Opinión

El inicio del estudio de la Constitución

Manuel E. Escalante Saracais

Manuel E. Escalante Saracais

Doctor en Derecho Constitucional y realiza labores de docencia e investigación en materia constitucional y de derechos humanos fundamentales. Actualmente es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

Quizá el contexto actual no parezca ser el más idóneo para iniciar el estudio de la Constitución, dado el efervescente ambiente polarizado y polarizante. No obstante, por el contrario, quizá sí lo sea por la siempre necesaria reflexión acerca del ejercicio del poder estatal, sus finalidades, límites y abusos.

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Manuel E. Escalante Saracais*

El Equipo Ad Hoc para el Estudio y Propuesta de Reformas a la Constitución se ha instalado y está por iniciar sus labores. Tal como lo dije antes, el trabajo de este Equipo se deberá ir legitimando con el mismo trabajo que se realice, así como con la actitud gubernamental y la participación de los distintos sectores y fuerzas sociales, si así lo desean.

Las expectativas y riesgos son altos, sobre todo, porque la coyuntura actual se está caracterizando por una alta dosis de polarización que se alimenta, cada vez más, de unas estrategias electorales que pretenden mover los sentimientos y emociones del pueblo, incluso difundiendo noticias falsas o información inexacta, antes de llamar a la calma y procurar la armonía social, respetando la diferencia y la diversidad.

El Salvador está sufriendo cambios y más rápido a partir de la pandemia. Unos cambios que están provocando el reavivamiento de unas problemáticas estructurales en materia política, económica, social, medioambiental, etc., que no se resolvieron con la implementación de los Acuerdos de Paz ni en la etapa de la –incipiente– democracia. Un reavivamiento que, además, estaría provocando un acelerado desgaste en la institucionalidad pública por la incapacidad de nuestros actuales funcionarios en construir puentes de entendimientos de cara a la ciudadanía (y no seudo-acuerdos a puerta cerrada), o por la mala intención de estos para manipular las interpretaciones de los marcos normativos con miras a lograr una ventaja mediática frente a los que consideran adversarios, sin importar que esto implique una tensión innecesaria en el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.

Este es el contexto en el que se inicia el estudio de la Constitución e ignorarlo no es una opción, si realmente se pretende lograr identificar lo que es un lastre para el correcto funcionamiento de la institucionalidad pública en nuestro país. Esto porque, después de todo, en una u otra medida, el irrespeto a la Constitución y el mal funcionamiento institucional han sido unas constantes en las últimas décadas. Así, por ejemplo, a pesar de los discursos grandilocuentes de respeto a la división de poderes y los derechos humanos, sistemáticamente los Gobiernos se han resistido a cumplir con las directrices y órdenes dictadas por los mecanismos de protección de estos derechos. Mientras gobernaba ARENA, se negó el cumplimiento de lo dispuesto en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al Caso Jesuitas. Mientras gobernaba el FMLN, se le dio refugio en un cuartel a los militares acusados en el mismo caso, que eran requeridos por España para su extradición (un refugio que impidió su captura). Y, finalmente, en el actual Gobierno se niega la inspección de los archivos militares ordenada por el juez a cargo del juicio por la Masacre de El Mozote, en cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En este recuento, parece que el intento de superar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad ha sido obstaculizado por el Órgano Ejecutivo.

En fin, parafraseando a muchos intelectuales de las ciencias políticas, en la actualidad subyace la siguiente pregunta: ¿después de la pandemia, los países serán más democráticos, o menos? Una pregunta que, a mi parecer, en nuestro caso, también incluye las siguientes: ¿El Salvador será más respetuoso de los derechos humanos, o menos? ¿Desarrollará, por fin, mecanismos suficientes para superar las problemáticas estructurales que afectan el bien común, o se limitará a continuar maquillando la realidad para conservar la discriminación de muchos y los privilegios de pocos, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas? Y en lo que respecta al estudio constitucional, creo que se pueden sumar las siguientes: ¿qué rol está jugando la Constitución, o cuál debería jugar, para que nuestra República termine siendo más democrática? ¿El problema del deterioro de la institucionalidad pública está en el texto de la Constitución, o en la actitud de los gobernantes frente al mismo?

Quizá el contexto actual no parezca ser el más idóneo para iniciar el estudio de la Constitución, dado el efervescente ambiente polarizado y polarizante. No obstante, por el contrario, quizá sí lo sea por la siempre necesaria reflexión acerca del ejercicio del poder estatal, sus finalidades, límites y abusos, de cara a la construcción de un país más democrático y respetuoso del Estado de Derecho y los Derechos Humanos, sin discriminaciones ni privilegios. Una reflexión que debe realizarse, por cierto, antes de presentar cualquier propuesta de reforma.

Manuel E. Escalante Saracais

Manuel E. Escalante Saracais

Doctor en Derecho Constitucional y realiza labores de docencia e investigación en materia constitucional y de derechos humanos fundamentales. Actualmente es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

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