Foto/Asamblea Legislativa
La inmunidad pesó más que la pronta justicia en el caso del diputado Magaña
Tras haber protagonizado un accidente de tránsito, en el que falleció una persona, el diputado Arturo Magaña enfrentó una investigación y un proceso de antejuicio que estuvo plagado de irregularidades que favorecieron al legislador. En medio de todo, la Policía y el Juzgado de Paz de Ahuachapán mostraron falencias, que al final beneficiaron al diputado. Analistas explicaron a GatoEncerrado que el fuero debe ser replanteado para que no siga blindando a funcionarios por delitos que no tienen relación con su cargo.
Por Xenia Oliva
A 80 días del accidente de tránsito en el que falleció Francisco Moya y 69 días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara la solicitud de antejuicio contra el diputado Arturo Magaña por el delito de homicidio culposo, la Asamblea Legislativa aprobó que se le quitara el fuero. Pese al aletargado proceso, la conclusión estaba anunciada: la conciliación entre Magaña y las víctimas ya está concretada.
Aunque la conciliación entre las partes se conocía desde antes de que se creara la Comisión Especial de Antejuicio en la Asamblea, las circunstancias que han rodeado al accidente y el proceso contra Magaña han develado de nuevo los obstáculos para aplicar la justicia a un funcionario con fuero constitucional, aún cuando comete delitos no relacionados a su cargo.
“Lo que pasó alrededor del accidente del diputado Magaña es una manifestación del mal funcionamiento de nuestro sistema judicial. Hay una ruta que nos está demostrando el mal funcionamiento que hay en cuanto a la posibilidad de aplicarle la justicia a un funcionario que tiene inmunidad constitucional cuando comete delitos fuera del cargo”, expuso el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Manuel Escalante.
La tarde del lunes 16 de noviembre, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 71 votos que el diputado Magaña fuera despojado del fuero, para que su caso continúe en la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. De estos, 33 votos fueron de Arena, 23 del FMLN, seis de Gana, cinco del PCN y dos del PDC. El diputado José Martel del CD y el suplente del diputado no partidario, Jorge Juárez, también votaron a favor. No hubo ninguna abstención ni voto en contra.
De los 71 diputados que votaron y estuvieron presentes en la plenaria, 19 eran suplentes. Entre quienes faltaron a la plenaria destacaron el diputado Norman Quijano, en su lugar votó su suplente Jeannette Palacios. Tampoco estuvieron las diputadas Margarita Escobar y Karla Hernández.
El pasado 31 de agosto, cuando Quijano fue consultado sobre el caso, dijo que el padre del diputado Magaña es su buen amigo. “Ya le he llamado y le he dado mi solidaridad”, añadió Quijano en ese momento.
Previo a la votación para quitarle el fuero a Magaña, la fiscal de la Comisión Especial de Antejuicio, Marcela Villatoro, presentó sus alegatos. “La población debe saber que existió irresponsabilidad y sobre todo imprudencia en el actuar del diputado Magaña sobre los hechos que nos acontecen, dicha irresponsabilidad acabó con la vida de un ciudadano”, inició.
Parte de sus alegatos se enfocaron en las falencias de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Juzgado de Paz de Ahuachapán.
En el dictamen de la Comisión Especial se cuestionó que la Policía llegó horas después a la escena del accidente, que había ocurrido a las 5:00 de la mañana del sábado 29 de agosto. Para cuando llegaron los agentes, más de dos horas después, ya no se encontraba ninguno de los involucrados en el accidente, incluyendo al diputado Magaña. Solo estaba el padre de uno de los conductores.
El diputado Magaña, según la reconstrucción de los hechos, pudo trasladarse desde la colonia Escalón, en San Salvador, donde ocurrió el accidente, hasta Ahuachapán, donde fue ingresado en el Centro Médico de Ahuachapán a las 9:00 de la mañana.
“Cualquier ciudadano normal, al ver la gravedad de las heridas lo hubiera llevado a un centro asistencial más cercano. ¿Por qué ir hasta Ahuachapán? Parecería que era porque ya estaba planeado”, cuestionó la diputada Villatoro.
Pese a que la Policía logró ubicarlo por la tarde de ese sábado no procedió a realizarle la prueba de alcotest. Cuando la Fiscalía requirió que se realizara una prueba toxicológica, el diputado Magaña se negó a que se le realizara. El domingo, cuando la Fiscalía pidió al Juzgado de Paz de Ahuachapán que ordenara la prueba toxicológica, la defensa del abogado Magaña presentó una revocatoria y no se le hizo la prueba.
El hecho de que Magaña fuera diputado y contara con fuero constitucional estuvo entre los argumentos presentados por el juzgado de por qué no se pudo proceder a que se le realizara la prueba.
En ese entonces, el fiscal general, Raúl Melara, cuestionó la decisión de la jueza de Paz de Ahuachapán, además recalcó que no habían contado con el acompañamiento adecuado de la Policía para llevar a cabo las diligencias necesarias.
Fue hasta 10 días después del accidente que se pudo realizar la prueba toxicológica por orden de la Cámara de la Tercera Sección de Occidente. El resultado fue negativo.
En su lectura, Villatoro también señaló que el hospital al que Magaña acudió es propiedad de su familia.
El pasado 14 de octubre, ante la Comisión Especial de Antejuicio compareció David Antonio Magaña Rosales, el médico que atendió a Magaña en el Centro Médico de Ahuachapán y representante legal de la empresa dueña del hospital.
El médico Magaña Rosales relató que el diputado llegó hasta las 9:00 de la mañana, “que iba sangrando mucho de su cara”. En la profunda herida de su mejilla, “estaba rota una vena”, informó.
El médico aseguró que Magaña no había ingerido ninguna clase de alcohol. Señaló que “cuando alguien ha tomado se siente por todos lados, uno suda”.
Ante las preguntas de los diputados, Magaña Rosales declaró que es familiar del diputado. “Yo soy primo hermano de Memo, el papá de Arturito. Arturito es mi sobrino en segundo grado”.
Los comentarios de Magaña sobre la búsqueda de videos en la zona del accidente de parte de su defensa resurgieron en los alegatos presentados en la plenaria.
El 7 de octubre, durante su única comparecencia ante la Comisión Especial, el diputado Magaña se refirió a la falta de videos de vigilancia después de que los diputados inquirieran sobre estos.
“En la zona no hay videos, nosotros como defensa tratamos de conseguir videos para efecto de probar que no logramos…”, logró decir antes de que su abogado, Mario Machado, le hiciera una señal para que se detuviera. “No sé si habrán (videos), pero ustedes deberán hacer su esfuerzo”, finalizó en ese entonces.
“Esperaría que no haya buscado alguien mágicamente los videos. De alguna forma misteriosa en los lugares donde acontecieron los hechos no se contaban con los videos de vigilancia”, señaló Villatoro durante la plenaria.
En su exposición, Villatoro recordó que dentro del vehículo que Magaña conducía encontraron dos botellas de licor Ginebra Bulldog; un arma marca SCCY, modelo CPX-1, calibre .9 milímetros; 27 cartuchos de .9 milímetros y dos cargadores, según los documentos presentados por la Fiscalía y el acta policial.
Al igual que la Fiscalía, Villatoro cuestionó que debido a la fallas en la actuación de la PNC y el Juzgado, no se pudieron recolectar las pruebas para determinar si existían otros delitos como el de conducción peligrosa y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Tras la exposición de Villatoro, aunque Machado no presentó una defensa para que no se procediera a quitarle el fuero a Magaña, sí señaló que, en este caso, “el tema de la actuación fiscal o policial no es reprochable”.
Sobre la negativa que Magaña mostró de realizarse la prueba el día del accidente, Machado aseguró que “todo ciudadano tiene la libertad de decir si acepta o no acepta hacerlo”, ya que se trataba de una prueba invasiva.
Machado expuso que lamentaban el hecho que había acabado en un homicidio culposo y señaló que: “En El Salvador pasa un número de accidentes muy seguido”.
Tras la votación por el desafuero, Machado recalcó que era algo que Magaña también quería.
El abogado cuestionó que en la sesión plenaria se habló de otros temas, no solo del homicidio culposo. “No hay otro delito más que ese”, dijo.
Explicó que la Fiscalía tenía cinco días para presentar el requerimiento fiscal ante la Cámara para poder homologar el acuerdo conciliatorio, extinguir la responsabilidad penal y obtener un sobreseimiento definitivo. El abogado prefirió no revelar cuánto fue el monto acordado en la conciliación con los familiares de la víctima. “Lección, para bien o para mal, aprendida”, concluyó Machado.
La Fiscalía informó que para presentar el requerimiento primero necesitaban que la Asamblea certificara el desafuero. Villatoro dijo que el jueves 19 de noviembre le notificaron que ese día habían mandado las diligencias desde la Asamblea.
Las anomalías continuaron hasta el día de la plenaria
Desde que ocurrió el accidente, entidades como la Fiscalía, abogados e incluso los diputados de la Comisión Especial de Antejuicio han cuestionado el uso del fuero constitucional para blindar al diputado Magaña ante un procedimiento judicial, pese a que el delito se realizó fuera de su labor como funcionario.
La Fiscalía y los diputados de la comisión también hicieron énfasis en el actuar de la Policía y del Juzgado de Ahuachapán. Incluso dentro de la Asamblea se cuestionó que, pese a que el dictamen de la comisión estaba listo desde finales de octubre, la plenaria para realizar el desafuero continuaba posponiéndose.
El diputado de Gana, Guillermo Gallegos, dijo que la fracción de Arena había solicitado prórrogas para la ejecución de la plenaria especial. Finalmente, el jueves 12 de noviembre, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, anunció que la plenaria especial se realizaría el lunes 16 de noviembre por la mañana.
Sin embargo, llegado el día y pasada la hora acordada, Gallegos anunció que les acababan de informar que la plenaria se suspendió debido a que la defensa del diputado Magaña no había sido informada sobre la sesión. Se manejó que esto se debió a “un error administrativo”. La sesión, que estaba programada a las 9:00 de la mañana, pasó a las 4:00 de la tarde.
Diputados de distintas fracciones que habían llegado a la plenaria se mostraron sorprendidos por la decisión.
Milton Garay, diputado del FMLN y presidente de la Comisión Especial, llegó a plantear la posibilidad de que existieran grupos de diputados que no estaban de acuerdo con desaforar a Magaña.
Villatoro señaló que Magaña, al seguir siendo diputado, tenía la obligación de haber asistido a la anterior plenaria y darse por informado de la convocatoria pública que había realizado Ponce ese día. Cuestionó que podría tratarse de una “táctica” de la defensa para seguir alargando el proceso.
Horas después, Machado se defendió ante la plenaria señalando que ellos fueron notificados menos de una hora antes de la sesión.
Poco antes de que la plenaria de la tarde iniciara, el diputado disidente de Arena, Gustavo Escalante, mencionó que estaba de acuerdo con el proceso por el delito de homicidio culposo, pero criticó que los diputados se habían movido por poner una fecha debido a la solicitud de antejuicio contra el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas.
“El objetivo que tiene Arena, FMLN y PDC es ir atrás del director Arriaza Chicas”, dijo al concordar de que se trataba de “un movimiento político”.
La inmunidad coquetea con la impunidad
Es posible que el caso del diputado Magaña no sea el último en el que se cuestiona el mal uso del fuero constitucional que se otorga a los funcionarios públicos para blindarlos de delitos cometidos fuera del ejercicio de sus funciones.
Son recurrentes los largos períodos que se llevan entre la solicitud presentada por la Fiscalía para desaforar a un diputado hasta el día en que se realiza la votación a favor o en contra del desafuero.
En el caso del diputado Quijano, la solicitud fue presentada por la Fiscalía el 28 de enero de 2020 y la plenaria donde se votó por el dictamen de la Comisión Especial del caso se realizó hasta el 7 de mayo, 100 días después.
Un proceso de antejuicio que también estuvo lleno de controversias, fue el del exdiputado Rodrigo Samayoa en 2012, quien fue acusado por los delitos de lesiones, amenazas y expresiones de violencia en contra de las mujeres en perjuicio de su entonces esposa.
La solicitud fue interpuesta por la Fiscalía el 7 de junio de 2012 y el desafuero se llevó a cabo hasta el 12 de septiembre, 97 días después. El proceso estuvo caracterizado por críticas de distintos diputados, que lo calificaban de un acto político, señalando que se había llegado a una conciliación. Al igual que Magaña, Samayoa también anunció que renunciaba a su fuero.
En 2014, Samayoa fue reincorporado a la Asamblea Legislativa y se le tuvo que pagar $90,000 por los salarios retenidos.
En 2006, el exdiputado Roberto Silva Pereira se enfrentó a un proceso de desafuero después de ser acusado de lavado de dinero y de estar ligado al narcotráfico. Aunque perdió el fuero, Silva Pereira huyó del país antes de que se ordenara su arresto por la Cámara Primera de lo Penal. Silva Pereira pudo ser detenido hasta este año después de que Estados Unidos lo deportara.
Para el subdirector del Idhuca, el caso de Magaña recuerda que hay que tener claro cuál es el verdadero objetivo del fuero o la inmunidad constitucional.
“Esta figura está diseñada para proteger al cargo en el ejercicio de sus funciones, es decir, no está diseñado para proteger personas sino el funcionamiento del Estado”, dijo Escalante.
Esto significa que se protege las acciones que el funcionario tome en el ejercicio de su cargo para evitar que particulares u otros funcionarios públicos comiencen a presentar demandas de manera mal intencionada o arbitraria para entorpecer las labores de un servidor público.
“Si el funcionario comete una acción que es constitutiva de delito y esa acción no tiene nada que ver con el cargo, sino con su vida privada, en ese caso el fuero no le protege al funcionario. Porque el fuero está diseñado para proteger el ejercicio del cargo y no a la persona del funcionario”.
Escalante añadió que si el funcionario comete delitos debería ser juzgado inmediatamente sin necesidad de quitarle el fuero constitucional.
El abogado señaló que lamentablemente en El Salvador se ha tendido a ver al fuero como una protección de las personas en todas sus facetas y aspectos de su vida, no solo en lo relacionado al cargo y al ejercicio del mismo.
“Lo cual es una desviación del concepto del fuero. No se está comprendiendo ni aplicando adecuadamente el fuero”, dijo.
Esto conlleva a que se abra un paso a la impunidad.
“Entender el fuero como una protección a las personas en todas sus facetas de la vida promueve la impunidad porque al final pareciera ser que esta persona es intocable ante la ley”, señaló Escalante.
Añadió que esto además impone una línea que divide a los funcionarios con fuero de quienes no cuentan con este tipo de blindaje, cuando todos los ciudadanos deberían estar sometidos a la ley de igual forma.
“Pareciera ser que todos los ciudadanos públicos, por tener fuero, son de primera categoría y están sobre la ley. Mientras que al resto, los de segunda categoría, si se les aplica la ley”.
El retraso que se da en estos procesos también es una manifestación de los privilegios para los funcionarios, donde se puede promover la impunidad o un retraso a la justicia, consideró Escalante. Señaló que se puede ver cómo hay varios vacíos en el reglamento interior de la Asamblea respecto a los plazos para estos procesos, donde se puede acabar con que estos se retrasen o aceleren de acuerdo a la voluntad.
Para Escalante, lo que ocurrió alrededor del accidente del diputado Magaña es una manifestación del mal funcionamiento de nuestro sistema judicial. No solo hubo retrasos de parte de la Policía y del sistema judicial para que le aplicaran la prueba, sino también dentro de la Asamblea. Señaló, además, que el hecho de que se trate de un diputado cercano al gobierno de turno pudo haber influido en la displicencia mostrada por la Policía.
El hecho de que fuera un accidente ocurrido durante la madrugada, donde murió una persona, y que claramente era una actividad de la vida privada del diputado, debió haber llevado a que la justicia comenzara a aplicarse desde el momento en que ocurrió el accidente, consideró Escalante.
Aunque el delito de homicidio culposo es cuestionable, Escalante dijo que le llama la atención la velocidad en la que se logró la conciliación. Esto debido a que en otros casos, donde también se puede aplicar la conciliación, el proceso tiende a ser lento.
Escalante expuso que en materia de evitar responsabilidad penal, la institucionalidad, en este caso la Policía, funcionó lenta. Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de quitarle la responsabilidad penal, el juzgado actuó rápido. Mientras que, cuando se trata de ciudadanos sin altos cargos, la Policía hubiera actuado rápido y el Juzgado hubiera actuado lento.
“El caso del diputado Magaña demuestra que la institucionalidad y la búsqueda de la justicia en El Salvador tiene todavía muchos problemas”, sostuvo Escalante.
