Foto/Twiter Franklin Nolasco

Magistrado de Servicio Civil acumula dos denuncias por extraer aires acondicionados y litigar en proceso penal

Franklin Nolasco es técnico de la Asamblea Legislativa y magistrado del Tribunal del Servicio, en representación del Órgano Ejecutivo. Empleados que hablaron con GatoEncerrado aseguran que es “protegido de Guillermo Gallegos”. La Corte Suprema de Justicia lo investiga por ejercer como abogado particular siendo empleado público. Mientras que en la Fiscalía ha sido denunciado por extraer dos aires acondicionados del Tribunal de Servicio Civil y llevarlos a una casa particular. GatoEncerrado lo buscó para hablar de las denuncias pero no quiso responder, de hecho ni siquiera quiso detenerse a decir que no quería hablar sobre las denuncias.

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Por Beatriz Benítez*

Por Beatriz Benítez*

El magistrado del Tribunal de Servicio Civil (TSC) y técnico de la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa, Franklin Josué Nolasco Morales, acumula dos denuncias en su contra. La primera llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de un aviso, por extraer aires acondicionados de las oficinas del Tribunal y trasladarlos hacia una vivienda particular. La segunda llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por litigar —ejercer como abogado— en un proceso penal siendo empleado público.

En septiembre de 2020, después de que el presidente Nayib Bukele lo nombró como magistrado del TSC, Nolasco le pidió a empleados del Tribunal desinstalar dos aires acondicionados y trasladarlos hacia una vivienda particular en Sonsonate. Específicamente, uno de los aires estaba instalado en la sala de capacitaciones, de marca Lennox con número de inventario 400-02-01-003; y el otro en el cubículo del jefe de la UACI, marca G-air con número de inventario 400-03-01-001. Un día después de recibir la orden, los empleados sacaron los aires acondicionados, los subieron al microbús del Tribunal y los llevaron hasta Sonsonate, guiados por el hijo de Nolasco. 

Los empleados explicaron estos hechos en tres misivas que dirigieron al presidente del Tribunal del Servicio Civil, Oscar López, quien pidió explicaciones ante la falta de los aires acondicionados. luego de que este les pidió una explicación ante la falta de los aires acondicionados. Las notas están anexas al aviso interpuesto por el secretario del TSC, Tomás Portillo, en la Fiscalía General de la República el 17 de diciembre de 2020, y al cual tuvo acceso GatoEncerrado.

Para corroborar los datos, GatoEncerrado buscó al presidente del Tribunal del Servicio Civil, quien confirmó lo ocurrido y agregó que fue él quien dio instrucciones de presentar el aviso ante la Fiscalía. “La ley obliga a dar cuenta a la Fiscalía de actos ilegales, sino yo incurro en el delito”, dijo el presidente del TSC.

Explicó que, posterior al aviso, los aires acondicionados fueron devueltos a las oficinas del TSC y hace un mes los instalaron nuevamente para evitar el deterioro por abandono. Sin embargo, aclaró que le corresponderá a la Fiscalía determinar si existió o no la comisión de un delito. 

El pasado 17 de febrero, GatoEncerrado intentó hablar con el magistrado Nolasco en el pasillo de la Asamblea Legislativa, para preguntarle sobre las denuncias en su contra, pero no quiso detenerse para responder.

El Tribunal del Servicio Civil, básicamente, se encarga de resolver los recursos de apelación que son interpuestos en contra de resoluciones que emite la Comisión del Servicio Civil de una institución pública por violación a derechos laborales. Está integrado por el presidente, que es designado por la Asamblea Legislativa; un miembro propietario nombrado por la Corte Suprema de Justicia y otro por la Presidencia de la República. 

El periodo de magistrado dura tres años, pero Nolasco fue nombrado, por primera vez, el 2 de junio de 2019; y la segunda, en agosto de 2020, según aparece en una publicación de su cuenta Twitter, donde hay fotos de la juramentación. En esa misma publicación, Nolasco le agradece al diputado de Gana y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, por su respaldo. Empleados públicos que hablaron con GatoEncerrado en condición de anonimato aseguraron que Nolasco es protegido de Gallegos. En un audio, al que esta revista tuvo acceso, también dice que es su “referente”. 

Según el presupuesto 2021, este Tribunal tiene 45 empleados por ley de salarios y contratos y funciona con un presupuesto de $1,020,475.

Empleado público litigante

En 2005, Nolasco empezó a trabajar en la Asamblea Legislativa como ordenanza en las comisiones Cultura y Educación, Financiera y Relaciones Exteriores. Luego, de 2012 a 2016, laboró en el Índice Legislativo y Gerencia de Operaciones Legislativas. Su último cargo, hasta la fecha, ha sido de técnico institucional de la Comisión de Defensa, según describe su hoja de vida.

Siendo empleado público, Nolasco aparece entre los abogados particulares de personas que fueron acusadas de homicidio agravado, según consta en una resolución de la Cámara de la Tercera Sección del Centro, San Vicente, del 12 de septiembre de 2019, la cual revocó una sentencia condenatoria por homicidio agravado emitida el 26 de julio de 2018.

Por su participación como abogado en ese caso, Nolasco fue denunciado en la Sección de Investigación de la Corte Suprema de Justicia por ejercicio ilegal de la profesión. Es decir, fue denunciado por ejercer la abogacía mientras es empleado público a tiempo completo. El denunciante argumentó ante la Corte Suprema que, aunque Nolasco ha litigado “en juicios mayormente de carácter penal”, el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, en su artículo 67, numeral 3, indica que no pueden ejercer la procuración (o defensa) los funcionarios y empleados públicos, que laboren a tiempo completo, excepto cuando procuren por la entidad a que pertenezcan o ejerzan la docencia en la Universidad de El Salvador. 

De hecho, en la Asamblea Legislativa hay un precedente por un caso igual. En 2016, ocho magistrados de la Corte Suprema votaron para inhabilitar como abogado por un año a Marco Antonio Guevara Arévalo por mala conducta profesional al litigar siendo empleado público. Guevara Arévalo, director de la oficina legislativa “Global Legal Information Network” y esposo de la exprocuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero, también fue multado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) con $969.60 por realizar actividades privadas durante su jornada de trabajo.

Fuentes de la Corte Suprema confirmaron a GatoEncerrado que el caso está en investigación y que ya fue de conocimiento de la Corte Plena, pero que aún no tiene resolución. Las fuentes también revelaron que hay un caso abierto en contra del otro magistrado del Tribunal de Servicio Civil, Carlos Guillermo Quiteño, quien fue nombrado por el Órgano Judicial. Pero sobre esa denuncia no dieron detalles.

*Con reportes de Karen Moreno

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