La guerra global contra las drogas ha fracasado, esto ha sido ampliamente documentado y rigurosamente demostrado, por lo que hoy en día lo esencial es reparar los graves daños causados por las políticas prohibicionistas. 

Esta es una perspectiva que año tras año más expertos, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo adoptan y comparten en el debate sobre políticas de drogas basadas en hechos y ciencia, lo que ha tenido un eco en las Naciones Unidas. Nuestro país, El Salvador lleva casi dos décadas siendo parte del epicentro de la Guerra Contra las Drogas en las Américas, el Triángulo Norte de Centroamérica es uno de los puntos rojos donde la necropolítica de drogas más daña la vida y la dignidad de millones de personas. 

Una política de drogas prohibicionista sólo aumenta los riesgos para la salud de las personas que usan drogas, facilita el acceso a los menores, genera beneficios exorbitantes para las organizaciones criminales que dominan el mercado de las drogas ilegalizadas, y ejerce una gran presión sobre la aplicación de la ley, el sistema penal y el Estado de Derecho. 

El pasado 2 de diciembre de 2020, durante la continuación de su 63° período de sesiones, la Comisión de Narcóticos y Drogas (CND) votó acerca de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (Comité de Expertos en Farmacodependencia) respecto a la fiscalización del cannabis y sustancias relacionadas. Luego de varias prórrogas, esta votación se dio en medio de una crisis civilizatoria que se profundiza aún más por la flexibilización cuantitativa y la pandemia de COVID-19, que son situaciones que han impuesto nuevos retos y perspectivas en lo que refiere a las políticas de drogas. La agudización de esta crisis multifactorial mantiene, incluso incrementa, la pertinencia de las reformas humanitarias en las políticas globales de drogas en general y sobre cannabis en particular.

Dado que el cannabis es, con diferencia, la droga ilegalizada más consumida, la amplia jurisprudencia que incluye fallos de la Sala de lo Constitucional ya ha fallado contra la Ley Reguladora De Las Actividades Relativas a Las Drogas (LRARD) Decreto No.153 (sentencia del día 16-XI-2012, referencia judicial 70-2006ac) y la Sala de lo Penal en su fallo con referencia judicial  207C2015, absuelve a una persona por la tenencia de 18.2 gramos de cannabis, y en su sentencia con referencia judicial 30C2016 estableció que la cantidad de 1.2 gramos de cocaína no son penalmente relevantes. La  Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional, desarrolló aspectos en los cuales la persecución penal a Personas que Usan Drogas no es penalmente relevante. 

Esto deja un terreno firme para la despenalización y la regulación del cannabis por el Estado.

Además, es sensato que se establezcan regulaciones de este tipo para otras sustancias que siguen sujetas al derecho penal de los estupefacientes.

Es urgente que los tomadores de decisión reformen las actuales políticas de drogas hacia una política humanitaria, basada en los hechos y la ciencia, libre de ideología y estigma. Qué sentido tiene que las cárceles estén llenas de personas que usan drogas ilegalizadas, o que plantan cannabis, simplemente porque el cultivo de estas plantas está amenazado con elevadas penas.

De cara a la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa, debemos exigir que los nuevos parlamentarios asuman los compromisos internacionales de El Salvador, no sólo en lo que respecta a la reclasificación del cannabis, aprobada el pasado mes de diciembre por la CND (con voto a favor del gobierno de El Salvador), sino también en cuanto a sus compromisos en materia de drogas y derechos humanos. Esto es fundamental para la congruencia y el prestigio de El Salvador en la comunidad internacional. Basta ya de incoherencias entre lo que el gobierno afirma a nivel internacional y sus acciones a escala nacional, donde la política de drogas es represiva, las organizaciones de reducción de daños son obstaculizadas y los expertos son ignorados.

Queda en las manos de la nueva Asamblea Legislativa asumir los compromisos internacionales y realizar una reforma humanitaria a las políticas de drogas basada en los hechos y la ciencia. De lo contrario, consciente o inconscientemente estarán apoyando a las organizaciones de tráfico de drogas.