Bitácora política

Asamblea determina que en El Salvador se viola el derecho de libertad de expresión y prensa

Por Xenia Oliva

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Foto/Emerson Flores
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El informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que se creó para investigar el acoso que están sufriendo periodistas concluyó que el gobierno de Nayib Bukele ha generado violaciones al derecho fundamental de expresión y la libertad de prensa, a través de acoso a periodistas de distintos medios y censura indirecta utilizando recursos públicos, y certificará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue.

Después de tres meses de trabajo, este 12 de noviembre, la Asamblea Legislativa aprobó el informe final y el resumen ejecutivo realizado por la Comisión Especial para la investigación de acoso que están sufriendo periodistas de diferentes medios de comunicación debido a su trabajo y línea editorial y el uso de recursos públicos en contra de opositores. Fue avalado con 58 votos de los diputados de Arena, FMLN y PDC; 12 diputados de Gana, Reynaldo Carballo (PDC) y Gustavo Escalante (disidente de Arena) votaron en contra.  El PCN, a excepción del presidente legislativo Mario Ponce, no votó.

Durante 15 sesiones, los diputados de la comisión realizaron una serie de entrevistas con periodistas y representantes de instituciones como la Asociación Nacional de Periodistas (APES), el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, y a Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). Además, de forma virtual, compareció el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza. 

La Comisión Especial también solicitó la comparecencia del secretario de Prensa de la Presidencia de la República, Ernesto Sanabria, del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, del presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anlinker, y de la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina. Sin embargo no se presentaron ante la comisión. 

“Esta comisión tiene por acreditado que en El Salvador se está violando el derecho fundamental de libertad de expresión y la libertad de prensa, derivando lo anterior en acoso a periodistas de diferentes medios de comunicación debido a su trabajo y línea editorial y el uso de recursos públicos para dicho fin, lo anterior de parte del Órgano Ejecutivo, teniendo como principal actor de dichas violaciones al presidente de la República, Nayib Bukele, junto a varios de sus altos funcionarios”, rezaba la conclusión principal del informe de la Comisión Especial. 

En su informe, los diputados concordaron que en el país se está dando “acoso, discriminación y maltrato a periodistas por parte del Órgano Ejecutivo”. Señalaron, además, que existe bloqueo a la información pública así como a la posibilidad de entrevistar a funcionarios públicos para ciertos medios de comunicación. 

También concluyeron que se está haciendo uso de recursos públicos para atacar a periodistas y personas que pueden considerarse opositoras al gobierno del presidente Bukele.

Entre los periodistas que comparecieron ante la Comisión Especial estuvieron los representantes de El Faro, quienes denunciaron que han sido blanco de acoso de parte de Hacienda, entidad que ha iniciado un proceso de fiscalización y auditoría. Este proceso fue identificado como “una posible restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. Los diputados advirtieron que de comprobarse una ilegalidad en el proceso fiscal, Zelaya podría estar cometiendo el delito de Actos Arbitrarios. 

Una censura indirecta similar se denunció de parte de los representantes de El Diario de Hoy y Grupo Altamirano, ya que se dio un retiro completo de las pautas publicitarias gubernamentales después de que el periódico hiciera una publicación sobre el lanzamiento de la Cicies. También se retiró de forma espontánea una licitación adjudicada a una empresa perteneciente al Grupo Altamirano, pese a que se había adjudicado legalmente. 

Los periodistas de El Faro y Factum denunciaron que han tenido intervenciones en sus teléfonos, por lo que la Comisión Especial también señaló que se podría estar dando el delito de violación de comunicaciones privadas, captación de comunicaciones o Interferecia e intervención de comunicaciones telefónicas. 

En el caso de la Revista GatoEncerrado, tras la publicación de la investigación “MITUR benefició con contratos de alquiler a primo del ministro de Salud”, el sitio web de la revista comenzó a ser atacado, recibiendo alertas de intentos de ingreso fraudulento al sitio haciéndolo colapsar por varias horas. 

La periodista de GatoEncerrado, Julia Gavarrete, denunció que fue víctima de hurto de su equipo de trabajo el 2 de julio de 2020. Los ladrones irrumpieron en su casa mientras ella se encontraba en una conferencia de prensa. Gavarrete señaló que la investigación se mantiene paralizada en la Fiscalía General de la República (FGR). 

Entre los periodistas que han sido víctimas de acoso, quienes han sufrido ataques más agresivos son las mujeres, encontrándose en una posición más vulnerable al acoso, maltrato e insultos. La periodista de la Prensa Gráfica, Mariana Belloso, señaló como principal instigador a Walter Araujo y a Silvio Aquino.

“Todas las conclusiones a las que hemos llegado devienen de todas las personas a las que hemos citado. Dentro de esta exposición, como ustedes pudieron escuchar, en nuestro país existe acoso a los periodistas y violación a la libertad de expresión de diferentes formas”, expuso el diputado del FMLN, Javier Valdéz. 

Para el diputado de ARENA, Emilio Corea, el informe evidencia errores en materia de institucionalidad democrática y el respeto a las instituciones. “Este informe comprobó que en El Salvador sí existe acoso a periodistas de diferentes medios de comunicación por su trabajo, por su línea editorial. En El Salvador se están usando recursos públicos para atacar a opositores y medios de comunicación”. 

Sin embargo, para el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, todo lo expuesto se trataba de una falsedad. 

“Categóricamente quiero decir que no existe persecusión a periodistas en este país. Aquí nadie puede decir que en los últimos años ha muerto un periodista, no hay periodistas encarcelados como en otras partes”. 

En el informe aprobado se hizo un llamado al presidente Bukele y a sus funcionarios a cesar el acoso y maltrato a periodistas. También se les exhortó a levantar los bloqueos a la información pública y a dejar de usar fondos públicos para atacar a periodistas y opositores. 

También, concluyeron que es de vital importancia que el país cuente con una Ley de protección para periodistas y trabajadores de la información, la cual se ha comprometido a aprobar antes de finalizar esta legislatura en mayo de 2021.

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