Foto/Emerson Flores

Presupuesto 2021 con aumentos en Educación, Salud, Vivienda y Gobernación, pero más recortes a la transparencia

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Entre las prioridades del Gobierno de Bukele para 2021 no está reforzar con mejores presupuestos a instituciones que hacen una labor de contraloría, como la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información, el Tribunal de Ética o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El Proyecto de Presupuesto, además, ha sido presentado con un déficit de más de $1,300 millones.

Por Gabriela Villarroel

Por Gabriela Villarroel

El Proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2021 asciende a $7,453.5 millones, de los cuales $1,342.5 millones deberán ser financiados con nueva deuda debido a que los ingresos tributarios proyectados son solo $5,315.9 millones. Esto implica que los ingresos previstos para 2021 no alcanzarán a cubrir los gastos del Estado. 

El Gobierno presentó un presupuesto desfinanciado con aumentos a la mayoría de carteras dependientes del Ejecutivo, entre esas, Educación, Salud, Seguridad, Gobernación y Vivienda.  A cambio, sacrificó con recortes presupuestarios a instituciones de control y justicia como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

La administración de Nayib Bukele pretende gastar el próximo año $1,027.4 millones más de lo que tiene programado para el presupuesto 2020, que asciende a $6,713.2 millones. La deuda requerida para financiar la brecha de 2020 fue de $755 millones, pero la Asamblea Legislativa autorizó $3,000 millones adicionales para enfrentar la pandemia.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó al final del plazo que impone la Constitución de la República, este miércoles 30 de septiembre, el Proyecto de Presupuesto 2021 ante la Asamblea Legislativa..

“Este es el presupuesto para empezar a construir el milagro salvadoreño, con un enfoque social y que viene a cubrir las amplias deudas que ha tenido el país en los últimos 30 años”, dijo Zelaya. 

El titular de Hacienda no detalló la fuente de financiamiento de la nueva deuda, y se limitó a decir que “no hay un solo presupuesto que se haya aprobado sin una brecha presupuestaria en los últimos años”. 

“Para aquellos que están pensando que este presupuesto contiene una deuda o una brecha de financiamiento exorbitante, pues se equivocan. Nosotros heredamos en la administración del presidente Bukele una brecha de $1,200 millones para el año 2019, ese era el déficit. Para este año, la brecha se ha estimado en $1,342.5 millones”, afirmó. 

Sin embargo, al sumar los desembolsos de préstamos que ya están aprobados por la Asamblea Legislativa, el financiamiento sube a $1,575.4 millones. Algunos economistas advierten que es necesaria más información, debido a que la diferencia entre gastos e ingresos dejan un faltante que supera los $2,137.6 millones.

La apuesta del ministro de Hacienda para cubrir más gastos aún es incierta. Dijo que “jamás se había combatido tanto la evasión fiscal como lo hemos hecho durante la gestión del presidente Bukele”, y proyecta recuperar unos $420 millones por esta vía. Además, Zelaya dijo que negociarán con organismos multilaterales para buscar “las mejores condiciones”.

La vía de adquirir préstamos internacionales está cuesta arriba para el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y El Salvador firmaron una carta de intención para someterse a un “ajuste fiscal”; es decir, una reducción de gastos combinada con un incremento de ingresos para estabilizar las finanzas públicas.

A cambio, el FMI aprobó un primer crédito por $389 millones durante la emergencia de COVID-19, el primero de una secuencia de préstamos aprobados por las juntas directivas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $500 millones, $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $50 millones del Banco Mundial. 

Al ser consultado sobre este acuerdo, el ministro Zelaya dijo a GatoEncerrado que “no existe un acuerdo firmado por El Salvador”, y que están en constante comunicación con multilaterales.

José Luis Magaña, coordinador de investigación e incidencia de Panorama Económico, explicó que los montos que tienen las instituciones del Ejecutivo “están inflados”, y que las asignaciones son meramente financieras y “socialmente insostenibles”. 

“La discusión, esta vez, no debe ser cuánto tiene ‘x’ o ‘y’; sino ¿de dónde saldrá el dinero para eso?”, cuestionó. 

¿Cuáles son las prioridades?

El ministro hizo alarde de que las prioridades tomadas en cuenta para elaborar el plan de gastos se enfocó en la seguridad, la educación y la salud; sin embargo, el Gobierno sacrificó a distintas instituciones con recortes, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

El presupuesto del Ministerio de Educación sube $281.2 millones con respecto a 2020, año en que se aprobaron $1,039.2 millones para el ramo. Esto incrementa la inversión en educación a un 5 % del Producto Interno Bruto (PIB). 

El presupuesto de Salud sube $276.5 millones; de $757.9 millones aprobados para este año aumenta a $1,039.3 millones en 2021, lo cual representa un aumento de más del 36.5 %. “Si hay algo que la pandemia nos ha enseñado, es que se necesita de un sistema de salud fuerte”, dijo Zelaya.

La partida del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sube en $100.6 millones. En 2020 aprobaron $554.7 millones y para 2021 establecen un monto de $655.3 millones. El gasto en seguridad representaría, de aprobarse el presupuesto, un 2.5 % del PIB.

No obstante, el Ministerio de Vivienda fue el que más creció en porcentaje: de una asignación de solo $12.5 millones en 2020, el proyecto de presupuesto propone un incremento del 385.5 %, con más de $60.4 millones disponibles para esta cartera, creada por la administración Bukele. En contraste, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) solo aumentó en $10 millones, dejando disponibles $24.6 millones.

El Ministerio de Gobernación tendrá un aumento de $74.9 millones, pasando de $67.2 millones programados para este año, a $142.1 millones en 2021. La Presidencia de la República contaría con $101.4 millones el próximo año; es decir, $7.5 millones más de los $93.9 millones que ejecuta actualmente.

La mayoría de recortes, en tanto, se concentraron en instituciones independientes del Ejecutivo y en el sistema de contraloría y el Órgano Judicial. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se lleva el mayor recorte: pasará de $302.2 millones a $290 millones; es decir, $12.2 millones menos que en 2020.

La Corte de Cuentas tendría $600,000 menos y operaría con $43.7 millones en 2021, mientras el Instituto de Acceso a la Información Pública sufriría un recorte de $100,000, dejándolo con un presupuesto de solo $1.8 millones.

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) operará con $2.7 millones, tras un recorte de $100,000, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) tendrá $400,000 menos, totalizando un presupuesto de $10.4 millones para 2021.

También hay un recorte de $400,000 al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se quedaría con $17.9 millones a pesar que en 2021 debe ejecutar el presupuesto extraordinario de elecciones.

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