La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este 15 de diciembre en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador la acusación penal contra el director de la Policía Nacional Civil (PNC) y ex viceministro de Seguridad Pública, Mauricio Arriaza Chicas, por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública, el cual contempla una pena de cuatro a seis años de prisión e inhabilitación del cargo en caso de ser encontrado culpable.

El juzgado programó la audiencia de intimación para el jueves 17 de diciembre a las 2:00 p. m., en la que será notificado del delito que se le acusa, sus derechos en el proceso y la fecha de la audiencia inicial.

La Fiscalía pidió al juzgado que en la audiencia inicial se decrete que el caso pase a la siguiente fase judicial (instrucción formal) con medidas sustitutivas a la detención provisional, las cuales deberán ser decididas por el juez.

El pasado 2 de octubre, el comisionado Arriaza Chicas se negó a efectuar la orden de llevar por la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la emisión de deuda y el uso fondos en el contexto de la pandemia por la COVID-19. 

El titular de Hacienda fue convocado en cuatro ocasiones por la Comisión Especial, pero en notas enviadas alegó que tenía saturada la agenda con otros compromisos. Además, públicamente, dijo que no acudiría a perder el tiempo y retó a los diputados a promover un antejuicio, interpelación o destitución en su contra.

La Comisión Especial fue creada el 20 de agosto con los votos de los partidos Arena, FMLN y PDC para obligar a los funcionarios del gobierno a dar explicaciones sobre el manejo del dinero usado en la pandemia, ya que se negaban a asistir a las comisiones ordinarias. Según el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, ninguna persona puede excusarse de concurrir a las citas que le haga una Comisión Especial, de lo contrario, podrá obligar la comparecencia por apremio. 

Ante la falta de asistencia de Zelaya a la cuarta convocatoria para el 30 de septiembre, la comisión le ordenó al director de la Policía que lo llevara por apremio. Arriaza Chicas argumentó que a su juicio existía una causa justificada para que el ministro no acudiera y, por tanto, no se configuraba el supuesto para hacerlo comparecer por medio de las fuerzas públicas. Incluso, pidió a los diputados que le reprogramaran la cita.

Los diputados de la Comisión Especial decidieron certificar a la Fiscalía para que investigara al funcionario. Siete días después, el 9 de octubre, el presidente de la República, Nayib Bukele, nombró a Arriaza Chicas como viceministro de Seguridad Pública ad honorem, pese a que el cargo de Director General de la Policía Nacional Civil es incompatible con el desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profesión, según la Ley de la Policía.

El cargo de viceministro le dio fuero constitucional y antes de ser acusado en los tribunales, como a cualquier ciudadano, la Fiscalía presentó una denuncia de antejuicio y petición de desafuero contra Arriaza Chicas. El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aceptó que el Ejecutivo le creó el cargo de viceministro para blindar al funcionario. Según Castro, era para evitar que “los adversarios políticos” no pudieran atacar el trabajo del director policial “al frente del Plan Control Territorial”.

El 12 de noviembre, la Asamblea Legislativa creó la Comisión Especial de Antejuicio, la cual empezó el análisis de la petición fiscal el 24 de noviembre y para el 4 de diciembre concluyó que existían indicios suficientes para quitar el fuero a Arriaza Chicas. 

Bukele sacrifica a Arriaza Chicas

El 8 de diciembre, los diputados realizaron la sesión plenaria extraordinaria para someter a votación el dictamen único de antejuicio contra Arriaza Chicas. Sin embargo, en la presentación de alegatos, la defensa técnica de Arriaza Chicas informó que el funcionario renunció al cargo de viceministro de Seguridad ad honorem el día anterior para quitarse el fuero y enfrentarse a los tribunales. 

Una hora después de iniciada la sesión plenaria, a las 3:31 p. m., a través de Twitter, el presidente Bukele ya había anunciado que tenía preparado un “juego de cartas”. A las 5:52 p. m., en sintonía con el anuncio del abogado Héctor Nahúm Martínez, Bukele confirmó que aceptó la renuncia de Arriaza Chicas. 

El mandatario aseguró que esto sirvió para exponer “lo asqueroso e ilegal del funcionamiento de la Asamblea, la falta de garantías mínimas del debido proceso, la prepotencia y, sobre todo, la doble moral al no desaforar al diputado Norman Quijano”. Además, escribió que al quitarle la facultad a la Asamblea para desaforarlo, el jefe policial se enfrentará a la justicia común, en lugar de enfrentarse a una “cámara controlada por Arena y el FMLN”.

La abogada penalista Marcela Galeas dijo a GatoEncerrado que la actitud del presidente de la República, más que una burla, es apología del delito debido a que enaltece o celebra la evasión de un proceso penal por parte de los funcionarios que han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. “Para mi no es una mera burla lo que realizó el presidente, para mí constituye una conducta antidemocrática, de irrespeto e ilegal”, expresó.

La Asamblea Legislativa dio por terminado el proceso de antejuicio, pero aprobó certificar a la Fiscalía para que investigue si el director de la policía cometió otros delitos como encubrimiento, fraude procesal y de actos arbitrarios, ante lo ocurrido en el proceso de antejuicio. También decidieron enviar una copia certificada a la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia del video de la sesión plenaria para que investigue a los abogados defensores: Rodolfo Antonio Delgado Montes, Alfonso Ramírez Guevara, Orlando Israel Rivas Ávila, Hector Nahúm Martínez García, María José Castillo Calderón y Carmen María Marroquín Vega.

Según los diputados, el director de la Policía pudo caer en delitos ya que se presentó al antejuicio como viceministro de Seguridad Pública, pese a que un día antes había renunciado. Al iniciar la presentación de alegatos, incluso, el abogado Delgado Montes se presentó como parte de la defensa de Arriaza Chicas en su calidad de viceministro de Seguridad Pública.

El abogado Martínez García justificó, en una entrevista de televisión, que la renuncia es un hecho notorio porque salió publicada en el Diario Oficial y si los asesores de la Asamblea Legislativa lo hubieran revisado se hubieran enterado. También, aseguró que, minutos antes de que las partes presentaran los alegatos en la sesión plenaria, una de las abogadas presentó un escrito para informar a la junta directiva sobre la renuncia; sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, aseguró que ellos no recibieron ninguna notificación.