Opinión

Centroamérica: Una crítica situación fiscal para 2021

Abelardo Medina

Abelardo Medina

Coordinador del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es economista guatemalteco de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con doctorado en tributación de la universidad Galileo y maestría en finanzas de la Universidad Rafael Landívar; también dispone de especializaciones en política y técnica tributaria; estimaciones tributarias y aspectos internacionales de las administraciones tributarias con énfasis en precios de transferencia.

Los datos fiscales de la región muestran que, luego de los efectos primarios tanto de la pandemia de la Covid-19 como del paso de los huracanes Eta e Iota que lastimaron fuertemente a varios países, la situación se ha complicado,  tanto por la debilidad estructural en materia recaudatoria, como por la necesidad de continuar impulsando programas de gasto post-covid y de reconstrucción. 

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Recientemente el Icefi publicó su Nota de Coyuntura no. 01-2021 “Contexto Fiscal 2021” en el que da a conocer sus perspectivas de la situación fiscal de la región centroamericana para el presente año, mientras que, prácticamente en forma simultánea, Transparencia Internacional publicó su “Corruption perceptions Index 2020”, en el que define la trayectoria de la percepción de la corrupción en los Estados del mundo que forman parte del estudio.  Ambos documentos se encuentran conectados, dado que la identificación de la situación fiscal regional para 2021 parece indicar que la solución más inmediata,  sin que implique el establecimiento de nuevos impuestos o aumento de las tasas de los ya existentes, se encuentra en el combate al uso ineficaz e ineficiente del gasto, dentro de esto a la corrupción y, por supuesto, a la evasión y a la elusión tributaria;  ambas tareas que en la región aún están pendientes.

Los datos fiscales de la región muestran que, luego de los efectos primarios tanto de la pandemia de la Covid-19 como del paso de los huracanes Eta e Iota que lastimaron fuertemente a varios países, la situación se ha complicado,  tanto por la debilidad estructural en materia recaudatoria, como por la necesidad de continuar impulsando programas de gasto post-covid y de reconstrucción. Todo ello ha producido un aumento en el déficit fiscal y mayor acumulación de la deuda soberana de la región.

En materia recaudatoria y como producto del “rebote económico de 2021” se estima una recuperación de la carga tributaria regional, la cual se incrementaría del 13.2 % registrado en 2020 al 13.8 % presupuestado para 2021, aunque no recuperaría los niveles de 2019 (14.1 % del PIB), y solo se ubicaría ligeramente por encima de lo percibido en 2015 (13.6 %), denotando la pérdida de capacidades recaudatorias por el equivalente a un quinquenio. En materia de gasto, el esfuerzo contracíclico de la política fiscal centroamericana parece que no desaparecerá en 2021, dado a que el gasto regional se contraerá muy ligeramente del 21.5 % observado en 2020 al 20.6 % del PIB en 2021, todavía por encima de la experiencia histórica reciente (18.9 % de promedio en  2015-2019). Sobre este particular es importante denotar que se estima que el gasto aún estará expandido por la compra de vacunas para tratar la pandemia de la Covid-19, mientras que en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, todos influenciados por períodos electorales o pre-electorales, dichas previsiones parecen estar más relacionadas con expectativas políticas.

Como consecuencia, el déficit fiscal medio de la región se reducirá del 6.9 % observado en 2020 a un esperado del 5.3 % del PIB para 2021, todavía muy por encima del 2.9 % del PIB promedio registrado para el período 2015-2019, lo que implica el agudizamiento de las deficiencias en materia de recursos para los aparatos fiscales. Derivado de lo anterior, se estima que el nivel el crecimiento de la deuda no se detendrá, y al cierre de 2021 alcanzará 62.9 % del PIB, por encima de los niveles recomendados por las autoridades financieras internacionales, destacando el caso de El Salvador que se estima reportará 94.1 % de deuda respecto del PIB,  Costa Rica con 76.3 %, Honduras con 63.4 % y Panamá con 62.5 % del PIB.

La situación muestra que, incluso y a pesar de las Leyes de Responsabilidad Fiscal y las reglas establecidas para controlar los niveles de gasto y de endeudamiento, los problemas fiscales de la región persisten, empujando a la población, y por supuesto a las autoridades fiscales, a tratar de encontrar algunas soluciones para aplacar dicho problema.   

De esa forma, el primer planteamiento, y el más evidente y lógico, gira en torno a la necesidad de incrementar los niveles recaudatorios, así como reducir el gasto por medio de mayor eficiencia y eficacia y por supuesto del combate a la corrupción. Lamentablemente ambos aspectos están seriamente afectados por la percepción de los ciudadanos de que los recursos no están siendo bien utilizados.  Así, en materia recaudatoria, el aumento en la percepción de la corrupción afecta directamente a la moral tributaria y reduce los niveles de cumplimiento voluntario en el pago de impuestos, que ante la debilidad de las administraciones tributarias, se refleja en aumento de la evasión tributaria, del contrabando y de los flujos ilícitos de capitales. Por supuesto, es mucho más claro en materia de gasto, en donde las prácticas de corrupción impiden una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos.

En sintonía, los datos de Transparencia Internacional (2021) muestran que con las honrosas excepciones de Costa Rica y El Salvador, la calificación de la percepción de prácticas deshonestas en los países centroamericanos se mantuvo o empeoró en 2020, por lo que, en las condiciones actuales parece que prácticamente no es viable esperar que en el corto plazo mejore el uso de los recursos públicos o la recaudación tributaria.

Por supuesto que la guerra no está perdida… pero implica que las autoridades mejoren sus estrategias y abandonen sus posiciones cómodas en las que con anuncios de buena voluntad y buenos discursos,  han tratado de mantener la estabilidad fiscal. Así, la situación fiscal no va a mejorar en el corto, y es posible que tampoco en el mediano plazo. La situación actual recuerda que ante problemas difíciles deben plantearse  soluciones valientes y que deben adoptarse pensando en el bienestar de la población en general y el abandono de intereses particulares, como los relacionados con los períodos electorales próximos.

Las autoridades deben definitivamente iniciar con un serio programa de combate a la corrupción que recupere en poco tiempo la confianza de la población, por lo menos, y en forma inicial, a la que se denotaba (dado el IPC) hacia 2014-2015.  El combate a la corrupción permitirá no solo que los recursos disponibles alcancen para más, sino que facilitarán una mayor moral tributaria.   Sobre este particular, las administraciones tributarias también deberán iniciar programas concretos de combate a la evasión tributaria y contrabando, que se reflejen en el aumento de la carga tributaria, como en el incremento del nivel de cumplimiento voluntario,  y abandonen la presentación de resultados, en las que a partir de aumentos cosméticos recaudatorios respecto del año previo, traten de justificar su trabajo.   

La situación es complicada y exige decisiones difíciles y valientes, pero que deben ser emprendidas, por el bien de la población de nuestra región… Si el camino no existe, hay que hacerlo con acciones nuevas, porque si se sigue haciendo lo mismo, los resultados no serán diferentes.

Abelardo Medina

Abelardo Medina

Coordinador del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Es economista guatemalteco de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con doctorado en tributación de la universidad Galileo y maestría en finanzas de la Universidad Rafael Landívar; también dispone de especializaciones en política y técnica tributaria; estimaciones tributarias y aspectos internacionales de las administraciones tributarias con énfasis en precios de transferencia.

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