El acceso a la vivienda, en nuestro país, es un privilegio que no toda la población puede cumplir por las diferentes razones que implican poder habitar un territorio de forma segura, sostenible y justa. 

Cada mes de octubre se brinda la oportunidad para reflexionar durante la conmemoración del Día Mundial del Hábitat sobre el estado del derecho básico a una vivienda adecuada y los componentes que la acompañan. Pero entonces, ¿cómo es que las viviendas pueden mejorar los entornos urbanos?

En El Salvador más del 50 % de la población urbana se encuentra viviendo en asentamientos urbanos precarios y el 91 % cuenta con algún tipo de déficit en su vivienda y, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (2018), el 23 % de la población en áreas rurales no cuenta con acceso a agua potable y muchas familias carecen de un servicio de saneamiento. 

El 2020 ha sido un año excepcional para dimensionar acerca de la importancia de la vivienda y el hábitat como un espacio primario de protección. Quedarse y resguardarse en casa es tan necesario para prevenir los contagios por COVID-19. El agua limpia y el saneamiento son fundamentales. 

El techo significa el comienzo, brinda la posibilidad de tener un mejor futuro proporcionando acceso a entornos donde se puede acceder a servicios básicos, seguridad y resguardo. En un entorno urbano adecuado, se brinda la oportunidad de vincularse a servicios de educación, empleo, salud, el cual debe considerar también la oportunidad de acceder a servicios de transporte, esparcimiento y convivencia. Tan fundamentales para la buena salud del tejido social urbano y comunitario.

El papel de la vivienda es indispensable para el cumplimiento de los derechos humanos y la base del bienestar de las personas. Es por esto que, como nos invita a reflexionar ONU Hábitat, los problemas relacionados con la vivienda deben estar en el centro del desarrollo urbano sostenible e inclusivo.

Garantizar el acceso a la vivienda como un derecho humano es un catalizador de todos los demás derechos fundamentales, así como la única forma de garantizar el “Derecho a la Ciudad para todas las personas”, según ONU Hábitat. Para lograrlo, es indispensable asegurar un compromiso ciudadano y político para promover el desarrollo urbano sostenible como parte del combate a la pobreza (La nueva agenda Urbana, Hábitat III).

El Salvador avanzó hábilmente en la construcción de una propuesta de Política Nacional de Vivienda y Hábitat entre 2012 y 2015, que fue formulada con amplio consenso y participación de diferentes sectores, con una visión de largo plazo, que representaba el compromiso del gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil para definir un rumbo y respuesta a los grandes retos locales de vivienda. 

Sin embargo, es necesaria su implementación como instrumento orientador para la gestión de los principales problemas del país, estableciendo esquemas de financiamiento y fuentes de recursos de manera estructural para garantizar el acceso a un hábitat adecuado y la vivienda de manera inclusiva a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad. El proyecto de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat quedó estancado y continúa sin ser prioridad en la agenda del Estado.

Finalmente, no se puede perder de vista que las ciudades cobran vida, en el intercambio que promueven sus ciudadanos. Por lo que en igual importancia se requiere potenciar liderazgos que trabajen desde y con sus comunidades locales en procesos de organización y autogestión para la promoción de esos mejores futuros urbanos