La eliminación del impuesto a la telefonía no es una promesa cumplida como Bukele afirma

El presidente Nayib Bukele aseguró que su Gobierno cumplió la promesa de campaña de eliminar la Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC); sin embargo, su discurso es engañoso: la ley que dio vida a este impuesto finaliza el próximo 5 de noviembre sin la intervención del Ejecutivo. Bukele asumió el poder en junio de 2019 y a pesar de prometer que quitaría el impuesto, lo mantuvo en el presupuesto 2020, es decir, que no pidió derogar la ley. Por más de un año en el Gobierno, Bukele siguió cobrando el CESC, que le dejó más de $61.2 millones hasta septiembre, según datos del Ministerio de Hacienda.

 

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Ficha de verificación

Autor

Nayib Bukele

Cargo

Presidente de la República

Frase

"En el nuevo presupuesto ya no incorporamos el CESC (...) Y como yo prometí en campaña, el CESC únicamente va a quedar para las empresas, no va a quedar para el consumidor"

Vía

Entrevista en Canal 10

Fecha

06 de octubre

Categoría

Por Gabriela Villarroel

Por Gabriela Villarroel

El presidente Nayib Bukele aseguró haber cumplido una de sus promesas de campaña al “eliminar” la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) y mantener únicamente la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes. Lo que Bukele omitió decir es que la vigencia de ambas leyes termina el 5 de noviembre de 2020, tal como se aprobó en la Asamblea Legislativa hace cinco años y sin que el Ejecutivo presentara ninguna propuesta para derogar el impuesto. Tras 15 meses en la presidencia, el gobierno de Bukele recaudó más de $61.2 millones del CESC hasta septiembre pasado.

El discurso con una verdad a medias, con omisiones para completar la información, hace que la afirmación del presidente Bukele sea Engañosa, que es una de las seis categorías bajo las que Ojo de Gato califica el discurso público del Órgano Ejecutivo. 

“En el nuevo presupuesto ya no incorporamos el CESC, no va incorporado en el nuevo presupuesto. Es decir, hay una reducción del IVA real que paga la población en un 5 % en todo lo que es tecnología y comunicación”, aseguró Bukele el 6 de octubre en la entrevista con el estatal Canal 10.

¿Por qué es engañosa la afirmación del presidente?

A propuesta del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, el 29 de octubre de 2015, la Asamblea Legislativa aprobó dos contribuciones especiales para financiar el plan de seguridad El Salvador Seguro, con votos de los diputados del FMLN, Gana y PCN.

Ese año se registró una tasa de 105.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, con un total de 6,656 casos, según estadísticas revisadas por la mesa técnica conformada por la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML). 

Como respuesta a esta escalada de violencia, la Asamblea aprobó la Ley de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, conocida como CESC, que impone un 5 % sobre las facturas de compra y uso de servicios e insumos de telecomunicaciones en todas sus modalidades: telefonía móvil y fija, televisión por cable, transmisión de datos y servicios satelitales. 

La Asamblea también aprobó la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana, dirigido a gravar con un 5 % a las empresas que registran ganancias netas anuales mayores a $500,000.

En los decretos quedó establecido que los efectos “durarán por un período de cinco años” desde su publicación en el Diario Oficial, el 5 de noviembre de 2015. 

Durante su campaña electoral, una de sus principales promesas fue presentar una iniciativa a la Asamblea Legislativa para eliminar la contribución especial que se cobra a los ciudadanos, y mantener el 5 % a los grandes contribuyentes. Incluso acusó a Carlos Calleja, candidato presidencial de Arena, de apropiarse de su idea por presentar la propuesta para derogar la ley, aunque el candidato de Arena proponía quitar ambas leyes.

Si bien es cierto que Bukele habló de eliminar el impuesto a la seguridad que se cobra a los ciudadanos, en realidad las leyes finalizan el 5 de noviembre, por lo que el Gobierno no es responsable de haber puesto fin a este cobro. En todo caso, lo único que hizo el Ejecutivo fue no pedir a los diputados que renovaran el CESC.

En la misma entrevista vía telefónica con canal 10, Bukele aseguró que al quitar la contribución especial ciudadana “hay una reducción del 5 % del IVA real que paga la población que es el 18 %”. Sin embargo, el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, corrigió el dato y explicó que la caducidad del CESC tampoco supone una disminución del Impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, conocido como Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 18 % al 13 %; pues son distintos tipos de tributos: aunque ambos presionan el consumo, el CESC sí tiene un destino específico para seguridad.

Gobierno pide aumentar impuesto a gran empresa

Lo que sí hizo el presidente Bukele, a través de su ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya y el secretario jurídico Conan Castro, fue presentar ante la Asamblea Legislativa tres reformas a ley de la contribución especial a los grandes contribuyentes, el pasado 9 de octubre.

En el documento, Hacienda pide que se modifique el artículo 1 que establece para qué se usará el impuesto. De financiar exclusivamente el plan de seguridad ciudadana, el Gobierno quiere que el impuesto sirva para “todas aquellas acciones y medidas que garanticen la seguridad ciudadana”, sin delimitarlo a un plan específico.

Hacienda también pide modificar el artículo 4 para aumentar el impuesto de un 5 % al 8 % sobre el monto de ganancias totales de las empresas. Se mantiene la delimitación a contribuyentes con ganancias mayores a $500 mil.

El Gobierno solicita, además, que se prorrogue la vigencia de la ley del 5 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2025, alargando el plazo de la contribución por cinco años y un mes más.

Según el ministro de Hacienda, el aumento de los tres puntos cubrirá la recaudación que se tenía con el CESC para seguir financiando el bono trimestral de $700 a policías, soldados y custodios penitenciarios. 

“Por eso, nosotros hemos propuesto que se mantenga la contribución especial que tienen los grandes contribuyentes con ganancias arriba de medio millón de dólares. Básicamente es un universo de 990 contribuyentes y con eso hemos proyectado seguir financiando los bonos de nuestros policías y de nuestra Fuerza Armada”, dijo Zelaya, el día que presentó la pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa.

Zelaya aseguró que debido al impacto de la pandemia por COVID-19 darían un “año de gracia” para hacer efectivo el incremento a partir de 2022. Esto responde, en realidad, a que la contribución se cobra a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que se presenta todos los años en septiembre. De esta forma, en septiembre de 2021, las empresas seguirán pagando el 5 % sobre sus ganancias de 2020. El ministro no detalló cuánto esperan recibir para financiar los bonos y otros proyectos que se cargan a las dos contribuciones.

“Necesitamos un poco más de solidaridad de nuestros empresarios que más ganan (...) Esto no afecta a los pequeños empresarios ni a los medianos, solo a grandes contribuyentes”, sostuvo el titular de Hacienda, días antes en una entrevista de televisión.

Para Castaneda, de ICEFI, la eliminación del cobro del 5 % al consumo de artículos y servicios de telecomunicaciones, sumado a un incremento del porcentaje a los grandes contribuyentes “pareciera que ayuda a la progresividad” del sistema tributario en El Salvador. De esta manera, dijo, “se le quita carga a los grupos con menos ingresos, y se le pone a los grupos con mayores ingresos”; pero aún debe analizarse hacia dónde se destinarán los fondos y si el aumento cubrirá la ausencia del CESC.

La propuesta que presentó el Gobierno de aumentar tres puntos a la contribución especial que pagan las empresas entró a la sesión plenaria de este jueves 15 de octubre y pasará a discusión en la comisión de hacienda. 

El diputado del FMLN, Jorge Schafik Handal, se mostró abierto a discutir la reforma; mientras que el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, dijo que al subir los impuestos a las grandes empresas del país se castiga a los consumidores, porque el valor de los bienes y servicios se aumentará. En tanto, el presidente de la Asamblea y diputado del PCN, Mario Ponce,  dijo estar “totalmente convencido” que no darán sus votos “para seguir cargando con más impuestos a los salvadoreños”.

Bukele criticó el CESC, pero ocupó $61.2 millones

El 17 de septiembre de 2015, el entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, instó al expresidente Salvador Sánchez Cerén, de su antiguo partido FMLN, que vetara “cualquier nuevo impuesto para el pueblo”. Durante la campaña presidencial en 2018, también mantuvo la promesa de que al llegar al Ejecutivo eliminaría el CESC.

Bukele tomó posesión en junio de 2019 y durante 2020 no presentó ninguna propuesta para derogar la ley. Contrario a su discurso, ha utilizado los más de $61.2 millones recaudados en el CESC del 1 de junio de 2019 al 30 de septiembre de 2020, según datos del Ministerio de Hacienda. 

El economista de ICEFI dijo a esta revista que, además de no haber eliminado la contribución por mérito propio, el Gobierno incluyó el CESC en el presupuesto general de la nación de 2020, considerando que lo recibiría durante todo el año, aunque la fecha de caducidad llegará en noviembre. Solo para este año, Hacienda calculó que recibiría $53.4 millones en concepto del CESC y $75.7 millones del impuesto a grandes contribuyentes.

“El Gobierno debería haber ajustado cuánto se esperaba del CESC, o de una vez aprobar una prórroga a su vigencia; pero eso no se hizo, se incluyó el valor estimado de todo el año en el presupuesto actual”, dijo el economista.

En el presupuesto general de la nación de 2020, el primer ejercicio fiscal del gobierno de Bukele, el Ejecutivo incluyó ambas contribuciones en su estimación de ingresos, y una programación de cómo gastará los $129.2 millones que recibiría a lo largo del año: $68.3 millones para la Policía Nacional Civil (PNC), $48.5 millones para el Ministerio de la Defensa, $8.2 millones para la Dirección General de Centros Penales (DGCP), entre otros.

Con el dinero de la contribución, incluso, se aumentó el bono trimestral a los policías, soldados y custodios de $400 a $700, a partir de enero de 2020. Bukele también dijo que en 2021 se daría otro aumento de $50.

Al ser cuestionados por haber incluido el impuesto a pesar de la promesa de Bukele, los miembros del gabinete trataron de justificarlo diciendo que el Gobierno encontró a la PNC sin uniformes y en una “situación compleja”, e incluso anunció, durante una sesión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el 21 de octubre de 2019, que se pediría una prórroga para mantener la contribución.

“El presidente de la República dijo que las iba a eliminar; entonces, ¿las va a seguir solicitando?”, preguntó Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena a la comisionada de Operaciones del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos.

“Sí continúa, y continúa porque cuando asume el Gobierno se encuentra la Policía Nacional Civil que está sin uniformes, está en una situación bien compleja y los índices de criminalidad son tremendos”, respondió.

En ese momento, Recinos agregó que “si a la población le preguntan que le mantengan esta contribución pero se mantenga la disminución de homicidios, estoy segura que la población lo va a entender”.

Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Nayib Bukele ha recibido más de $100 millones en concepto de la Contribución Especial de los Grandes Contribuyentes, y cerca de $33.9 millones a través del CESC, impuesto que prometió eliminar.

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