Opinión

Mi incorporación al equipo Ad Hoc para el estudio y propuesta de reformas a la Constitución

Manuel E. Escalante Saracais

Manuel E. Escalante Saracais

Doctor en Derecho Constitucional y realiza labores de docencia e investigación en materia constitucional y de derechos humanos fundamentales. Actualmente es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

Tomar esta decisión no fue fácil, sobre todo, por la actitud del Presidente de la República y, principalmente, la mostrada en la cadena nacional del 24 de septiembre, donde arremetió contra la independencia judicial, las personas defensoras de derechos humanos y la prensa independiente. Sin embargo, a pesar de los gritos, creo que aún no es tiempo de renunciar al diálogo democrático y técnico. 

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Por Manuel Escalante*

Mi primer trabajo en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en el año 2000, fue hacer limpieza y revisar la organización de los archivos de la rectoría, desde 1965 al 2000. El orden que se llevaba era impecable, pero había que asegurarse que cada página de las actas de junta de directores estuviera en el lugar correcto, sobre todo, aquellas entre las décadas de 1980 y 1990, un periodo muy convulso para la UCA.

Si bien mi tarea era revisar el número de página de las actas y sus anexos, por ejemplo, ello no me impidió leer alguna documentación. Aunque esta información pretendía ser administrativa por su propia naturaleza y aunque son conocidas las constantes publicaciones de Ignacio Ellacuría, Martín Baró y Segundo Montes sobre el análisis de la realidad, creo que tuve el privilegio de entender cómo estos valientes intelectuales pensaron, y repensaron, a la UCA, con base en ese análisis de la realidad, en aquella época en que se iniciaba y desarrollaba una guerra fratricida; así como también tuve el privilegio de conocer cómo otras personas, también valientes, asumieron -y asumen- el compromiso de continuar con el legado universitario de los mártires, en la época de la postguerra y la globalización.

En estas lecturas pude conocer sobre las discusiones al interior de la UCA, entre 1981-1983, que le llevaron a tomar la decisión de crear una Licenciatura en Ciencias Jurídicas, que iniciaría en 1984. Asimismo, pude comprender el porqué y el para qué se habría creado un Instituto de Derechos Humanos  (Idhuca), a partir de 1985. Es mucho lo que podría seguir compartiendo, pero por ahora basta decir que estas decisiones, tomadas con el protagonismo de los mártires, estuvieron íntimamente relacionadas con el proceso constituyente que derivó en la Constitución de 1983.

Así, fieles a su talante de intelectuales comprometidos con la proyección social, los mártires tomaron decisiones trascendentales de cara al contexto que enfrentaba nuestro país con el fin, creo, de transformar en acciones uno de los elementos fundamentales de la identidad de la UCA: el centro de la universidad se encuentra en la realidad nacional. De igual manera, al mismo tiempo, no les era ajena la represión y guerra fratricida que se desarrollaba en esos años, frente a la cual participaban activamente en la búsqueda de una solución pacífica y democrática; y por esto, creo, prepararon a la UCA en aras de procurar que su proyección social y sus graduados/as también contribuyeran en la búsqueda de tal solución.

A partir de esta experiencia personal con los mártires comprendí que no importan los momentos, porque siempre pueden haber unos peores que otros, sino que lo importante es no cerrarle la puerta a la realidad, darle la espalda a la acción estatal, sino al contrario observarla y comprenderla de la mejor manera, a ella y su impacto sobre la sociedad, para ubicarse en la mejor posición posible con el fin de incidir de tal forma que se garantice el respeto de la dignidad, la promoción de los derechos humanos, el correcto funcionamiento de la institucionalidad pública y la protección de la diversidad y de los grupos vulnerables.

En este convulso país aparentemente quizá nunca es el mejor momento de tomar decisiones trascendentales, porque mientras unos están bien, otros están mal, y así sucesivamente; no obstante, quizá por eso mismo siempre será el mejor momento para analizar y dialogar sobre la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales, con miras a construir una agenda básica donde todas y todos tengan cabida de participación, es decir, una agenda de país que no se escriba bajo la lógica de vencedores y vencidos. El Salvador necesita diálogos, debates y consensos, en varios temas y niveles.

En fin, con base en la forma en que entiendo mi compromiso personal y profesional, luego de la invitación que me hicieron y de conversarlo con varias personas de diverso y diferente pensamiento, he decidido colaborar en el Equipo Ad Hoc para el Estudio y Propuesta de Reformas a la Constitución. Esta decisión no está motivada por el ego, ni el afán de pasar a la historia, sino por la oportunidad que implica en la continuidad de mi labor de defensa de los derechos humanos fundamentales, en cualquier espacio. Una labor que continuaré realizando desde la Subdirección del Idhuca y la Coordinación General del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), cada vez más decididamente. No obstante, formaré parte del equipo a título profesional, no representaré -ni pretendo hacerlo- a ninguna institución ni a ningún sector social, pues creo que todos y todas deben tener la posibilidad de representarse a sí mismos, si así lo desean y cuando lo deseen.

Tomar esta decisión no fue fácil, sobre todo, por la actitud del Presidente de la República y, principalmente, la mostrada en la cadena nacional del 24 de septiembre, donde arremetió contra la independencia judicial, las personas defensoras de derechos humanos y la prensa independiente. Sin embargo, a pesar de los gritos, creo que aún no es tiempo de renunciar al diálogo democrático y técnico, basado en evidencia, y más aún si otros sectores, nacionales e internacionales, se suman al mismo. Espero no estar equivocado.

Ahora bien, antes de tomar la decisión de ingresar a este Equipo, expuse los siguientes puntos que me habrían sido aceptados:

Primero, que las cláusulas pétreas no fueran modificadas, principalmente en lo relativo al sistema político y la reelección presidencial; y en cuanto a los derechos humanos, que estos se pudieran revisar, pero solo para ampliar su cantidad, alcance y protección. Esto ya había sido considerado para el trabajo del Equipo.

Segundo, que las reuniones del Equipo sean públicas, no solo porque se cuente con un equipo de comunicaciones, sino también porque se abran a la cobertura de la prensa en general. Esto también ya había sido considerado.

Tercero, que el funcionamiento del Equipo contara con su propia reglamentación, de tal manera que quede registro de todo lo que ocurra, así como de las discusiones y posturas que se tomen. Una documentación que también debe ser pública. Esto también había sido considerado.

Cuarto, que se promoviera la incorporación de mujeres en el Equipo pues, hasta ahora, solo habría hombres. Sobre esto ya se estarían tomando las acciones correspondientes, según entiendo.

Quinto, que se le haga un llamado al Presidente de la República a que cese en su comportamiento confrontativo en contra de personas y sectores específicos, así como en sus interpretaciones normativas incompletas. Para realizar un estudio de esta naturaleza, es contraproducente que el principal funcionario obligado a procurar la estabilidad y armonía social, mantenga esa actitud.

También anuncié que mantendré una columna de opinión en la que iré comentando, desde mi perspectiva, mis aportes al trabajo de este Equipo. Una columna que inauguro con este artículo. No obstante, mi intención no es constituirme en el vocero formal o informal del Equipo, pues este deberá tener sus propios canales de comunicación.

Finalmente, no soy ingenuo. Es posible que las oportunidades y los riesgos de entrar en un proceso como este, sean igual de grandes, o que los riesgos sean más que las oportunidades, pero esto solo se podrá saber durante el avance del mismo. Mi presencia no pretende legitimar nada. El proceso en sí mismo tendrá que legitimarse, con el quehacer del Equipo y las actitudes gubernamentales, así como con la participación de otros sectores si así lo deseasen. En todo caso, como siempre, conservaré mis libertades.

Manuel E. Escalante Saracais

Manuel E. Escalante Saracais

Doctor en Derecho Constitucional y realiza labores de docencia e investigación en materia constitucional y de derechos humanos fundamentales. Actualmente es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

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