Bitácora justiciómetro
Este 27 de noviembre, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador dejó libre a Wálter Amaya, quien había sido acusado de agresión y violación sexual en contra de su hijastra de 13 años, tras haber reprogramado trece veces el juicio. El juez detectó contradicciones entre la declaración de la víctima y las pruebas periciales, así como deficiencias en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), informó el abogado que acompaña el caso Carlos Quintanilla.
La vista pública inició el 24 de noviembre y duró ocho horas. Participaron los peritos como doctora, psicóloga y trabajadora social y se tuvo el testimonio de la niña — por medio de la Cámara Gesell, una habitación especial utilizada para observar y escuchar a niños sin que sean perturbados—, la declaración de la madre y del imputado. La audiencia se reanudó el 25 de noviembre, Día Nacional de la No Violencia Contra las Mujeres, en la que se presentó la prueba de descargo de dos testigos y alegatos de cierre.
El fallo absolutorio a favor de Amaya se fundamentó en que la víctima, como testigo clave y la única que tiene la información concreta, debía ser un “filtro” íntegro y objetivo en sus declaraciones para confrontar con la prueba pericial, dijo Quintanilla a GatoEncerrado.
Según el abogado, el juez identificó contradicciones en la declaración de la víctima y destacó algunas deficiencias que tuvo la Fiscalía en cuanto a la recolección de elementos probatorios.
La madre de la niña ya había presentado una denuncia ante la Unidad de Auditoría Fiscal de la Fiscalía, por considerar que en el trabajo de la fiscal del caso, Sandra Castro, hubo deficiencias en la investigación, actitud pasiva ante las reprogramaciones de la vista pública, calificadas como tácticas dilatorias; además, haberse enterado con la lectura del auto de apertura a juicio que la fiscal del caso no ofertó la perito de Medicina Legal y no haberse tomado la declaración anticipada en Cámara Gessel. El 9 de julio, la Fiscalía desestimó la denuncia.
Sin embargo, ante el fallo, el apoderado legal de la madre defendió que “la víctima ha sido muy clara, muy contundente en identificar cómo sucedieron los hechos, quién y cuándo se los ocasionaron”. Señaló que “debe asimilarse que (la niña) no tiene la capacidad técnica, la capacidad en edad, la capacidad educativa, como para entender que debe ser detallista” en su declaración, así como el trauma evidenciado en la prueba psicológica. El abogado consideró que el Tribunal se “encerró” en ser riguroso al armar los hechos.
Amaya fue acusado por violación y por agresión sexual, cometidos en contra de menor e incapaz y de forma continuada, delitos contemplados en los artículos 158, 159, 161 y 162 del Código Penal. De acuerdo con la ley, Amaya se libró de ser condenado a 42 años en la cárcel.
Al terminar el juicio, GatoEncerrado intentó obtener la declaración de los abogados defensores de Amaya, pero se negaron a brindar postura. Incluso impidieron que esta revista hiciera fotografías del imputado, bajo el argumento de que el caso tiene reserva total.
De acuerdo a Quintanilla, la defensa de Amaya ha tratado de desvirtuar la tesis fiscal, que las acusaciones han sido estructuradas de manera maliciosa. “Una instrumentalización de la víctima, provocada por su representante legal (la madre) y, en ese sentido, pretenden hacer ver al Tribunal como si todo esto es una mentira”, mencionó.
La sentencia se entregará el 11 de diciembre a las 8:30 a.m. A partir de esa fecha, empieza el plazo para que la defensa de la niña presente un recurso de apelación para que sea una cámara de la ciudad la que decida si el fallo del juez fue apegado a derecho o no.
El 9 de noviembre de 2020, este mismo Tribunal también absolvió al sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz, de sesenta y dos años, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz continuada contra dos víctimas, tipificado en el artículo 161, en relación al artículo 162 del Código Penal. La vista pública de este caso será el 7 de diciembre de 2020 a las 8:30 a.m.
GatoEncerrado ha documentado las justificaciones que el juez Rafael Del Cid ha admitido para posponer el juicio contra Amaya, algunas incluso en contra de la ley. La décimo tercera vez, el 19 de noviembre, se reprogramó debido a falta de disponibilidad de Cámara Gesell para que la niña rindiera su declaración. Las autoridades judiciales ofrecieron ubicarla en un biombo para víctimas con medidas de protección, pero la fiscal y el abogado que acompañan el caso se opusieron.
El 25 de noviembre, afuera del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, organizaciones feministas y defensoras de derechos de las mujeres alzaron su voz para exigir que el Tribunal Quinto de Sentencia resolviera a favor de la víctima. También se pronunciaron por los feminicidios que han quedado en la impunidad y los ocurridos este año y la falta de planes específicos para erradicar la violencia contra las mujeres, sobre todo durante la pandemia por COVID-19.
“Este caso representa la retardación y una limitación del acceso a la justicia, ya que se ha suspendido por más de trece ocasiones la audiencia de sentencia y no es posible que en casos de violencia sexual donde niñas son víctimas esto suceda”, manifestó Laura Morán, abogada de la Colectiva Feminista.
Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) obtenidos por medio de Aceso a la información, de enero a junio de 2020 hubo 507 casos de agresión sexual, 358 de estos cometidos contra menores de edad. En 2019 hubo 1,250. De acuerdo a un informe de la Red Feminista Frente a la Violencia Contra las Mujeres y del Foro Nacional de Salud, con datos de la Fiscalía, hubo 2,514 denuncias por hechos de violencia sexual de enero al 15 de junio. El mismo documento señala la reacción tardía de las instituciones públicas.