El desarrollo sostenible es un concepto integral y multidimensional, para que las políticas públicas sean exitosas en promoverlo deben buscar la articulación y equilibrio de los objetivos económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, históricamente, las políticas públicas, la fiscal incluida, han abandonado la dimensión ambiental del desarrollo.

Por eso no es de extrañar que nuestro país sea ambientalmente insostenible. Por ejemplo, desde 1960, nuestra demanda de recursos naturales es mayor a la capacidad de regeneración de nuestros ecosistemas, a tal punto que somos el país de Centroamérica con mayor déficit natural. Además, y a pesar de que no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero, nos encontramos en una de las regiones más vulnerables frente al cambio climático, fenómeno que seguirá provocando eventos extremos, como huracanes, tormentas, inundaciones y sequías, que amenazarán nuestros medios de vida y bienestar.

Al considerar la deuda histórica de nuestro país con el medio ambiente y los recursos naturales, lo esperado sería que nuestro presupuesto público diera respuesta a este desafío. Lamentablemente, no es así. En primer lugar, el ente rector en materia ambiental es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), uno de los ministerios que, año con año, menos asignación presupuestaria recibe. De acuerdo al proyecto del presupuesto, para 2021, de cada USD 100.0 que el Gobierno Central gastaría, solo USD 0.33 serían ejecutados por el MARN. 

Aunque el presupuesto global propuesto para el MARN en 2021 es de USD 24.6 millones, lo que representa un incremento de 64.0 % respecto a su presupuesto actual. Este incremento se explica en gran parte por los USD 5.2 millones destinados a retiro de desechos peligrosos y saneamiento ambiental de la contaminación provocada por la exfábrica de Baterías Record, así como por los USD 44,200.0 destinados a obras tratamiento de drenaje ácido de minas en Santa Rosa de Lima. Ambos casos son el claro ejemplo de socialización de costos a causa de la debilidad del marco legal e institucional ambiental. Es así que el Estado salvadoreño deberá, una vez más, asumir los costos de los daños ambientales provocados por agentes privados. 

Otro de los incrementos significativos se observa en los recursos destinados a reforzar, agilizar y transparentar el proceso de evaluación ambiental en los tiempos establecidos por ley, que incrementarían en un 22.0 % respecto al presupuesto de 2020. Ojalá que este incremento no obedezca a la lógica de creer que la evaluación ambiental es únicamente una cuestión burocrática que hay que agilizar en pro del “progreso”. Ojalá estos recursos busquen fortalecer la evaluación ambiental como una herramienta para poder construir un desarrollo más sostenible, en el que las ganancias económicas de cualquier proyecto habitacional, comercial, turístico o productivo, no sean justificación para el deterioro ambiental.

En el proyecto de presupuesto también se observan reducciones en líneas de trabajo claves del Ministerio, como el caso del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, cuya asignación presupuestaria para 2021 se vería reducida en un 9.6 %. El Observatorio es  responsable de apoyar la gestión ambiental y la gestión de riesgos generando información, estadísticas e indicadores con fines de alerta temprana, planificación y protección, algo cuya necesidad ha quedado más que demostrada con la tragedia en Nejapa y la emergencia climática por Eta. Otra reducción, en un 18.2 %, se observa en los recursos destinados a fortalecer las unidades ambientales y la coordinación con los actores territoriales para la implementación la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013.

Por si fuera poco, la falta de prioridad que se le da al tema ambiental en el país no solo se ve reflejada en el presupuesto, sino también en otras acciones como la falta de voluntad para firmar el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional que representa un punto de inflexión para garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Nos toca ahora como ciudadanía exigir a nuestros gobernantes un mayor compromiso con la sostenibilidad ambiental. Un compromiso que se refleje en las agendas políticas y compromisos asumidos frente a otros Estados, pero también en presupuestos públicos acordes a la vulnerabilidad ambiental de nuestro país.