Hace un par de semanas los medios internacionales difundieron la noticia de la muerte de Carlos Menem, quien gobernó Argentina, entre 1989 y 1999, y lideró uno de los procesos neoliberales más dañinos de América Latina. En la película documental Memoria del Saqueo (2004), de Pino Solanas (1936-2020), se puede hacer un recorrido por aquella época caracterizada por el despojo de los bienes públicos, la corrupción, las rebajas tributarias a los poderosos, el endeudamiento público sin control y asumiendo incluso deudas privadas. La dolarización que hizo más ricos a los ricos y más pobres al resto de los argentinos; Menem contó para ello con la élite económica, nacional y transnacional, organismos financieros multilaterales, sindicalistas y medios de comunicación que reforzaban el relato de lo exitoso de aquel modelo económico basado en la teoría (mágica) del derrame. Todo aquello en medio de la política convertida en espectáculo en la que los políticos se mostraban al público como sujetos exitosos, guapos, tan astutos como para decir siempre la última palabra.

Los indecentes sin complejos han existido desde siempre. Por ejemplo, Roberto Dromi, el ministro de Obras Públicas de Menem —ahora condenado por múltiples actos de corrupción—, que públicamente revelaba un «decálogo menemista de la reforma del Estado», mientras anunciaba la privatización de sectores estratégicos tales como la televisión y la radio, la telefonía, las carreteras y la conservación vial, la aeronavegación, que se sumaban a la privatización de las reservas petroleras y diversos servicios estatales. El primer mandamiento de aquella enumeración que evoca sentencias sagradas, decía así: «nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado». Tras su anuncio, muchísimos aplausos y diez años en el poder fueron suficientes para cumplirlo: Menem y su gavilla desplumaron al Estado argentino. 

Centroamérica tiene su propia memoria del saqueo, esas historias en las que se prostituye el poder público por unos pocos y para su beneficio. Dos estudios del Icefi —de acceso gratuito— ayudan a comprender lo vasto del saqueo. El primero, Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas (2015) y, el segundo, La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano (2017). Tres elementos sobresalen en la memoria del saqueo centroamericano: la búsqueda de privilegios fiscales, el hacer negocios (lícitos e ilícitos) con la administración pública y la garantía de una continuada impunidad.

Por ejemplo, en Costa Rica, son varias las leyes impulsadas para favorecer tributariamente al sector financiero y exportador sin evaluar el sacrificio social que conllevan sus privilegios, al tiempo en que se construye la idea del Estado enorme, se castiga el gasto social, al tacharlo de excesivo e innecesario y con empleados públicos demasiado bien pagados. En El Salvador abundan las muestras: la privatización de la seguridad social, la telefonía y la banca estatal, la dolarización, la exención y eliminación de impuestos directos que afectaban a los más ricos. Esa captura del Estado fue conseguida por la élite creando un partido político (Arena) y un tanque de pensamiento (Fusades). Con la administración púbica debilitada se han abierto fácilmente las puertas a la corrupción en la contratación de personal y sobresueldos, en el sobrecosto de obras públicas, en la adquisición de medicamentos e insumos médicos y hospitalarios y la existencia de una partida presupuestaria secreta presidencial y en la utilización opaca de la deuda pública. 

En Guatemala, los saqueadores han logrado financiar ilícitamente partidos políticos para formar mayorías en el Congreso con el fin de aprobar leyes que disminuyen los impuestos en sus sectores económicos: exportación, servicios inmobiliarios y financieros, entre otros. Lograron también, de forma opaca para enriquecerse entre ellos, la privatización de la telefonía, de la distribución eléctrica, de la línea aérea nacional, de silos y carreteras, y han destartalado el poder público para ampliar las posibilidades del mercado en la atención privada de la salud, la educación, la seguridad y el crimen organizado. La corrupción campa a sus anchas en municipalidades, gobierno central y entidades autónomas.  Honduras no se queda atrás con una élite económica y una mayoría de políticos asociados con el narcotráfico que han capturado toda la institucionalidad pública para servirse y lograr rebajas de impuestos, defraudación en los subsistemas de seguridad social, corrupción con fideicomisos públicos, en la prestación de servicios y en la contratación de obra pública. En Nicaragua se han asumido como públicas las deudas del sector financiero, se indemnizó a la élite expropiada en los años ochenta del siglo pasado y, hasta el relativo rompimiento de relaciones entre Ortega y la élite económica más rancia de Nicaragua, la política fiscal y la política comercial fueron instrumentos para el mutuo beneficio de estos.

No alcanzaría el espacio para dar los nombres y apellidos de aquellos que han construido la larga y amarga memoria del saqueo en Centroamérica, porque esta región tiene menos de cincuenta años de democracia, pero más de doscientos de mafiocracia, con algunas notables y cortas excepciones. ¿Cómo pasarán a la historia Alejandro Giammattei, Juan Orlando Hernández, Nayib Bukele, Daniel Ortega, Carlos Alvarado y Laurentino Cortizo? ¿Qué se dirá en el futuro de los hombres más ricos de Centroamérica (sí, solo hay hombres en el top 25): Kriete, Pellas, López, Motta, Poma, Mata, Castillo, Salsano, Murray, Ortíz, Cohen, Alemán, Baltodano, Cerdas, Herrera, Toledano? ¿Qué se dirá de los medios de comunicación y de los organismos regionales y multilaterales que prestan sin exigir a los Estados centroamericanos el cumplimiento de metas de desarrollo y democracia?

Algunos de los gobernantes actuales ya están inscritos en la memoria del saqueo centroamericano, así como sus prestamistas y los medios que les aplauden o que callan ante el abuso. Por su parte, los antepasados de algunos multimillonarios comenzaron la tradición. De ahí la insistencia por la opacidad, por la desmemoria histórica, por mantener el control a rajatabla del poder público y eliminar cualquier intento de lucha contra la corrupción y la impunidad y de lograr Estados en los que el poder público sirva para el bien de todos.

Solamente la organización social y la toma de conciencia de las mayorías sobre lo importante que es el poder público para combatir la pobreza y la desigualdad, promover la innovación, el empleo y la paz social, lograrán eliminar el poder absoluto que unos pocos tienen o quieren tener sobre muchos. Hoy, los saqueadores se sientan juntos en la mesa y en el menú está una buena tajada del futuro de Centroamérica y de los centroamericanos.