Foto/White House

El cambio de huésped de la Casa Blanca pone en aprietos a Bukele

Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, ha propuesto desligarse de las políticas migratorias de Donald Trump e iniciar un programa de $4 mil millones en cooperación para Centroamérica. Expertos aseguran que este apoyo estará condicionado al cumplimiento de indicadores anticorrupción y respeto a la separación de poderes, y auguran un camino cuesta arriba para la administración de Nayib Bukele, después de sus burlas a congresistas, la contratación de agencias de lobby para mejorar su imagen y su reiterado irrespeto a la institucionalidad.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Por Gabriela Villarroel

Por Gabriela Villarroel

Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos este 20 de enero. La toma de posesión, aunque convulsionada por el asalto al Capitolio a inicios de 2021, también tiene implicaciones de peso en El Salvador: según expertos consultados por GatoEncerrado, la caída de Donald Trump rompe la dinámica que logró el gobierno de Nayib Bukele en Washington. Ahora, deberá responder por sus tendencias autoritarias.

Aunque las elecciones iniciaron el 3 de noviembre de 2020, el regreso del partido Demócrata a la Casa Blanca se definió hasta el pasado 7 de noviembre, cuando Joe Biden se aseguró suficientes votos electorales —306 de 270 necesarios— para un resultado que los expertos calificaron de irreversible. Biden también llega con la primera mujer afroamericana electa como vicepresidenta, Kamala Harris.

El presidente Trump se resistió a reconocer esta victoria y atizó la retórica del fraude, tanto, que provocó un asalto de sus simpatizantes al Capitolio mientras los miembros del Congreso de los Estados Unidos se reunían para certificar la victoria electoral de Biden, el pasado 6 de enero de 2021.

Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador y analistas internacionales compararon esta demostración de poder trumpista con la toma del parlamento salvadoreño por parte del presidente Nayib Bukele, el 9 de febrero de 2020. Con el agravante de que, en esa ocasión, fue el mismo Bukele quien irrumpió junto a la Fuerza Armada y usurpó el asiento del presidente del congreso salvadoreño, Mario Ponce.

En ese momento, el gobierno de Trump guardó silencio cómplice. Sin embargo, la llegada de Biden compromete la aparente cordialidad que, hasta hoy, mantuvo Washington con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2019, los tres países cedieron a ser cómplices de Trump y su política migratoria a cambio de que éste restableciera la cooperación estadounidense.

La administración Bukele firmó una serie de acuerdos migratorios con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en su primer año de Gobierno. Creó una patrulla fronteriza y autorizó la entrada de solicitantes de asilo rechazados por Estados Unidos. Pero analistas, diplomáticos y defensores de derechos humanos consultados por GatoEncerrado creen que estos acuerdos serán revertidos y, en un giro de trama, Biden exigirá a El Salvador que haga frente a los casos de corrupción y respete el Estado de Derecho.

La agenda Biden-Harris

El presidente electo de Estados Unidos aseguró en su programa de campaña que las políticas migratorias de Trump “han demonizado a los inmigrantes y a la gente de los países aliados en toda la región”, por lo que prometió promover una reforma integral del sistema de inmigración. La vicepresidenta Harris dijo en una entrevista a Univisión que, en los primeros 100 días, Biden presentará una reforma migratoria “para que la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país obtengan la ciudadanía”.

La codirectora del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos, Lisa Haugaard, augura que una de las primeras acciones será mantener el  programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), avalado por la Corte Suprema de Justicia. Más de 640 mil beneficiarios, conocidos como “dreamers” o “soñadores”, estaban en riesgo de ser deportados debido a los bloqueos de Trump.

Según Haugaard, se restaurará el programa pero las organizaciones seguirán presionando por una solución de ciudadanía permanente, como en el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS). “Es algo por lo que seguiremos presionando, porque debe restaurar los programas y aún más ahora, con los huracanes ETA e Iota que afectaron a Centroamérica”, aseguró.

El TPS ampara a más de 500 mil migrantes de una docena de países, de los cuales unos 200 mil, la mayoría, son salvadoreños. Ninguno de los candidatos presidenciales prometió una nueva prórroga y sin causas judiciales, para detener el proceso de deportación, Estados Unidos expulsará a personas con más de 20 años viviendo en ese país, a partir de este año.

El plan para Centroamérica de Biden consta de un fondo de $4 mil millones y aumento de inversión privada en cuatro años de su mandato. Sin embargo, también busca atacar las causas de la migración: pobreza, inseguridad y corrupción, según el documento.

No obstante, Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, advierte que aún es muy pronto para saber con certeza cuáles serán las prioridades en la política exterior de Biden.

“Muchas veces la diferencia entre una administración y otra tiende a ser de intensidad y no de enfoques diferentes en sí. La pregunta importante es si la administración Biden va a tener otros enfoques aparte del eje migratorio”, consideró.

Desde la administración de Barack Obama (2009-2017), con Biden como vicepresidente, “el tema migratorio y más específicamente el tema de la contención de los flujos migratorios no autorizados, era como el eje rector de la política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica”, aseguró Chachón. 

Con Trump, sin embargo, la migración fue el único enfoque. Para el experto, Centroamérica y México fueron aún más dóciles ante Estados Unidos en los últimos cuatro años, permitiendo todo tipo de abusos en la frontera, la separación masiva de familias migrantes y hasta la institucionalización de sus propias patrullas fronterizas.

Dentro del congreso, según Chacón, la exigencia a Biden será poner atención a otros temas como el fortalecimiento de la democracia, “que ha sufrido un debilitamiento en la región”, podría pasar a ser un eje prioritario.

En tanto, la codirectora del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos considera que habrá una lucha más directa contra la corrupción y violaciones a los derechos humanos.

“(Biden) tratará de ayudar a reducir las condiciones que conducen a la migración forzada. También, el cambio climático es bastante importante y eso estará reflejado en sus programas para toda América Latina; además, vamos a regresar a una política que favorece los derechos de las mujeres y de la población LGBTI”, afirmó Haugaard.

Rubén Zamora, analista, diplomático y exembajador de El Salvador ante las Naciones Unidas, consideró que Biden cambiará la narrativa y aplicación de las leyes migratorias, algo vital para los salvadoreños en el exterior. 

Según la Oficina de Censos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, hay al menos 2.3 millones de salvadoreños en territorio estadounidense, casi un tercio de la población salvadoreña en todo el mundo. 

A través de las remesas, además, este sector sostiene el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que “son una prioridad para la política exterior, por obligación constitucional y porque el Estado no puede asegurarles una fuente digna de empleo y medios de vida en El Salvador”, dijo Zamora.

La estrategia, sin embargo, ha sido nula desde el Ejecutivo salvadoreño. “La política de El Salvador ha sido hacer lo que Estados Unidos diga”, y esperar lo mejor, agregó el diplomático.

Cecilia Menjívar, profesora de Sociología de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que estudia los efectos de las leyes de migración, cree que Biden realizará algunos cambios, “especialmente en políticas que fueron implementadas a través de órdenes ejecutivas (utilizando el poder presidencial pero no legislativo)”, que recibieron rechazo público.

Un ejemplo de estas políticas es la separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos que en realidad, explicó, fue creada durante la administración Obama, con Biden como vicepresidente. “Las separaciones familiares han traído mucha atención negativa, entonces quizás esto impulse a un cambio en dirección más humana, con más atención a derechos humanos”, dijo Menjívar.

Además, el gobierno de Trump pasó de más de 500 políticas solamente en el área de migración “que no será fácil revertir en los cuatro años del periodo presidencial de Biden”.

Dependiendo de la nueva configuración del Congreso, “Biden podrá hacer cambios un poco más profundos o los únicos que pueda lograr con el poder presidencial de órdenes ejecutivas”, afirmó Menjívar. 

Celia Medrano, consultora de Movilidad Humana y Miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CONNA), espera que se cumplan las ofertas de campaña para revertir la política “cero tolerancia” y en particular la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera sur; pero, “el daño ya está hecho”.

Más de 500 niños han sido separados en la frontera sur con México entre 2018 y 2019, y debido a la forma desordenada en que se aplicó esta política por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés), no es posible rastrear a los padres de los menores, porque muchos fueron deportados. Medrano señaló que también hay numerosos reportes de tratos crueles y hasta violación por parte de cuidadores en albergues, por lo que los próximos cuatro años estarán enfrentando demandas.

La consultora también dijo que el triunfo de Biden y Harris “da un fuerte empuje desde ya a las iniciativas de organizaciones promotoras de derechos humanos y defensa legal en favor de los migrantes”, con mayor oportunidad de detener el avance de las políticas de tolerancia cero.

¿Se rompen los acuerdos de tercer país seguro?

Una de las políticas que sí serían reversibles es el “Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de la República de El Salvador relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección”, firmado el 20 de septiembre de 2019 y etiquetado por expertos y defensores pro migrantes como un acuerdo de tercer país seguro.

Al firmar este acuerdo, sin la autorización de la Asamblea Legislativa, El Salvador se comprometió a recibir a todos los solicitantes de asilo que el gobierno estadounidense rechazara, principalmente desde Nicaragua y Venezuela. También se compromete a combatir “el tráfico de personas” y a crear su propia patrulla fronteriza.

Zamora calificó de “absurdos y cínicos” estos acuerdos que declaran a México, Guatemala, Honduras y El Salvador como países seguros, después de que el mismo Trump declaró a la pandilla MS-13 como la amenaza más grande para los Estados Unidos. 

La analista Celia Medrano, sin embargo, advierte que la anulación de estos acuerdos tampoco es seguro. “Esperaría más bien un cambio de nombre y narrativa en este tipo de acuerdos, pero no de su contenido esencial: que sean los países de origen de los y las migrantes quienes asuman la responsabilidad de lo que Estados Unidos no dejará de ver como un problema”, indicó. 

Por ello, revertir estas políticas no es un paso automático y dependerá de la presión ciudadana, indica Chacón. “Una de las lecciones aprendidas de la administración Obama es que no podemos dar por sentado que el Ejecutivo va a actuar de manera apropiada, y los que abogamos por una política exterior más justa, debemos presionar desde ya”, agregó.

Una nueva comisión anticorrupción para El Salvador 

El ahora presidente de Estados Unidos también prometió en campaña la creación de una nueva instancia dentro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que estará destinada a investigar la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador. 

En su plan incluye la revocatoria de visas, congelación de propiedades y cuentas de personas señaladas como corruptas en los tres países centroamericanos; además de capacitar a fiscales para la investigación del delito. 

Biden ofreció pedir la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para crear esta nueva instancia, que será paralela a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes), que nació con limitaciones importantes para investigar casos de corrupción.

A pesar de no tener todas las facultades de querellante o investigadora, la Cicíes ya presentó sus primeras denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), que inició 17 investigaciones a diferentes instituciones del Estado por compras irregulares durante la pandemia, incluyendo al Ministerio de Salud, por hacer compras directas a la familia de su titular, Francisco Alabí, tal como reveló GatoEncerrado. 

Lisa Haugaard, del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos, asegura que Biden buscará alianzas con el norte de Centroamérica para mejorar las condiciones que promueven la migración; sin embargo, estará preocupado por los problemas de corrupción y tendencias autoritarias en El Salvador, Honduras y Guatemala. 

La organización, que asesora a legisladores del Senado y la Cámara Baja de Estados Unidos, augura desde ya que con Biden cambiarán los mecanismos de cooperación hacia Centroamérica y países en desarrollo, particularmente en El Salvador, tanto por la percepción de corrupción como por el irrespeto al estado de Derecho.

Acciones como la invasión militar contra la Asamblea Legislativa, ocurrida el pasado 9 de febrero, no pasarán desapercibidas por la administración Biden y el mismo Congreso, que deberá determinar cómo llega el apoyo económico al país a través del nuevo plan.

“El Congreso ha estado bastante preocupado con el comportamiento de los ejércitos en los tres países (Guatemala, Honduras y El Salvador), y eso puede resultar en menos cooperación militar o cooperación militar con condiciones”, explicó Haugaard a GatoEncerrado.

La analista señaló que “la actuación de Bukele dejó muy mal sabor”, y “las fuerzas armadas entrando al congreso, ataques contra periodistas, tuvieron un enorme impacto aquí. Y eso sí tendrá repercusiones en la administración Biden”, agregó.

Rubén Zamora aseguró, además, que el malestar empeoró aún más en Washington las últimas semanas, después de que se conoció la contratación de lobbistas por más de 1.6 millones de dólares para mejorar la imagen de Bukele ante los senadores demócratas y el gobierno de Biden. “Esto, en el congreso y la administración significa claramente una cosa: las ratas huyen del barco que se está hundiendo”, agregó. 

En Estados Unidos se conoce que la corrupción en el gobierno de Bukele no solo se mantiene, sino que ha crecido, dijo Zamora. La Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), adscrita al congreso estadounidense, no renovó la cooperación de los Fondos del Milenio II, en parte, por la falta de la contrapartida que prometió el Gobierno salvadoreño, y el incumplimiento de indicadores como el combate a la corrupción.

Según la lectura de Zamora, si bien la percepción de la corrupción mejoró un 2 %, esta fue insuficiente para garantizar que podían confiarse más fondos. Esto, abonado al desdén de Bukele a legisladores demócratas y republicanos que critican su forma de gobierno, contribuyó al fin de un programa de cooperación más importante de la última década.

La invasión militar a la Asamblea Legislativa, el incumplimiento de resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el ataque a instituciones contraloras como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y periodistas, llevó a 12 legisladores demócratas y seis republicanos a enviar dos cartas de preocupación por lo que ocurre en El Salvador. Bukele se burló del llamado de los funcionarios por ser “una mínima parte” de todo el congreso. “Esto fue una bofetada diplomática”, indicó Zamora.

Entre los congresistas que firmaron la carta está el republicano Mario Díaz-Balart, “uno de los más importantes para conseguir el TPS en la Cámara de Representantes”, según el diplomático salvadoreño.

“Esto es un punto grave para el presidente Bukele. Esto irá escalando cada vez más la destrucción de la institucionalidad democrática (...) Será el inicio de una especie de ruptura de las relaciones diplomáticas, que le caigan sanciones al gobierno salvadoreño. Ya lo empezaron a mostrar”, agregó el analista.

Más de GatoEncerrado

Publicidad