Ilustración/Leonel Pacas
El agronegocio fraudulento que erosiona la tierra de las cooperativas
El cooperativismo de la Reforma Agraria ha estado en decadencia, desmantelado poco a poco, no solo porque nunca se le apostó desde su inicio a través de políticas de Estado, sino por familias históricamente poderosas que muestran interés por recuperar las tierras que en algún momento les pertenecieron. Lo que ocurre en la Hacienda Escuintla, en La Paz, es un ejemplo de cómo un proceso de venta, denunciado por fraudulento, ha llevado a que las tierras que un día fueron de la Cooperativa Escuintla de R.L. estén en manos de grandes empresarios.
Por Julia Gavarrete
La convocatoria para una asamblea general había sido programada para el 15 de julio de 2015 en el casco de la hacienda Escuintla, La Paz. Óscar Jiménez presidía la sesión. Había logrado que lo nombraran como la persona que tomaría las riendas de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria “Escuintla” (ACOOPAETLA de R.L). Eran cerca de 200 cooperativistas los que acudieron a la reunión para conocer el problema financiero que atravesaban.
Óscar explicaba a los socios que habían caído en el no pago de un préstamo de $5 millones, producto de un acuerdo —inconsulto— establecido por una antigua junta directiva, y que ponía en aprietos las tierras de la cooperativa. Debían hacer algo para evidenciar el fraude. Óscar daba las indicaciones de los pasos a seguir. Mientras eso ocurría, un carro patrulla se coló en el predio.
Las asambleas generales son juntas que se realizan en un predio, un punto blanco entre cañales, de la hacienda Escuintla, ubicada en el cantón Tierra Blanca de Zacatecoluca, La Paz
Dagoberto García, cabo de la Policía Nacional Civil (PNC), suspendió la sesión. “¿Óscar Jiménez?”, sentenció. “Hay una orden de arresto en su contra”. El cabo mostró la orden de captura por administración fraudulenta. La orden fue girada por una denuncia de diez cooperativistas que le acusaban de haber tomado $1,800 sin dar explicaciones. García le pidió facilitarle la detención para evitar un choque con los cooperativistas.
“Solo deme chance, que yo quiero hablar con el procurador”, dijo Óscar. En la sesión de ese día había un representante de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), como también personal del Departamento de Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura (MAG). Desde que en Escuintla detectaron que había algo anormal en la administración, los cooperativistas pusieron en alerta a ambas instituciones. La PDDH siguió de cerca las asambleas generales que desarrollaban y el MAG comenzó a documentar el caso.
Óscar corrió a buscar a su esposa, Blas Rubio, quien aprovechaba la asamblea para vender tostadas de plátano. Le entregó sus prendas, su billetera y un reloj antes de despedirse de ella. “Ya voy a venir. Solo voy a arreglar un malentendido”, le dijo Óscar tratando de calmarla. “No”, replicó ella. “A vos preso te llevan”. Blas intuía que no lo volvería a ver en mucho tiempo. Óscar subió a la patrulla sin poner resistencia.
“El procedimiento se realizó sin incidentes, permitiendo la detención del señor Jiménez de forma pacífica. No obstante lo anterior, era notorio el descontento de los asambleístas presentes, quienes apoyaban al Presidente de la Cooperativa”, detalló sobre ese día la PDDH,el expediente LP-0054-2015, creado ante una denuncia interpuesta el 28 de abril por Óscar, tres meses antes de la detención, en las oficinas de la Procuraduría en San Salvador.
A Óscar lo metieron en una bartolina de San Pedro Masahuat, La Paz. Tiempo después, terminó encerrado en el centro penal de Ilobasco, en Cabañas. Pasó 18 meses detenido, gracias a un proceso lento, mal manejado por su antigua defensa y de constantes audiencias suspendidas, y que no concluiría a menos de que pagara una fianza de $50 mil. Óscar no tenía ese dinero.
El Instituto Salvadoreño de Reforma Agraria otorgó a la cooperativa 2,730 manzanas en 1987. Luego de pagar deudas agrarias, Escuintla quedó con 3,100 manzanas.
El 30 de enero de 2014, el consejo de administración de la cooperativa Escuintla de R.L. denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) posibles ilícitos en el manejo administrativo de las tierras de parte de directivos al haber realizado tres contratos de mutuos con garantías hipotecarias, generando una deuda de $5,036,596.56. Óscar Jiménez fue uno de los que presentó la denuncia y con la que se creó el expediente 5024-UDDPZ-13-SS. Esta era la segunda vez que el consejo de administración denunciaba que miembros directivos propiciaron la pérdida de los inmuebles de la cooperativa. La primera denuncia fue interpuesta el 16 de diciembre de 2013 en la oficina fiscal de La Paz, bajo la referencia 288-UDPP-2013.
Los tres contratos de mutuos con garantías hipotecarias se realizaron con las sociedades Canas I S.A. de C.V., Canas II S.A. de C.V. y Canas III S.A. de C.V. el 10 de septiembre de 2010. El nombre del entonces presidente de la cooperativa, José María Roque, fue el principal señalado por el consejo de administración en la denuncia llevada a la FGR. Los contratos se desarrollaron con un par de horas de diferencia entre ambos y en ellos se estableció que la millonaria deuda debía ser pagada en 45 días plazo.
“El que hizo toda esta chambonada se llama José María Roque, que estuvo (en la presidencia) de 2009 al 2011. Estando (Manuel) Ramos Enríquez (como presidente), llegan a notificar a la cooperativa que había caído en una mora. ¡¿Cómo íbamos a pagar $5 millones en 45 días?! Es absurdo”, expuso Óscar Jiménez en una entrevista a GatoEncerrado.
La cooperativa acordó un préstamo de $1,652,459.84 con las Canas I, de $1,835,977.06 con las Canas II y de $1,549,927.50 con las Canas III, por un área hipotecada de 6,406,475.88 metros cuadrados, es decir, 915.21 manzanas de terreno.
El préstamo fue dividido entre 377 cooperativistas. A cada uno le habría correspondido $14,561.74. Si bien les fue entregado dinero, el principal reclamo que hacen hoy los cooperativistas es que creyeron que el dinero recibido fue en pago por un arrendamiento al Ingenio El Ángel, que comenzó a operar en la hacienda Escuintla en 2009. El contrato de arrendamiento fue por un total de $2,500,000 para un periodo de cuatro años y 10 meses. El trato lo cerró José María Roque con Juan Tennant Wright Castro, presidente de Ingenio El Ángel S.A. de C.V, de acuerdo con documentos a los que esta revista tuvo acceso.
“Mientras estaba vigente el contrato de arrendamiento (con El Ángel), ellos (los directivos) hacen todo esto. Lo hacen ‘bajo de agua’, donde nadie de la asamblea se da cuenta”, recalcó Óscar.
Se buscó a los antiguos directivos, José María Roque y Manuel Ramos Enríquez, para conocer sobre esta negociación, pero no se pudo dar con su paradero.
Para la cooperativa Escuintla, el arrendamiento de tierras era una opción viable de subsistencia. Antes del Ingenio El Ángel, la cooperativa le arrendaba a la Central de Izalco.
Foto/Carolina Amaya
El Departamento de Asociaciones Agropecuarias (DAA) emitió un informe detallado, con fecha 15 de febrero de 2012, sobre los contratos de mutuos hipotecarios y la entrega que se hizo del dinero. La versión de Óscar sobre que el acuerdo nunca pasó por asamblea general fue constatada por una inspección realizada por el DAA. El escrito hace énfasis en que los acuerdos no cumplieron con la normativa legal y con lo establecido por ley, ya que estos fueron tomados sin ser acordados en asamblea general y mucho menos por las dos terceras partes de los asociados, como lo establece el artículo 7 de la Ley del Régimen Especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria —el también conocido como decreto 719— .
Sin embargo, en los mutuos quedó por escrito que la autorización habría quedado registrada en el “punto de acta número 13 del libro de actas de asamblea ordinaria, de fecha 15 de julio de 2010 expedida por el Secretario de la Asociación a otorgar el presente instrumento de conformidad con los estatutos de Asociación Deudora”. Pero, el DAA verificó los libros de acta de las asambleas y determinó que ahí no consta ni el acuerdo ni la existencia de la asamblea. “El consejo de administración tomó decisiones que no le corresponden de conformidad con los estatutos y leyes aplicables”, dice otro punto del informe del DAA que está en poder de esta revista.
Una fuente que laboró en el Ministerio de Agricultura, y que siguió de cerca la investigación desarrollada por el DAA en Escuintla, accedió a hablar con GatoEncerrado con la condición de reservar su nombre para este reportaje.
“Eso (el acuerdo de los créditos hipotecarios) no pasó por el DAA”, aclaró mientras explica que por este tipo de irregularidades detectadas en diferentes cooperativas fueron impulsadas, en 2014, reformas a la ley para que estas solo puedan contraer deudas o créditos con instituciones del sistema financiero. Hay todo un proceso que se debe seguir para hacer traspaso de tierras y solo puede darse a un asociado y su grupo familiar, no excediendo las diez manzanas. Hasta para hacer arrendamiento a terceros, la FGR tiene que estar presente.
Según el Registro de Comercio, las Canas I, Canas II y Canas III son sociedades que fueron creadas el 26 de agosto de 2009 y tienen como finalidad la agricultura de productos tradicionales. Estas podrán comprar, vender, donar, permutar e hipotecar. Entre los directivos de las Canas I, II y III aparecen Francisco Alberto Álvarez Prunera como director presidente, y quien se encargó de acordar los mutuos hipotecarios con la cooperativa, Raúl Antonio Rivera Ávila como secretario —su nombre también quedó registrado en los mutuos— y Rafael Soto Alvarenga como primer director.
La fuente del MAG explica que el plan de vender Escuintla venía desde que comenzaron a arrendar al Ingenio El Ángel. “Todo el pleno del consejo de administración y junta de vigilancia en pleno llegaron al MAG porque tenían el proyecto de parcelación para venderle al ingenio El Ángel”, aseguró. La parcelación fue denegada por los procesos que existen para hacer la transferencias.
Antes de haber adquirido los mutuos hipotecarios con las Canas I, II y III, la administración de la cooperativa llegó al Ministerio de Agricultura con una nueva solicitud de subasta pública no judicial, una figura que aplica dentro de la ley para hacer traspaso de inmuebles a terceros. Denegada. La solicitud tampoco fue aprobada porque el DAA debe garantizar que la venta no vaya a afectar la unidad de la estructura productiva, como lo establece la ley. “¡¿Cómo no iba a afectar si son 997 manzanas planas?! Se les negó también y se desaparecieron luego de eso”, dijo.
El 16 de octubre de 2012, Francisco Alberto Álvarez Prunera y Raúl Antonio Rivera Ávila cedieron el crédito hipotecario y los derechos litigiosos a tres sociedades: Ingenio El Ángel S.A. de C.V., Chacalapa S.A. de C.V. y El Cenícero S.A. de C.V., las tres presididas por Juan Tennant Wright Castro, empresario cañero también dueño del ingenio La Magdalena.
Pero, la historia no termina ahí. Tres meses más tarde, los bienes fueron embargados en una subasta judicial ejecutada por el Juzgado de lo Civil de Zacatecoluca. A las 9 de la mañana del 18 de enero de 2013, en la sala de audiencias del juzgado, los empresarios EJBS con su hijo, Elías Jorge Gerardo Bahaia Simán, y el reconocido abogado José Fabio Castillo, entre otras personas, llegaron para participar como postores.
Tres sociedades participaron en la subasta: AGROMEGA S.A. de C.V., AGROBIO S.A. de C.V. y DESARROLLOS AGRO S.A. de C.V., las tres de BS. El abogado José Fabio Castillo fue la representación de las tres sociedades de Wright Castro como también lo fue Marta Cecilia Rodas Beltrán. A la cooperativa la representaron los abogados Óscar Artemio Minero y Francisco Rubén Alvarado Fuentes, que fue secretario para asuntos legislativos y jurídicos de la presidencia en el periodo de Salvador Sánchez Cerén. Ninguno de los dos mostró objeción alguna a la hora de la subasta, según el acta levantada por las partes y postores presentes; solo Fabio Castillo no firmó por haberse retirado antes.
—¿Qué pensaron cuando supieron de la subasta judicial? —pregunté a la fuente del MAG.
—Que qué hijos de puta —respondió atónito tras un momentáneo silencio—. Mire, no sabe… Nos evadieron. Me dio cólera, frustración. ¿Cómo es posible que cuando tengan una tierra de primera, la vendan?
916 manzanas de la cooperativa fueron subastadas, pese a que la ley de cooperativas de la reforma agraria regula el traspaso de tierra y esta solo avala una subasta no judicial, como lo determina el artículo 9-A literal e, en la que debe estar tanto el Departamento de Asociaciones Agropecuarias, como la FGR y del Instituto de Transformación Agraria (ISTA). Sin embargo, el proceso que siguió este caso fue por la vía civil, en el que se va a un juzgado, se exige que se vayan a subasta judicial por el no pago de los bienes y se coloca un anuncio en el periódico para anunciar el evento.
Aunque la notificación de la subasta que fue publicada en Diario CoLatino, el 5 de diciembre de 2012, estaba firmada por el juez de lo civil Luis Salvador Peña, la subasta pública la presidió el juez interino Roberto Mauricio Antonio Quintanilla Gálvez. Se intentó contactar a los jueces a través del área de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, pero hasta el cierre de este reportaje no se tuvo respuesta.
La denuncia tiene altos costos
Tras la denuncia en 2013, en la que pedían se investigara a los directivos de la cooperativa Escuintla, 2014 no fue menos convulso para los cooperativistas, menos para los que llevaron el caso ante la Fiscalía. Ese año comenzaron a recibir presiones de parte de los empresarios que se identificaban como los nuevos dueños de las tierras.
Óscar tenía dos meses en el consejo de administración de la cooperativa cuando dice haber recibido una llamada de BS, quien fue nombrado primer designado a la Ppresidencia durante la gestión presidencial de Elías Antonio Saca. “Ya hablé con Martínez, quienes estén ‘chingando’ les van a meter presos”, recordó Óscar sobre lo que parecía una advertencia para que dejaran de insistir con recuperar las tierras. S
Óscar Jiménez ha denunciado además amenazas e intimidaciones de parte de agentes policiales. Un día antes de que giraran una orden de detención en su contra, en 2015, su casa fue allanada; los agentes buscaban los libros de actas de las asambleas. Video/Emerson Flores
El 21 de marzo de 2014, Óscar recibió un citatorio firmado por Daniel Adalberto Domínguez Vásquez, jefe de la oficina fiscal de Zacatecoluca, para reunirse en el despacho del entonces fiscal general Luis Martínez.
“Fue bien enfático (Martínez). Me recibió en la fiscalía de Santa Elena. Me recibió él”, dice Óscar sobre la reunión del 24 de marzo de 2014. En ella, Martínez le reiteró que le había “mandado a llamar” por una simple razón: “Yo soy bien amigo de Elías Bahaia y él me ha pedido que te diga que lo dejés de estar chingando porque él ha comprado sus tierras”. Esas fueron las palabras que asegura le manifestó el fiscal Martínez, al frente de la FGR de 2012 a 2015 y quien cumple una condena de cinco años de prisión por revelar audios privados —además de tener dos procesos penales pendientes por supuesta corrupción—.
BS es empresario textilero, gerente general de Textufil S.A. de C.V., demandada en Tierra Blanca como en Suchitoto por explotación de agua de un río en el cantón San Lucas, del que obtenían el riego para los cultivos de “king grass”, un zacate que genera energía eléctrica, pero que además puede ser nocivo para el ecosistema.
El caso de Suchitoto fue investigado por Yanira Cortez, exprocuradora adjunta de Medio Ambiente. Cortez conoció la denuncia, en 2016, de pobladores y confirmó la falta de agua por las extracciones que la empresa hacía a partir de permisos irregulares concedidos por la comuna y que terminaron afectando el caudal del río, caso que fue del conocimiento del magistrado Samuel Lizama, de la Cámara Ambiental.
BS también es representante legal de sociedades como Agroenergética S.A. de C.V. y en la que también aparece dentro de la junta directiva Otto Karim Guzmán Barrera, designado representante legal de Agromega y Desarrollos Agro, que fueron postoras durante la subasta de las tierras. Se trató de contactar con el empresario, a través de recursos humanos de Textufil. Se dejaron correos electrónicos y mensajes por teléfono, pero no hubo respuesta al respecto.
El desvío del río Amayo por parte de empresarios es otra denuncia que llegó a la PDDH y de la que se solicitó explicación a la entonces ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl.
Pese a que Óscar insistió al exfiscal Luis Martínez que la pelea era por un préstamo que no habían hecho sobre tierras que les estaban quitando, el expediente fue archivado; la investigación se paralizó, pero no así los hostigamientos. Los ánimos se caldearon en esa época, al punto que también el personal del DAA, según la fuente de Agricultura, sufrió percances con los cooperativistas durante visitas que realizaron a la cooperativa.
Luis Mejía estuvo destacado en la delegación departamental de la PDDH en La Paz. En una entrevista con GatoEncerrado habló sobre las intervenciones institucionales que hicieron desde que conocieron que la comunidad de Escuintla requería de un registro sobre lo que ocurría ahí, sobre todo, en cuanto a la participación de la Policía Nacional Civil (PNC). “Consideramos necesario la presencia institucional para mayor transparencia”, comentó Mejía desde la oficina de la PDDH en Cojutepeque, donde fue trasladado.
La PDDH pudo documentar denuncias de malos tratos por uso excesivo de la fuerza, y que arreció en 2018. El último de ellos se abrió a inicios de 2019 por presencia de la Policía a través de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) en la zona. La UMO ha llegado tres veces y de manera inesperada, según relatos de cooperativistas: la primera el 27 de febrero de 2019, la segunda el 18 de noviembre de 2019 y la última durante la primera semana de diciembre 2020.
La UMO ha llegado a Escuintla para garantizar el acceso de camiones que ingresan con caña a los ingenios, según la PNC.
La PDDH solicitó a la PNC de Zacatecoluca explicación de las intervenciones. “Hubo denuncias de parte de empresarios que había una restricción a la libre movilización de los vehículos, y que representaba un perjuicio por el delito de daños. Les estaban acusando de desórdenes públicos, porque ellos se habían ubicado en la entrada principal del casco de la hacienda. Se dijo que se había intervenido de esa manera porque algunos miembros de la cooperativa se encontraban armados”, explicó Mejía sobre la respuesta que recibieron.
Al preguntarle si confirmaron lo de las armas, respondióe: “Andaban con corvos porque, por su naturaleza, los ocupan para el chapodeo de la caña de azúcar”. Aunque no pudieron confirmar sobre armas de fuego, los informes de la PDDH describen que se trataba de manifestaciones pacíficas. El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, ha tenido que dar respuestas a consultas de la PDDH sobre la participación de la UMO. Aunque justifica que no se hizo uso de la fuerza, los escritos enviados por la Policía sostienen que acuden para garantizar el libre tránsito de los camiones que cargan caña.
De acuerdo con Mejía, la PDDH tiene claro que son dos investigaciones separadas y en donde la FGR deberá determinar responsabilidades: “En el caso del tema de la titularidad del inmueble, estamos hablando de una presunta retardación de justicia para la tramitación de las peticiones que ellos les hacen; en el caso de los expedientes de actuaciones policiales, vemos que se activan a partir de la detención de Óscar”.
Entre los años 1988, 1989 y 1990, la cooperativa Escuintla tuvo uno de sus mayores períodos de producción: era rica en granos, como el arroz, frijol y sorgo. Quizá sería uno de los años con mayor fuente de empleo. “Hoy véala, dan ganas de llorar”, comentó la fuente del MAG.
Cuando el Departamento de Asociaciones Agropecuarias del MAG detectó indicios de delitos con lo ocurrido en la cooperativa, presentó al ministro de Agricultura de ese entonces, José Guillermo López Suárez, de la gestión de Mauricio Funes, la información de lo que ocurría. De no hacerlo, el personal habría sido señalado de negligente. Luego, esta pasó a manos de Pablo Ochoa al ser nombrado ministro en 2013. Ochoa, finalmente, firmó un aviso que fue presentado a la FGR. La respuesta que tiempo después recibieron de parte del Ministerio Público: no hay delito que perseguir.
Un proceso similar al de Escuintla sucedió también en la hacienda La Carrera, Usulután, en donde la Cooperativa de Producción Agropecuaria Hacienda La Carrera de R.L. denunció a las sociedades Las Cañas S.A. de C.V., Aperos S.A. de C.V. y Petacones S.A. de C.V., de Juan Tennant Wright, por fraude de ley.
Para el historiador Carlos Gregorio López Bernal, catedrático de la Universidad de El Salvador (UES), lo sucedido en la cooperativa El Espino, La Carrera —hacienda que perteneció a la familia Wright hasta los años 70— y otras cooperativas tiene como punto de partida la reforma agraria de 1980 y su impacto en las familias más importantes del país: “Aquella cosa medio chabacana de las 14 familias (…) Toda esa gente fue afectada con la reforma agraria”.
Al comparar las denuncias por cooperativistas, López es de la opinión que existe un denominador común, no exclusivo solo de El Salvador, sino de países que han pasado por una reforma agraria. “Es lo que llamamos ‘el reflujo’”, explicó. En otras palabras, a través de “mecanismos aparentemente muy legales” estas familias van recuperando sus tierras.
“Pasado un periodo de tiempo, por diferentes razones, a veces muy legales, otras veces no tan legales, al menos una parte de antiguos propietarios regresan al dominio de sus propiedades”, añadió.
Los Wright fueron conocidos por poseer grandes proporciones de tierra. López los describe como una familia “que vivía con un portafolio de inversiones bastante diversificado”. Su fuerte era el algodón, pero también el café. Cuando el café cae, invierten en la caña. “Eran como muy audaces”.
Juan Tennant Wright es un empresario cañero, pero también ha sido un alto dirigente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena). En julio pasado, el fiscal Raúl Melara presentó una demanda civil en su contra por el desvío de $10 millones de los cheques de Taiwán y que financiaron la campaña presidencial de Saca —preso por corrupción—. Melara, en 2019, lo demandó a él, al expresidente Saca y Gerardo Balzaretti por lavado de dinero, pero la Cámara Segundo de lo Penal los exoneró por la prescripción del delito.
“Nos hace falta una imagen de la burguesía post reforma agraria”, consideró el historiador López Bernal. “¿Qué acontece después cuando esa estructura agraria se desmantela? Es algo que todavía no sabemos…”.
Los cooperativistas han abierto diferentes procesos para pelear las tierras de la hacienda. Todos son procesos que siguen abiertos.
Foto/Emerson Flores
De las cooperativas agropecuarias de la reforma agraria aún existen 321. Eso es lo que queda. De esas, si acaso hay 100 fuertes, como la cooperativa El Tercio, en Jiquilisco, Usulután, según registros del DAA.
Los especialistas consultados coinciden en que la controvertida reforma agraria generó un impacto drástico, no por el beneficio a los agricultores, sino porque su diseño no permitió que el agro despegara.
Al analizar lo ocurrido en la cooperativa Escuintla, como en el resto de cooperativas que ahora están en manos de empresarios, la economista Ángela Rodríguez, catedrática de la UES y especialista en cooperativismo, atribuye a un simple hecho: “La manipulación que desde el gobierno se ha hecho para responder a los intereses de grandes propietarios, y que han estado en ese proceso de recuperación”. Esto solo ha sido posible ya que la reforma agraria y sus tres fases pudieron haber sido favorables, pero se ha ido resquebrajando a falta de asistencia técnica a cooperativistas para que pudieran volverse competitivos.
“¿Cómo negocian un grupo reducido de personas que no tienen estrategias de negociación? Ahí es donde por cierto debería de apuntalarse la capacitación para dotarles (a los cooperativistas) de herramientas”, opinó.
Si bien el ISTA, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa) y el mismo MAG —con su débil presupuesto en degradación— juegan un papel importante, son las autoridades de gobierno las que determinan el presupuesto que define la política presupuestaria.
“Al final, son las autoridades gubernamentales, y eso tiene nombre y apellido: es el cambio de modelo, con estrategia de crecimiento”, expuso. Desde el momento que se deja de lado el modelo agroexportador por el modelo neoliberal —hoy vigente— “ya no es prioritario destinar recursos para apostarle y reactivar el sector agropecuario”, consideró Rodríguez. Para sostener su afirmación, pone como ejemplo que, al 2019, de cada dólar que se produce en el país ni siquiera seis centavos provenían del sector agropecuario, pero sí casi 77 centavos del sector servicios.
En los últimos diez años, el presupuesto destinado al MAG ha rondado entre los $58 millones y $70 millones, muy por debajo de lo que la política presupuestaria destina a otras carteras, como Seguridad.
El 15 de septiembre pasado, el presidente Nayib Bukele habló de la “ruralización del país”, como parte de un proyecto para reactivar el agro. No dijo cómo y tampoco entró en detalles de si daría apoyo a cooperativas, especialmente, de la reforma agraria que se han visto afectadas por ventas fraudulentas y que deja sin ingresos a muchos agricultores.
Para el historiador López Bernal, está demostrado que nunca se han tomado decisiones audaces para cambiar la vida de la gente en el campo. “En los cambios de gobierno, el tema agrario es inexistente. Lo de reactivar el agro es un cuento. No hay claridad de lo que el agro vale para el país (…) Cuando Bukele dice ‘hay que ruralizar el país’, digo, ¿en qué está pensando?”.
López Bernal es de la opinión que quienes invierten hoy en el sector agrario no solo lo hacen tratando de explorar nuevas formas agrícolas, sino con la visión de desarrollar proyectos inmobiliarios, como ocurrió en El Espino y en la Isla Tasajera, donde se construye “el Cancún de El Salvador”, un proyecto avalado por la gestión del presidente Bukele.
El 12 de diciembre de 2020, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, puntualizó al equipo Ad-hoc que estudia las reformas a la Constitución de la República que es importante recuperar las actividades agropecuarias. Sin embargo, para lograrlo, estableció que debe haber una revisión obligatoria del artículo 105 de la Constitución, que establece que 245 hectáreas es la extensión máxima de tierra rústica que una misma persona natural o jurídica puede tener.
En el equipo ad-hoc también está Fabio Castillo, quien fue representante de Juan Tennant Wright durante la subasta judicial en la que la cooperativa Escuintla perdió sus tierras.
Para el abogado constitucionalista Manuel Escalante, que los millonarios tengan la tierra no es nuevo. Es un proceso promovido por el partido Arena, fortalecido con el FMLN y que solo busca legitimarse a través de una reforma constitucional. En otras palabras, Escalante es de la opinión que la modalidad de la tenencia de la tierra ha sido funcional todo este tiempo por la vigencia de contratos de arrendamiento. Esta figura ha permitido a grandes empresarios, según dijo, controlar más tierra de lo que legalmente les permite la Constitución, pero sin ser dueños. ¿Qué pasa cuando estén por vencer? Se tendría que reiniciar un proceso de renegociación que puede generar incertidumbre, explicó.
“Siempre pensé que el tema de las tierras iba a ser un punto que se iba a discutir (…) Más que cambiar el modelo político, hay una pugna por hacer cambios en el modelo económico”, añadió Escalante.
Foto/Carolina Amaya
Esta no es la primera vez que se intenta promover una reforma al artículo 105 de la Constitución: en 2018, unos diputados promovieron una propuesta para que no se restrinja la extensión máxima de tierra. La propuesta fue firmada por los diputados de Arena, Ernesto Muyshondt, Patricia Valdivieso, Juan Valiente —presidente del partido Nuestro Tiempo— y por el diputado Rodolfo Párker, del PDC, y el diputado Guadalupe Vásquez, de Gana.
Desde su casa, Fabio Castillo respondió a preguntas de GatoEncerrado sobre lo ocurrido en Escuintla y que involucra al ingenio El Ángel. Cecilia Rodas, la abogada que participó en la subasta judicial, lo acompañaba.
Castillo afirmó que nunca hubo interés de El Ángel por comprar las tierras y se desliga del proceso de negociación inicial del crédito hipotecario: “Yo no puedo garantizarle lo que hicieron y lo que no hicieron ni la cooperativa, ni esas otras personas (Canas I, II y II)”. Para los abogados, no hubo irregularidad alguna en el proceso ya que estuvo avalado por un juez, esto pese a que el documento del Departamento de Asociaciones Agropecuarias, meses antes de la subasta judicial, había especificado que no hubo acuerdo para contraer los créditos. “Yo no sé, pero entiendo que sí hubo un acuerdo, porque el ingenio no iba a intervenir en nada ilegal”, dijo Rodas, quien justificó que la intervención de El Ángel en el proceso “fue por el hecho de asegurar la caña, como dice el doctor (Castillo)”.
—Una última pregunta para usted, doctor Castillo: en diciembre propusieron meter en la agenda del Equipo ad hoc, estudiar una reforma al artículo 105 de la Constitución. ¿Me podría hablar más sobre eso?
—Mire, esa es otra entrevista, y con gusto se la voy a dar, y no solo eso, sino que me interesa…
