Foto/Gabriela Villarroel

Hacienda paga salarios a la Asamblea tras una investigación fiscal y una semana de atraso

Hacienda retrasó la transferencia del presupuesto institucional de septiembre de la Asamblea Legislativa, bajo el argumento de que no tenía fondos por el impacto de pandemia por COVID-19. El presidente de la Asamblea Legislativa señaló que no se trató de falta de ingresos, sino de un plan del Ejecutivo por la posición política de la Asamblea. El fiscal general anunció que abrió una investigación para determinar si Hacienda cometió ilegalidades. 

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Por Karen Moreno

Por Karen Moreno

Gabriela Villarroel

Gabriela Villarroel

Siete días después del plazo legal, el Ministerio de Hacienda transfirió a la Asamblea Legislativa el presupuesto del mes de septiembre para el pago de salarios de empleados, diputados y proveedores, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación por posibles delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios en contra de funcionarios de Hacienda por retener los fondos al Órgano Legislativo.

“El día de anoche, el encargado de las finanzas recibió la llamada de que ya se había tomado la decisión de hacerle las transferencias al Órgano Legislativo”,  confirmó este 7 de octubre el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. 

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, también confirmó la información. “Hemos transferido $3.1 millones para el pago de planillas de la Asamblea Legislativa y hemos transferido alrededor de $400 mil para el pago de proveedores”, dijo el funcionario.

El presidente de la Asamblea ha señalado que el retraso no se debe a la falta de dinero como han justificado el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y el presidente de la República, Nayib Bukele, sino a un plan preparado e impulsado por el ministro de Hacienda.

Ponce dijo que si bien es cierto que los ingresos del Estado han disminuido, el Gobierno ha emitido $1,920 millones de deuda flotante que equivale al 10 % del monto del presupuesto 2020 para cubrir los gastos. “Por lo tanto, no hay motivo alguno para poder justificar que ingresos no hay”, señaló el diputado del PCN.

La Ley de Presupuesto 2020 especifica que la Asamblea Legislativa tiene 2,507 plazas versus los más de 150 mil servidores del Órgano Ejecutivo, quienes no han sufrido insolvencia en sus salarios. Los empleados de la Asamblea Legislativa generalmente reciben sus salarios entre el 18 y el 22 de cada mes, aunque legalmente el Ministerio de Hacienda está obligado a transferir los fondos a todas las instituciones el último día del mes.

Desde el pasado 24 de septiembre, cuando empleados de la Asamblea y del Órgano Judicial denunciaron que no les habían depositado los salarios, Zelaya dijo que debido a la pandemia la recaudación de impuestos bajó y culpó a los diputados por no aprobar los préstamos pendientes.

“Mientras los diputados no me liberen los préstamos, yo sigo sin poder restituir los ingresos”, aseguró Zelaya el 30 de septiembre al sindicato de la Asamblea Legislativa, cuando presentó el Proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2021. “Créanme que ustedes van a ser una prioridad. Yo voy a proponer al presidente (Mario) Ponce que separemos las planillas”, agregó.

En la entrevista de canal 10, el 6 de octubre, el presidente Bukele dijo que el Gobierno pagará el salario a los diputados aunque no se lo merezcan, pero que no piensen por un segundo que ellos serán más importantes que los médicos, policías, soldados o maestros. 

El Gobierno ha sostenido que por la falta de fondos tampoco ha transferido cuatro meses del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) a las 262 alcaldías. Bukele, de hecho, dejó incierta la fecha de pago.

“No podemos comprometernos con una fecha”, dijo en la entrevista de canal 10, donde además aseguró que el Gobierno solo ha recibido $300 millones de los $3,000 millones de deuda aprobada por la Asamblea.

Sin embargo, el expresidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, dijo que el Gobierno recibió $3,251,276,257.37 hasta el 31 de agosto pasado, sumando créditos, deuda de corto plazo y donaciones extranjeras. 

Investigación fiscal

Zelaya propuso al presidente de la Asamblea separar las planillas y primero pagar los salarios de empleados, luego de asesores y por último de diputados. Sin embargo, el 1 de octubre, la junta directiva respondió con un aviso y una demanda en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ministro de Hacienda, el director general de presupuesto Carlos Gustavo Zalazar y contra el director general de tesorería Neftalí Murillo Ruiz, por posibles actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, contemplados en los artículos 320 y 321 del Código Penal. 

El primer delito tiene una sanción de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo, mientras que el segundo delito es penado por cuatro a seis años e inhabilitación de funciones.

El fiscal general de la República, Raúl Melara, anunció el 5 de octubre que inició la investigación. “Lo que corresponde en este momento como fiscalía es proceder a abrir el expediente correspondiente, iniciar las investigaciones y ver lo que estas arrojan (...) si se obtienen los elementos necesarios para determinarlo, por supuesto que podría caer en delito”, dijo Melara. Añadió que, de existir indicios para imputar, se realizaría un eventual proceso de antejuicio.

Ponce explicó que según la Ley General de Presupuesto, rubro 51, los fondos asignados a la Asamblea Legislativa forman una sola unidad, “por lo que no es posible hacer segregaciones”. Además, dijo que los proveedores de bienes y servicios tienen derecho a que se les cancele los proveído y que, por tanto, el ministro debió cumplir la Constitución.

José Marinero, especialista en derecho administrativo y políticas públicas, señaló que la sugerencia del ministro de Hacienda, de separar las planillas, es un chantaje político y una especie de extorsión por la vía de los salarios, ya que el formato de pago escalonado o diferenciado no está previsto en ninguna normativa legal. 

“Es un intercambio ilegal, porque lo que está diciendo es ‘ustedes me aprueban esto y yo voy a cumplir con mi función pública, con mi mandato’, y eso es absolutamente ilegal”, dijo Marinero a GatoEncerrado.  

El funcionario no solo estaría cometiendo delitos previstos en el Código Penal, también el principio de legalidad que establece la Constitución de la República en el artículo 86, inciso tercero, donde dice que “los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”. Los funcionarios no tienen facultades para intentar negociar el pago de salarios a cambio de la aprobación de unos créditos.

“A partir de esa violación al principio de legalidad, empiezan violaciones específicas de sus obligaciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y los posibles delitos a los que pudiera estar incurriendo que son, como se ha dicho, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios”, indicó Marinero. 

El abogado también consideró que lo ocurrido, en realidad, se trata de otra medida de presión equivalente a la intervención del presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. “No me mido en calificar que esto es equivalente al tipo de presión que intentó ejercer el presidente en el 9 F. Está socavando la legitimidad del Órgano Legislativo, esta vez mediante el uso de un artilugio ilegal. Lo está disfrazando de legalidad. Creo que la tendencia ahora es intentar disfrazar estas medidas de presión, revestirlas de legalidad”, analizó Marinero. 

El ministro de Hacienda insistió en que no hay ninguna ilegalidad y que el problema del impago no depende de él, sino de la falta de ingresos y de los diputados porque se negaron a separar las planillas. 

“No lo entiendo a él (Mario Ponce), cuando dice que es una ilegalidad. ¿Es una ilegalidad pagarle a los trabajadores? ¿Es una ilegalidad pagarle a los proveedores que han suministrado sus bienes? ¿O los prestadores de servicios que han prestado sus servicios? Esa no es ninguna ilegalidad, es una priorización del gasto. Y a esta coyuntura o a esta situación es que nos han hecho llegar con la negativa para discutir los préstamos del BID y otros créditos”, sostuvo Zelaya.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo el 30 de septiembre a los sindicalistas que mientras los diputados no aprobaran los préstamos, no podía liberar fondos para pagar salarios. /Foto Emerson Flores

Impacto a nivel internacional

Marinero analizó que declarar que no hay dinero para pagar salarios de los funcionarios públicos y el Fodes envía un mensaje catastrófico hacia el exterior, que pone en riesgo al país, debido a que estos pagos son el primer gasto corriente que debe  solventar el Estado. 

“Están hablando palabras mayores. Están diciendo que el Estado no puede pagar. Ese es un mensaje hacia el exterior, hacia nuestros propios acreedores, hacia la banca a la que hemos prestado, a los multinacionales a los que hemos prestado, diciéndoles que no tenemos ni siquiera para pagar salarios (...) diciendo prácticamente que el Estado está a las puertas del impago”, advirtió Marinero, y enfatizó que en esto juega un papel importante la Fiscalía para asegurar el cumplimiento de la ley, investigar “y rápidamente, porque estamos hablando de los salarios de miles de personas”.

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