Verificación
Cuatro afirmaciones engañosas del comisionado de Derechos Humanos para justificar el régimen de excepción
El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, intentó justificar el régimen de excepción ante la comunidad internacional con afirmaciones engañosas que contradicen numerosos casos documentados por el periodismo y las organizaciones de sociedad civil sobre torturas y arbitrariedades.
Por Guillermo Cartagena
Abril 9, 2023
El comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, hizo cuatro afirmaciones engañosas sobre el régimen de excepción en tan solo 63 segundos. Estas declaraciones quedaron grabadas en un video que registra parte de su participación en la sesión virtual de la Delegación del Parlamento Europeo, que se realizó en septiembre de 2023. Las aseveraciones del comisionado intentan limpiar la imagen internacional del Gobierno de Nayib Bukele que impuso de forma indefinida desde hace dos años, a través de su Asamblea Legislativa, un régimen de excepción para desarticular a las pandillas, pero que también ha sido caracterizado y criticado por atropellar los derechos humanos de personas inocentes.
Las cuatro frases engañosas del funcionario se contradicen con la realidad de los datos, testimonios y abundantes casos que han sido documentados por el periodismo y organizaciones de sociedad civil sobre tratos crueles cometidos por los brazos armados del Estado, arbitrariedades policiales, procedimientos judiciales sin pruebas y hasta muertes en centros penales que dejan cadáveres con señales de tortura.
A pesar de la evidencia y los casos documentados, el comisionado Guzmán Caballero insiste ante la comunidad internacional que en El Salvador no existen torturas ni graves violaciones a los derechos humanos.
Guzmán Caballero, un abogado colombiano vinculado a sectores de derecha y ciberespecialista, fue nombrado por Bukele como el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, en mayo de 2023. Desde que asumió el cargo, ha intentado justificar la política de seguridad del gobierno de El Salvador.
Estas son cuatro de las afirmaciones engañosas que dejó grabadas para intentar justificar el régimen de excepción.
“El régimen de excepción está diseñado solamente para pandilleros, para los terroristas, no para los civiles”
El video de 63 segundos inicia con Guzmán asegurando que el régimen de excepción fue diseñado por el gobierno solo para perseguir a los pandilleros y nada tiene que ver con las “personas de bien”. Pero esa afirmación puede ser desmentida por el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, quien admitió en su cuenta de X que personas inocentes han sido capturadas. El mandatario intentó suavizar su afirmación diciendo que esas capturas son un pequeño “margen de error” que se reduce al “1 %”. Ese porcentaje de error, según la organización Socorro Jurídico Humanitario, es cuestionable y en realidad se trata de un porcentaje mucho más alto.
De los más de 8,500 arrestos (realizados hasta ayer), podemos esperar que también haya un 1% de error, es decir, 85 personas aproximadamente.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 9, 2022
Pero el otro 99% (+8,400) quedarán en prisión.
Y eso sin contar todos los que sigamos capturando.
Seguimos…#GuerraContraPandillas
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, también admitió que entre los capturados hay inocentes, pero lo justificó diciendo que en una guerra lo más obvio es que hay víctimas colaterales: “Siempre en una guerra habrá víctimas inocentes y daños colaterales que habrá que corregir”.
Incluso, puede ser desmentida por las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien en agosto de 2023 aseguró en una entrevista de televisión que para ese entonces ya se había liberado a más de 7 mil personas que fueron capturadas sin pruebas fehacientes. Pero también intentó suavizar la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) diciendo que “ninguna Policía del mundo captura solo inocentes”.
Además, los datos de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos como Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) muestran que un 94.77 % de las víctimas que atienden han denunciado detenciones arbitrarias, es decir, sin investigación previa y en las que solo utilizan como “elemento probatorio la incidencia delincuencial en la zona o el lugar en el que se capturó a la persona”, indica Cristosal.
Antes estas arbitrariedades, Verónica Reyna, directora de derechos humanos del SSPAS, aclara que hay una estigmatización histórica de parte de los cuerpos de seguridad en ciertas zonas del país y con los jóvenes: “Hemos visto de manera clara que la policía tiende a ejercer violencia, sobre todo, con jóvenes que no están vinculados con las pandillas y esto se observa aún más cuando hay pactos entre el gobierno y estas estructuras. La policía orienta su ejercicio de violencia, no hacia los pandilleros, sino hacia jóvenes que viven en esas zonas”, señala Reyna.
A las más de cinco mil personas inocentes detenidas de forma arbitraria, según datos de organizaciones como Socorro Jurídico, se suman como víctimas colaterales sus familias, quienes se embarcan en una agotadora y fracasada búsqueda de información para conocer el estado en el que estas se encuentran.
La jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, recalca que “esta búsqueda es sumamente costosa en términos económicos, de tiempo y de afectación al grupo familiar, particularmente porque suelen ser las madres, abuelas, tías, hermanas o compañeras de vida las que buscan, y esto implica dejar a los niños y niñas al cuidado de terceras personas o andarlos llevando”. Navas también comenta que muchas de estas personas han tenido que dormir fuera de los centros penales para poder obtener información de su familiar capturado.
En la opinión de defensores de derechos humanos, un régimen de excepción diseñado solo para pandilleros, tal como lo describe el comisionado Guzmán, no deberían existir “daños colaterales” que se traducen en personas inocentes detenidas y familias separadas sin respuestas del Estado.
“En El Salvador no existen torturas ni tratos crueles dentro de los centros penales”
Los numerosos casos de torturas y tratos crueles documentados por el periodismo y organizaciones civiles desmienten al comisionado. Solamente GatoEncerrado ha documentado más de una veintena de esos casos. Uno de esos es el que se publicó bajo el titular Bienvenido al infierno llamado Mariona.
“El verdadero calvario comenzó cuando abrieron las puertas de Mariona. Con las macanas nos golpearon la espalda, cabeza, manos y pies. Debido a la hipertensión no podía agacharme, así que me llevé más golpes”, es parte del testimonio recogido en esa publicación.
Como este caso hay muchos más, aunque dar una cifra exacta es difícil por la falta de información oficial que debería ser proporcionada por las autoridades. Así que la tarea de contabilizar estos casos ha recaído en distintas organizaciones nacionales e internacionales. Una de ellas es Amnistía Internacional, que en su informe publicado en diciembre de 2023, “Detrás del Velo de la Popularidad: Represión y Regresión en Materia de Derechos Humanos en El Salvador”, recoge 83 testimonios y documenta 62 casos de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.
Cristosal también ha hecho la labor de sistematizar estos casos. En su informe sobre el primer año de vigencia del régimen de excepción, la organización presentó más de 10 casos que confirman los malos tratos que reciben los detenidos durante su estancia en un centro penal. Golpizas y el uso de choques eléctricos como forma de castigo son las dos acciones que más se repiten, según los testimonios, aunque también hay otros hechos como las limitadas raciones de comida, el hacinamiento en las celdas, humillaciones, el uso de gas pimienta y amenazas de muerte.
Según los registros de Cristosal respecto a las muertes al interior de los centros penitenciarios, el Instituto de Medicina Legal (IML) reporta como una de las causas de muertes más recurrentes la asfixia mecánica, un tipo de tortura que fue utilizado durante el conflicto armado en el país.
Decir que no existe la tortura o los tratos crueles en las cárceles del país es una afirmación de Andrés Guzmán que no se sostiene, y solo sirve para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión muestre a organismos internacionales una cara del régimen de excepción que en realidad no existe.
“Información de que la tasa de homicidios ha aumentado ocho veces en los centros penales es falsa”
Guzmán también se tomó la libertad de intentar desmentir una información que es en sí misma falsa. Ni el funcionario aportó la prueba de que esa información fue planteada ni se encuentran registros de que alguna organización ciudadana, medio de comunicación o algún político haya dicho que los homicidios en el interior de las cárceles aumentaron ocho veces desde la implementación del régimen de excepción. Por tanto, es una declaración sin fundamento ni respaldo.
Esto, sin embargo, no quiere decir que no existan muertes en los centros penitenciarios. Aunque esa información, que debería ser de carácter público, ha sido declarada bajo reserva por el mismo gobierno, la organización Socorro Jurídico Humanitario tiene un registro extraoficial que permite conocer la cantidad de muertes en los centros penales registradas desde el inicio del régimen de excepción.
Hasta el 29 de febrero de este año, el Socorro Jurídico Humanitario registraba 236 víctimas mortales en ejecuciones sumarias perpetradas por funcionarios del Estado en diferentes centros penales del país, siendo el Penal de Izalco en el que más casos se reportan. De esas víctimas, el 50 % murió por torturas, 30 % por falta de tratamiento médico de algún padecimiento y del 20 % restante se desconoce la causa. Además, la organización documentó la muerte de una niña y un niño.
El Socorro Jurídico Humanitario también sostiene que el 94 % de las personas fallecidas no estaban perfiladas como pandilleros, es decir, eran personas inocentes. La coordinadora de esta organización, Ingrid Escobar, mencionó en una entrevista televisiva del mes de febrero que todos las víctimas mortales estaban en fase de investigación y ninguna tuvo derecho a la audiencia preliminar que le corresponde por ley.
DATO
Ejecuciones sumarias
¿Qué son las ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales?
En el Sexto Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente realizado en 1981 se estableció que este tipo de delito constituye: “la práctica de asesinatos, y ejecuciones de opositores políticos o presuntos delincuentes, por Fuerzas Armadas, instituciones encargadas de la aplicación de la ley u otros órganos gubernamentales o grupos paramilitares políticos, que actúan con el apoyo tácito o de otra índole de tales fuerzas u organizaciones.
“90 % de salvadoreños estuvieron secuestrados durante más de 20 años”
En la parte final del video publicado en sus redes sociales, Guzmán afirma que hasta un 90 % de la población salvadoreña estuvo “secuestrada” por las pandillas y que a ese porcentaje de personas se les debe preguntar cómo viven ahora gracias al régimen de excepción. Es probable que el comisionado haya utilizado el término “secuestro” de forma retórica, porque ese tipo de delito no es algo que las pandillas cometieron con frecuencia.
Sobre lo primero, es innegable que en los últimos 20 años la violencia se posicionó como la principal problemática en el país. De hecho, hasta un 57.5 % de la población consideró la inseguridad o delincuencia como el principal problema que enfrentaba El Salvador en 2018, según la encuesta de evaluación de ese año realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP).
Sin embargo, ese mismo porcentaje ya es una muestra de que la cifra que brindó el comisionado Guzmán está “inflada” y no es reflejo exacto de la realidad. El único año en el que el IUDOP registró un porcentaje cercano al 90 % fue en 2015, cuando un 80.5 % de la población manifestó que la violencia era el principal problema en el país. Esto tiene una razón de ser. Ese año cerró con 6,656 homicidios en todo el territorio nacional, la cifra más alta de asesinatos desde la firma de los Acuerdos de Paz.
En la misma encuesta de 2018 del IUDOP, más de la mitad de las personas (51.1 %) dijeron sentirse seguras en su zona de residencia y tan solo el 16.5 % fue víctima directa de un hecho delincuencial. A eso se debe agregar que entre los años 2011 y 2020 era el 59 % de la población la que vivía en municipios con tasas de 40 homicidios por cada 10 mil habitantes, según una investigación publicada por La Prensa Gráfica. Esto no desmiente el hecho de que la violencia era latente y afectaba a parte considerable de la población, pero demuestra que estos porcentajes están alejados de la cifra que brindó Andrés Guzmán. El comisionado sobredimensiona los datos para justificar el régimen.
Sobre preguntarle a los salvadoreños cómo viven ahora con el régimen de excepción, el 90 % comentado por Guzmán se acerca más a la realidad. Cuando esta medida que era “extraordinaria” cumplió un año de vigencia en marzo de 2023, el IUDOP publicó los resultados de su encuesta “La población salvadoreña evalúa el primer año del régimen de excepción”, en donde el 82.4 % de la ciudadanía se mostró satisfecha con esta medida y un 75.9 % se sintió beneficiada.
A pesar de esos altos porcentajes, 43 de cada 100 personas mencionaron la detención de personas inocentes como el principal fracaso del régimen de excepción desde su implementación, según la misma encuesta del IUDOP.
Las cuatro afirmaciones hechas por Andrés Guzmán en el video que sobrepasa por poco el minuto de duración son engañosas y refuerzan la narrativa que rodea a la medida estrella del Gobierno de Bukele en estos dos años de vigencia.
