El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quiere comparar el emblemático proceso de elaboración de una nueva constitución en Chile, con el intento de reformar la carta magna en el país. El vice mandatario -incluso- cuestiona “la doble moral” de quienes ven con buenos ojos el proceso constitucional en la nación sudamericana, pero critican la propuesta que él coordina por encargo del presidente Nayib Bukele.

Tal situación plantea la necesidad de establecer algunas diferencias importantes y significativas entre ambos procesos constitucionales, a parte -obviamente- del hecho de que en el caso chileno se trata de promulgar una nueva constitución y en el salvadoreño se proyectan reformas puntuales en temas específicos.

La primera tiene que ver con “el sujeto político” que promueve el proceso constitucional. En Chile la redacción de una nueva constitución ha sido una demanda ciudadana y fue el pueblo movilizado quien obligó a la clase política, a las instituciones y poderes fácticos a aceptar una nueva carta magna; mientras que en El Salvador es una iniciativa del gobierno de turno. Esto hace que el primero sea una gesta popular y desde abajo, que triunfa abrumadoramente con el 78.8 % en un plebiscito; y el segundo es elitista, una imposición desde arriba.

La segunda se relaciona con “la metodología” de la realización del cambio constitucional. En Chile habrá un proceso abierto, incluyente y participativo para escribir el nuevo texto constitucional; mientras que en El Salvador será una tarea de expertos, del grupito de iluminados coordinados por el vicepresidente Ulloa (aunque recientemente anunciaron que también “recibirán propuestas de la ciudadanía”).

Y la tercera se refiere a los propósitos reales del proceso constitucional. En Chile, la nueva constitución es para desmontar el sistema político poco democrático y el modelo económico neoliberal heredados de la feroz dictadura de Augusto Pinochet; mientras que en El Salvador -como dijo un articulista- “no cuesta adivinar” que las reformas buscan adecuar el marco constitucional a las pretensiones antidemocráticas de un caudillo que pretenden eternizarse en el poder. En Chile es una verdadera reforma política, mientras que aquí es, más bien, una contrarreforma que representaría un retroceso histórico.

Por tanto, para que las modificaciones a la constitución salvadoreña se parecieran un poco al proceso de la nueva constitución chilena y fueran una verdadera reforma en vez de una contrarreforma, el proceso debería orientarse hacia los siguientes objetivos:

El primero sería configurar un Estado más democrático y un sistema político participativo, abierto y transparente, mediante la incorporación de mecanismos de consulta y participación directa de la población en decisiones relevantes de país, como plebiscitos y referendos; así como también la “ciudadanización de las instituciones”, la inclusión de la revocatoria del mandato presidencial y la iniciativa popular en la elaboración de leyes.

El segundo consistiría en ampliar y profundizar la agenda de derechos ambientales, económicos, culturales y sociales: de las mujeres, de la diversidad sexual, pueblos indígenas y grupos vulnerables. Incluir, por ejemplo: el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, el matrimonio igualitario y demás temas de la nueva agenda de derechos.

Y el tercero debería ser diseñar un nuevo modelo económico que sea incluyente, justo y sustentable, para terminar con los escandalosos niveles de desigualdad social, la alta concentración de la riqueza y grave deterioro ecológico. Un modelo más productivo, menos consumista, que distribuya equitativamente los ingresos y sea armónico con la naturaleza. Que sea -como diría San Oscar Arnulfo Romero- “según el corazón de Dios”.

Sin embargo, esto solo sería posible si los sectores democráticos y toda la población decente, honrada y trabajadora exigiera un proceso participativo, deliberativo, abierto, incluyente, transparente democrático  y “en clave progresista”, como el de Chile.