Ilustración/Leonel Pacas

 

Colapso en Juzgados Especializados de Mujeres retrasa la justicia a víctimas de feminicidio

La Corte Suprema de Justicia no ha logrado actuar en conformidad con su lema “Pronta y cumplida justicia” en los casos de feminicidio. El colapso en la jurisdicción especializada, la falta de medidas efectivas y de sensibilización de todas las instituciones públicas entorpecen el duro camino hacia la justicia para las víctimas y sus familias.

 

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Por Karen Moreno

Por Karen Moreno

Michael Castillo Murgas se estacionó a unos metros de la casa de Fernanda Nájera, la madre de su hijo Matías. Ese jueves 31 de enero de 2019, se negó a bajarse del vehículo para saludar a la abuela del bebé. Esperó afuera a Fernanda, como quien aprovecha la oscuridad de las 7:30 de la noche para esconder algo, en las solitarias calles de Apaneca, Ahuachapán.

—Hija, ¿por qué no viene él a parquear aquí? —preguntó, confundida, María Quezada.

—Ay, mamá. Es que él es bien penoso —respondió Fernanda, de 23 años, mientras tomaba en sus brazos al bebé de un año y siete meses para encontrarse con Michael.

—Cuidame al niño.

—No te preocupés, mamá. Vamos con el papá del niño, ¿qué le puede hacer?

Las palabras de Fernanda no lograron consolar a María, quien se quedó preocupada por el bebé. Su instinto materno la inquietaba. Fernanda, según había dicho antes, iba con la esperanza de que Michael finalmente asumiera su responsabilidad de padre. Desde que el bebé nació, incluso antes, Michael había sido un padre ausente.

Para cuando María se percató de que la pacha del bebé quedó olvidada en la mesa del comedor, Fernanda ya se había ido en el vehículo con Michael. “No te preocupes, mamá, le compro una en el camino”, respondió por teléfono. Esa fue la última vez que María escuchó la voz de su hija Fernanda.

Todo el día siguiente, María esperó que Fernanda regresara con el bebé, pero no sucedió. Le hizo incontables llamadas ese viernes 1 de febrero de 2019, el sábado y el domingo, pero fue inútil. “Debe estar disfrutando”, se dijo.

El viernes 1 de febrero, la Policía Nacional Civil (PNC) encontró a Fernanda sin vida, en el kilómetro 99 de la carretera que de Ahuachapán conduce a Sonsonate. Tenía el rostro desfigurado y su cuerpo con múltiples lesiones de arma blanca, según consta en el reporte policial. Tres días después, los trabajadores de un cafetal, en Concepción de Ataco, encontraron al niño con vida, a unos metros de donde fue hallada Fernanda. Estaba deshidratado, porque no había tomado agua en esos días de abandono y tampoco había comido. Tenía picaduras de hormigas y zancudos en todo su cuerpo.

***

Colapso en Juzgados Especializados

Un año y medio después, el caso aún no ha concluido. ¿Por qué? Entre otras cosas, por el colapso en los Juzgados Especializados que tienen una gran carga laboral y poco personal para resolver. Como el caso de Fernanda, hay otros en similar condición, esperando justicia.

La abogada Rhina Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), quien acompaña el caso de Fernanda desde julio de este año, describió a GatoEncerrado que María siente “frustración e impotencia, porque el proceso no avanza en la medida en la que se espera que la justicia sea pronta y cumplida; más allá de la situación que es compleja, por el tipo de hecho violento. María presenta bastante inseguridad, desconfianza en los diferentes operadores de justicia (...) La solicitud específica de María de los Ángeles era dar seguimiento al caso, a fin de agilizar la celebración de la audiencia preliminar”, en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, pero esto aún no ha sido posible.

Las razones por las que el proceso aún no ha avanzado, según Juárez, son la suspensión de plazos judiciales y administrativos, que fueron congelados el 20 de marzo por la emergencia sanitaria por COVID-19; la falta de realización de algunas diligencias y el problema estructural en el sistema judicial: el colapso en los Juzgados Especializados de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las mujeres. “Eso ha generado en el territorio nacional una congestión bastante grande, que luego afecta los procesos, no solo este (del caso de Fernanda)”, consideró.

La Asamblea Legislativa, por instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió el Decreto 286, el 22 de diciembre de 2016, con el fin de erigir la jurisdicción especializada, que está compuesta por tres Juzgados Especializados de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (Leiv), en los departamentos de San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

El juzgado de San Salvador debe conocer los asuntos que sean remitidos por los Juzgados de Paz de siete departamentos: San Salvador, La Libertad, Chalatenango, La Paz, Cabañas, Cuscatlán y San Vicente; El juzgado de Santa Ana atiende los de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate; y el juzgado de San Miguel, los de Usulután, San Miguel, La Unión y Morazán.

El trabajo de los Juzgados Especializados de Instrucción no solo es amplio a nivel territorial. En resumen, tienen cuatro competencias mixtas: los asuntos remitidos de los Juzgados de Paz, relacionados a los delitos contemplados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv); las denuncias y avisos con base en la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, en los que las víctimas son mujeres; la emisión, seguimiento y vigilancia de medidas cautelares y de protección; y los delitos de discriminación laboral, incumplimiento de deberes de asistencia económica, desobediencia en casos de violencia intrafamiliar, todos del Código Penal, cometidos bajo la modalidad de violencia de género contra las mujeres. 

Las mujeres vuelven a denunciar

La pandemia por el nuevo coronavirus no solo afectó los casos judicializados de feminicidio, con la suspensión de los plazos procesales, sino también a mujeres que guardaron cuarentena con sus agresores. El Gobierno de Nayib Bukele evadió su responsabilidad de implementar una política para prevenir la escala de violencia intrafamiliar durante la cuarentena obligatoria, a través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), tal como dicta el Artículo 22, literal b de la Leiv, sobre garantizar la atención de las mujeres en situaciones de riesgo y desastre, “tomando en cuenta su condición de vulnerabilidad de género”. 

Como consecuencia de la falta de un plan preventivo y frente a un país militarizado, que amenazaba con trasladar a las personas a centros de contención —como una de las principales medidas para contener el COVID-19—, las denuncias por violencia de género disminuyeron en las instituciones públicas, mientras las organizaciones civiles reportaron aumentos alarmantes. Esto fue suficiente para que Bukele, en cadena de radio y televisión, las acusara de no trabajar para las salvadoreñas y asegurar, a partir de un análisis engañoso, que las mujeres están más seguras desde el inicio de su mandato.

GatoEncerrado ha intentado en reiteradas ocasiones comunicarse con la institución rectora de la Leiv para entender por qué no tuvieron un papel activo ante la escalada de violencia que enfrentan las mujeres salvadoreñas, pero las comunicadoras institucionales han contestado que para obtener una entrevista es necesario que el secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, dé el permiso.

Para matizar esa escalada de violencia contra la mujer en el país, la Policía publicó en sus redes sociales, el 20 de septiembre, que desde la llegada de Bukele a la presidencia, los feminicidios han tenido una reducción del 52.1%, respecto del último año del gobierno anterior. Sin embargo, la fiscal Graciela Sagastume, coordinadora de la Unidad de la Mujer de la Fiscalía, explicó a GatoEncerrado que generalmente, al bajar la cifra de muertes violentas de hombres en el país, también sucede con la de mujeres. En otras palabras, no es por una estrategia con enfoque de género, sino por efecto dominó.

“Pero si usted va sacando los porcentajes, por regla general, de esa tasa de muertes usted va a ver que siempre las muertes de mujeres están rondando entre el 10 y el 11% (...) Al hacer el análisis cualitativo, usted se va a dar cuenta que no es tan así que los feminicidios han bajado”, señaló la jefa fiscal. Aclaró que la violencia feminicida suele relacionarse con datos de muertes de mujeres, pero la  definición en la LEIV de violencia feminicida, “no es más que el cúmulo de violencia que ha sufrido la mujer, en detrimento de sus derechos tanto en su ámbito privado (...) como en el ámbito público”. El feminicidio, en realidad, es el culmen de una serie de violencia contra la mujer que escaló desde una acción leve hasta lo letal.

GatoEncerrado, en su sección Ojo De Gato, verificó que las mujeres no están "61 % más seguras", como aseguró el presidente Bukele en una cadena de radio y televisión. Las cifras del juzgado especializado de San Salvador evidencian un aumento paulatino de casos de violencia de género. En diez días, a partir del 20 de julio, el juzgado conoció 11 procesos penales, 12 casos de violencia intrafamiliar y 10 diligencias de protección. En agosto, en cambio, las cifras volvieron a dispararse: 29 procesos penales, 32 casos de violencia intrafamiliar y 12 medidas de protección.

Datos del Departamento de Estadística de la Fiscalía revelan que en 2019 hubo 186 casos: 63 casos de feminicidio, 47 de feminicidio agravado, 43 de feminicidio agravado en grado de tentativa y 33 feminicidios en grado de tentativa en El Salvador. Hasta junio de 2020, las estadísticas revelan que hubo 61 casos: 15 casos de feminicidio, 11 de feminicidio agravado, 16 de feminicidio agravado en grado de tentativa y 19 feminicidios en grado de tentativa. 

En un solo día, el 8 de septiembre, en el Juzgado Especializado de San Salvador hubo tres procesos penales, tres casos de violencia intrafamiliar y una medida de protección. La fuente judicial calcula que ingresan unos 100 casos mensuales, es decir, alrededor de 1,200 anuales. La sede especializada de San Miguel recibió, entre 2018 y 2019, mil casos aproximadamente. En San Salvador, todo el trabajo se distribuye entre una jueza, una secretaria y tres colaboradores. Aún no cuentan con un notificador, así que realizan diferentes esfuerzos para comunicar a las partes que intervienen en el proceso.

Según la fuente, en el Juzgado Especializado de San Salvador, la mayoría de delitos en casos penales son Expresiones de Violencia en Contra de la Mujer, la desobediencia en casos de medidas cautelares e incumplimiento de deberes. Para solventar la carga laboral, los empleados del juzgado deben asistir al trabajo incluso los sábados y domingos.

Nuevos juzgados especializados

En el acta 56, correspondiente a la sesión de Corte Plena del 2 de julio de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados acordaron implementar los Juzgados Segundo y Tercero de Instrucción Leiv, de San Salvador, “los cuales están incluidos en el presupuesto del actual ejercicio. Se recomienda que su funcionamiento inicie en diciembre y el valorar si uno de ellos puede tener asiento en Santa Tecla”.

A pesar de la creación de más juzgados Leiv, las fuentes judiciales consultadas por esta revista coinciden en que eso no resolverá el problema de congestionamiento. Aseguraron que tampoco solucionará la falta de acceso a la justicia para las víctimas, debido a que al trasladar los procesos a las cabeceras departamentales, algunas víctimas o familiares optan por rendirse. Una propuesta más viable, según las fuentes, es especializar en temas de género a los Juzgados de Paz, dado que están muy bien distribuidos en el país. 

Además de la creación de más juzgados especializados, la Corte Plena también autorizó que la jueza propietaria de San Miguel se trasladara para fortalecer la jurisdicción Leiv de San Salvador, y encargarse de los nuevos procesos, “frente a la posible obtención de decreto transitorio que ayude a atender la carga actual de la sede judicial en comento”, que contempla que, por un período de tiempo, los delitos de violencia intrafamiliar se prorroguen en los Juzgados de Paz y de Familia, y no en los Juzgados Especializados de Leiv.

“Ya apuntamos, es un avance la creación del Juzgado de Instrucción Pluripersonal de San Salvador. Pero sigue siendo una abrumadora carga, considerando los más de 20,000  hechos de violencia contra mujeres en 5 indicadores y al menos 10,000 procesos de violencia intrafamiliar, que en promedio anualmente se registran y representan la carga potencial que puede conocer dicha jurisdicción”, manifestó la abogada Silvia Juárez, para el Balance de la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (RED-FEM).

Con base en los cinco informes elaborados por El Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra Las Mujeres, desde el 2015 hasta junio de 2019, Ormusa precisó que suman 93 mil denuncias de violencia feminicida, física, patrimonial, sexual y laboral, según una investigación de Séptimo Sentido. La organización determinó que solo 26 % de estas denuncias alcanzaron condenas. 

Ni tan pronta, ni tan cumplida justicia

La investigación de la Fiscalía concluyó que Michael asesinó a Fernanda la misma noche que la recogió en su hogar, dos o tres horas más tarde, y luego intentó ocultar y alterar las pruebas. Pero no actuó solo. El requerimiento fiscal, presentado en el Juzgado de Paz de Ataco, detalla que en el crimen colaboraron Jacqueline Alejandra Martínez, de 18 años, quien era su nueva novia; su madre Edith Rivas; el exfiscal Donal Augusto Valdivieso y el doctor Roberto Arturo Valdivieso.

La Fiscalía acusó a Michael por el delito de feminicidio agravado, tentativa de homicidio contra su hijo y fraude procesal. Este último delito también fue adjudicado a los otros cuatro imputados. 

Aunque la Fiscalía llevó el caso a la etapa judicial, Michael es prófugo de la justicia y tiene una orden internacional de captura, girada por la Policía Internacional. Según la abogada que acompaña el caso, la Fiscalía solicitó inicialmente la detención provisional como medida cautelar en la audiencia Inicial para los imputados, en el Juzgado de Paz de Ataco. Pero después los imputados fueron enviados a la fase de instrucción con medidas sustitutivas a la prisión provisional. El exfiscal Donal Valdivieso cumple arresto domiciliario mientras espera que el caso avance.

“El temor es que estas personas puedan abstraerse de la justicia. (...) Si el principal sospechoso está en fuga y hay personas procesadas por presuntos hechos de fraude procesal, o de justamente alterar el tipo de evidencias que pueden ser determinantes para el caso, considero importante que todos esos parámetros se hubieran tomado en cuenta para mantener la medida de detención provisional”, consideró Juárez, de Ormusa. Insistió en que la detención provisional no es la regla general, pero que el caso planteaba las suficientes características como para mantenerlas.

María quedó consternada ante la decisión de la la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia. “Apelaron a la Cámara e inmediatamente los sacaron. Yo ni me di cuenta, casi me da un infarto por la cólera, por la injusticia, porque dijeron que no ameritaba que estuvieran presos, porque no era fraude procesal, sino encubrimiento”, expresó.

***

GatoEncerrado consultó a una de las secretarias de la jurisdicción especializada para conocer el proceso que puede atravesar una víctima de violencia de género, en distintos casos. La fuente, quién prefirió no ser identificada, explicó que las mujeres víctimas pasan al menos por seis instancias: el Juzgado de Paz se declara incompetente y derivan el proceso al Juzgado de Primera Instancia. Luego, remite al Juzgado Especializado de Instrucción Leiv. 

“Le damos trámite, citamos. Obligatoriamente, esa persona tendría que desplazarse hasta aquí. Al sistema no le interesan los recursos que tenga esa persona. Esto genera un problema al ciudadano común”, detalló. 

Como los juzgados de instrucción se limitan a valorar si el caso amerita un juicio, los casos pasan al Juzgado Especializado de Sentencia Leiv. A su vez, puede proceder a la Cámara Especializada de la Mujer. Si una de las partes involucradas considera que hubo violación a sus derechos fundamentales, puede acudir a la Sala de lo Constitucional de la CSJ. 

“Si un juez no hace un buen papel, con una buena representación judicial, son seis las etapas que pueden vulnerar los derechos de una persona. ¿Usted cree que esa es una justicia pronta? A todo esto tenemos que agregarle que cada una de las instituciones tiene plazos procesales. Esto significa que la justicia no es tan accesible”, concluyó la secretaria. 

El artículo 182 de la Constitución de la República, en el ordinal cinco, establece como atribución de la Corte Suprema de Justicia “vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias”. 

“De hecho, ese es el lema de la Corte Suprema de Justicia. Si hay tantas etapas, eso implica que puede haber un retraso en la justicia. (...) El Estado no está cumpliendo lo que ha suscrito con base a las convenciones Belém do Para y Cedaw (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer” (...) ¿Cree que nosotros cinco podemos conocer lo de siete departamentos? Es imposible. Esta es una falla que tiene la Corte Suprema de Justicia”, concluyó. 

La violencia que el sistema no registra

La jurisdicción especializada para una Vida Libre de Violencia utiliza un Formulario de Registro de “Violencia Intrafamiliar”, para recopilar datos de cada caso. El instrumento también es utilizado por instituciones públicas como la Fiscalía, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Isdemu, la Policía, entre otros.

El formulario está basado en la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, normativa que fue creada en 1996. La Corte Suprema no lo ha actualizado con base a los delitos contemplados en la Leiv, del 2010, como la violencia feminicida, económica, simbólica; tampoco las modalidades del artículo 10. Solamente menciona la violencia física, patrimonial, sexual y psicológica. 

“A veces no reflejamos un feminicidio. Aquí lo llenamos solo por violencia. ¿Qué pasa con la violencia económica, por ejemplo? Aquí no está reflejado (...) ¿En el sistema no hay mujeres que sufren violencia económica? Claro que las hay. Y el índice número uno es la violencia económica”, destacó.

El papel de la Fiscalía 

“Las fiscales que me acompañaron eran otras. Ahora que se fue (el caso) para el Juzgado de la Mujer, lo pasaron a otra fiscal y no me dijeron nada. Le hablé yo a la fiscal anterior, para saber con quién pasaron el caso, pero me dijo que no sabía nada, que iba a buscar para ver si le daban el informe y el libro, pero no he tenido comunicación con ella. Me dijo que me iba a llamar. Yo le llamo y le llamo, pero no me contesta”, dijo a GatoEncerrado María, la madre de Fernanda, el 13 de julio de 2020.

La abogada de Ormusa que acompaña el caso del feminicidio de Fernanda calificó como congruente el trabajo de la Fiscalía. “La carga probatoria es abundante para robustecer la calificación. Justamente por eso es importante insistir en la celebración de la audiencia, para evitar que quede impune”, indicó.

“Ese caso no es imputable a Fiscalía”, indicó la jefa fiscal, Sagastume, a GatoEncerrado. Aseguró que, incluso, la Fiscalía obtuvo declaraciones anticipadas de testigos en la primera audiencia, que duró dos días. Detalló que Michael, el principal imputado, es ciudadano americano y que, a pesar de la orden de captura, se debe respetar la soberanía de los Estados, “si los Estados entregan o no a sus ciudadanos, nosotros ya no podemos sobrepasar esa línea”. 

La fiscal afirmó que Fiscalía realizó las acciones legales correspondientes cuando la Cámara Especializada revocó las medidas cautelares, “pero era una orden de una autoridad superior judicial”.

Las fuentes del sistema especializado de la mujer concuerdan en que la Fiscalía apuesta por la capacitación con enfoque de género, pero que el alto número de expedientes no permite darle una atención de calidad a la víctimas de violencia. “Ese es el primer punto, el alto número de casos. Cuando traen un caso acá, y es en flagrancia, por ejemplo, no le dan el tratamiento adecuado”, señaló una de las operadoras de justicia.

Las convenciones internacionales y las normativas nacionales demandan a las instituciones públicas ofrecer atención integral a las víctimas. Según Sagastume, la Fiscalía ofrece atención jurídica a todas las víctimas. Es decir, investiga y ejerce acción penal. Mencionó que la Fiscalía cuenta con seis unidades de atención especializada, con equipo multidisciplinario, pero debido a la demanda de casos, no es posible cubrirlos todos. Afirmó que la institución busca el respaldo de los demás organismos públicos para asegurar el cumplimiento de las leyes.

Casos estancados

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El 22 de septiembre, María alzó su voz en el Monumento a la Constitución, en la capital de San Salvador, junto a otras madres que, como ella, han perdido a sus hijas debido a la violencia feminicida. Llevaba puesta una camiseta con la foto de su hija y la frase: “la justicia demorada es justicia denegada”. Han pasado casi dos años y de lo que está segura es que quiere justicia, aunque el tiempo sigue pasando y el principal sospechoso aún no ha sido capturado. 

El 22 de septiembre, María de los Ángeles llegó al Monumento a la Constitución, en San Salvador, junto a familiares de víctimas de femincidio y organizaciones feministas, para exigir justicia para su hija Fernanda y su nieto. Foto/Karen Moreno

“Ahora, junto a grupos feministas, gracias a Dios ellas me están apoyando, estoy exigiendo a todas las autoridades: a la Fiscalía, al Juzgado de Instrucción de la Mujer de Santa Ana, que se haga justicia por Fernanda Nájera y por el pequeño Matías”, exigió con firmeza, aunque con los ojos llenos de lágrimas.

 

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