Ahora nos queda clara aquella sospecha de que el bloqueo al tema ambiental es y será la política de este gobierno y que ello guarda una íntima relación con el hecho de que hay intereses privados fuertes de empresas que siguen imponiendo su agenda económica sobre la agenda medio ambiental y de derechos humanos; pese a conocer que nuestro país vive un grave y acelerado deterioro ambiental que se profundiza cada día. De otra manera no se entiende.  Pues, ninguno de los argumentos expresados por personeros del gobierno –y que conste a petición de la ciudadanía– en el contexto de la firma del Acuerdo de Escazú tiene algún fundamento robusto. 

Desde el año 1992, cuando se adoptó la Declaración de Río de Janeiro, se dio un paso positivo para alcanzar –lo que muchos han denominado– la gobernanza y la democracia ambiental, al precisar de manera clara que, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos/as los/as ciudadanos/as interesados/as, en el nivel que corresponda. Inmortalizando el ya famoso y respetado “Principio 10”, uno de los hitos ambientales que fija como una obligación primordial de los Estados la garantía de los derechos de acceso, en sus tres vertientes: información, participación y justicia.  Los países de América Latina, incluido el nuestro, a través del tiempo fueron incorporando este principio en sus legislaciones nacionales y a medida que las exigencias han sido más sistemáticas se ha avanzado en convertirlo es un medio de protección y de garantía de derechos; sin embargo, la práctica nos dice que aún hace falta mucho para asegurar su ejercicio pleno y efectivo.

Ahora, 28 años después, estamos frente a una nueva oportunidad con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.  Con la entrada en vigor de este acuerdo se pretende dar un paso no solo en reconocer los derechos de acceso, antes señalados, sino la urgente necesidad de dar protección a todas las personas que cada día se enfrentan a múltiples peligros por defender sus ríos, sus tierras y la biodiversidad tan amenazada. 

La triste y temida respuesta sobre si El Salvador firmaría este importante acuerdo la escuchamos el pasado 24 de septiembre, cuando el Presidente de la República, en cadena nacional –y solo ante la pregunta de una periodista–, dijo que El Salvador no firmará, por ahora, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Así sin más. A la fecha, no se conoce, o al menos es mi caso, ningún documento o posición que determine de manera sólida, técnica y con evidencia las razones que fundamentaron tal decisión. No hay argumentos. Sí así vamos a enfrentar los temas ambientales, debo decirles desde ya que estamos perdidas/os.  

Para muestra, hoy perdimos todos/as. El Ejecutivo pudo haber demostrado de manera efectiva que le interesa la búsqueda de soluciones a los problemas que representa la crisis ambiental. Y queda claro que ello solo hace parte de un discurso que queda en la retórica y en lo emocional. No hay capacidad crítica para contribuir. Se perdió, por tanto, si al caso la había, la credibilidad de este gobierno, al demostrar que su visión de desarrollo es miope al privilegiar al corto plazo dando la espalda a la sostenibilidad de la vida.  

Perdimos nosotras/os –Ud. y yo– al privarnos de este Principio que transformado en una garantía, que traspasa a este gobierno,  nos pone a cada una/o de nosotras/os en el centro, pero con la responsabilidad de velar por el cuido de la naturaleza, sin temer que nuestra vida corre peligro. En un país en donde el disenso empieza a representa riesgos, esto se vuelve una necesidad.  

Hay aún esperanzas de revertir este exabrupto. Por fortuna, sí. Hoy, queda en manos de la Asamblea Legislativa, quien puede dignificar nuestra política ambiental, procediendo a la ratificación de este Acuerdo, nada sería más correcto, y que además estaría en sintonía con lo expresado por 27 expertos/as en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) quienes, a través de un pronunciamiento conjunto, señalaron:  

“Este histórico tratado no solo garantiza una buena gobernanza y derechos democráticos básicos, sino que también facilita la protección medio ambiental y el desarrollo sostenible”. Añadiendo: “Hay un énfasis especial en las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad y en las medidas para intentar ayudar a quienes más lo necesitan. Saludamos el enfoque de este tratado en superar las barreras y dificultades que obstaculizan el pleno disfrute de los derechos humanos relativos al medio ambiente”.

“Al firmar y ratificar prontamente este innovador tratado, los Estados latinoamericanos y caribeños reforzarán su firme compromiso con la protección ambiental y los derechos humanos, y, sobre todo, enviarán un inequívoco mensaje en favor del multilateralismo, la solidaridad, la igualdad y la integración regional, a la vez que promueven la colaboración con otras regiones”, finalizaron. 

No dudamos que la sensatez primará en el Órgano Legislativo, pues, hacer frente a los nuevos desafíos y a las crisis ambientales que se nos avecinan, demandan una institucionalidad comprometida con nuestra naturaleza y de esa manera asegurar nuestra vida y la de nuestras/os hijas/os.  

Seguiremos atentas a los acontecimientos.