El deterioro de la agricultura y el hambre en El Salvador
septiembre 3, 2024
Foto/Emerson Flores
"Recordamos a Fiscalía que hay miles de víctimas que esperan acceder a la justicia"
El Tribunal Noveno de Paz ordenó que el proceso contra Walter Araujo, candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas, pase al Juzgado Especializado Leiv, a partir de elementos que configuran el delito de expresiones de violencia contra Bertha Deleón, candidata a diputada por Nuestro Tiempo. Una defensora de derechos humanos dijo que el hecho no debe convertirse en una situación meramente política o electoral.
Karen Moreno
@KarenMorenoPala
La jueza del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó medidas cautelares a favor de Bertha Deleón, candidata a diputada de Nuestro Tiempo, para evitar que Walter Araujo, candidato a diputado por Nuevas Ideas, publique o difunda mensajes misóginos, machistas o sexistas contra Deleón, el pasado 15 de octubre, en audiencia inicial.
La juzgadora trasladó el caso al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv), en San Salvador, después de encontrar suficientes elementos que configuran el delito de expresiones de violencia contra las mujeres.
El artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv) establece el delito de expresiones de violencia contra las mujeres, sancionado con multa de dos a veinticinco salarios mínimos del comercio y servicio, aproximadamente $7,500. La normativa legal contempla seis conductas, entre ellas publicar mensajes por cualquier medio con contenido de odio o menosprecio hacia las mujeres y burlarse o desacreditar a las mujeres en espacios de participación política o ciudadana.
“En esta etapa tenemos una resolución satisfactoria e histórica para el país, en la cual se ha delimitado que, en efecto, esas conductas sexistas, machistas y misóginas, ninguna persona, y menos nuestros funcionarios o políticos, deben de ejercerlas. Todas las mujeres en este país tienen el derecho de vivir una vida libre de violencia para las mujeres”, manifestó la fiscal del caso. Agregó que, de encontrarse culpable, podría ser inhabilitado para participar en las elecciones del 2021.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó $20 mil como reparación por el daño moral a la víctima, mientras que Deleón pidió $100 mil. La fiscal a cargo dijo que esa cuantificación queda enunciada en la primera fase y por derecho de la víctima, quien ha manifestado que el hecho ha afectado su vida y la de su hijo, pero que el monto puede cambiar a partir de la prueba que se recabe en el proceso.
La Ley de Reparación por Daño Moral consigna en el artículo 15 que “el monto de la indemnización económica por daño moral deberá fijarse atendiendo a criterios de equidad y razonabilidad, y tomando las condiciones personales del afectado y del responsable”, así como la gravedad del hecho y la culpa.
La abogada Deleón dijo a GatoEncerrado que recibe ataques como parte de una estrategia, de la cual no solo forma parte el victimario, sino otras personas del Gobierno de Nayib Bukele, ante la falta de propuestas y capacidad del Ejecutivo. “En esa estoy claro, que no solo Walter (la ataca). Hay un montón de personajes que están haciendo este trabajo sucio para el gobierno de Nuevas Ideas y de Gana, queriendo aplastar y callar a la oposición o a la gente que consideran incomodas”, expresó.
La jueza consideró que hay elementos de prueba que establecen violencia de género del imputado hacia la víctima y que la demanda no tiene intereses políticos, sino que hay indicios claros de violencia de género, desacreditación y difamación, después de que la Fiscalía presentara pruebas que configuran la supuesta comisión del delito.
Esta no ha sido la única acusación contra Araujo. El 13 de febrero del presente año, diputadas del FMLN interpusieron una denuncia contra Araujo ante la Fiscalía, por el posible cometimiento de delito de expresiones de violencia contra la jefa del grupo parlamentario Nidia Díaz. Según las legisladoras, el actual candidato a diputado hizo expresiones discriminatorias y difundió imágenes con la intención de burlarse.
Araujo negó las acusaciones realizadas por Deleón y aseguró que la demanda obedece al “uso de los derechos de cualquier persona, y querer utilizar para fines electorales y políticos la administración de la justicia”. También afirmó que hay una intencionalidad de hacer daño, no solo política y electoralmente, sino tratar resarcir algún aspecto de carácter económico.
“Aquí inicia todo el proceso. Nosotros vamos, con la defensa técnica, a la cual tengo derecho de que se me asista, a buscar el análisis de la resolución de este día, para iniciar un largo, largo proceso (…) Gracias a Dios no hay reserva”, manifestó Araujo. Agregó que en el transcurso del caso anunciaría los recursos que interpondrá con su defensa técnica.
La demandante expresó que Araujo ha emitido reiteradas expresiones de violencia en su contra desde julio de 2019. Por ejemplo, el 23 de abril de 2020, publicó en su cuenta de Twitter expresiones con referencias sexuales y apodos, acompañadas de una imagen con mensaje burlesco.
Según datos obtenidos por GatoEncerrado a través de fuentes judiciales, en el Juzgado Especializado de San Salvador, la mayoría de delitos en casos penales son Expresiones de Violencia en Contra de la Mujer, la desobediencia en casos de medidas cautelares e incumplimiento de deberes.
Para Silvia Juárez, Coordinadora del Programa por una vida sin violencia de Ormusa, el otorgamiento de medidas cautelares con el fin de que no se publiquen expresiones de violencia contra las mujeres cumple con un estándar internacional para proteger a las partes afectadas y esto representa un avance significativo, considerando que fueron emitidas por un juzgado de paz antes de llegar al especializado, y que la Fiscalía actuó de manera pronta.
“Sin embargo, hay dos elementos que preocupan. Uno es que los hechos no vayan a convertirse desde un análisis o una situación partidaria o electoral, porque es una violación a derechos humanos, debemos verlo desde esa óptica. Cuando se vinculan estas situaciones a contrincantes políticos o partidarios, solemos olvidar el centro de las cosas, y es que las mujeres sin importar su condición o afiliación política no pueden ser objeto de violación a sus derechos”, analizó la abogada Juárez.
Juárez reconoce esfuerzo de la Fiscalía, pero recuerda a la institución que hay miles de víctimas que todavía esperan acceder a la justicia y que merecen protección, sobre todo porque no gozan del respaldo ciudadano que acompaña a otras mujeres con mayor visibilidad pública.
Según datos gestionados a la Fiscalía a través de Acceso a la información, el número de víctimas por expresiones de violencia ha ido en aumento a partir del 2028. En ese año hubo 3, 776 víctimas; en 2019, se registraron 4,176 y en 2020 se reportaron 783 hasta febrero.
La abogada espera que el caso no tenga el mismo desenlace que tuvo el de la exsíndica de San Salvador, Xochitl Marchelli, quien acusó al ahora presidente Nayib Bukele por expresiones de violencia, y fue absuelto en marzo de 2019 por el Juzgado Especializado de Sentencia Leiv.
