Según la Real Academia Española, “amedrentar” es “infundir miedo o atemorizar”. Así se podría definir de mejor manera el propósito de las acusaciones que vertió hace unos días el presidente de la República, Nayib Bukele, a los cuatro gobernantes de los municipios de Nueva Trinidad, Arcatao, San Fernando y San Ignacio (todos del departamento de Chalatenango) cuando ordenó redoblar la presencia militar en las zonas fronterizas y señalar a las autoridades locales de colaborar con contrabandistas. 

El presidente arremete contra una población que sufrió en carne propia las atrocidades de la guerra civil y que, gracias a la organización local, ha impedido que grupos delictivos tengan presencia y dominio del territorio. Es importante recordar que las heridas de la guerra no se cierran hasta que haya justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Elevar la presencia militar en estos municipios, que no es casualidad que sean gobernados desde hace años por el FMLN, es una medida revictimizante y evidentemente política partidaria. 

Pero dejemos a un lado el tema del conflicto armado. En uno de los cantones de Nueva Trinidad, un grupo de amigos me comentó que, hace unos tres años, un grupo de soldados los encontró a las diez de la noche en la plaza central, cuando ellos volvían de una fiesta en una comunidad vecina, y del encuentro ellos resultaron agredidos. Los soldados trataron de intimidar a los jóvenes: los pusieron de rodillas, los registraron, les dieron varios golpes y les contaron hasta 30 segundos para que huyeran del lugar. Estas situaciones son las que resultan preocupantes al escuchar las órdenes del presidente, porque para nadie es desconocido el abuso de poder que ejercen al margen de la ley y con la impunidad de sus altos mandos. 

Por otro lado, con la crisis que se vive por la COVID-19 y los desastres naturales, es preocupante la medida de militarizar la zona norte del país, ya que no hay una priorización del gasto público y se destinan grandes cantidades de dinero en suposiciones del presidente porque, de no ser así, ya habríamos visto incautaciones en estos días o el presidente habría mostrado alguna prueba en concreto que sustentara su imaginación.

Lo cierto es que, al menos en Nueva Trinidad, esta no es la primera ocasión en que se ve afectada directamente a la población por la administración de Nayib Bukele. Para poner en la mesa un caso relativamente reciente, durante la segunda entrega de la canasta solidaria, los habitantes del cantón Carasque denunciaron la ausencia de productos como azúcar, arroz y frijoles, los cuales sí fueron entregados en la primera canasta solidaria que repartió el gobierno. 

Llena de satisfacción que las acusaciones del presidente de la República han venido a unir más a las comunidades, alcaldías y organizaciones de los departamentos de Chalatenango, quienes enérgicamente han denunciado las medidas represivas que atentan contra la paz y tranquilidad de los territorios. El párroco de Arcatao, Miguel Vázquez, hizo una advertencia pública en un medio de comunicación: “Vamos a documentar el maltrato con la población”. 

En un país en el que la institucionalidad y la garantía del respeto de los derechos humanos va en detrimento, en el que a las instituciones fiscalizadores del poder se les disminuye el presupuesto y se ensalza a las autoridades de seguridad, es esperanzador que la ciudadanía se mantenga vigilante, denuncie los abusos de poder y exija sus derechos.