Ya no podemos seguir negando que en el país hay una crisis política y democrática. Nos encontramos ante un futuro incierto para la protección de los derechos humanos debido a los discursos de “renovación” y de una “nueva historia” que han tomado fuerza e intentan borrar de la memoria las realidades construidas a partir de planes de seguridad de carácter represivo y una historia de militares acechando siempre el poder.

Las juventudes tenemos un rol protagónico en los planes de seguridad: ser el blanco de la represión estatal, es decir, ser la población categorizada como vulnerable a delinquir, la población que ocupa las cárceles y los cementerios. En este escenario, el gobierno del presidente Nayib Bukele posiciona al servicio militar obligatorio como una elección loable de vida. Esta no es una problemática nueva en el país, pero, desde el conflicto armado hasta la fecha, sí es una incertidumbre que ha regresado con mayor fuerza discursiva. 

En el año 2019, en el segundo mes de gobierno, a través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Nayib Bukele expresó: “Por primera vez en décadas, iniciaremos un proceso masivo de reclutamiento en nuestra @FUERZARMADASV". Días después, cientos de jóvenes llegaban con copias de DUI y NIT con el propósito de sobrevivir económicamente. Es necesario enfatizar que el tema de un sueldo mínimo fue parte de los anuncios televisivos y radiales. Desde el Ejecutivo, esta es una oportunidad de empleo real para las juventudes.

Aunque el Estado, a través de sus diferentes entidades, ha procurado generar  alternativas de prevención y atención a la población vulnerada por la violencia social, principalmente los jóvenes, ha sido débil y muy superficial en la creación de espacios culturales de encuentro. Hay que decirlo: estos no han dado una respuesta efectiva y adecuada de acuerdo a la magnitud del problema de las pandillas. La violencia es continua en las comunidades y ahora, con la pretensión de reformar la Constitución de la República, el servicio  militar obligatorio se plantea como uno de los principales focos de captación de jóvenes.

El vicepresidente de la República Félix Ulloa, coordinador de la comisión ad hoc que estudia reformas a la constitución, dijo durante una de las sesiones de la comisión que “el servicio militar obligatorio ya está en la Constitución, y todos los ciudadanos deberían de ver y de prestar el servicio militar obligatorio, pero desafortunadamente nunca lo hemos implementado, y cuando durante la guerra se iba a reclutar, de las dos partes, forzosamente los muchachos se corrían”, según citó El Diario de Hoy. 

¿Cuál es la diferencia entre reclutamiento militar y el reclutamiento de las pandillas? En todo caso, las dos son de carácter obligatorio, las dos tienen orden de matar, y las dos son en zonas rurales y urbanas marginales del país. Esta comparación puede ser chocante para unas personas, pero después de los Acuerdos de Paz, la Fuerza Armada no debería de estar involucrada en la seguridad ciudadana debido al trato que han mantenido contra las personas jóvenes en las comunidades. Juventudes que han crecido entre balas con miedo a salir a la tienda porque puede haber un enfrentamiento y con la Fuerza Armada en estos lugares aumentan las posibilidades de que ocurran pequeñas batallas internas por tomar el control de sus comunidades. 

¿Por qué no implementar programas estatales que permitan el retorno comunitario para las personas exprivadas de libertad y que exista igualdad de oportunidades de desarrollo? En cambio, ¿por qué seguir armando a la población? Ya existe un sector de la población perteneciente a grupos criminales, no precisamente pandillas, que se encuentran armados, e incluso personas con permisos de portación de armas como seguridad privada o pública. 

Se podría decir que el servicio militar obligatorio en el país no es un asunto contemplado para las élites ni para sus descendientes, pero sí para el resto de población de las comunidades. Aún así se quiere plantear la idea de que se trata de un deber nacional que hay que cumplir. 

Al hablar del servicio militar obligatorio, el vicepresidente de la República se ha referido principalmente a la población de las zonas rurales. ¿Esto no es un poco clasista? Es necesario que estemos atentos a por qué el reclutamiento de las juventudes se está captando por dos grupos de exterminio con una lógica de guerra.    

Organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomiendan regular la transición del servicio militar obligatorio bajo la figura de profesionalización del soldado. Pero en El Salvador hay una deuda con la sociedad, ya que después de más de 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz, la adopción del servicio militar obligatorio es una ofensa a las víctimas del conflicto armado y para las población de zonas vulnerables donde aún existe presencia de las pandillas.