Opinión

La acción climática es impostergable

Lourdes Molina

Lourdes Molina

Salvadoreña, economista sénior de Icefi. Posee Licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador y estudios de maestría en Economía Ecológica en el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se incorporó a Icefi en 2014, como economista investigadora del área de «Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo», misma que actualmente coordina. Tiene experiencia en docencia universitaria y ha realizado investigaciones sobre formulación y evaluación de proyectos, desarrollo local, encadenamientos productivos, medidas de mitigación del cambio climático y género. Asimismo ha coordinado proyectos sobre transparencia fiscal de las industrias extractivas y energías renovables.

Es necesario que el Gobierno salvadoreño transforme su mirada cortoplacista centrada en la búsqueda de crecimiento económico a costa de la depredación de los recursos naturales.

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Por Lourdes Molina*

El contexto coyuntural de los países muchas veces provoca que lo urgente se superponga a lo importante. A nivel global estamos en una década crítica, las acciones presentes determinarán las condiciones del planeta en los próximos años y la posibilidad de garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Esto es particularmente importante en materia ambiental, porque los problemas ambientales amenazan los logros en materia de desarrollo que tanto han costado conseguir, sus implicaciones sociales y económicas menoscaban las posibilidades de erradicar la pobreza, el hambre y las desigualdades. Incluso en una coyuntura como la pandemia del COVID-19, prestar atención a la dimensión ambiental es clave, después de todo, la degradación de los ecosistemas y la sobreexplotación de recursos naturales es la verdadera causa detrás de la pandemia.

Si bien a nivel mundial se han dado avances en la definición de agendas y compromisos ambientales, su cumplimiento aún está en la lista de pendientes. Por ejemplo en 2015, se firmó el Acuerdo de París, un acuerdo histórico, entre las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en el que todos los países del mundo, con base a la premisa de responsabilidades comunes pero diferenciadas, asumían compromisos para acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. 

El Acuerdo se planteó como objetivo limitar el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.  Sin embargo, el mundo está lejos de cumplir con el Acuerdo, la temperatura media cercana a la superficie de la Tierra ya ha aumentado en más de 1 °C, al ritmo actual, el calentamiento alcanzará los 1.5 °C antes del 2040. Por eso no es de extrañar que el 2020 fuera uno de los años más calurosos de la historia, con más de 50 millones de personas afectadas directamente por inundaciones, sequías,  tormentas e incendios forestales. Ante este escenario, resulta indispensable que los países se planteen compromisos más ambiciosos y redoblen sus esfuerzos por cumplirlos, y una oportunidad para hacerlo es la revisión y actualización de sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) previo al inicio de la COP 26 en noviembre de este año. 

Nuestro país, de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, es una de las partes que actualizará sus NDC, ojalá este proceso se realice de manera inclusiva y transparente y permita definir compromisos realizables tanto en materia de mitigación como adaptación frente al cambio climático. Pero sobretodo, ojalá que la actualización de compromisos en el marco de las NDC sea solo el punto de partida para empezar a integrar la acción climática al resto de la agenda de política pública, especialmente las que se dirijan a promover la recuperación post-pandemia. Hasta el momento la acción climática ha sido excluida en el diseño de las políticas públicas, pero como lo señaló hace un par de días la CMNUCC: «los planes de recuperación de la pandemia por COVID-19 ofrecen la oportunidad de volver a construir de forma más ecológica y limpia […] los compromisos a largo plazo deben ir acompañados de acciones inmediatas para poner en marcha la transformación que tanto necesitan las personas y el planeta».

Pero para ello, es necesario que el Gobierno salvadoreño transforme su mirada cortoplacista centrada en la búsqueda de crecimiento económico a costa de la depredación de los recursos naturales. El Gobierno debe avanzar prontamente en la acción climática, el costo de no hacerlo puede ser muy alto, ya que elementos básicos para la vida de las personas, como el acceso al agua, la producción de alimentos, la salud y el ambiente, podrían verse afectados de manera irremediable. El Salvador no puede aspirar a avanzar en su proceso de desarrollo sin tomar en consideración la sostenibilidad ambiental del mismo y sin asumir plenamente sus compromisos de acción climática.

Lourdes Molina

Lourdes Molina

Salvadoreña, economista sénior de Icefi. Posee Licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador y estudios de maestría en Economía Ecológica en el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se incorporó a Icefi en 2014, como economista investigadora del área de «Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo», misma que actualmente coordina. Tiene experiencia en docencia universitaria y ha realizado investigaciones sobre formulación y evaluación de proyectos, desarrollo local, encadenamientos productivos, medidas de mitigación del cambio climático y género. Asimismo ha coordinado proyectos sobre transparencia fiscal de las industrias extractivas y energías renovables.

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