La Asamblea Legislativa ha votado a favor de incorporar el derecho humano al agua en la Constitución política, pero este acto es solo la introducción legal para el diseño de una política pública que ataje el complejo problema del recurso hídrico. De ahí la necesidad de divulgar ciertos saberes sobre la gobernabilidad del agua.

La Asociación Mundial del Agua o Global Water Partnership (2002) la define de la siguiente manera: la gobernabilidad del agua hace referencia al rango de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que se establecen para desarrollar y manejar los recursos hídricos y el suministro de agua en los diferentes niveles de la sociedad (GWP 2002, pp.10).

La noción de gobernabilidad para el agua incluye la habilidad de diseñar políticas públicas y marcos institucionales que sean aceptados por la sociedad y movilizar recursos sociales para apoyarlos. Las políticas hídricas y el proceso para su formulación deben tener como objetivo el desarrollo sostenible de los recursos hídricos y con el fin de hacer efectiva su implementación, los actores o interesados principales deben estar involucrados en el proceso.

Las acciones para garantizar la eficacia de la gobernabilidad del agua son: i) incrementar la voluntad política para superar los obstáculos que se oponen al cambio, ii) llevar a la práctica la gestión integrada de los recursos hídricos, iii) reformar y desarrollar las instituciones relativas al agua, iv) reestructurar las prácticas financieras y económicas, (GWP 2002, pp.15).

El GWP (2003) también señala que el concepto de gobernabilidad aplicado al agua se refiere a la capacidad social de movilizar energías en forma coherente para el desarrollo sustentable de los recursos hídricos. En dicha definición se incluye la capacidad de diseño de políticas públicas que sean socialmente aceptadas, orientadas al desarrollo sustentable del recurso hídrico, y de hacer efectiva su implementación por los diferentes actores involucrados (GWP 2003, pp.3).

Según las experiencias de diversos países de américa latina, el informe GWP (2003) sobre gobernabilidad efectiva del agua señala que la gestión habitual de los recursos hídricos presenta frecuentemente problemas que hacen conveniente una visión holística. 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la gobernabilidad del agua atiende: 1) principios como la equidad y la eficiencia en la asignación y distribución de los recursos y servicios hídricos, una gestión del agua que tenga en cuenta las cuencas hidráulicas, la necesidad de estrategias integradas de gestión del agua y la necesidad de equilibrar el uso del agua entre las actividades socioeconómicas y los ecosistemas;  2) la formulación, el establecimiento y la puesta en marcha de políticas, legislación e instituciones de gestión del agua; 3) aclaración de las funciones del gobierno, la sociedad civil y el sector privado, y de sus responsabilidades en lo relativo a la propiedad, la gestión y la administración de los recursos y servicios hídricos.

La gobernabilidad del agua, se entiende entonces, como un conjunto de sistemas que controlan la toma de decisiones sobre el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos. Tiene que ver más con el modo en que se toman las decisiones (es decir, quién las toma y en qué condiciones) que con las decisiones mismas (Moench et al., 2003 en OCDE 2012). Comprende la manera en que se ejercen las funciones y responsabilidades (diseño, regulación e implementación) en la gestión del agua, así como las instituciones formales e informales mediante las cuales se ejerce la autoridad.

El Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (Stockholm International Water Institute, SIWI) subraya el aspecto político del agua al declarar que la gobernabilidad de esta “determina quién obtiene qué tipo de agua, cuándo y cómo” (Tropp, 2005 en OCDE 2012).

Entonces, la gobernabilidad del agua es un tema crucial para cualquier ley de aguas que se pretenda elaborar, ya sea por esta legislatura o por la que será electa en 2021.