COVID-19. Según el comunicado que circuló una semana antes de la reapertura del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, programada el 19 de septiembre, “todo pasajero que no presentara dicha prueba sería considerado por la Dirección General de Migración y Extranjería como inadmisible”. 

"Creo que el señor fiscal está a favor de salvar las vidas de los salvadoreños (...) a nadie se le está prohibiendo la entrada a El Salvador, es una resolución exprés que salió en unos minutos", fue la reacción de Federico Anliker, presidente de CEPA en el Programa Hablemos Claro, de TVO, después de conocer la declaración de Melara.

A pesar de la orden de la Sala, las autoridades del Gobierno continuaron exigiendo la prueba PCR negativa. El Gobierno incluso amenazó a las aerolíneas que Migración y Extranjería de El Salvador aplicaría una multa de $6,000 por cada pasajero que no cumpliera con el requisito, según un comunicado oficial de presidencia. 

“Es bastante claro para esta Sala que la orden girada a las aerolíneas es un censurable artilugio por medio del cual las autoridades implicadas pretendieron transferir a particulares (las aerolíneas) el ejercicio de un acto de autoridad, a fin de sortear la resolución judicial que suspendió los efectos de ese acto, incluso con la amenaza de una sanción económica por su incumplimiento”, indicaron los magistrados.

La Sala agregó que ”si bien las aerolíneas cuentan con políticas propias sobre la admisión de pasajeros en sus vuelos, las restricciones aludidas han sido más bien consecuencia de las órdenes o actuaciones de las autoridades nacionales comunicadas tanto formalmente como utilizando las redes sociales institucionales. En efecto, la operación descrita consistió en un subterfugio que erosiona el Estado de Derecho y, en la práctica, produjo el efecto de configurar de facto una prohibición de ingreso al país para los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva que no presentaron la prueba al intentar abordar la aeronave en el puerto de embarque”.

El 21 de septiembre, durante la entrevista de Frente a Frente, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que no podía actuar de oficio, pero aseguró que en caso de que la Sala lo certificara del incumplimiento de la resolución procedería a investigar.

“Si hay algún funcionario que, de manera indiscriminada, que de manera arbitraria, prohíbe la entrada de un salvadoreño al país, va a ser procesado, pero para eso debemos tener conocimiento. Si hay alguna aerolínea que se sienta coaccionada (por el Gobierno), pues que lo denuncie, y nosotros vamos a proceder de acuerdo a lo que la ley nos ordena”, dijo Melara mediante una llamada telefónica.

Eduardo Escobar, abogado constitucionalista y director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó a GatoEncerrado que la Constitución de la República señala que no se puede impedir la entrada de salvadoreños, por lo que la interpretación de la Sala fue acertada. Además, indicó, no existe un régimen de excepción que pueda suspender este derecho constitucional.

“No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación”, reza el artículo 5 de la Carta Magna.

¿Con o sin prueba? Las contradicciones 

Con una medida cautelar vigente, el Ejecutivo se negó a acatar la orden. El ministro de Salud, Francisco Alabí; el presidente de CEPA, Federico Anliker, y el titular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Ricardo Cucalón, se reunieron el 17 de septiembre con aerolíneas para recalcar que sí debían exigir la prueba PCR negativa. 

En su cuenta de Twitter, el presidente de la república, Nayib Bukele, se pronunció ese mismo día diciendo que la medida cautelar de la Sala fue emitida “de manera exprés”, y aunque dijo “respetar y acatar las decisiones de dicha instancia”, ordenó que “todas las aerolíneas que deseen aterrizar en nuestro aeropuerto, tendrán que exigir a todos sus pasajeros una prueba PCR negativa de COVID-19 tomada, como máximo, 72 horas antes del viaje”.

De lo contrario, advirtió, “nos veremos obligados a cerrar el aeropuerto”. Las fronteras aéreas de El Salvador permanecían cerradas para vuelos comerciales desde el 18 de marzo de 2020, cuando se declaró emergencia sanitaria por la expansión del coronavirus. 

Llegado el día de la reapertura, el Gobierno dijo que ya no exigiría pruebas de COVID-19 negativas para salvadoreños o residentes permanentes, durante la reinauguración del Aeropuerto. Pero unas horas después, el Ejecutivo cambió su narrativa: el director de Migración, Ricardo Cucalón, rectificó subiendo el tono en contra de las aerolíneas y amenazando con imponer una multa de hasta $6,000 por cada pasajero que no tuviera una prueba negativa de COVID-19. 

“Debo aclarar que por un error involuntario de mi parte me di a entender mal en los medios; las personas que entren vía aérea sean salvadoreños o extranjeros deberán presentar su prueba Covid PCR”, dijo Cucalón en Twitter.

La reapertura del aeropuerto causó confusión entre los viajeros, en medio de las contradicciones de funcionarios. En redes sociales se viralizó una supuesta nota de voz de Roberto Ungo, un piloto capitán de la aerolínea Spirit que acusó al Gobierno de exigir una firma y sello en la prueba PCR certificada, calificando la medida como “obsoleta”. 

Con palabras altisonantes, demandó que se vio obligado a tripular el vuelo SK152 completamente vacío desde Estados Unidos hacia El Salvador, para evitar que la aerolínea pagara una multa por no contar con sellos en sus documentos, una medida que fue anunciada hasta el día de la apertura del aeropuerto.

“El vuelo topado con 228 pasajeros me lo han cancelado porque el gobierno de El Salvador ahora, en contra de las resoluciones y todo, exige la prueba del COVID con sello y firma del médico. Eso en Estados Unidos no existe, eso es obsoleto, aquí se imprime y se va”, dijo el piloto en una nota de voz que circuló en redes sociales.

El presidente de CEPA, Federico Anlíker, dijo que “Spirit deberá tomar acciones para operar en El Salvador” debido a las declaraciones de Ungo. “¡El respeto ante todo!”, añadió.

Tras las declaraciones de Ungo, sin embargo, CEPA ajustó el protocolo y declaró el 21 de septiembre que el certificado de la prueba PCR negativo tenga la firma y sello del laboratorio que expidió el documento. 

“Si la prueba es enviada por el laboratorio a través de cualquier medio electrónico (e-mail, WhatsApp, mensaje de texto, etc.), el pasajero tendrá que imprimir el certificado, para presentarlo en el counter de la aerolínea en el país de embarque”, señalaba el comunicado divulgado por Migración.

En la práctica, las autoridades migratorias siguieron pidiendo la prueba PCR en el aeropuerto —aunque sin mayores requisitos— a pesar de la medida cautelar. 

Al ser consultado al respecto, el presidente de CEPA aseguró en la entrevista Frente a Frente, el pasado 21 de septiembre, que el Ministerio de Salud tiene la atribución de emitir los protocolos que considere convenientes, y defendió la petición de la prueba para evitar la propagación del COVID-19. 

El ministro de Salud, Francisco Alabí, también dijo que no se está negando el ingreso a ningún salvadoreño; y que es “una situación que las aerolíneas están verificando” como parte de sus decisiones autónomas. 

 

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