Investigación fiscal

Zelaya propuso al presidente de la Asamblea separar las planillas y primero pagar los salarios de empleados, luego de asesores y por último de diputados. Sin embargo, el 1 de octubre, la junta directiva respondió con un aviso y una demanda en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ministro de Hacienda, el director general de presupuesto Carlos Gustavo Zalazar y contra el director general de tesorería Neftalí Murillo Ruiz, por posibles actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, contemplados en los artículos 320 y 321 del Código Penal. 

El primer delito tiene una sanción de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo, mientras que el segundo delito es penado por cuatro a seis años e inhabilitación de funciones.

El fiscal general de la República, Raúl Melara, anunció el 5 de octubre que inició la investigación. “Lo que corresponde en este momento como fiscalía es proceder a abrir el expediente correspondiente, iniciar las investigaciones y ver lo que estas arrojan (…) si se obtienen los elementos necesarios para determinarlo, por supuesto que podría caer en delito”, dijo Melara. Añadió que, de existir indicios para imputar, se realizaría un eventual proceso de antejuicio.

Ponce explicó que según la Ley General de Presupuesto, rubro 51, los fondos asignados a la Asamblea Legislativa forman una sola unidad, “por lo que no es posible hacer segregaciones”. Además, dijo que los proveedores de bienes y servicios tienen derecho a que se les cancele los proveído y que, por tanto, el ministro debió cumplir la Constitución.

José Marinero, especialista en derecho administrativo y políticas públicas, señaló que la sugerencia del ministro de Hacienda, de separar las planillas, es un chantaje político y una especie de extorsión por la vía de los salarios, ya que el formato de pago escalonado o diferenciado no está previsto en ninguna normativa legal. 

“Es un intercambio ilegal, porque lo que está diciendo es ‘ustedes me aprueban esto y yo voy a cumplir con mi función pública, con mi mandato’, y eso es absolutamente ilegal”, dijo Marinero a GatoEncerrado.  

El funcionario no solo estaría cometiendo delitos previstos en el Código Penal, también el principio de legalidad que establece la Constitución de la República en el artículo 86, inciso tercero, donde dice que “los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”. Los funcionarios no tienen facultades para intentar negociar el pago de salarios a cambio de la aprobación de unos créditos.

“A partir de esa violación al principio de legalidad, empiezan violaciones específicas de sus obligaciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y los posibles delitos a los que pudiera estar incurriendo que son, como se ha dicho, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios”, indicó Marinero. 

El abogado también consideró que lo ocurrido, en realidad, se trata de otra medida de presión equivalente a la intervención del presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. “No me mido en calificar que esto es equivalente al tipo de presión que intentó ejercer el presidente en el 9 F. Está socavando la legitimidad del Órgano Legislativo, esta vez mediante el uso de un artilugio ilegal. Lo está disfrazando de legalidad. Creo que la tendencia ahora es intentar disfrazar estas medidas de presión, revestirlas de legalidad”, analizó Marinero. 

El ministro de Hacienda insistió en que no hay ninguna ilegalidad y que el problema del impago no depende de él, sino de la falta de ingresos y de los diputados porque se negaron a separar las planillas. 

“No lo entiendo a él (Mario Ponce), cuando dice que es una ilegalidad. ¿Es una ilegalidad pagarle a los trabajadores? ¿Es una ilegalidad pagarle a los proveedores que han suministrado sus bienes? ¿O los prestadores de servicios que han prestado sus servicios? Esa no es ninguna ilegalidad, es una priorización del gasto. Y a esta coyuntura o a esta situación es que nos han hecho llegar con la negativa para discutir los préstamos del BID y otros créditos”, sostuvo Zelaya.