“Es bastante claro para esta Sala que la orden girada a las aerolíneas es un censurable artilugio por medio del cual las autoridades implicadas pretendieron transferir a particulares (las aerolíneas) el ejercicio de un acto de autoridad, a fin de sortear la resolución judicial que suspendió los efectos de ese acto, incluso con la amenaza de una sanción económica por su incumplimiento”, indicaron los magistrados.

La Sala agregó que ”si bien las aerolíneas cuentan con políticas propias sobre la admisión de pasajeros en sus vuelos, las restricciones aludidas han sido más bien consecuencia de las órdenes o actuaciones de las autoridades nacionales comunicadas tanto formalmente como utilizando las redes sociales institucionales. En efecto, la operación descrita consistió en un subterfugio que erosiona el Estado de Derecho y, en la práctica, produjo el efecto de configurar de facto una prohibición de ingreso al país para los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva que no presentaron la prueba al intentar abordar la aeronave en el puerto de embarque”.

El 21 de septiembre, durante la entrevista de Frente a Frente, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que no podía actuar de oficio, pero aseguró que en caso de que la Sala lo certificara del incumplimiento de la resolución procedería a investigar.

“Si hay algún funcionario que, de manera indiscriminada, que de manera arbitraria, prohíbe la entrada de un salvadoreño al país, va a ser procesado, pero para eso debemos tener conocimiento. Si hay alguna aerolínea que se sienta coaccionada (por el Gobierno), pues que lo denuncie, y nosotros vamos a proceder de acuerdo a lo que la ley nos ordena”, dijo Melara mediante una llamada telefónica.

Eduardo Escobar, abogado constitucionalista y director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó a GatoEncerrado que la Constitución de la República señala que no se puede impedir la entrada de salvadoreños, por lo que la interpretación de la Sala fue acertada. Además, indicó, no existe un régimen de excepción que pueda suspender este derecho constitucional.

“No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación”, reza el artículo 5 de la Carta Magna.

¿Con o sin prueba? Las contradicciones 

Con una medida cautelar vigente, el Ejecutivo se negó a acatar la orden. El ministro de Salud, Francisco Alabí; el presidente de CEPA, Federico Anliker, y el titular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Ricardo Cucalón, se reunieron el 17 de septiembre con aerolíneas para recalcar que sí debían exigir la prueba PCR negativa. 

En su cuenta de Twitter, el presidente de la república, Nayib Bukele, se pronunció ese mismo día diciendo que la medida cautelar de la Sala fue emitida “de manera exprés”, y aunque dijo “respetar y acatar las decisiones de dicha instancia”, ordenó que “todas las aerolíneas que deseen aterrizar en nuestro aeropuerto, tendrán que exigir a todos sus pasajeros una prueba PCR negativa de COVID-19 tomada, como máximo, 72 horas antes del viaje”.

De lo contrario, advirtió, “nos veremos obligados a cerrar el aeropuerto”. Las fronteras aéreas de El Salvador permanecían cerradas para vuelos comerciales desde el 18 de marzo de 2020, cuando se declaró emergencia sanitaria por la expansión del coronavirus. 

Llegado el día de la reapertura, el Gobierno dijo que ya no exigiría pruebas de COVID-19 negativas para salvadoreños o residentes permanentes, durante la reinauguración del Aeropuerto. Pero unas horas después, el Ejecutivo cambió su narrativa: el director de Migración, Ricardo Cucalón, rectificó subiendo el tono en contra de las aerolíneas y amenazando con imponer una multa de hasta $6,000 por cada pasajero que no tuviera una prueba negativa de COVID-19. 

“Debo aclarar que por un error involuntario de mi parte me di a entender mal en los medios; las personas que entren vía aérea sean salvadoreños o extranjeros deberán presentar su prueba Covid PCR”, dijo Cucalón en Twitter.

La reapertura del aeropuerto causó confusión entre los viajeros, en medio de las contradicciones de funcionarios. En redes sociales se viralizó una supuesta nota de voz de Roberto Ungo, un piloto capitán de la aerolínea Spirit que acusó al Gobierno de exigir una firma y sello en la prueba PCR certificada, calificando la medida como “obsoleta”. 

Con palabras altisonantes, demandó que se vio obligado a tripular el vuelo SK152 completamente vacío desde Estados Unidos hacia El Salvador, para evitar que la aerolínea pagara una multa por no contar con sellos en sus documentos, una medida que fue anunciada hasta el día de la apertura del aeropuerto.

“El vuelo topado con 228 pasajeros me lo han cancelado porque el gobierno de El Salvador ahora, en contra de las resoluciones y todo, exige la prueba del COVID con sello y firma del médico. Eso en Estados Unidos no existe, eso es obsoleto, aquí se imprime y se va”, dijo el piloto en una nota de voz que circuló en redes sociales.

El presidente de CEPA, Federico Anlíker, dijo que “Spirit deberá tomar acciones para operar en El Salvador” debido a las declaraciones de Ungo. “¡El respeto ante todo!”, añadió.

Tras las declaraciones de Ungo, sin embargo, CEPA ajustó el protocolo y declaró el 21 de septiembre que el certificado de la prueba PCR negativo tenga la firma y sello del laboratorio que expidió el documento. 

“Si la prueba es enviada por el laboratorio a través de cualquier medio electrónico (e-mail, WhatsApp, mensaje de texto, etc.), el pasajero tendrá que imprimir el certificado, para presentarlo en el counter de la aerolínea en el país de embarque”, señalaba el comunicado divulgado por Migración.

En la práctica, las autoridades migratorias siguieron pidiendo la prueba PCR en el aeropuerto —aunque sin mayores requisitos— a pesar de la medida cautelar. 

Al ser consultado al respecto, el presidente de CEPA aseguró en la entrevista Frente a Frente, el pasado 21 de septiembre, que el Ministerio de Salud tiene la atribución de emitir los protocolos que considere convenientes, y defendió la petición de la prueba para evitar la propagación del COVID-19. 

El ministro de Salud, Francisco Alabí, también dijo que no se está negando el ingreso a ningún salvadoreño; y que es “una situación que las aerolíneas están verificando” como parte de sus decisiones autónomas.