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Arena logra que reforma constitucional sobre derecho al agua excluya “sin fines de lucro”

A la Asamblea Legislativa le ha costado más de tres legislaturas ponerse de acuerdo para aprobar una reforma constitucional que reconozca el agua como derecho humano. El primer intento fue frustrado porque los diputados no ratificaron la aprobación de la reforma. Esta vez, Arena logró negociar la aprobación a cambio de dejar fuera el concepto de “sin fines de lucro”. Para que la reforma entre en vigencia, la siguiente legislatura tiene que ratificar con 56 votos. 

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Por Mario Beltrán

El partido Arena logró que la reforma constitucional que reconoce el agua como derecho humano no incluyera el concepto de “sin fines de lucro”. Lo hizo con el beneplácito del FMLN, que por años dijo acompañar a las organizaciones de la sociedad civil que exigían el agua como bien público, pero además sin fines de lucro. La reforma fue aprobada, este 15 de octubre, con 78 votos y el acompañamiento del PCN, PDC, Gana, Juan José Martel del CD y el diputado no partidario Leonardo Bonilla.

Para que la reforma entre en vigor y obligue al Estado a implementar políticas para preservar el agua y que la población acceda a ella, deberá ser ratificada con 56 votos por la próxima legislatura 2021-2024.

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), criticó que la concepción “sin fines de lucro” quedó fuera por negociaciones del partido Arena.

“Hubo una férrea postura del partido Arena dentro de la comisión, específicamente del diputado René Portillo Cuadra, en no querer incluir lo de sin fines de lucro, porque él argumentaba era que el agua se usa con fines de lucro también y que no se podía quitar eso de un solo. Por eso es que lo plantearon a la Ley General de Aguas. Yo creería que esas excepciones se pudieron haber regulado y dejar establecido que el agua no debería ser con fines de lucro. Pero en ese sentido, es tarea de todas y todos de cobrar conciencia de esto. Ya es positivo que algo se haya aprobado, de reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento, y que se dé pie para avanzar en la Ley General del Agua”, expresó González.

Carlos Flores, miembro del Foro del Agua, aplaudió la aprobación, pero también consideró que agregarle otros puntos podría mejorarla. Indicó que hablar del derecho al agua es hablar de una nomenclatura internacional que ya está definida y ya tiene un contenido propio.

“Consideramos que es suficientemente amplio y desarrollado, como para que cumpla su cometido de la tutela del derecho al agua, porque no es poca cosa que aparezca dibujado el derecho humano al agua, a la par del derecho a la vida”, dijo Flores.

El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, explicó que se dejó fuera de la reforma el concepto que impedía lucrarse del agua debido a que se incluyó el concepto de “bien público”. 

“Porque la palabra ‘bien público’ absorbe tres cosas: primero, la gratuidad; segundo, que el titular es el Estado, y tercero, que la soberanía sobre el agua reside en el Estado y no en lo particular. La categoría bien público es mucho más amplia que el tema de la administración y que el tema de sin fines de lucro. La ley del agua vendría a desarrollar esos tres principios”, dijo a GatoEncerrado, René Portillo Cuadra.

El parlamentario añadió que su fracción ha dado sus votos, no por presiones, sino porque no habían tenido la oportunidad de tener consensos en momentos donde la crisis del agua en el país obliga a que exista una reforma constitucional como esta. 

La diputada de Arena, y presidenta de la comisión ambiental, Martha Evelyn Batres, afirmó que esta aprobación tendría que eliminar cualquier duda o acusación sobre la privatización del agua, y coincidió con lo dicho por Cuadra, al respecto de la figura lucrativa del agua en la reforma. 

“El hecho de decir que constituye un bien público abarca mucho más, y eso fue lo que consideraron en la Comisión de Legislación”, dijo Batres, quien además califica de “histórica” esta reforma constitucional. 

El diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos, dijo que siempre se intentará agregarle a la reforma para que el agua sea sin fines de lucro. “Es una deuda que tenemos como Asamblea desde hace mucho tiempo, pero hoy se va a hacer justicia y vamos a dejar sentado en la Constitución que el derecho al agua es universal y que está prohibida la privatización”, expresó Gallegos.

En tanto, la diputada del FMLN, Dina Argueta, señaló que la figura lucrativa del agua dentro de la reforma constitucional dependía de votos al interior de la Comisión de Legislación, los cuales no fueron suficientes, pero que este punto no podía permitir estancar toda la reforma. 

“La aprobación del dictamen en la comisión necesita y se aprueba por mayoría. Aunque este dictamen tiene los votos de la mayoría, nosotros fuimos los mocionantes junto a diferentes organizaciones, que se incluyera en la reforma todos los elementos para no dejar ni siquiera a la mínima interpretación de que el agua podía quedar en manos privadas. Sin embargo, esa parte que tiene que ver con el agua sin fines de lucro, no tuvo los votos necesarios. Solo tuvo cuatro votos en la comisión: los tres del FMLN que son dos del FMLN, uno del PDC y el del diputado no partidario. No tuvo los votos, sin embargo, no por eso podemos estancar la reforma. Habrá que trabajar en una ley secundaria, para asegurar que lo que hoy aprobamos, no vaya a tener intereses lucrativos”, dijo a GatoEncerrado, Dina Argueta.

La Asamblea Legislativa da este paso en medio de una tardanza de casi 15 años de discusión de cinco propuestas de una Ley General de Aguas, cuyo impase máximo ha sido quiénes integrarán el ente rector que administre el agua, y de la cual, diputados han admitido que existen presiones empresariales. 

La aprobación de esta reforma entrará en vigor una vez que existan los 56 votos necesarios de la próxima legislatura 2021-2024, que será electa el próximo 28 de febrero de 2021 y que tomará posesión el 1 de mayo de ese mismo año.

Las organizaciones sociales han luchado por esta reforma desde hace 12 años. En ese tiempo, la Asamblea Legislativa ha hecho dos intentos de reforma: el primero entres las legislaturas de 2012 y 2018, pero la legislatura 2015-2018 no la ratificó; y el segundo es el de esta semana.

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