Entre las narrativas gubernamentales, dos llamaron mi atención durante el mes de enero, el mes de la paz, el primer mes del año del bicentenario. Por un lado, el Presidente de la República atacó la conmemoración de los 29 años de los Acuerdos de Paz, hasta el punto al calificarlos como una farsa orquestada por ARENA y FMLN; ignorando la sangre de miles de víctimas civiles a causa de la violencia irracional, así como la contribución de la ONU y los países amigos para lograr el fin de la misma. Por el otro, el Gobierno comenzó con sus preparativos discursivos sobre la conmemoración de los 200 años de la Independencia; anunciando que se estaría a punto de refundar la República, lo que se ata a los posibles resultados electorales favorables de Nuevas Ideas.

Si bien es cierto que el cumplimiento de los Acuerdos de Paz es todavía una deuda, no es posible calificarlos como una farsa. Tal como se expuso en el nombre del Informe de la Comisión de la Verdad (un informe que es resultado de tales acuerdos), la firma de estos habría tenido un doble significado: el fin de la locura de la violencia armada-militar, ejercida por ambos bandos, y el inicio de la esperanza para una sociedad dividida que tendría la oportunidad de reunificarse. Todo esto, a partir de unas reformas constitucionales dirigidas a la desmilitarización y democratización del país, básicamente. En ese sentido, por la importancia de esa deuda aún pendiente, no es el momento de negarlos o atacarlos sino de comprometerse plenamente con su cumplimiento, si es verdad que se pretende refundar la República, pues lo contrario implicaría la continuación de lo mismo de siempre. Una continuidad que estaría promoviendo el presidente, hasta el momento, puesto que ataca electoralmente a determinados partidos políticos, atacando a los Acuerdos de Paz y sin comprometerse con cumplirlos, es decir, por ejemplo, sin promover la superación de la impunidad (capítulo I, punto 5) en casos como el asesinato de Monseñor Romero o las masacres de El Mozote o de la UCA.

Y el problema no es que este ataque se use como herramienta electoral sino que trae consigo como consecuencia, por malicia o negligencia, un desconocimiento subyacente de los mandatos y/o prohibiciones que estos acuerdos le imponen a las instituciones públicas y, particularmente, al Gobierno, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Un desconocimiento que conlleva al menosprecio de la historia, a la destrucción de la memoria colectiva y al elevado riesgo de volver a dinámicas de violencia del pasado.

En general, al no comprometerse con los Acuerdos de Paz, el presidente nos estaría diciendo implícitamente, o quizá ya lo habría demostrado explícitamente con sus acciones, que no está comprometido con impulsar la democratización del país (respetando la institucionalidad y el control estatales), garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos (de todas las personas y grupos sociales) y reunificar la sociedad salvadoreña (respetando las libertades y diferencias); asimismo, que tampoco está comprometido con evitar los conflictos o terminarlos, al más corto plazo posible, por la vía del diálogo político (más bien parece que pretende provocar los conflictos y sacar ventaja de ellos). Asimismo, en particular, nos estaría diciendo que se podría retroceder en aspectos institucionales, como devolverle a la Fuerza Armada el protagonismo político-legal que tuvo desde la instauración del Estado salvadoreño hasta los Acuerdos de Paz.

Sobre la independencia de Centroamérica, cuyo bicentenario vamos a conmemorar, es importante recordar que ésta no fue una acción militar. A diferencia de otros países latinoamericanos, los militares no fueron protagonistas en la independencia de esta región, es decir, la libertad del pueblo centroamericano frente a la corona española se logró por la vía política. Y escribo independencia y libertad en cursivas porque sabemos que ni Centroamérica ni El Salvador son plenamente libres y autónomos, frente a los designios de las potencias mundiales. Una muestra de ello son las expectativas nacionales que hubo alrededor de los resultados en las últimas elecciones de Estados Unidos, al punto que muchos ataron la suerte de nuestra política doméstica y regional, en una u otra dirección, a la victoria de Donald Trump o Joe Biden.

Si bien nuestra independencia no fue una gesta militar no hay que obviar que, por el contrario, la continuidad del Estado salvadoreño ha contado con una considerable participación de la Fuerza Armada. La organización económica, política, social y cultural de nuestro país, con sus marginaciones, exclusiones y violencias institucionalizadas, donde unos oprimen a otros, han sido mantenidas con la participación del ejército y los cuerpos policiales de seguridad, coordinados con aquel, con más o menos protagonismo, en relación con las élites políticas y económicas. Es así como los artífices de los Acuerdos de Paz, de forma consciente o inconsciente, establecieron la oportunidad de iniciar una nueva República, en cuanto a que daban paso al inicio de la desmilitarización y democratización del país, junto a la posibilidad de superar la impunidad de los crímenes del conflicto armado y de lograr una amplia concertación sobre el modelo de desarrollo económico-social, con la participación de los distintos sectores estatales y sociales, incluyendo a las comunidades marginadas urbanas y rurales.

Unas oportunidades claras que se perderían al rechazar tales acuerdos; aunque este rechazo sea jurídicamente inaceptable porque dichas oportunidades se relacionan, por ejemplo, con los derechos a la paz y al buen gobierno: desconocerlas serían una regresión de tales derechos.

El país estaría retrocediendo, por ejemplo, en cuanto a la pretendida desmilitarización y no solo por el aumento en el número de efectivos militares en labores de seguridad pública, o por la exacerbada cobertura mediática de las tareas realizadas por el ejército (una dinámica iniciada por los gobiernos de ARENA y FMLN), sino porque los mandos militares de la Fuerza Armada ya habría manifestado su interés porque se restablezca la participación del ejército en algunos asuntos políticos y civiles en el país.

Esto se habría manifestado en el seno del equipo ad hoc para el Estudio y las Reformas de la Constitución, liderado por el vicepresidente de la República, cuando miembros del Alto Mando, anteriores y actuales, fueron invitados a hablar sobre las reformas constitucionales en relación a la Fuerza Armada. Vale resaltar que el actual ministro de Defensa anunció que su participación, y la del resto de oficiales de alta que le acompañaban, era a nivel institucional.

En la reunión que fue pública, pues se desconoce si han habido otras privadas, los mandos propusieron algunas temáticas de reformas cuyo alcance y número total también son desconocidas, pues no profundizaron en estas ya que alegaron la reserva por seguridad nacional. Las temáticas propuestas fueron: primero, la mención explícita del sistema de seguridad nacional el cual, según manifestó el exministro de Defensa que lo propuso, se habría desnaturalizado a partir del año 1992 (año de la firma de los Acuerdos de Paz). Segundo, la delimitación de los ámbitos donde los militares -de alta- podrían participar políticamente. Tercero, el reconocer el servicio militar brindado en los cuarteles, como equivalente a las horas sociales que se exigen en la educación universitaria. Y, quinto, la mención de que el arresto militar es distinto al arresto administrativo, para evadir la jurisprudencia constitucional que les impide actualmente a las autoridades militares elevarlo de 5 a 30 días.

En fin, el equipo ad hoc ha puesto sobre la mesa una decisión trascendental para el futuro de El Salvador, cuando decidió invitar a estos mandos militares. En su momento, el equipo deberá decidir si propone asegurar la desmilitarización del país y con ellos las oportunidades y derechos reconocidos a la sociedad salvadoreña; o, por el contrario, si propone reconocerle un mayor protagonismo a la Fuerza Armada, a nivel constitucional, en asuntos políticos y civiles, incluso con la posibilidad de intentar reformar aquello que le permita evadir la actual jurisprudencia constitucional en los asuntos que deseen, como el arresto militar y otros asuntos desconocidos, y así atentar contra el principio de progresividad de los derechos humanos.

Por otro lado, tal como expresé antes, para que el equipo ad hoc realizara su labor en el mejor ambiente posible, resultaba necesario que se le hiciera un llamado al presidente de la República a que cesara en su comportamiento confrontativo en contra de personas y sectores específicos, así como en sus interpretaciones normativas incompletas; pues, para realizar un estudio de esta naturaleza, era contraproducente que el principal funcionario obligado a procurar la estabilidad y armonía social, mantuviera esa actitud. Ahora bien, resulta preocupante que el presidente haya aumentado esa actitud confrontativa y, además, que el vicepresidente se haya sumado a la misma: bloqueando y atacando en las redes sociales a periodistas, llamándoles “sicarios mediáticos” a alguno de ellos e incluso expresando ante veteranos y excombatientes del conflicto armado que nos encontramos ante una “nueva guerra”, sin importarle, quizá, que declaraciones como ésta pudieran generar ansiedad entre los asistentes al mitin o en la sociedad salvadoreña en su conjunto.

Durante el actual gobierno, el ambiente nunca ha sido el óptimo para reflexionar sobre unas potenciales reformas constitucionales y ahora lo es menos. El ambiente está más crispado. De seguir así, atando la finalización de la consulta social al día de las elecciones y la presentación de las propuestas al día del bicentenario, mientras se mantiene una actitud confrontativa contra determinadas personas o sectores sociales y se ignoran las oportunidades y derechos que representan los Acuerdos de Paz, más allá de quienes los firmaron, se corre el riesgo de que el anuncio de la supuesta refundación de la República no sea más que un recurso mediático y discursivo para ocultar la verdad: que los cambios constitucionales han sido decididos como siempre, por imposición antidemocrática, marginante, excluyente y violenta, de los vencedores sobre los vencidos.