Foto/Emerson Flores
La profetisa en su tierra Santo Tomás
Santo Tomás es un municipio de las afueras de San Salvador que no tiene un gran protagonismo político. Entre 2015 y 2016, tuvo los reflectores encima gracias a Sonia Sánchez, quien denunció el daño y destrucción que traería un proyecto de viviendas de Grupo Roble. Sus predicciones sobre la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad ya son palpables. La cruzada ambiental de Sonia continúa y también la amenaza de más daño a las montañas de parte de los constructores.
Por Carmen Valeria Escobar*
En 2001, hace 20 años, dos terremotos sacudieron El Salvador en menos de un mes y tumbaron completamente más de 90,000 viviendas. Una de esas fue la de Sonia Sánchez, una joven de 27 años que vendía jugos afuera de su casa en Santo Tomás, para sobrevivir ella y sus tres hijas. La violencia con la que se movió la tierra las dejó sin un techo para cubrirse. Tras ese golpe y de esos escombros saldría una líder comunitaria que se enfrentaría a una de los consorcios urbanísticos más poderosos del país: Grupo Roble.
Cuando la marea de solidaridad y ayudas para los damnificados bajó, la alcaldía de Santo Tomás comenzó a trabajar directamente con los afectados. A ella le urgía reconstruir su hogar y no faltó a todas las reuniones. Se fue ganando el respeto entre sus vecinos al punto que, sin consultarle, al año siguiente la eligieron presidenta de una intercomunal que aglutinaba a 12 comunidades del municipio. Esa chica tímida, que se convirtió en madre a los 18 años pero logró terminar el bachillerato, sería el enlace con las autoridades locales para continuar resolviendo las necesidades de vivienda y otras peticiones comunitarias.
“Yo estaba asustada y al siguiente domingo en la reunión para inducción al cargo dije que yo no quería ser presidenta”, expresa Sonia. La encargada del proyecto, Marisela Martínez, la detuvo y le soltó una frase contundente. “Me dijo: ‘¿Sabes cuántas mujeres hay en puestos de posición? ¿Sabes que para que podás participar hubo mujeres que perdieron la vida? De las intercomunales sólo vos sos presidenta, los demás son presidentes. Sos el 1%, no lo botés’”, recuerda Sonia sentada en el patio de la oficina que ahora dirige, el Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (Momujest). Sintió vergüenza de seguir con su petición de renuncia y se guardó para siempre las palabras de Marisela.
El camino obligado al que la empujaron sus vecinos la llevó a tener que aprender a leer proyectos y a relacionarse con palabras como desarrollo local, contraloría ciudadana, presupuestos participativos. Eran conceptos que estaban en boga en un país que, al comenzar el siglo XXI, apenas tenía una década de democracia. Por eso, un día se iba a supervisar la pavimentación de una calle y la otra semana debía revisar cuentas y gastos. Y así pasó durante varios años, haciendo trabajo voluntario en directivas comunales. Para alimentar a sus hijas, seguía esforzándose con la venta de jugos.
Cuando en 2004 la asociación feminista Las Dignas le ofreció pagarle $50 para coordinar un proyecto con trabajadoras de maquilas se emocionó. “Sentía que tenía dinero”, expresa. Pero también, esa propuesta fue la oportunidad para comenzar a formarse en la escuela de debate feminista de Las Dignas. “Me ayudó a descubrir que desde niña era feminista”, dice.
En 2006, se animó a plantar una semilla de organización propia y fundó el Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (Momujest) con la idea crear un espacio de educación, formación feminista y de oficios varios para las mujeres en su municipio, que combine una espacio seguro y resguardo para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia.
Las preocupaciones por la realidad de su municipio aumentaron en 2015 cuando se dio cuenta del megaproyecto urbanístico que realizaría Grupo Roble, llamado Brisas de Santo Tomas. Ella decidió denunciar el daño ecológico, y otros vicios legales, pero nunca se imaginó que esta resistencia la llevaría a tener que enfrentar a los constructores en los tribunales. El ruido mediático fue tan grande que la empresa bautizó con un nuevo nombre el proyecto: Residencial Sierra Verde. Ambos nombres hacen alusión o intentan rescatar las ventajas de vivir en medio de las montañas, precisamente esas que Sonia y otros habitantes conocían muy bien y querían proteger.
Los borbotones de agua
“Mi infancia la viví en El Guaje. Ahí me encantaba ir al río que era casi un tobogán de agua. Cortábamos las palmas de coco y con eso nos deslizábamos”, dice Sonia al recordar su niñez entre nacimientos de agua y árboles frutales. El Guaje es uno de los nueve cantones de Santo Tomás, queda a seis kilómetros del casco urbano. “Fue lo más lindo: bañarme en el río, subirme a palos de guayaba, cortar pepinos, jugar en las noches en el patio de mi abuela. Ahora le digo a mis hijas que no saben de lo que se perdieron porque ahora no es nada.” Los recuerdos que Sonia comenta a sus cuatro hijas no son exagerados. En 2003, Santo Tomás fue declarado como Zona de Reserva Forestal por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Paradójicamente, en ese paraíso ahora escasea el agua.
A inicios de marzo de 2015, equipo de maquinaria pesada comenzó a llegar al cantón El Porvenir, en Santo Tomás, para construir lo que en ese entonces se llamaba Brisas de Santo Tomás y ahora es conocido como Residencial Sierra Verde.
Sierra Verde es un complejo residencial de 68,190.99 km2 que se materializó en 439 casas. Cada una posee jardín, tres cuartos, cocina, sala, comedor y área de servicio. En febrero de 2009 el MARN, presidido por Carlos Guerrero, otro reconocido urbanista del país, otorgó a Grupo Roble el permiso para la construcción de Brisas de Santo Tomás.
El cantón El Porvenir, sobre el que se construyó el proyecto de Roble, está ubicado en una zona forestal, según explica el hidrólogo Julio Quiñónez. La zonificación ambiental y usos del suelo publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2013 muestra que todo el municipio es una zona de recarga hídrica potencial. Pero el cantón El Porvenir, específicamente, se encuentra ubicado sobre una zona de recarga hídrica “muy alta”.
“En el mapa de estudios de suelo y zonificación ambiental que presentó el MARN, en 2013, uno puede ver que la parte donde está construido este proyecto, específicamente, aparece como una zona de conservación ambiental y establece que es de gran importancia porque genera corredores biológicos que favorecen la vida silvestre. Esto tiene ventajas en la filtración del aire y permeabilización de agua en la zona”, explica Quiñonez. El especialista también hizo un análisis hidrológico del municipio para la alcaldía de Santo Tomás ese mismo año.
Sonia no sabía de corredores biológicos o entendía de las diferentes categorías de protección ambiental. Ella solo vio que empezaron a caer los árboles y, de alguna manera, también la atormentaba el sonido de las sierras que pretendían derribar miles de árboles. Luego comenzó a investigar y supo que estaban impactando una reserva ambiental, que muchos de los árboles de la lista eran milenarios y que la zona era de recarga hídrica.
Más de 25 mil árboles y arbustos, muchos de esos milenarios, fueron derribados para la construcción del Residencial Sierra Verde según el permiso ambiental otorgado por el Marn. Video: Cortesía/ Santo Tomás te necesita.
Las primeras acciones para intentar frenar el ecocidio fueron plantones frente a la construcción con otros miembros de las comunidades de Santo Tomás; en algunas incursiones incluso se atrevieron a tomar las sierras eléctricas para evitar la depredación, pero la construcción siguió. La policía intervino muchas veces para que los manifestantes no interfirieran; en más de una ocasión los obligaron a retirarse haciendo uso de la fuerza. Pero fueron las entrevistas en medios las que se convirtieron en una molestia para el Grupo Roble y en prueba de un supuesto delito.
En 2015 aún no era tan masivo el uso de redes sociales, y ella se encargó de denunciar en los medios tradicionales (radios, periódicos, televisión) sobre la depredación ambiental que ocurría en su tierra de infancia, de la que nadie se enteraba. “Los permisos no tienen vigencia, porque fueron otorgados en el 2009, con vigencia de un año para iniciar el proyecto, y lo han iniciado en el 2015, entonces tiene ya bastante tiempo de no estar vigentes”, comentó Sonia frente a las cámaras del canal 33.
La resistencia ya no era solo un molesto problema local que se podía ignorar, había trascendido las fronteras de este municipio de las afueras de San Salvador. El Grupo Roble decidió cambiar el nombre del proyecto de Brisas de Santo Tomás a Residencial Sierra Verde. La otra acción empresarial fue demandar a Sonia por difamación y calumnias por un monto de 25 mil dólares, algo que puso en angustia a Sonia pero no la intimidó. Estaba segura de su causa y no quiso conciliar, a pesar de que también se sentía amenazada de muerte.
En esa zona opera la pandilla de la Mara Salvatrucha, “en una ocasión me llamaron por teléfono para decirme que les estaba ofreciendo 3 mil dólares para matarme y me decían que si les daba $1,000 no lo harían, y me darían el nombre de quién los había contratado. Yo ya sabía quiénes me querían hacer daño así que les respondí que muy poquito estaban pidiendo por mí, que le pidieran más”. Con esa seguridad afrontó el proceso y rechazó también las propuestas de pedir asilo. “Yo me podía librar de las amenazas pero ellas quedaban acá”, dice. Ellas son las compañeras de Momujest con las que inició la lucha ambientalistas y protestaba en contra de la depredación de Santo Tomás. “Nací en el hospital de maternidad, me trajeron acá y ya nunca volví a salir. Soy de Santo Tomás y creo que voy a morir en Santo Tomás”, expresa.
Sonia se quedó en su municipio a pelear contra el gigante inmobiliario de Centroamérica. Grupo Roble y la familia Poma llevan más de 50 años en el negocio de las viviendas, hoteles y centros comerciales.
La lucha judicial
Luego de sus apariciones en televisión, recibió un citatorio para comparecer a un proceso penal por los delitos de difamación y calumnia en perjuicio al honor de Inversiones Roble y del representante Legal, Mario Concepción Martinez. El abogado alegó que las denuncias de Sonia sobre la construcción de permisos vencidos eran falsas, así como también las afirmaciones que implicaban que la construcción afectaba los mantos acuíferos y que se estaba dando una tala irregular en la zona.
Según detalla la sentencia del caso, Martínez dijo “sentirse víctima de Sonia Sánchez, a título personal y a nombre de la empresa que representa”.
Los permisos ambientales a los que tuvo acceso GatoEncerrado muestran que, en octubre de 2007, Grupo Roble entregó al MARN un Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de Brisas de Santo Tomás en el que solicitaban el permiso de la construcción del residencial para un total de 439 casas. Para la construcción solicitaron la tala masiva de 1,311 árboles y 24,051 arbustos. Es decir, terminar con lo que por décadas fue una finca de café. La empresa se comprometía a plantar, en compensación, 1,033 árboles dentro del proyecto y 5,222 fuera de este.
El propio estudio de la empresa era revelador. Reseñaba una lista de impactos negativos que podría generar la construcción: el cambio de los usos y estructura del suelo, disminución de permeabilidad, afectación a la cobertura vegetal, modificación al drenaje de agua superficial y alteración de infiltración de agua subterránea, afectación a la fauna, incremento de emisiones gaseosas, generación del polvo, etc. El único impacto positivo presentado en el estudio es la generación de empleos.
Aún así, el Ministerio de Medio Ambiente les dio el aval pero recalcó que Grupo Roble solamente tendría un año para iniciar el proyecto. “De lo contrario deberá gestionar nuevamente el trámite para la obtención del Permiso Ambiental correspondiente […]”, detalla el permiso ambiental otorgado en febrero de 2009, unos meses antes de que terminara la administración del expresidente Antonio Saca.
Dos años después, en junio de 2011, el MARN liderado por Herman Rosa Chávez, en el primer gobierno del FMLN, verificó a través de una auditoría al terreno que el proyecto no inició en el tiempo establecido. Según lo estipulado en el permiso firmado en 2009, la vigencia había terminado y el ministerio resolvió devolver la fianza ambiental de $91,932.55, al garantizar que no se había dañado la vegetación debido a la inexistencia de la construcción. Esta cronología de hechos le daba la razón a Sonia.
Fue hasta febrero de 2015 que Grupo Roble notifica al MARN, que tenía como cabeza de la institución a Lina Pohl, que el inicio de la obra comenzaría formalmente el 3 de marzo del mismo año, seis años después de la fecha autorizada.
El grupo de activistas liderados por Sonia comienza a protestar cuando se dan cuenta que el MARN está retrocediendo en sus decisiones. Además, agregaron testimonios y fotografías para confirmar que en medio de las excavaciones fueron encontrados nuevos nacimientos de agua y que ahora todo eso recibiría una capa de pavimento. Pero la construcción no se detuvo.
La resolución 10885-935-2015 permitió continuar con la construcción a Roble bajo el argumento que después de las auditorías, realizadas en agosto de 2015, la construcción seguía y las condiciones ambientales fijadas inicialmente seguían en proceso. En una visita a la comunidad del cantón El Porvenir, la exministra se excusó alegando que ese permiso ambiental se había dado en la administración del 2009 y no en la suya. “Este es un proyecto que tiene permiso ambiental, que fue dado en febrero de 2009 cuando estaba el ministro Guerrero (..). Las condiciones en las que fue dado ese permiso han cambiado”, explicó a la comunidad pero falló en mencionar que su propia gestión les permitió continuar con el proyecto en noviembre de 2015.
Las máquinas amenazan de nuevo
El juicio, en agosto de 2016, duró más de 10 horas. Luego de que Sonia fue declarada inocente de la demanda de difamación y calumnias, celebró con los ambientalistas y sus compañeras de movimientos feministas; unas 23 organizaciones se unieron para apoyarla durante los meses de la batalla judicial.
Los urbanizadores no querían sentirse derrotados. A las pocas semanas, Grupo Roble presentó una nueva solicitud de actualización al permiso ambiental para incorporar 124 lotes a la residencial. En 2017, el MARN negó la solicitud y, de alguna manera, le dio la razón a Sonia. La construcción no se ampliaría porque puede generar impactos negativos al ecosistema. La resolución señaló que la residencial se encuentra en una zona de recarga hídrica y en una subcategoría de suelo con restricciones de desarrollo urbano. Menciona que los permisos concedidos no son aptos para ampliar la lotificación.
Pero la montaña sigue acechada, con el riesgo de convertirse en una sierra cada vez menos verde. A pocos meses de haber arrancado el nuevo gobierno, Grupo Roble tenía ya la luz verde. En noviembre de 2019, el MARN presidido por Fernando López concedió el permiso para incrementar 105 lotes al complejo urbanístico, sin mayores compromisos ambientales y con una fianza de un millón cuatro mil dólares en concepto correspondiente a las medidas ambientales del proyecto, según la resolución 10885-816-2019 del MARN.
Agilizar los permisos ambientales fue una orden que dio el presidente Nayib Bukele al arrancar su mandato. “Le he instruido al ministro de Medio Ambiente que en cien días quiero todos esos permisos ambientales firmados y autorizados, para que esos miles de millones de dólares entren a la economía salvadoreña”, dijo Bukele
GatoEncerrado intentó entrevistar al representante legal de Grupo Roble o a los encargados del proyecto. Luego de un intercambio de correos con el personal de relaciones públicas dijeron que no darían la entrevista, pero también comentaron que no tienen datos sobre la ampliación del residencial. “Le comento que sobre sus interrogantes con el proyecto Sierra Verde, hemos realizado las consultas correspondientes y me indican que este proyecto se terminó de construir hace unos años y la extensión sigue siendo la misma”, escribió Patricia Garcia, encargada de relaciones públicas de Grupo Roble, quien solicitó el número de referencia del MARN para “saber qué es exactamente.”
Las ganancias para la municipalidad
Cuando Sonia fue profundizando su lucha en contra de la construcción de residencial Sierra Verde y tomaba el micrófono hablaba de la importancia de la zona boscosa con estudios técnicos y vislumbraba un futuro de escasez de agua para los más pobres: “Están construyendo en una zona que, a partir de un estudio que hizo Geólogos del Mundo, es una zona de recarga hídrica, entonces prácticamente está dañando mantos acuíferos donde se abastecen ríos y dejando sin agua a habitantes del Cantón El Porvenir; en esa zona rural habitan cincuenta y seis familias”, planteó en una entrevista en Radio Nacional.
La investigación que mencionaba Sonia fue publicada en 2004, por una oenegé española llamada Geólogos del Mundo que se dedica a hacer estudios geológicos en zonas vulnerables en distintos países. Una década antes de la declaratoria de Reserva Forestal del MARN, expuso que Santo Tomás es una zona de recarga acuífera y en la que la vegetación tenía un rol fundamental para la conservación de los suelos y la biodiversidad.
El hidrólogo Julio Quiñonez explica que la formación sedimentaria de Santo Tomás data de aproximadamente 2 millones de años, lo que provoca que tenga compactación y produzca una filtración moderada. “Si esto lo combinamos con la buena vegetación que tiene Santo Tomás y las cantidades de lluvia que caen, cuando se da la infiltración esto no llega a un acuífero de alto rendimiento sino que es agua que viaja de manera subsuperficial. Es por eso que Santo Tomás tiene tantos nacimientos. Está hidrografía hace que tenga que tratarse como una zona sumamente frágil, y hay que tener mucho cuidado con las implementaciones urbanísticas”, explicó.
Quiñonez dice que sus estudios coinciden con el de Geólogos del Mundo y cuestiona las decisiones de la alcaldía de Santo Tomás y el Ministerio de Ambiente para facilitar los permisos de construcción en la zona. “Hay que ver el tema desde un punto más amplio porque no solo es ver si el agua va a abastecer a quienes viven en la urbanización sino que hay que ver la implicación que tiene implementar un proyecto de esa naturaleza en una zona que es muy vulnerable”, señala.
Nelson Nolasco, encargado de medio ambiente en la alcaldía comentó que la gestión medio ambiental del ahora exalcalde de Santo Tomás, Efraín Cañas, está basada en proponer soluciones alrededor del cambio climático, el recurso hídrico, saneamiento básico y biodiversidad con el fin de proteger, conservar y restaurar los recursos naturales. Cañas, quien había sido alcalde desde 2012 buscaba la reelección con el partido Arena en las elecciones legislativas del 2021. Perdió ante el alcalde de Nuevas Ideas, Fredy Ayala.
Nolasco añadió que una de las formas en las que la alcaldía protege el recurso hídrico es restringiendo los proyectos habitacionales. GatoEncerrado encontró que, entre 2015-2020, la alcaldía dio 170 permisos ambientales, en su mayoría de tala de árboles frutales.
Gran parte de estos permisos fueron individuales a ciudadanos del municipio e implicaban la tala de 1 ó 2 árboles en promedio. Pero dos permisos concedidos en 2015 sobresalen entre las autorizaciones de los últimos cinco años: el primero era para derribar 24,051 árboles frutales; y el segundo, 1,311 arbustos (árboles de café). Estas cifras coinciden con el estudio de impacto ambiental presentado por Grupo Roble al MARN, en el que solicitaban la tala de 24,051 árboles frutales y 1,311 arbustos (árboles de café) para la construcción del proyecto residencial Sierra Verde, que se inició ese mismo año.
Nolasco, a pesar de ser jefe de la unidad ambiental, sostiene que también se debe valorar el beneficio económico de la construcción por encima del impacto ambiental. “Si vemos a Sierra Verde desde el punto de vista económico es factible, imagínese que la colonia da lugar para que se establezcan ventas de frutas, muebles, tiendas; o sea que es polo de desarrollo y dinamiza la economía de otras personas que no tienen ingresos a través de la venta de sus productos”, comentó.
Por otra parte, para la alcaldía de Santo Tomás la construcción del proyecto residencial ha significado altos ingresos de dinero con respecto a permisos ambientales. En el periodo de 2015-2018, el total de ingresos de la alcaldía por los permisos ambientales fue de $393 mil 862 dólares. De ese total, $242 mil 560 fueron pagos de Grupo Roble en permisos ambientales, es decir, el 61.59 %.
El Mapa de Pobreza y Exclusión Social, elaborado por la Facultad Latinaomericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD) en 2010, ubicó a Santo Tomás como un municipio de pobreza extrema baja. Según las proyecciones del Censo de Población de 2007, Santo Tomás tiene unos 31,000 habitantes, pero eso no tomó en cuenta el crecimiento que generó en los últimos años el complejo Residencial Sierra Verde.
Los servicios que más tienen resueltos las comunidades del municipio son el saneamiento básico y energía eléctrica, y los de menor cobertura son la recolección de la basura, alumbrado público y agua potable. Aún con la abundancia del recurso en la zona, el 50% de los habitantes no tenía acceso a agua potable
La desigualdad entre los antiguos residentes y los nuevos es evidente. Dentro del complejo amurallado hay casas con acabados de lujo, zonas recreativas, seguridad y agua garantizada por la ANDA. La realidad es diferente del otro lado del muro donde sobresalen las paredes de madera, lámina o casas con ladrillo levantadas sin ninguna armonía, entre caminos polvosos de tierra. Cinco años después las palabras de Sonia comienzan a materializarse en su comunidad. Poco a poco el agua que no llegaba por cañería pero era fácil tomar de los ríos o los pozos de cada vivienda escasea. De los grandes ríos solo queda una silueta húmeda de arena que señala que alguna vez estuvieron ahí.
Guillermo Sánchez, uno de los habitantes de Santo Tomás que acompañó a Sonia en las protestas y la organización de acciones para la defensa ambiental muestra en su casa, un rancho de láminas ubicada al otro lado del muro de Sierra Verde, que los pozos han bajado el nivel de agua. Sonia pone en duda el crecimiento económico del municipio desde la construcción. “No se ha podido cultivar el frijol, el maíz. Entonces la gente va a tener que comprarlos, hay una serie de impactos que van saliendo”, reflexiona Sonia. Santo Tomás por tradición es un municipio cuya producción descansa en la agricultura a pesar de contar con más población urbana, señalaba el estudio de Flacso y el PNUD. “El 80% de la población desarrolla cultivos de subsistencia (de patio), y solo un 53% para fines comerciales”.
Sonia sigue viendo los bruscos cambios que tiene el municipio, tras la permisividad de las autoridades ambientales del gobierno y el municipio y concientiza a nuevas generaciones desde la escuela de educación ambiental de Momujest. Con un enfoque ecofeminista, hasta la fecha han graduado a 60 personas.
Por su liderazgo, le han llovido ofertas de varios colores partidarios (Gana, FMLN, PCN y PDC) para correr como candidata a síndica. A todos los rechazó. Sus energías están concentradas en Momujest y en terminar la carrera de sicología en la Universidad de El Salvador. Pero la historia podría cambiar, si las máquinas excavadoras vuelven a sonar.
*Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
