“Bukele tiene la obligación de denunciar en la Fiscalía la desaparición de archivos militares”
Manuel Escalante, del Idhuca, dice que las declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre la presunta desaparición, sustracción o destrucción de archivos militares obliga al mismo mandatario a denunciar y pedir que la Fiscalía General de la República investigue.
Por Emerson Flores
El presidente Nayib Bukele aseguró, en cadena nacional, que los archivos militares relacionados al caso de El Mozote y lugares aledaños fueron destruidos y también dijio que desconoce cuándo ocurrió. Afirmó que él organizó una búsqueda en el Estado Mayor y lo único que fue encontrado será desclasificado por él.
“Esto que está aquí es el cien por ciento de los archivos militares de El Mozote que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto y los cuarteles”, explicó, mientras señalaba unos folios ubicados a un costado del podio desde el que habló a la nación durante más de dos horas.
Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), dijo a GatoEncerrado que la declaración de Bukele sobre los archivos sustraídos o destruidos indica, en realidad, que estos archivos desaparecieron de manera ilegal. Esos actos van contra la Ley del Archivo Nacional que establece que la única manera de destruir documentos oficiales es dejando registro de los mismos. “El presidente tiene la obligación de denunciar ante la Fiscalía General de la República y esa indagación exige que se investigue a la Fuerza Armada, porque esos documentos estaban ahí”, expresó.
Escalante agregó que “es curioso que (Bukele) trató de minimizar la responsabilidad de la Fuerza Armada, pero en sus declaraciones y en su lógica dejó más evidente la necesidad de investigar y revisar qué pasó con esos archivos”.
“Es falso que se pudiera revisar archivos recientes”
Horas antes de empezar la cadena nacional de radio y televisión, el mismo presidente bromeó a través de un tweet que decía: “Compren palomitas”. Las cadenas televisivas del presidente representan un fenómeno de audiencia. Cada vez incluye a alguno de los que él considera sus opositores, que van desde partidos políticos hasta periodistas o defensores de derechos humanos, como sus antagonistas. Esta semana, le tocó el turno al juez del caso El Mozote, Jorge Guzmán, y a los representantes de las víctimas, a quienes vinculó con el FMLN.
El presidente dijo que ese juez no tiene jurisdicción en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y que, por esa razón, no le fue permitido ingresar, el 21 de septiembre. El mandatario aseguró que permitirle la entrada supondría un riesgo para la información militar y documentos sobre el plan de Control Territorial: “De repente van a encontrar un operativo militar de la semana pasada”, dijo Bukele.
David Morales de Cristosal explicó que la resolución judicial sobre las inspecciones del día 15 de junio de 2020 definen claramente el objeto de las inspecciones a los archivos militares. “Es falso que hubiese posibilidad de inspeccionar archivos militares recientes”, dijo.
El lunes 21 de septiembre, el juez del caso había programado una inspección de los archivos militares en el Estado Mayor, pero la diligencia judicial fue bloqueada por el coronel Carlos Vanegas, asesor jurídico del Ministerio de Defensa. Ante lo ocurrido, el juez solicitó, el martes 22, que Bukele o el ministro de Defensa René Merino Monroy aclararan lo sucedido en cinco días hábiles.
“Es importante señalar que las declaraciones del jueves (en cadena nacional) las tomamos como una omisión implícita de que el presidente ha dado la orden de bloqueo al juez en la inspección de archivos militares y eso es muy grave. Y, como hemos señalado, es un triple delito”, señaló Noah Bullock, director de Cristosal.
Persecución a defensores de derechos
Durante la semana, algunos funcionarios del gobierno dijeron que las organizaciones de derechos humanos y periodistas quieren culpar al gobierno por la masacre de El Mozote. En realidad, la denuncia que han hecho organizaciones defensoras de víctimas es que no se permitió al juez del caso realizar la inspección de los archivos militares. También se denunció que, en las afueras del Estado Mayor, un grupo de personas identificadas como veteranos de la Fuerza Armada agrediera a abogados representantes de las víctimas de El Mozote, sin que los militares intervinieran para evitarlo.
“Es preocupante escuchar al presidente usar su plataforma para plantear que el país está dividido en dos bandos: uno bueno y uno malo. Nosotros creemos que no es cierto y mucho menos como organizaciones de derechos humanos y periodistas. Juntos formamos un pilar de democracia. Una opinión crítica no es un ataque, es un proceso constructivo buscando el bienestar y la justicia para la gente”, mencionó Noah Bullock.
Manuel Escalante agregó que ninguna de las instituciones que el presidente mencionó como opositores tienen como fin atacar al gobierno. También que en su afán por proteger a la institución de la Fuerza Armada deja en la impunidad los crímenes cometidos contra los inocentes.
“Es un hecho que ninguno de los funcionarios del actual gobierno participaron en la masacre de El Mozote, ese no es el punto. Lo que sí es responsabilidad del presidente, de manera directa, es no haber dejado que el juez de la causa siguiera adelante con la inspección de los archivos militares”, detalló.
Flor Meléndez, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, aseguró que la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos tiene datos que demuestran que los ataques hacia personas defensoras de derechos humanos y a periodistas se han duplicado con relación al año 2019 y que muchas de estas agresiones provienen del presidente y sus funcionarios de gobierno.
