Hace cuatro años mataron al hijo de Juana, mi mejor amiga. La tarde en que encontraron el cuerpo, llegó la policía y se lo llevaron a Tegucigalpa. Juana quería enterrarlo cuanto antes, así que le prometí que iríamos con su hija a la morgue y que no regresaríamos hasta traerle el cuerpo de su hijo. No fue tan fácil como creí que sería, pero luego de un tire y encoje que me pareció interminable logramos regresar a la aldea para la vela que empezó a la tres de la mañana.

 Un mes después seguía pensando en ese viaje, tratando de entender qué había pasado. En eso estaba pensando cuando fui a ver una adaptación de Antígona en el Teatro Luis Poma de San Salvador. Salí estremecido. La obra me acababa de explicar lo que yo todavía no había entendido. La historia de Juana era sobre la necesidad de enterrar a tus muertos como un acto de amor, honor y dignidad hacia tus seres amados. Me impactó tanto que fue lo que me impulsó a escribir mi primer libro, La Quebrada. 

Por eso me duele el caso de los cinco líderes garífunas secuestrados el 18 de julio del 2020 en El Triunfo, Honduras, porque sus familias no saben qué les pasó, porque no saben dónde están sus cuerpos.  Los secuestraron hombres con uniformes de la Dirección Policial de Investigación (DPI). En agosto del 2020 La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a el Estado hondureño investigar su paradero. Pero es abril del 2021 y no sabemos dónde están Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix, y Alberth Sneider Centeno. Recordemos que esto pasó un mes después de que apareció el cuerpo muerto de Antonio Bernardez, líder Garífuna de 71 años, quien había desaparecido el 13 de junio. Es decir, hay un patrón de violación de derechos humanos hacia la población negra y pobre en la costa norte de Honduras. 

La administración de Juan Orlando Hernández, señalada en casos de narcotráfico en tribunales de Nueva York, le ha respondido a la Corte diciendo que no reconoce el caso como desaparición forzosa, que no sabe dónde están los líderes garífunas, que a pesar de que determinó en marzo del 2020 que Alberth Sneider peligraba por la defensa de su territorio no le proveyó protección, y que la DPI está investigando activamente el caso. A esta respuesta desmañada se suma el incumplimiento del fallo de la Corte del 2015 en el que le ordenó al Estado hondureño proteger los derechos del pueblo Garífuna, especialmente a la consulta previa e informada respecto el uso de sus tierras y la libertad de organizarse para defenderlas. 

Si la Fiscalía, la DPI y el sistema judicial hondureño quieren ganarse la confianza del pueblo, pueden empezar por investigar de manera seria la desaparición de estos cinco líderes garífuna. También la Secretaría General de la OEA, que es independiente de la Corte Interamericana, podría ganarse nuestro aprecio presionando al Estado hondureño para que realice esta investigación. Porque, aunque Almagro sigue siendo popular entre algunos de mis amigos por ser el único uruguayo vegetariano del que han tenido noticias, después de la salida de la de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha perdido credibilidad.  

 En el 2021 no podemos perderle la pista al caso de los garífunas que siguen desparecidos y la Corte Interamericana debe mostrar sus dientes ante el Estado hondureño, ahí donde Almagro parece a veces esconderlos. Sin poder enterrar a sus muertos, no habrá paz en Honduras.